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Medimás: el síntoma de una crisis estructural de la salud



Pasaron pocas semanas entre el supuesto 

remedio y la dura recaída. La crisis de esta nueva EPS es consecuencia del mismo sistema de mercado mal regulado que ha venido manteniendo a la salud en su estado lamentable. Pero es posible un cambio.
Mario Hernández Álvarez*


razonpublica.-Mario Hernández Álvarez.-

Un drama que se repite

Durante las dos últimas semanas en los medios de comunicación se ha vuelto a repetir el drama de tantas otras veces: la desatención de cientos o miles de pacientes que dependen de una EPS para la provisión oportuna de servicios de salud.
En esta ocasión se trata de los afiliados a Medimás, la empresa que resultó de la venta de Cafesalud a un consorcio llamado Prestasalud. La misma empresa que prometía en sus primeros días que en poco tiempo resolvería los problemas de su antecesora mediante un modelo de atención innovador.
En efecto: en el comunicado dirigido a los afiliados de Cafesalud, Medimás afirmaba que su nuevo modelo de atención estaba “basado en casos de estudios e implementación de un sistema de salud comprobado, que dará una atención integral a los usuarios bajo las premisas de responsabilidad, compromiso, humanización, servicio y prestación digna”.
A seis semanas de haber comenzado a operar, la Produraduría General de la Nación presentó a la opinión pública un informe preocupante sobre Medimás; dicho informe está basado en más de 10.000 quejas recibidas y los serios problemas –comprobados- en la contratación de servicios en 24 de los 29 departamentos donde esta EPS tiene afiliados ubicados en 519 municipios. En las conclusiones del informe, la Procuraduría solicita a la Superintendencia Nacional de Salud que intervenga a Medimás, dadas las evidentes fallas que presenta y las consecuencias que tienen en la vida de una gran cantidad de pacientes a los que ha dejado de atender.
El Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, procuró tranquilizar a la ciudadanía haciendo alusión a la “vigilancia especial” que se ha realizado y a los avances de Medimás, comprobando que cuenta con “acuerdos de intención” con 1.500 prestadores en todo el país y “contratos formalizados” en el 60 por ciento del régimen contributivo y 65 por ciento del régimen subsidiado a su cargo
En consecuencia, los pacientes deben esperar a que se formalicen estos contratos. Paciencia, más paciencia, aunque se trate de niños y niñas con cáncer.

El núcleo del problema

  
¿Qué hay detrás de esta dramática situación que se repite una y otra vez sin que, aparentemente, se pueda hacer nada más que esperar?
Detrás de este drama reiterado está la negociación entre agentes de mercado que con mucha dificultad se logran poner de acuerdo, ya que cada uno quiere obtener la máxima ganancia con poco esfuerzo.
En el modelo colombiano, el cual debería denominarse “aseguramiento de mercado con competencia regulada y subsidio a la demanda” y no de “seguridad social en salud”, el mal llamado “asegurador” está preocupado constantemente por no gastar el dinero que recibe del Estado por cada afiliado, esto es, la “unidad de pago por capitación” (UPC). En contraposición, el prestador (llámese clínica, hospital, consultorio o laboratorio) trata de facturar cada servicio al mejor precio para obtener su ganancia.

Los pacientes deben esperar a que se formalicen estos contratos. Paciencia, más paciencia, aunque se trate de niños y niñas con cáncer.

Se supone que esta lógica, donde se contraponen los intereses económicos del asegurador con los del prestador, evita que este último (digamos, un hospital) haga cobros excesivos a la EPS que contrata sus servicios; al mismo tiempo, en teoría induce a esta EPS a prevenir las enfermedades de sus afiliados para ahorrarse los costos de su curación. Es lo que suele llamarse “gestión del riesgo en salud”.
Pero esta relación virtuosa en apariencia, implica de hecho que el asegurador (la EPS) sea el agente dominante dentro del sistema. El problema radica en que:
  • Por una parte, para buscar la rentabilidad a corto plazo, es más fácil poner barreras de todo tipo a los afiliados para acceder a los servicios que hacer “gestión del riesgo en salud”.  
  • Por otro lado, es más fácil imponer tarifas leoninas para los prestadores del servicio (hospitales y demás), al tiempo que se le glosan todas las facturas o se le aplaza el pago de las facturas aceptadas.

