Ademàs de la Pandemia: salud de SANANDRESANOS sin garantìas

CGN.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, urgió hoy al Gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, y a la IPS Universitaria – Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia-, que garanticen los servicios de salud de la población isleña, como es su obligación, evitando por todos los medios la afectación en la prestación de los mismos, mientras se formaliza la consolidación jurídica y la puesta en marcha de la Empresa Social del Estado de carácter departamental creada por la Ordenanza No. 05 del 29 de julio de 2020.

El Gobernador Hawkins suscribió un otrosí al contrato de administración 1134 de 2017, que en su momento se firmó con la IPS de la Universidad de Antioquia.

La anticipada terminación del contrato del operador que administra el Hospital de San Andrés amenazaba con que hoy, en plena pandemia y en momentos en que la misma autoridad departamental decretó alerta roja por el número de pacientes contagiados y con los médicos especialistas de la isla sin recibir pagos hace varios meses, el panorama de salud se pudiera tornar absolutamente crítico.

“Es necesario recordar que dada la situación por la que atraviesa el país ante la pandemia, se hace evidente la necesidad de llevar a cabo este período de transición evitando, a toda costa, la interrupción en la prestación de los servicios de salud, e igualmente garantizando mediante una adecuada gestión fiscal, coordinada y articulada por parte de la Gobernación y la IPS, que se honren las deudas adquiridas, principalmente con el talento humano”, insistió el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

La Contraloría General de la República, ha venido actuando de tiempo atrás sobre la problemática de salud en la isla, y, fue así como, en el 2019 llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización que generó hallazgos con incidencias fiscales por $1.774.874.861.

Contralor Carlos Felipe Córdoba

 Uso adecuado de los recursos públicos

Frente a las acreencias informadas a la Contraloría General de la República por parte de los médicos especialistas, en cuantía de $6.168 millones, el Contralor General consideró necesario que la administración del Departamento y la IPS Universitaria, desarrollen las gestiones fiscales pertinentes a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, sin menoscabo del ejercicio de las actuaciones fiscales a que haya lugar en la oportunidad necesaria por parte de la CGR, con el fin de impedir una eventual pérdida de los recursos públicos. 

Equipos de diagnóstico obsoletos

Con motivo de denuncias recibidas por la Contraloría, se ha obtenido evidencia de la obsolescencia de los equipos de diagnóstico, que requieren de una intervención urgente para la prestación del servicio de radiología.

En este sentido, la Contraloría espera una especial diligencia por parte del gobierno departamental. Además, insta al Ministerio de Salud y Protección Social, en la medida en que la normatividad lo permita, a aunar esfuerzos con el departamento para suministrar los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos de la pandemia, gestionando lo pertinente para proveer los ventiladores que requiera el Hospital de San Andrés, en aras de afrontar la crisis generada en la isla por el coronavirus.

Es importante señalar que el monitoreo permanente de todas las necesidades que tenga el archipiélago, así como de las medidas y decisiones a asumir por el gobierno departamental en materia de salud, son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que de la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que no deben escatimar esfuerzos a fin de garantizar la prestación de los servicios de Salud a la población sanandresana.

El ICA socializa resolución que fija los requisitos para la certificación de predios en Buenas Prácticas ganaderas

Se socializó resolución que fija los requisitos para la certificación de predios en BPG

• La nueva resolución deroga y reemplaza la resolución 3585 del 2008.

Los ganaderos que deseen certificar sus predios en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la producción de leche, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 67449, que expidió el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, recientemente.

La entidad viene adelantando una serie de socializaciones con el fin de dar a conocer los nuevos requisitos para obtener esta certificación. Esta nueva normativa, deroga y reemplaza la resolución 3585 del 2008.

Dentro de los principales cambios de la nueva resolución están:

• Se armonizaron los componentes base de todas las resoluciones de BPG.

• Se eliminaron requisitos que no estaban directamente relacionados con la inocuidad.

• Se ajustaron los tiempos de respuesta a las solicitudes, visitas, informes y expedición de certificados.

• Se establecieron claramente las causales para expedición, modificación, suspensión y cancelación.

• Se amplió la vigencia del certificado de 2 a 3 años.

