Colombia afirma estar "totalmente alineada" con la "nueva estrategia" antidrogas de EE.UU.

El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que su política está "totalmente alineada" a la "nueva estrategia" antidrogas anunciada recientemente por EE.UU., que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Bogotá, Colombia, el 20 de octubre de 2021Luisa Gonzalez-Pool-Reuters

Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano. Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto.

Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de "rendición de cuentas" sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí.

Este requerimiento desde la Casa Blanca también pende sobre el Gobierno de Duque, que ha sido señalado por entes internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de permitir el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de este año, que se saldaron con alrededor de 80 fallecidos, según la ONG Indepaz (la Fiscalía recoge solo 20 muertos).

¿Qué responde Colombia?

El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva "estrategia holística antinarcóticos" entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecían las tres líneas gruesas del trabajo conjunto, que se centra en la "reducción de la oferta de drogas", la "seguridad y desarrollo rural integral" y la "protección ambiental", el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban "totalmente alineados".

En unas breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de "mecanismos de precisión donde corresponda", que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.

El mandatario también hizo referencia a la 'Ruta Futuro', una política gubernamental para enfrentar el "problema de las drogas" que va desde el consumo hasta la elaboración y la distribución, y dijo que gracias a esta han tenido "las mayores incautaciones de droga en el país",que superan las 500 toneladas junto con destrucción de laboratorios".

¿Qué es el "enfoque holístico"?

Un policía colombiano en un campo de coca en Tumaco,
departamento de Nariño, Colombia, el 30 de diciembre de 2020
uan BARRETO - AFP

Distintos medios se han referido a un cambio de abordaje de la política antinarcóticos estadounidense en territorio colombiano, casi un año después de que una comisión de la Cámara de Representas catalogara de "fracaso" el 'Plan Colombia', una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.

En esta "nueva estrategia" de la ONDCP, hay un "enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental", según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.

Sus tres líneas transversales son:

- Reducción de la oferta y la demanda de drogas, a través de la erradicación, destrucción de laboratorios, esfuerzos contra el lavado de dinero y enjuiciamiento de los narcotraficantes.

- Seguridad y desarrollo rural integral, que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, protección de los líderes sociales y ampliar la formalización de la tierra, entre otros.

- Protección ambiental, lo que contempla monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen a los narcotraficantes, "la negación de un santuario para los grupos armados ilegales" y un "sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad".

Las peticiones de Blinken

Lo planteado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ya había sido delineado la semana pasada por Blinken durante su primera visita como secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, país al que Biden considera uno sus aliados más importantes en la región para "hacerle frente" a los "múltiples retos" que "enfrentan" las democracias dentro y fuera del hemisferio.

A grandes rasgos, Blinken se refirió a temas que han estado entre los reclamos de varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que han afirmado reiteradamente que no han tenido eco en el Gobierno de Duque. Una constante en sus demandas es el cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que consideran como piedra angular del actual conflicto entre grupos armados por el control territorial y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.

Blinken pidió "atacar las raíces del narcotráfico" como "la inequidad, la corrupción, la impunidad" para "invertir en la prevención y la recuperación de quienes están luchando contra la adicción". Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil.

El espinoso tema de los derechos humanos

Para el jefe de las Relaciones Exteriores de EE.UU., el "nuevo enfoque" no solo pasa por mantener la "cooperación y reforzar el cumplimiento de la ley para reducir la violencia", sino en tener "los derechos humanos como núcleo".

Al referirse a "la rendición de cuentas" de los derechos humanos, mencionó las "violaciones y abusos" cometidos durante el conflicto, "en respuesta a las protestas a principios de este año" y contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales.

Sobre los derechos humanos y las protestas ya hubo controversia entre Duque y la CIDH debido a que el mandatario afirmó que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad" en correspondencia con los señalamientos del Gobierno que apuntaban hacia deslegitimar las protestas porque en ellas se cometían "actos vandálicos y terroristas" y bloqueos de las vías.

En su diálogo con Blinken, Duque insistió en que su Administración tiene una política de "tolerancia cero" con cualquier tipo de violación y con el "vandalismo, los ataques a la Fuerza Pública y cualquier agresión a la institucionalidad".

A pesar de estas peticiones de Blinken sobre los derechos humanos de los manifestantes durante las movilizaciones, en su oportunidad la respuesta de Washington no fue inmediata, como sucede cuando ocurren protestas en otros países de la región, y fue tildada de tibia por sectores del Congreso que pedían acciones contundentes contra el Gobierno colombiano.

