La Corte protegió el derecho a la salud de cuatro personas a las que sus EPS no les garantizaron servicios y tecnologías en salud
La Sala Tercera de Revisión analizó cuatro acciones de tutela presentadas por varias personas consideradas sujetos de especial protección constitucional, quienes argumentaron que las EPS a las que estaban afiliadas no les garantizaron los servicios y las tecnologías de salud requeridas: consultas especializadas, tratamiento integral, ayudas ortopédicas y pañales desechables.
En el primer expediente, la Corte estudió el caso de un niño con discapacidad física y mental que requería una consulta con un especialista en anestesiología, una órtesis y la garantía de tratamiento integral. Aunque el juez de primera instancia concedió los dos primeros servicios, la Sala no tuvo certeza de que la ayuda ortopédica hubiera sido entregada al niño, por lo que ordenó su suministro. Asimismo, dispuso el otorgamiento del tratamiento integral debido a la negligencia de la EPS en el cumplimiento de sus obligaciones.
En el segundo expediente, la Sala analizó el caso de una mujer mayor, afiliada al régimen especial del magisterio, con incontinencia mixta y Alzheimer, quien necesitaba pañales desechables. Estos le fueron negados porque no existía una orden médica y los pañales, de cualquier modo, estaban excluidos de ese régimen especial en salud. La Corte reiteró que los pañales están implícitamente incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y que, en consecuencia, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no puede ofrecer una protección inferior. Dado que la historia clínica indicaba que la mujer no controlaba esfínteres, la Corte ordenó el suministro de los pañales.
Adicionalmente, y ante la negativa de suministro de los pañales, con fundamento en reformas y ajustes a la estructura y el funcionamiento del Fomag, la Sala advirtió que ello no debe tornarse en barreras u obstáculos para el acceso integral, oportuno y de calidad de los afiliados al Sistema de Salud. Más allá del diseño administrativo o del modelo de financiación, todos los regímenes en salud deben cumplir con los elementos y principios mínimos que componen el derecho fundamental a la salud.
En el tercer caso, la Corte revisó la situación de un adulto mayor con diagnóstico de hepatitis y enfermedades cardíacas, a quien se le había negado una consulta con un especialista en cardiología. Debido a que en el fallo de instancia se ordenó dicha consulta, la Corte le ordenó a la EPS verificar si esta se realizó.
En el cuarto y último expediente, la Sala revisó el caso de una mujer a quien le fue amputada una pierna, razón por la cual necesitaba el recambio de su prótesis. Aunque el recambio había sido prescrito por el médico tratante, la EPS no lo suministró. La Corte ordenó el recambio de la prótesis, así como el acceso a un tratamiento integral, al considerar que se cumplían los requisitos para concederlo, entre esos, la negligencia de la EPS.
Finalmente, como en dos de los expedientes acumulados las EPS accionadas estaban siendo intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte advirtió que las facultades de intervención no deben afectar la prestación oportuna y de calidad del servicio de salud de los afiliados.
M.P. Diana Fajardo Rivera
Glosario jurídico:
Artículo 233 de la Ley 100 de 1993: señala que la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las entidades promotoras de salud.Artículo 6 del Decreto 2462 de 2013: dispone que la Supersalud tiene, entre otras, las funciones de vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y de los deberes asignados a los diferentes actores del sistema. También debe inspeccionar y vigilar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva se realice en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las etapas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de enfermedades.
Se declara situación de desastre en todo el país
Foto: Presidencia de la República |
“Se declara situación de desastre en todo el país, en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y, en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desaforada de la sabana de Bogotá”.
Así lo anunció este domingo el presidente Gustavo Petro, luego de encabezar el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo en la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá.
En su declaración, el jefe de Estado dijo que “nos centraremos en todo el territorio nacional. Hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay tres zonas hoy con una escala muchísimo mayor, y es donde parte del esfuerzo se centrará: Alta Guajira, Chocó, en todo el departamento, y Bogotá, por escasez de agua potable”.
“El resto de la nación, porque aún no termina esta temporada de lluvias, que se extenderá por todo el mes de diciembre, según nuestras previsiones, pues aparecerán nuevos puntos, ya lo están haciendo en Santander, puede suceder en otras regiones del país, que ameritan la atención de esta declaración de situación de desastre”, agregó.