Senadores, atiendan la señal

Asbesto: Intervención creativa de Greenpeace en el Congreso.
Greenpeace se hizo presente en la plaza Bolívar para proyectar, sobre el Congreso Nacional, un mensaje para los senadores que tratarán en breve el proyecto de ley que busca prohibir el asbesto en Colombia.


 “Senadores: salud o asbesto” fue el mensaje que la organización ambientalista Greenpeace proyectó sobre el friso del parlamento colombiano.

Ante el inminente tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir el asbesto en Colombia, la ONG realizó esta intervención visual para exigir a los senadores de la comisión séptima que voten a favor de la iniciativa.
“Los senadores tienen la oportunidad histórica de prohibir de una vez por todas el asbesto en nuestro país. Ya han existido 7 iniciativas anteriores que no han avanzado debido al fuerte lobby de la industria de la construcción. Esta oportunidad tiene que ser diferente. Los senadores se lo deben a todos los colombianos y a los familiares de las víctimas del asbesto en nuestro país”, expresó Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia.

Neutralizado ROBERTO VARGAS GUTIERREZ alias GAVILÁN

En el marco del BLOQUE DE BUSQUEDA - OPERACIÓN CAMPAÑA MILITAR POLICIAL AGAMENÓN II - RENACER VIII se neutralizó a ROBERTO VARGAS GUTIERREZ alias GAVILÁN en el sector de PUERTO PLATA de TURBO (ANT).
- Segundo cabecilla del GAO CLAN DEL GOLFO contando con una trayectoria criminal de más de 25 años al ser demovilizado de las AUC.
- Encabezó un alto número de acciones criminales, odenando el homocidio de varios policiales en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, actividad denominada "Plan Pistola".
- Responsable de la retoma de las rutas de narcotráfico en la región de Urabá, siendo el principal articulador de narcotráfico (producción, transporte y comerzalización) teniendo control de las principales rutas hacia el país de Panamá, así mismo lideraba la tercera generación que dejó el paramilitarismo en Colombia.
- Alias GAVILÁN posee 22 órdenes de captura, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, narcotráfico, desplazamiento forzado así mismo presenta notificacion azul de INTERPOL.

Andesco resalta las propuestas del Departamento Nacional de Planeación – DNP en relación con la creación del Fondo Único de TIC y su correspondiente contraprestación de 1.95%

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones -Andesco- reconoce el importante avance en relación con la necesidad de generar y consolidar una política pública sectorial que promueva la inversión para lograr materializar los beneficios de la Economía Digital en Colombia como la que ha propuesto recientemente el Departamento Nacional de Planeación - DNP.


Andesco presentó al Gobierno Nacional una serie de propuestas Pro Inversión que van desde la convergencia, la promoción de la inversión, racionalización de los montos de las contraprestaciones, entre otros, los análisis realizados por el DNP coinciden con las propuestas mencionadas.
El DNP señaló que con la creación de un fondo único convergente, se reconoce la nueva realidad en la prestación de los servicios, elimina asimetrías y aumenta las eficiencias en cuanto a su planificación y administración.

Según Andesco; la unión de los Fondos de TIC y TV permite ampliar la base de recursos para el desarrollo de proyectos sociales. La reducción de la contraprestación al 1.95%, les permite a las empresas del sector direccionar nuevos recursos principalmente hacia la ampliación de la cobertura.

El informe del DNP también establece que la masificación de la economía digital generará impactos positivos a los hogares colombianos ahorrando hasta un 5,1% del PIB per cápita en compras online y la productividad podría aumentar hasta en un 2,6%. 

