'Las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales', aseguró el presidente Petro

Barranquilla, 30 de enero de 2025.- “Hoy puedo decir con toda propiedad que las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y a cada empresa de Colombia son ilegales”, afirmó el presidente Gustavo Petro, durante la ‘Movilización por la Democracia Energética’ en Barranquilla.

El mandatario explicó que la fórmula que se ha venido aplicando para fijar las tarifas de la energía viene desde hace 30 años, pues es aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), “una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el presidente, pero que vienen de las generadoras privadas”.

Esa fórmula, dijo, “es una manera que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia”.

Y es tan compleja, añadió, que es para que el pueblo no la entienda. “La hacen difícil para que el pueblo del común no logre entender por qué la energía en la costa Caribe, la tierra del sol, termina siendo dos o tres veces más cara que en Bogotá o en Cali, por qué siendo Colombia un país con tanta agua, con tanto sol, paga las tarifas eléctricas más caras de América”, aseguró.

Según el mandatario, la Constitución establece que la energía debe reflejar el costo de producción y una ganancia normal, “pero están ganando una renta que puede ser 10 y 15 veces más que una ganancia normal en Colombia, porque la fórmula de sus matemáticas así lo garantiza”.

Incluso, sostuvo que en los últimos cinco años, cada colombiano y cada empresa, pequeña o grande, ha pagado hasta diez veces más de lo debido, rompiendo la Constitución y la ley.

“Nos han estafado, esa es la palabra, la estafa son miles de millones de dólares cada año, son billones de pesos que nos han robado”, señaló.

La ‘fórmula mágica’

El jefe de Estado aseguró que en Colombia solo hay seis generadoras y dos de transmisión que son públicas, además de las empresas distribuidoras y comercializadoras.

En esa cadena, dijo, un kilovatio de energía eléctrica que debería costar entre $ 100 y $ 120, termina costando, a veces, más de $ 1.300: “ni la cocaína tiene esa rentabilidad en Colombia”, afirmó.

Y eso se debe a que “la CREG hizo la fórmula con el único objetivo de estafar al usuario que tendría una tarifa más baja, para llenar los bolsillos de los seis grandes generadores de energía eléctrica de Colombia”.

Las medidas

Con ese panorama, el mandatario invitó a defender la nueva fórmula que diseñó el Gobierno nacional desde y que fue aprobada el 18 de diciembre pasado, pues dijo que las otras alternativas no han funcionado.

Se refirió a la suspensión del decreto presidencial que buscaba bajar las tarifas de energía; a las trabas que ha tenido el Gobierno para nombrar comisionados en la CREG y al lobby que han ejercido las empresas del sector.

A esto agregó el presidente Petro que los comisionados de la empresa XM, operadora del mercado de energía, se eligen entre ellos mismos. “¿Entonces, a quién obedecen? ¿A quién pertenecen? ¿Dónde está el servicio público? ¿Dónde están las facultades de control, de regulación y vigilancia que la Constitución le da al presidente de la República?”, se preguntó.

Y se respondió: “Quien aplica la fórmula de la CREG es XM. Entonces, resulta que su junta directiva no la elige nadie del pueblo, nadie del Congreso, nadie del poder judicial, nadie del poder legislativo, sino que se eligen entre ellos”.

Por eso, el jefe de Estado le dijo al Superintendente de Servicios Públicos: “Usted es delegado de las funciones constitucionales del presidente de la República, usted debe utilizar las competencias presidenciales para que XM aplique la fórmula expedida por la CREG y no la vieja”.

Al ministro de Minas y Energía, el mandatario le pidió que “negocie, siéntese a negociar con ellos (los generadores), pero que no me digan que solo van a aplicar la nueva fórmula en el año 2028. Si quieren mantenernos en este feudalismo, que es inconstitucional e ilegal, usted tiene un decreto en sus manos”.

Y al pueblo barranquillero le pidió “no perder el impulso. Hay que seguir adelante. Que sean 500 mil personas, un millón de personas en toda Colombia que salgan a las calles. Hay que volver esta realidad una factura”, sostuvo.

Cultivos y animales...

Las nuevas jefaturas en cancillería, hacienda y DAPRE.

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Durante la posesión de Diego Alejandro Guevara como ministro de Hacienda y Crédito Público, el presidente Gustavo Petro le asignó la tarea de orientar la economía hacia una mayor diversificación de las exportaciones y la producción nacional.