El mandatario explicó que los alcances que tiene la medida adoptada para atender las emergencias “es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación hoy en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones, a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual”.
Por esta razón, anunció que “pasado mañana se les notificará a ustedes públicamente el plan concreto de inversiones públicas nacionales en estos tres puntos y en algunos lugares donde hoy tenemos también emergencias”.
Juegos Nacionales Juveniles: 5699 atletas participantes, de 32 delegaciones
Previa a la inauguración de los I Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024, la ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos, encabezó la rueda de prensa en la que se abordaron puntos clave como el cambio de sede de escalada deportiva, de Armenia a Bogotá, y la importancia de Juegos Intercolegiados en el proceso de reserva deportiva que tiene el país y que se fortalece con el evento multideportivo juvenil.
La ministra, quien estuvo acompañada por el director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo de la entidad, Guillermo Montaño, y la directora del certamen, Claudia Juliana Enciso, resaltó que desde el Gobierno Nacional se ha garantizado el 100 por ciento de los servicios de alojamiento, alimentación, logística y traslado de las delegaciones, inversión que asciende a 89.000 millones de pesos. "Le apostamos a los Juegos Juveniles de manera estratégica, entendiendo que para gobierno el trabajo deportivo, para los escolares y los jóvenes es muy importante", afirmó la ministra.
Precisamente, uno de los temas fundamentales fue el cambio de sede de la disciplina de escalada deportiva, de Armenia a Bogotá. "Tenemos una contingencia con la empresa importadora y eso nos cambió los calendarios para la llegada de los muros", destacó la jefe de la Cartera, quien también dejó un parte de tranquilidad. "Hay que darle tranquilidad a los ciudadanos de Armenia, al gobernador de Quindío, porque ellos han estado con mucha expectativa esperando sus muros. Sabemos que es un deporte importante y la idea es que de aquí a diciembre estén instalados", añadió.
Una vez dispuestos, se realizará un campeonato nacional. Según destacó la ministra es importante que Armenia pueda inaugurar sus muros y que los deportistas puedan estar en una gran escena deportiva. Por otro lado, se destacó que los I Juegos Nacionales Juveniles son un evento clave para fortalecer la reserva deportiva del país. Llegan a fortalecer la estrategia de Juegos Intercolegiados y de esta manera poder darle un apoyo más a los atletas jóvenes de cara al deporte de rendimiento. Esencialmente, se destacó que el 60 por ciento de los atletas que estarán en este certamen participaron en Intercolegiados.
"Eso es algo bien importante porque es que estamos uniendo todo lo que es la cadena cíclica que debe tener de crecimiento y desarrollo deportivo desde el Fomento y Desarrollo, porque desde ahí es que damos las primeras premisas para que podamos detectar, identificar y perfilar a los deportistas hacia el deporte de altos logros", destacó el director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Guillermo Montaño.
De otra manera, también se destacó que el 43 por ciento de los atletas del sistema paralímpico, también, hacen parte de todo el engranaje de Intercolegiados. "Los Juegos Nacionales Juveniles no están enmarcados en unas edades que no corresponden a Intercolegiados, pero el porcentaje es bastante alto. Así que esto brindará que podamos hacer un diagnóstico de manera técnica y poder mirar cuál es la reserva estratégica", finalizó la ministra.
Este certamen que se realiza, por primera vez, en el Eje Cafetero contará con 5699 atletas participantes, de 32 delegaciones y será un evento que le permitirá a la reserva deportiva del país tener espacios de competencia que les sirva para fortalecer aspectos técnicos y tácticos de cara a futuras competencias a nivel internacional.
Reforma agraria y zootecnia, la unión que necesita el campo colombiano
En 2022 el 28,1 % de los hogares en Colombia presentó dificultades para acceder a alimentos, situación que afectó a 15,5 millones de personas. Foto YAIR SUAREZANADOLU AGENCYAnadolu via AFP |
Para lograr una reforma agraria efectiva en el país es necesario que los pequeños y medianos productores tengan acceso a tierras y recursos productivos, de manera que puedan implementar prácticas zootécnicas avanzadas que optimicen sus sistemas productivos. Esta disciplina aporta herramientas como el manejo eficiente de pasturas, el control de enfermedades, el bienestar animal y el mejoramiento genético, las cuales permiten mejorar la calidad y cantidad de carne, leche y huevos, productos esenciales para la dieta de los colombianos y que representan una fuente asequible de proteínas y nutrientes.