• Se solicita un cumplimiento de los requisitos mayores de un 80%. Antes era del 85%.

A la primera socialización, que se llevó a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Teams, asistieron cerca de 500 personas de 26 departamentos del país, entre asesores y técnicos del SENA, estudiantes, productores pecuarios, administradores de fincas, entre otros. Además participaron de países como México, Ecuador y Perú.

COVID-19: Colombia, en cuidados intensivos por falta de personal médico

Una trabajadora de salud toma una muestra de hisopo nasal para una prueba COVID-19 debajo de una carpa instalada afuera del hospital en el barrido de Kennedy en Bogotá. (12.06.2020)

Según epidemiólogos, Colombia está a unas semanas de llegar a su cúspide de infecciones por día. Y lo que más les preocupa a los médicos, tanto de hospitales públicos como de clínicas privadas, no es solamente no tener suficientes respiradores o unidades de cuidados intensivos, sino no tener el personal médico suficiente para hacerle frente.

"La queja más frecuente, ahora, está relacionada con la falta de recurso humano", dice anónimamente uno de los anestesiólogos de una clínica público-privada en Bogotá. "A la gente le ha tocado trabajar mucho más", agrega. El intensivista ha tenido que doblar su turno casi todos los días desde que comenzó la emergencia por el SARS-CoV-2. Esto no solo lo tiene agotado mentalmente y bajo presión, sino con profunda tristeza al tener que ser testigo a diario del sufrimiento que padecen los pacientes y familiares, quienes pierden el contacto con su ser querido una vez son puestos en aislamiento. Colombia, durante varios meses, no se vio tan golpeada por el virus como Chile, Brasil y Perú. Pero la aceleración del contagio tomó fuerza en las últimas semanas y ha llegado a un total 218.000. Pese a todos los esfuerzos de las autoridades, con cuarentenas que han causado el peor colapso económico del país en más de un siglo, con millones de desempleos, los colombianos siguen sin ver el final del túnel. Colapso inminente"

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona, ve venir un colapso quizás, inminente, no solo en disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, sino del personal médico.

La ocupación de los cuidados intensivos en la capital está al límite y los casos superan ya los 70.000. "Si a tres semanas estamos sobre el 91,5 % (de ocupación), en el pico de la pandemia la situación va a ser crítica", asegura Bayona. Bogotá cuenta con 1.355 unidades de cuidados intensivos y para agosto se espera tener 645 unidades más. A la fecha, laboralmente, el sistema ya está sobrecargado, agrega Bayona.

Por su parte, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, matizó asegurando que llegar al pico de la pandemia, aunque implique tener una mayor ocupación hospitalaria, no significa necesariamente que el sistema colapse. "Tendremos todo el tiempo alta ocupación, pero nunca un paciente que necesite servicio y no lo encuentre", enfatizó.

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López,
durante un recorrido por las unidades
de cuidado intensivo del hospital Santa Clara.

Por otra parte, la alcaldesa llamó a la ciudadanía a cumplir con las cuarentenas decretadas por localidades, que van hasta el 14 de agosto. "Uno de los objetivos es reducir la presión sobre el sistema de salud y su personal médico", apuntó.

Los panfletos del terror contra el COVID-19

Mientras tanto, en algunas regiones colombianas, donde el Estado es débil o ausente, los grupos armados que viven del negocio del narcotráfico están imponiendo sus propias medidas contra el COVID-19, tal y como lo denunció Human Rights Watch y lo alertó la Defensoría del Pueblo.

La delincuencia organizada estaría intimidando a la población civil en el marco de la pandemia a través de panfletos. Amenazan a los campesinos con castigos e incluso la muerte si no cumplen, por ejemplo, con la restricción a la movilidad.

Estos grupos delincuenciales usualmente amenazan, no solo para infundir temor, sino para despejar las rutas por donde movilizan drogas ilícitas, productos químicos para producir cocaína, sacar cargamentos de droga e incluso para que se puedan mover los líderes de esos grupos, destacó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Panfletos que comenzaron a circular  en el mes
de marzo por el departamento de Antioquia.
Firman presuntas disidencias de las FARC.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo cree que el atentado mortal con explosivos ocurrido en abril en el departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el narcotráfico, fue originado presuntamente por el incumplimiento de una restricción de movilidad, impuesta por un grupo armado no estatal para prevenir el contagio.