“Venderlas en todos los países que podamos, no depender de ninguno”, afirmó el mandatario, señalando que la estrategia debe incluir la obtención de financiamiento de múltiples fuentes. “Lograr los financiamientos que podamos de todo el mundo, no de uno solo, porque eso deja débil a Colombia”, subrayó.

Petro insistió en la necesidad de “lograr más producción en Colombia”, haciendo énfasis en la exportación de alimentos como alternativa a las economías extractivistas.

Política fiscal y crecimiento económico

El presidente atribuyó la caída del índice de crecimiento del PIB en noviembre pasado a un recorte presupuestal. “Es decir, porque paramos el Gobierno, la economía se estancó; luego la locomotora éramos nosotros y nos dejamos parar, cierto, por errores internos y también porque hay quienes quieren que nos paremos”, afirmó.

Explicó que, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá tuvieron que ser aplazados. “Tanto que decían que querían hacer el Túnel del Toyo y que querían una vaca y vinieron aquí y votaron fue en contra”, manifestó, agregando que esta decisión afectó los intereses de las mayorías: “Vinieron aquí a quitarle el dinero al pueblo, porque ese dinero es del pueblo”.

No obstante, el mandatario enfatizó que “se aplaza el gasto que no perjudica al pueblo de Colombia, ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en otras materias”.

Asimismo, instó al Congreso a evaluar cómo financiar los proyectos aplazados: “El Congreso de Colombia debe estudiar cómo se financia eso que se aplazó” y discutir, en caso contrario, cómo se conseguirían esos recursos faltantes para este año.

Petro desmintió versiones sobre un posible desfinanciamiento de las pensiones y sostuvo que, si la Corte Constitucional avala la reforma pensional, “millones de viejos y de viejas de más de 70 años entrarán a recibir un bono pensional que hoy no reciben”.

Educación y paz

En materia educativa, el presidente resaltó que su administración logró “una partida que va a ser de 2,1 billones adicionales a los presupuestos tradicionales de la educación superior”, que se integrará al presupuesto anual de las universidades públicas.

También destacó la creación de 122.000 nuevos cupos en la educación superior y anunció que se espera duplicar esta cifra en 2025. “Si un joven, decía alguien por ahí en el Catatumbo, tiene la oportunidad en la educación, no toma el fusil, es la paz”, afirmó, agregando que la inversión en este sector se mantiene.

Perfil del nuevo ministro

Diego Alejandro Guevara asumió oficialmente el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 0113 del 29 de enero. Es doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia.

Desde agosto de 2022 se desempeñó como viceministro de Hacienda y, en diciembre de 2024, asumió como ministro encargado. Su trayectoria incluye cargos como profesor e investigador en la Universidad Nacional, la Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, ha trabajado como consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático y ha sido profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder), Alemania.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)

Jorge Enrique Rojas Rodríguez, quien hasta hoy se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores, reemplazará en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) a Laura Sarabia Torres, quien se posesionó como la nueva canciller de Colombia.

Este nombramiento se oficializó mediante del decreto 0110 del 29 de enero de 2025, en el cual también se aceptó la renuncia de Laura Sarabia como directora.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene como misión asistir al presidente de la República, en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo administrativo necesario para dicho fin.

Los objetivos estratégicos de esta entidad son:

• Contribuir a la construcción de procesos de diálogo, negociación, firma e implementación de los acuerdos de paz, permitiendo instaurar la paz como política de Estado.

• Articular las políticas de inclusión y protección de los actores diferenciales del cambio para impulsar la seguridad humana y justicia social.

• Fortalecer el sector público para mejorar la eficiencia administrativa y la confianza institucional, a través de la transparencia y la modernización del Estado con énfasis territorial.

• Fortalecer la seguridad, comunicación y apoyo logístico del señor Presidente y Vicepresidenta de la República, así como la verificación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno.

Perfil del nuevo director del DAPRE

El nuevo director del Dapre, Jorge Rojas Rodríguez, es defensor de derechos humanos, constructor de paz, periodista, escritor y político. Estudió ciencias sociales en la Universidad de Córdoba (1978/79) y se graduó como Comunicador Social-Periodista en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (2000).

Cursó una maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en seguridad y Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2010-2011) y en el 2022 recibió de la Universidad de Sucre, Colombia, el título de Doctorado Honoris Causa.

Fue jefe de prensa de la Gobernación de Córdoba (1987-1988), asesor en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales (1993-1995) y en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República encargada de la política internacional, seguridad, y defensa (2017-2018).