En un país con altos índices de importación de alimentos básicos, la Zootecnia se presenta como una vía para reducir esta dependencia y fomentar la autosuficiencia alimentaria. La correcta distribución de tierras y el apoyo a los productores locales mediante políticas públicas permiten que los alimentos sean producidos de manera sostenible, beneficiando tanto a las comunidades rurales como a los consumidores.
Reforma agraria, TLC y soberanía alimentaria
Con respecto a la pregunta sobre cómo incentivar el desarrollo agropecuario en el país, la zootecnista de la UNAL Sandra Natalia Barinas Salcedo sostuvo que la forma es “garantizarles a los campesinos bienestar en sus territorios y una mejor calidad de vida, asegurándoles que sus productos sean comercializados a precios que compensen la dura labor que implica el trabajo en el campo”.
Por su parte, el abogado de la UNAL Luis Higuera Malaver, experto en territorio y conflicto, manifestó que “los campesinos, indígenas y pequeños productores han expresado la necesidad de una reforma agraria que les permita recuperar y acceder a tierras productivas, especialmente en regiones donde el conflicto armado y el desplazamiento han afectado históricamente la propiedad rural”.
Las Naciones Unidas estiman que para 2028 la población mundial que sufre inseguridad alimentaria grave alcanzará los 956 millones de personas. Foto: Nicol Torres, Unimedios |
Para el experto, los tratados de libre comercio (TLC) afectaron gravemente el sector agropecuario, en especial al pequeño y mediano productor, pues “al concretar con otro país que se le comprará un producto pero con la condición de que se importe otro, los productores de ese alimento que se está trayendo a Colombia no tienen quién se lo compre porque el país ya trajo de otro lado una considerable cantidad; eso está generando que la comida que no se puede vender se dañe y se bote, al mismo tiempo que afecta la economía de determinados sectores”.
Aunque los TLC ofrecen acceso a alimentos más baratos que pueden beneficiar a los consumidores a corto plazo, una dependencia excesiva de importaciones y la falta de apoyo a los productores locales pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.
En ese sentido, la implementación de técnicas zootécnicas en un marco de reforma agraria fortalece la seguridad alimentaria en dos sentidos: asegura un suministro constante y asequible de alimentos de origen animal para la población, y mejora la calidad nutricional de estos productos.
Colombia firmó con la ONU 17 objetivos para combatir la inseguridad alimentaria que se deben cumplir en 2030. Foto: archivo Unimedios. |
Al respecto, la zootecnista de la UNAL Laura Cortés Urquijo afirmó que el país necesita profesionales con conciencia en esta área, que trabajen en pro del campesinado, los indígenas y la comunidad afro y no para las grandes industrias.
“Esta alianza es esencial para avanzar hacia una soberanía alimentaria real en la cual los alimentos no sean solo asequibles sino también el resultado de prácticas respetuosas con el medioambiente y las comunidades locales. Apostar por la Zootecnia en este proceso es apostar por un futuro más justo y autónomo en la producción alimentaria del país”, manifestó.
La charla “Reforma agraria, soberanía y seguridad alimentaria desde la Zootecnia” se realizó en la UNAL durante la Semana de la Zootecnia 2024. Foto: Nicol Torres, Unimedios. |
Cabe decir que la Zootecnia moderna no solo responde a una demanda social por prácticas éticas, sino que también tiene implicaciones en la calidad de los productos y en la sostenibilidad del sistema productivo. Animales en mejores condiciones tienden a ser más productivos y resistentes, lo cual refuerza la sostenibilidad del sistema alimentario.
La Zootecnia puede jugar un papel fundamental al fortalecer la producción local y mejorar la competitividad del sector agropecuario, pero esto requiere políticas que prioricen la sostenibilidad y la resiliencia del sistema alimentario colombiano. Un enfoque que combine la apertura comercial con el fortalecimiento de los productores locales contribuiría a una seguridad alimentaria más robusta, sostenible y equitativa para todos los colombianos.
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