Gobierno presenta al Congreso polémica reforma tributaria

El Gobierno colombiano presentó este jueves (15.04.2021) al Congreso una polémica reforma tributaria que busca financiar la crisis económica generada por la pandemia, pero el proyecto enfrenta obstáculos en un Legislativo sin mayoría en el bando oficialista.

Aunque ha sido presentada como una herramienta para mitigar la pobreza en medio de la emergencia sanitaria, la iniciativa enfrenta el rechazo de sindicatos y expertos que denuncian un ensañamiento con la clase media. Durante una presentación virtual, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió la necesidad de ir "ampliando paulatinamente la base de personas gravables" en el país.

? #EnVivo | Presentación del proyecto de #LeyDeSolidaridadSostenible https://t.co/eHhMWgi3Wy

— MinHacienda (@MinHacienda) April 15, 2021

"Tenemos una propuesta de reforma que recaudaría 23 billones de pesos (unos 6.300 millones de dólares) en promedio entre el año 2022 y el año 2031", y que busca generar una mayor austeridad en gastos oficiales, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el texto divulgado, la iniciativa incrementa el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) de 5% a 19% para la gasolina y aplica esta misma tasa a los servicios básicos en zonas de clase media-alta. También, gravará -por primera vez- con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 656 dólares mensuales, una medida rechazada por sindicatos en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.

Además, crea un impuesto temporal a la riqueza para altos salarios y prolonga los subsidios mensuales para hogares más pobres que oscilarán entre 22 y 100 dólares, según el número de integrantes. "Es cierto hay personas que vamos a pagar un poco más, pero también es cierto que estamos ayudando solidariamente a bajar la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema", que afectan al 36% y al 10% de los colombianos respectivamente, alegó Carrasquilla. Alrededor de 74% del recaudo provendrá de personas y apenas 3,7 billones de pesos de empresas, reconoció el ministro.

Desde su anuncio, la iniciativa fue rechazada por la oposición y sindicatos que anunciaron movilizaciones para el 28 de abril. "Evidentemente es un golpetazo a la clase media", denunció Fabio Arias, fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores, en una entrevista a la prensa local.

[Destacado]

Afiche oficial de la convocatoria del Comité Nacional de Paro el próximo #28A al #ParoNacional

¡#EsElMomentoDeParar! Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque.

Paro Nacional, 28 de abril de 2021. pic.twitter.com/jDQvIuHUAz

— Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (@cutcolombia) April 5, 2021

La iniciativa tampoco tiene el camino despejado en el Congreso, donde el Gobierno no mantiene mayorías claras y enfrenta la reticencia de sus aliados a un año de elecciones presidenciales. El proyecto deberá ser aprobado por el legislativo antes del 20 de junio.

Colombia estuvo confinada entre marzo y septiembre de 2020 para enfrentar al nuevo coronavirus que deja más de 2,5 millones de contagios y casi 67.000 muertes. Pero el Gobierno fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía, que se hundió 6,8% en 2020 frente a 2019, su peor desempeño en casi medio siglo. Tras un año de pandemia cerca de la mitad de la ciudadanía trabaja en la informalidad.
ama (afp, efe)

Procuraduría requirió informe sobre acciones ejecutadas contra la explotación sexual infantil y trata de personas en Cartagena

La Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, un informe sobre las acciones ejecutadas contra la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y la trata de personas en la ciudad.

La Procuraduría Provincial de Cartagena realizó la solicitud en desarrollo de una acción preventiva, en la que también pidió información sobre la asignación presupuestal destinada por la administración para atender esa problemática.

El Ministerio Público pidió al alcalde Dau Chamatt detallar los recursos incorporados en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 para impulsar esos programas, en el que discrimine las actividades planeadas, el presupuesto asignado, la ejecución lograda, la población beneficiada y los logros obtenidos hasta el momento.

Finalmente, el órgano de control solicitó información sobre el número de casos registrados entre el 2020 y lo que va corrido del 2021, cuántas personas fueron atendidas por esos hechos y las acciones desplegadas por el municipio.