Fundó en 1992 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), organización no gubernamental que dirigió durante 20 años (1992-2012), en donde coordinó en la Conferencia Episcopal de Colombia la primera investigación académica sobre desplazamiento forzado (1993-1995).

Ejerció como Secretario Privado, Secretario de Gobierno (e) y Secretario de Integración Social en la alcaldía de Bogotá durante el gobierno del actual presidente Gustavo Petro Urrego.

En este último cargo triplicó la atención de la primera infancia, contribuyó a la creación de la Secretaría de la Mujer, puso en marcha políticas de inclusión para población LGBTI, pueblos indígenas, personas con discapacidad, vejez y juventud y creó el más grande centro para la atención e inclusión de habitantes de calle en la capital del país.

Es autor y coautor de varios libros y artículos sobre el conflicto armado en Colombia y ha escrito diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre desplazamiento, migraciones, derechos humanos y construcción de paz. En 2005 recibió en Washington el Humanitarian Award por su trabajo en la defensa y protección de la población civil en Colombia.

Ejerció como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Jefe de la Misión de Colombia ante la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) desde diciembre de 2022 hasta su designación como Viceministro de Relaciones Exteriores en julio 3 de 2024.

Ministra de Relaciones Exteriores

El presidente Gustavo Petro Urrego posesionó a Laura Sarabia Torres como nueva ministra de Relaciones Exteriores y le encomendó liderar la posición de Colombia en temas clave como la crisis climática, la inteligencia artificial y la protección de los derechos de los migrantes.

“Tenemos una pelea que librar por la humanidad: la crisis climática producida por un capital codicioso que consume cada vez más petróleo y carbón, y mata la vida y la naturaleza”, afirmó el mandatario.

Además, advirtió que “después de Asia, la segunda región del mundo más afectada por este fenómeno será América Latina y el Caribe” y que “cada vez más intensos” serán los impactos de la crisis climática “hasta que hagamos una ruptura sustancial en todas las cadenas productivas y de consumo del carbón y el petróleo”.

IA y el futuro del conocimiento

El presidente también se refirió a la inteligencia artificial y la gestión de la nube, destacando que “hay un segundo elemento que nunca hemos discutido a profundidad, aún es difícil para la sociedad de entender, pero cada vez va a tener un componente aún de mayor peligrosidad que la crisis climática, y es la inteligencia artificial”.

En este contexto, explicó que la nube “no es más sino la digitalización del pensamiento humano, a través de parámetros matemáticos, colocar en algo que no se puede tocar ni oler, todo el pensamiento humano acumulado que puede ser convocado a través de una tecla”.

Asimismo, expresó su preocupación por la propiedad de la nube y advirtió que “el que sea el propietario de la nube será el propietario del conocimiento humano”. Añadió que “si los propietarios de todo el conocimiento humano son tres, cuatro o cinco estamos llegando a la peor de las desigualdades del mundo”.

“El primer bien común, como bien común debería ser el agua, como bien común es la atmósfera, como bien común es el planeta, como bien común es el derecho a vivir y existir como seres humanos plenos y libres”, afirmó el mandatario.

Perfil de la nueva canciller

Laura Camila Sarabia Torres nació en Bogotá y es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.

Cuenta con una especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña, además de una Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. También cursó el programa de Orientación en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Ha trabajado como asesora política, legislativa y de comunicaciones en el Congreso de la República. Antes de asumir como canciller, se desempeñó como Directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Jefe de Gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro y Directora General de Prosperidad Social.

Del petróleo, el carbón y los juegos, saldrá plata para el Catatumbo

​Juanita Villaveces Niño, Viceministra de Hacienda, explica las medidas
tributarias de conmoción interior.​

El Gobierno nacional creará tres impuestos al amparo de la declaratoria del estado de conmoción interior con los cuales aspira a recaudar un poco más de un billón de pesos durante los 90 días que está previsto el estado de excepción.

Así lo anunció este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes la viceministra Técnica de Hacienda, Juanita Villaveces Niño, quien asistió a la sesión especial en la que el Gobierno explicó los argumentos por los cuales se decretó la conmoción.

“Se establecieron tres medidas tributarias que buscan el recaudo de $ 1 billón 63 mil millones, durante los 90 días de la conmoción, para poder atender la situación que se requiere en este momento en la región del Catatumbo”, explicó la funcionaria.

Los tres impuestos que se crearán son:

- Impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, con los que se aspira a recaudar $ 519 mil millones.