Mientras Colombia sigue golpeada por la violencia, el narcotráfico y el COVID-19, los médicos, que están en la línea de batalla contra el virus y que están monitoreando constantemente las cifras de infección, tratan de visualizar qué tan cerca está el país de llegar al pico de la pandemia y si en realidad el sistema hospitalario va a poder aguantar o colapsará como muchos otros temen.

Sector financiero se fortalece en medio de la pandemia

“En la etapa inicial de la emergencia por COVID-19 los conglomerados financieros se mostraron en colapso y los mercados bursátiles parecieron caer; sin embargo este pánico no duró y el capitalismo parece reafirmarse”.

"Los más afectados por la actual crisis son los trabajadores
de América Latina que están bajo la línea de pobreza.
Foto: Nathalia Angarita/Unimedios

—Agencia de Noticias UN- Así lo afirma Aída Patricia Calvo Villada, doctora en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e investigadora en Contaduría Pública y Sociología, en el conversatorio de las Jornadas de Reflexión Contable 2020 “Contabilidad, organizaciones y medioambiente en la pospandemia”. Al respecto, recuerda que las primeras afectaciones económicas se vieron principalmente en el flujo de moneda, debido al cese de intercambio directo para saldar transacciones; por el contrario, el uso de plataformas digitales para realizar pagos o compras tuvo un gran crecimiento, sobre todo domicilios de supermercados (86 %), droguerías (57 %) y pagos de servicios (27 %), entre otras, según informan estas. 

Estos cambios en las dinámicas de las transacciones fortalecen el sector financiero, pues para realizarlas virtualmente los usuarios deben pertenecer a entidades bancarias.

Los debates en torno al anticipado declive económico se desarrollan según el contexto, al pensar en el SARS-CoV-2 como un hito pre, in situ, y pos, en una confluencia de escenarios venideros.

La crisis más ligada a la emergencia sanitaria
causada por el COVID-19 es la económica.
Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.

En el conversatorio, la investigadora explicó que la actual coyuntura sociohistórica ha permitido que las finanzas se presenten estratégicamente como el nuevo salvavidas de las consecuencias económicas que ha causado el nuevo coronavirus: “sobre este sector de las finanzas no hubo pandemia ni consecuencias negativas que afecten su funcionamiento, por el contrario, este se ha fortalecido”. 

Según Jorge Manuel Gil, exrector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina) y experto en el área económica, “el desarrollo de las criptomonedas refuerzan la privatización y transnacionalización del dinero, además del imaginario de la relevancia del sector en la economía, e impide que haya una regulación, lo que lleva a la continua privatización de valores y de medios de pago, una concentración de riqueza que trasciende el dinero”.

"La pandemia causó una importante baja en la dinámica
del dinero y ha potencializado el uso de medios digitales,
de dinero virtual y del campo de las finanzas
foto: archivo Unimedios

En este sentido, “el imaginario sobre la responsabilidad personal e individual de saber cómo invertir y saber cuál es la prioridad de gasto e inversión –a través del discurso del banco como mejor amigo– puede expandirse por la inyección de recursos nacionales”, afirma la investigadora Calvo. 

Esta responsabilidad desliga al Estado como regulador de la economía, más allá del sistema político, y lo exime de algunas responsabilidades causadas por el mundo financiero.

El análisis de la situación económica, financiera y contable actual debe tener una mirada transdisciplinar que permita evaluar las diferentes causas y consecuencias y cómo se dinamiza la economía con diferentes perspectivas sociales, políticas y culturales.

 "Las criptomonedas se desligan de casi toda

la regulación del flujo de capitales.
Foto: archivo Unimedios.""

Lo anterior se sustenta a partir del trabajo “Sociología de la profesión contable en Colombia”, una aproximación teórica de la doctora Calvo que concluye que para dar una interpretación sociológica de la profesión contable se deben contemplar otras disciplinas, además de analizar la contaduría con autonomía relativa y su interacción con los campos socioeconómicos y geopolíticos. 