“La dependencia de Colombia a alimentos importados hace que sea muy vulnerable a crisis como la del COVID”

· Colombia importa el 30% de los alimentos que consume.

· 16.429 bogotanos son pequeños y medianos productores del campo.
· En Bogotá, en promedio los alimentos cuentan con tres intermediarios que no agregan valor.

La organización ambientalista Greenpeace publicó un nuevo informe sobre alimentación y sostenibilidad, titulado “Nueva cultura alimentaria”, en el que alerta sobre las principales problemáticas alimentarias del país y de la capital, y propone estrategias para fomentar la soberanía alimentaria. En el documento, la ONG señala la dependencia alimentaria al extranjero, cuando en el mismo país hay producción local y campesina de calidad, y llama a proteger a este sector productivo.

En Colombia se importan cerca de 12 millones de toneladas de alimentos como el maíz, el trigo, y el azúcar de caña (1). Esto significa que el 30% de los alimentos consumidos por los colombianos son importados, es decir, que recorren kilómetros en transportes contaminantes, y se excluye del consumo masivo a alimentos locales, con menos huella ambiental y comercializados y cosechados por productores de las cercanías.

“La dependencia alimentaria de Colombia, y especialmente Bogotá, a alimentos importados es alarmante, más aún en crisis sanitarias como la actual que ponen en primera plana a la vulnerabilidad en las cadenas de abastecimiento”, dijo Tatiana Céspedes, miembro del equipo de campañas de Greenpeace Colombia. “Se conocen 400 especies de plantas nativas comestibles en Colombia, y el 10% de la biodiversidad del mundo está albergada en nuestro país. Además, solo Bogotá cuenta con más de 16 mil productores locales. Colombia tiene una producción rica y abundante de alimentos; sin embargo, tiene una tasa de importación alta. Hoy, en medio de una crisis mundial, ya es de público conocimiento la vulnerabilidad de estas cadenas de suministro. La solución es apostar a lo local”.

Según datos de Greenpeace, la agricultura campesina, familiar y comunitaria juega un papel fundamental en el abastecimiento alimentario de la población global, pero aún faltan medidas que la protejan y potencien. “En Colombia se estima que este tipo de producción provee un 70% de los alimentos que se destinan a los mercados locales y genera un 57% del empleo rural. En Bogotá, abastece el 65% de los alimentos que se consumen en la capital”, dijo Céspedes. Pese a lo anterior, el país está en mora de diseñar políticas públicas y programas específicos para impulsar este modelo de agricultura, que más allá de ser la principal fuente de producción de alimentos, contribuye a la protección de la biodiversidad agrícola, al uso sostenible de los recursos naturales, a la salvaguarda de las tradiciones culturales, a la generación de empleo y a la construcción de tejido social.

Según el informe, en Bogotá hay más de 3 mil familias campesinas productoras de alimentos. Sin embargo, su economía no está protegida: el promedio de intermediarios por los que pasa un alimento antes de entrar a la ciudad es de tres. Esto hace que los costos adicionales sean asumidos por los productores, con precios de compra bajos, y por los consumidores, con incrementos en el precio final.

“Proteger a las familias campesinas, y fomentar la compra de sus productos en la ciudad es una gran deuda en Bogotá. Para lograr vivir en una ciudad sostenible, necesitamos fomentar la soberanía alimentaria: apoyar modelos agrícolas más sustentables que permitan reducir la huella ambiental, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad”, finalizó Céspedes.

Notas:

1) Según datos de Gómez Dugand, 2019.

2) Según Humboldt, 2019.

Procuraduría pidió condenar al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte por 'el cartel de la toga'

La Procuraduría General de la Nación pidió condenar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez, por el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero, caso conocido como ‘el cartel de la toga’.

Así lo solicitó el Ministerio Público al intervenir en audiencia pública ante el Juez 10 del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá, en la que pidió proferir sentencia condenatoria contra Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

En su alegato de conclusión, el representante del Ministerio Público señaló que las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una organización criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública.

Igualmente, el órgano de control pidió al juez declarar la prescripción del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada.
MLN/jpm |