ONU Derechos Humanos inaugura Oficina en Montería

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inaugura nueva Oficina en Montería est 1 de septiembre con el fin de trabajar en esta zona del país directamente por el respeto y la protección de todas las personas. La Unión Europea apoya financieramente las operaciones de esta Oficina. 

Con una Oficina permanente en Montería, ONU Derechos Humanos fortalecerá su trabajo en la región. La Oficina ha realizado misiones al departamento de Córdoba durante 15 años, sin tener una presencia permanente hasta la fecha. Durante este tiempo esta labor se ha centrado en temas relacionados con monitoreo de casos de: amenazas a defensores de derechos humanos y asesinatos y amenazas contra pueblos indígenas (pueblo Zenú); seguimiento a las medidas cautelares para el pueblo indígena Emberá Katío; acompañamiento a diálogos entre comunidad y empresas sobre derechos humanos (Caso Cerro Matoso); y acompañamiento a procesos de conflictividad por la tierra y restitución de tierras.

La Oficina de ONU Derechos Humanos se encuentra en Colombia desde 1997 y tiene presencias en terreno en Mocoa (Putumayo); enTumaco y Pasto (Nariño); en Florencia (Caquetá); en Villavicencio (Meta); Cali (Valle); Quibdó (Chocó); Medellín (Antioquia); Barranquilla (Atlántico); Cúcuta (Norte de Santander); Barrancabermeja (Santander); Neiva (Huila); y Bogotá. Próximamente estará abriendo Oficinas en Apartadó y Arauca.

La Oficina tiene según su mandato funciones permanentes de monitoreo de la situación de derechos humanos, de asesoría a las autoridades y a la sociedad civil, de cooperación técnica al país, y de información sobre la situación y sobre los derechos humanos. Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC a las anteriores funciones se añadieron los siguientes puntos:

Dado el amplio contenido de derechos humanos en el Acuerdo de Paz, las partes negociadoras solicitaron el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (la Oficina) para la implementación del acuerdo, en colaboración con otras entidades. Específicamente, a la Oficina se le encomendó:

•   Incluir en los informes anuales del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre Colombia un capítulo especial sobre la implementación de los Acuerdos en materia de derechos humanos (punto 6.3.4); 

•   Acompañar la implementación del capítulo 5 del Acuerdo de Paz sobre los derechos de las víctimas (6.4.2);

•   Participar como invitada en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada del diseño y seguimiento de las acciones contra las organizaciones criminales (3.4.3);

El voto evangélico, el nuevo botín electoral

William Mauricio
Beltrán*

razonpublica-William Mauricio Beltrán*.- El movimiento evangélico y pentecostal viene ejerciendo una enorme influencia en la política y se ha convertido en un electorado muy apetecible. Uribe, Ordóñez y Morales se disputan estos votos, pero sus posibilidades son hoy bastante distintas.

 La “agenda moral”

En el contexto de la política local colombiana, de la victoria del “No” en el Plebiscito y, particularmente, del aporte que hicieron a este resultado las comunidades evangélicas y pentecostales (“los cristianos”, como equívocamente los registra la prensa), se pueden extraer algunas conclusiones que ayudarían a comprender las estrategias políticas que se desplegarán con miras a los comicios del próximo año.