Ayudas paliativas

“La contaduría también es una forma de representación de la realidad y la pandemia lleva a cuestionar y hacer análisis para tomar decisiones”, afirma el profesor Édgar García López de la Universidad de Manizales, también invitado al conversatorio.

"Los movimientos de dinero físico
favorecen la economía de todos
los sectores, no solo de los bancos
y grandes propietarios bursátiles.
Foto: archivo

Agrega que los principales afectados en esta crisis son los trabajadores, y en América Latina los 185 millones de personas que están bajo la línea de pobreza o en pobreza extrema están recibiendo ayudas paliativas de los Gobiernos nacionales mientras las grandes inyecciones de capital son para los bancos.

“Hay que hacer la salvedad de que la crisis económica no se ha generado por la pandemia como única causante, sino que es una decadencia que viene desde hace muchas décadas, se había estado generando y era prevista”, explica el profesor García.

(Por: fin/LMCJ/MLA/LOF)

Colombia en el mundo frente al Covid-19

Para un total de doce millones, trecientos veintidos mil, trecientos noventa y cinco casos (12'322.395) Colombia se encuentra en el puesto dieciocho (18) con ciento treinta y tres mil novecientos setenta y tres (133.973) casos confirmados. 

En el total de muertes; quinientos cincuenta y seis mil trecientos treinta y cinco (556. 335) los fallecimientos en nuestro país suman, cuatro mil setecientos catorce (4.714) nos corresponde estar en el puesto veintiuno (21).

Para hoy, es preocupante, ocupamos el SEXTO (6) PUESTO a nivel mundial, con ciento ochenta y siete (187) fallecidos, en el planeta ocurrieron cinco mil docientos ochenta y seis (5.286) muertes confirmadas a causa del Covid-19.

Álvaro Uribe pierde tutela.

El Juez Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, concluye que lo alegado por Uribe y su abogado Abelarxo de la Espriella es improcedente. Por lo tanto la SERIE MATARIFE puede continuar su transmisión.

Preparándose para trabajar.

Certificación Internacional. 

El futuro próximo debe verse como la nueva posibilidad para proyectar la región. 

Conocer cuáles son las mejores posibilidades, partiendo de lo que hay, contando con la experiencia local, miremos hacia adelante impulsando con fuerza toda nuestra capacidad de cambio. 

Investigan a otros dos soldados que estarían implicados en abusos sexuales a dos menores de edad en Colombia

Protestas contra la violación de una niña indígena por parte de soldados, en Bogotá (Colombia), 29 de junio de 2020.Luisa Gonzalez/ Reuters

El Ejército de Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria y puso en conocimiento la situación para investigación penal contra dos soldados que estarían involucrados en un caso de abusos sexuales a dos menores de edad en Nariño, en la zona fronteriza con Ecuador, donde se encuentran prestando el servicio militar.

Los dos soldados implicados en los hechos, ocurridos el 2 de julio, fueron reasignados. No obstante, desde el Ejército precisaron que las circunstancias de tiempo, modo y lugar deberán ser esclarecidas por la Fiscalía.

Cómo la violación de una adolescente indígena en Colombia avivó el debate sobre la Justicia y la acción del Ejército

"La unidad apenas tuvo conocimiento de estos hechos, informó de manera expedita a las autoridades y entidades competentes. Somos nosotros, los soldados del Ejército Nacional, los que queremos que se conozca la verdad y se aplique justicia conforme en derecho corresponda", informó el organismo.

Este viernes, el Ejército colombiano comunicó que "fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados", sin especificar el motivo de esta decisión. No obstante, según fuentes periodísticas, se trata de personas investigadas por casos de agresiones sexuales a menores de edad.

Los efectivos hacen parte de un grupo de 118 soldados investigados por casos de abusos sexuales a menores cometidos desde 2016. De todos ellos, 45 ya fueron retirados del Ejército porque "no son dignos", mientras que la situación de los otros 73 uniformados será analizada teniendo en cuenta los avances de las investigaciones penales, confirmó el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

Las declaraciones de Zapateiro se produjeron después del escándalo desatado la semana pasada por la violación de una niña indígena de 12 años por parte de soldados.