- Contribución especial de 1 % a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón, con los que se busca recaudar $ 214 mil millones.

- Impuesto de timbre (1 %) para recaudar $330 mil millones.

“Los recursos que se lleguen a recaudar con estas medidas se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, añadió la viceministra de Hacienda.

Dijo que estas nuevas medidas tributarias “se necesitan, debido a la compleja situación fiscal del Estado”.

Y agregó que “estos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2025, por lo que se requiere determinar unas nuevas fuentes de financiamiento”, señaló.

Por su parte, el ministro designado de Hacienda, Diego Guevara, intervino sobre ese mismo tema, pero ante la plenaria del Senado, donde argumentó la urgencia de contar con esos recursos.

“Hoy necesitamos impuestos de recaudo inmediato con una destinación específica, que es el Catatumbo. Estos impuestos no son una reforma tributaria por la puerta de atrás, sino que aplican únicamente para este año; son impuestos tipo IVA que podemos captar de manera inmediata con destinación específica”, sostuvo el ministro.

Agregó que “el tema del Catatumbo no da espera”, y que por ello estas medidas fiscales “son el corazón de este decreto de conmoción interior que hemos visto analizando en las últimas semanas para que cumplan con todos los principios legales y constitucionales”.

De acuerdo con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el Gobierno nacional declaró “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

La norma de excepción cobija a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar (Río de Oro y González), que están recibiendo desplazados.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró ante la plenaria de la Cámara que la declaratoria de conmoción interior cumple con los tres presupuestos legales y constitucionales:

“Primero, el presupuesto fáctico, porque se trata de hechos concretos y verificables. Segundo, el presupuesto valorativo, porque es muy grave la intensidad de la violencia en El Catatumbo, pocas veces vista en la historia del conflicto armado en Colombia. Y, tercero, la necesidad imperiosa de decretar el estado de conmoción interior, porque con las facultades ordinarias no es posible atender las dificultades que se viven en esa región”, explicó el ministro Cristo.

En la plenaria también participaron la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Decretos de Conmoción Interior financiarán la Fuerza Pública.

Ocaña (Norte de Santander).- Al finalizar la reunión de gabinete en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro se refirió a los decretos que expedirá al amparo de la Conmoción Interior, de los cuales dijo que uno de los propósitos es “financiar al Ejército, sí, y las otras armas aquí, porque el Estado de Colombia se respeta”.

Al dirigirse a las comunidades, líderes, cúpula de la Fuerza Pública y funcionarios nacionales, departamentales y locales, el jefe de Estado enfatizó que “a ningún funcionario corrupto por ahí, de aquí o de allá, se le puede ocurrir que lo que hay que proteger y apoyar es el paramilitarismo del Eln. Ese se erradica o si no el paramilitarismo del Eln acaba con Venezuela y con Colombia y se vuelve la excusa de la invasión”.

Por esta razón, afirmó que “nosotros aquí queremos paz, no guerra con nadie y no estamos cazando guerra con nadie” y explicó que “para ser respetados necesitamos aquí las armas del pueblo. Ojalá no disparen, ojalá llegue el momento de no disparar. Y llega el momento de no disparar si los jóvenes de aquí armados deciden el camino de la paz”.

Aclaró que, a diferencia de otras declaratorias del estado de Conmoción Interior, en el Catatumbo los decretos “no van a interferir comunicaciones de ustedes o encarcelar civiles, van es a cambiar la economía del territorio. Nos medirán ustedes si somos eficaces o no, pero seremos eficaces si el pueblo nos acompaña”.

Anunció que, al finalizar el encuentro de Ocaña (Norte de Santander), se iba a reunir con todo el gabinete para analizar los decretos de la Conmoción Interior y comentó que ya se están trabajando, pero “algunos no me han gustado, otros sí”.

En su intervención, dijo que “el Pacto Social es posible en términos de un diálogo social y un acuerdo, pero el punto que falla es la implementación. Como decía mi mamá mucho, tilín, tilín y nada de paletas”, por lo que aseguró: “Y el decreto de Conmoción Interior trata de llenar ese vacío”.

“Espero que el conjunto del Estado, que no es solamente el gobierno, nos acompañen en este esfuerzo. Sería lamentable un Estado que no es capaz de unirse en torno a un problema concreto y común, como construir la paz en el Catatumbo, porque construirla aquí puede significar construirla a nivel nacional”, enfatizó.

Efectivo...