Tal vez la más importante de estas conclusiones es el poder que tiene “la agenda moral” para aglutinar al electorado evangélico y pentecostal (en adelante, lo denominaremos evangélico). Los dos pilares más importantes de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y su rechazo de toda iniciativa que permita despenalizar el aborto – lo cual incluye una actitud negativa frente a las sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado de estos asuntos-.
La apropiación de esta agenda moral es una estrategia política que ha otorgado éxitos recientes en América Latina (al respecto se puede seguir, por ejemplo, la trayectoria política de Marcelo Crivella en Brasil), ya que ella no solo logra aglutinar a las numerosas corrientes evangélicas y pentecostales, sino que ha dado lugar a lo que Spadaro y Figueroa han denominado un ecumenismo fundamentalista e integrista.
En otras palabras, esta agenda ha puesto en un mismo lado y convertido en aliados a antiguos y enconados rivales, los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas, gracias a que unos y otros consideran que el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI entraña una forma de decadencia social e implica el riesgo de una “epidemia”: la “homosexualización” de las nuevas generaciones.
Captura de una fuerza  dispersa 
Alejandro Ordóñez, candidato presidencial 
-Foto: Procuraduría General de la Nación
Aglutinar al electorado evangélico no es una tarea fácil, ya que este movimiento se caracteriza por su fragmentación y por la rivalidad de sus líderes en cuanto a lo religioso y lo político.
En el frente religioso, las diversas organizaciones evangélicas compiten por atraer nuevos fieles. En el frente político, algunas de estas organizaciones (especialmente las más ricas y multitudinarias) compiten por trasformar la lealtad de sus fieles en votos y, por esta vía, en poder político.
En la medida en que este movimiento religioso sigue siendo el de más rápido crecimiento en Colombia, seducir a sus miembros para lograr su apoyo en las urnas se ha convertido en una tarea que debe considerar cualquiera que aspire a un cargo de elección popular.
Los dos pilares de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos LGBTI y su rechazo de despenalizar el aborto

Es una escena recurrente ver a políticos profesionales desfilar por las multitudinarias congregaciones evangélicas en periodos de campaña electoral. Para atraer el voto evangélico, los políticos recurren con frecuencia a promesas y transacciones clientelistas que se concretan entre los candidatos y los líderes de las organizaciones evangélicas con apuestas o intereses en el campo de la política electoral, transacciones que ocasionalmente son registradas por la prensa.
Así mismo, todo candidato que incluya en su programa político la promoción de los derechos de las minorías sexuales debe también incluir en sus cálculos electorales la oposición que enfrentará por este sector de la población.

Ordóñez, Morales y Uribe tras el botín evangélico

Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas

En el Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas, que tiene como propósito erradicar este grave crimen en el mundo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recuerda al Estado la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales, aplicables tanto en escenarios de paz como en tiempos de guerra.
 La Oficina reitera la importancia de que Colombia ratifique la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, como un mecanismo urgente para proteger a todas las personas contra la desaparición forzada.
 “En este Día en el que honramos la memoria de quienes aún están desaparecidos queremos decirles a sus familiares que los acompañamos en la búsqueda permanente de sus seres queridos. Por esto valoramos la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), y esperamos que pronto entre en funcionamiento”, expresó Todd Howland, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
La UBPD tendrá como función principal la búsqueda, localización, identificación y, en caso de fallecimiento, la entrega digna de las personas desaparecidas. “La labor incansable de las víctimas y de las organizaciones sociales acompañantes ha sido indispensable para el diseño de este y otros mecanismos que tienen como objetivo garantizar sus derechos”, dijo Todd Howland.
 
Para dar respuesta a esta grave violación de los derechos humanos, la UBPD debe funcionar en coordinación con los demás mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), garantizando la participación efectiva de las víctimas en los territorios, la aplicación de enfoques diferenciales y el diseño e implementación de planes de búsqueda nacionales, regionales e individuales para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

ONU valora Proyecto sobre capacidad legal de personas con discapacidad

ONU Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, sobre capacidad legal de las personas con discapacidad

 “Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La actual legislación colombiana sobre la capacidad legal limita los derechos de las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial y está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Colombia en el 2011. 
 
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que monitorea la implementación de la mencionada Convención, recomendó al Estado de Colombia en el 2016 derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y adoptar medidas para proporcionar los apoyos que estas requieran para ejercer plenamente este derecho y tomar decisiones.
 
De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, el Estado de Colombia, y en este caso particular el Congreso, tiene la obligación de modificar la legislación interna para que esté conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia.
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, “por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, radicado recientemente ante el Congreso de la República. 
 
“Este proyecto propone remplazar las figuras de la interdicción (mediante la interdicción un juez declara que la persona no tiene la capacidad metal para actuar legalmente y se designa a otra persona para que lo represente) y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás, puntualizó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

Importante.

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