Nathali Gómez

Dinámica y heterogeneidades del crédito comercial en el período de pandemia

El Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República del primer semestre de 2021 muestra que, durante los primeros seis meses de 2020 y en un contexto de recesión derivado de la pandemia global, el crédito comercial total de las instituciones financieras colombianas a las empresas aumentó significativamente. Este fenómeno lo ilustran las líneas azules en los paneles A y B del Gráfico 1. A partir del segundo semestre de 2020 el saldo de cartera comercial total empezó a desacelerarse, lo cual suscitó inquietudes sobre la dinámica del crédito a las firmas en el contexto actual de reactivación de la economía.

Un análisis de los datos revela que este comportamiento de la cartera comercial total pudo haber estado explicado por la búsqueda de liquidez por parte de algunas pocas firmas grandes al comienzo de la pandemia, con el fin de suavizar la caída de su ingreso. Estas firmas hicieron uso de sus líneas de crédito preestablecidas e iniciaron el pago de su deuda a partir del tercer trimestre de 2020. Por ello, para entender bien el flujo reciente de crédito al sector productivo de la economía, resulta relevante analizar la distribución de la evolución de la cartera comercial entre firmas, especialmente entre aquellas que accedieron a préstamos durante el comienzo de la pandemia y aquellas que no lo hicieron.

Con este fin, se calcularon los desembolsos de cartera comercial de los establecimientos de crédito a cada empresa entre diciembre de 2019 y junio de 2020 (período de comienzo de la pandemia) utilizando el Formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este cálculo revela que un total de 84.625 firmas aumentaron su endeudamiento en alguna magnitud durante ese período. Sin embargo, el 1% de las firmas que más aumentaron su endeudamiento en ese período

1, responden prácticamente por la totalidad del aumento y la posterior reducción de la cartera comercial total, como lo ilustran las líneas rojas en los paneles A y B del Gráfico 1.

Ahora bien, si excluye aquel 1% con mayor crecimiento de su endeudamiento y se analiza el resto de firmas2 se obtienen las líneas amarillas en los paneles A y B del Gráfico 1. Como puede verse, esta medida de la cartera comercial es relativamente estable y, a partir del cuarto trimestre de 2020, tiene un aumento de su tasa de crecimiento. Si, en lugar del 1%, se excluye el 10% o el 20% de firmas que más se endeudaron en aquel período3, se obtienen las líneas vinotinto y gris, respectivamente. En este caso, se observa una caída de la cartera comercial en el primer semestre de 2020 y una vigorosa recuperación posterior con un crecimiento nominal anual superior al 5% en junio de 2021, en línea con la mayor actividad económica.

En síntesis, el ciclo de la cartera comercial observado desde el comienzo de la emergencia sanitaria exhibe una importante heterogeneidad “temporal” en el flujo de crédito comercial: al comienzo de la pandemia el crédito fluyó principalmente a un número reducido de empresas con grandes desembolsos, mientras que a partir de finales de 2020 ha fluido al resto del universo de empresas.

Gráfico 1. Dinámica del crédito comercial

Panel A. Saldo de cartera

Panel B. Crecimiento nominal anual de la cartera

Fuente: Cálculos del Banco de la República a partir del Formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

 1 El grupo del 1% de firmas que más accedió al crédito está compuesto por 846 empresas que participaron con el 41,3% de la cartera comercial a junio de 2020, y de las cuales 809 son empresas grandes. Una firma clasifica en este grupo si sus desembolsos en el período diciembre de 2019-junio de 2020 superan COP 5,9 miles de millones.

2 El grupo de firmas excluyendo al 1% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 426.621 empresas.

3 El grupo de firmas excluyendo al 10% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 419.004 empresas con desembolsos inferiores a COP 349,1 millones en el mismo período. El grupo de firmas excluyendo al 20% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 410.541 empresas con desembolsos inferiores a COP 119,5 millones en el mismo período.

La caída de 'Otoniel' no es el fin del Clan del Golfo

Los expertos sostienen que "no habrá un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo".

Tras la captura este sábado de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', el máximo jefe del Clan del Golfo, las autoridades colombianas ya estudian quién podría quedar como nuevo cabecilla de esta organización criminal.

Un posible candidato es Wilmer Antonio Giralda Quiroz, alias 'Siopas', que, según la estructura que reveló el Ejército de Colombia sobre el Clan del Golfo, es el segundo cabecilla al mando.

Giralda Quiroz, de 40 años, se desempeña como jefe de la estructura conocida como 'Jairo de Jesús Durango', con más de 500 hombres a su mando. En su contra hay una circular azul emitida por Interpol, y en Colombia tiene un proceso por asociación para delinquir.

Siopas' tiene fuerte incidencia en el departamento del Choco y está involucrado en el homicidio de varios líderes sociales. Además, se le acusa de varios ataques contra la Fuerza Pública, por lo que desde hace varios meses es un objetivo importante para las autoridades.

Sin embargo, se presume que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', tiene más probabilidades de ser el nuevo cabecilla del grupo criminal.

"Es 90 % seguro que ahora el mando del Clan del Golfo lo tiene 'Chiquito Malo', si él tomara la decisión de no asumir el mando lo asumiría alias 'Siopas' quién está dominando todo el Suroeste Antioqueño", declaró la ONG Corpades a Caracol Radio.

¿Quién es alias 'Chiquito Malo'?

Según las autoridades, Ávila Villadiego, de 44 años, tiene la confianza de 'Otoniel', ya que llevan una trayectoria de casi 20 años de vida criminal juntos. 'Chiquito Malo' se apartó del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre de 2004, pero siguió delinquiendo al lado del Clan Úsuga, nombre con el que se conocía anteriormente al Clan del Golfo.

'Chiquito Malo' siempre ha estado al frente de las actividades de producción y comercialización de cocaína en la organización, llegando a ser uno de los comandantes de la estructura que se mueve en la región de Urabá y el municipio de Turbo, en el departamento colombiano de Antioquia. Posteriormente asumió como líder de esa subestructura.

En su contra hay una circular roja emitida por Interpol y una solicitud de extradición a los Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En Colombia, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos (133.000 dólares aproximadamente) por información que permita dar con su paradero.

Respecto al futuro del grupo armado tras la captura de 'Otoniel', el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Esteban Salazar, sugirió que "no va a haber un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo. "Las economías ilegales se van a mantener, incluso vienen en auge", comentó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, puntualizó que la Fuerza Pública continuará desmantelando al Clan del Golfo y ya va tras la pista de los dos cabecillas.

Denuncian a 71 congresistas que votaron por cambios en la Ley de Garantías

La denuncia se dio por el presunto delito de prevaricato y por la posible vulneración contra la Constitución y la ley.

Por: Coprensa.- Ante la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados 71 representantes a la Cámara por el presunto delito de prevaricato, luego de la discusión del artículo incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2022, que terminó con la suspensión de la Ley de Garantías.

El tema lo habían advertido varios congresistas de la oposición luego del debate en la plenaria de la corporación, por la posible vulneración contra la Constitución y la ley que estarían cometiendo al votar afirmativamente el artículo 125 del proyecto.

Este artículo pretendía la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, con el objetivo de que las entidades del orden nacional y territorial pudieran celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

El representante Germán Navas Talero señaló que “los miembros de la Cámara sabían de antemano que, de votar ese ‘articulito’, estarían violando la ley, puesto que una ley estatutaria no puede ser derogada con una ley ordinaria, como lo estarían haciendo al aprobar el mencionado apartado”.

Agregó que “esto nada tenía que ver con el tema de presupuesto, por eso para mí, no es más que un mico que le terminaron colgando a ese proyecto”.

La representante Ángela María Robledo afirmó que “esos mismos congresistas prevaricaron con la complicidad del ministro de Hacienda y les hicieron votar un artículo para acabar con la Ley de Garantías, una Ley Estatutaria en el marco del trámite de una Ley Orgánica”

La denuncia, radicada este viernes ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue firmada por los representantes Juanita Goebertus, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Fabián Díaz, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero.

El CRIC denuncia. Seis indígenas heridos en Cauca.

El lunes 18 de octubre civiles armados atacaron a la comunidad del Resguardo Indígena de Quintana con armas de fuego y armas de fogueo, como resultado de este ataque resultaron heridos seis integrantes de la comunidad indígena.

Imagen: resguardodequintana.wordpress.com

La denuncia es realizada por el CRIC mediante comunicado público, indican en el comunicado que se denunció el hecho agresor ante la Policía Nacional, reclaman las comunidades que la respuesta que ha dado la Alcaldía de Popayán es la de movilizar a la Fuerza pública, Ejercito Nacional, Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD, para que intervenga con acciones violentas y gases lacrimógenos vencidos.

El CRIC Denuncia y Rechaza las agresiones al territorio, la identidad, la cultura y el ejercicio político organizativo de la autoridad ancestral, Guardia Indígena y comunidad del Resguardo Paéz de Quintana.

En el comunicado, la comunidad indígena rechaza los comentarios de la Policía Nacional donde relacionan a los pueblos indígenas con “bloqueos de la vía pública”, estos señalamientos “atentan contra la armonía y el equilibrio, transgreden la dignidad de los pueblos indígenas, ponen en riesgo la vida de nuestros líderes, lideresas, defensores de los derechos humanos y el territorio. El actuar de la Policía deja entre ver su indebida diligencia, pues la exacerbación del conflicto armado, principalmente por hechos victimizantes relacionados con amenazas, hostigamiento, lesiones personales a la comunidad han ocurrido constatándose la presencia de la Fuerza Pública, ocasionando graves afectaciones a la comunidad y el territorio ancestral”.

“La comunidad indígena Responsabiliza al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Republica de Colombia IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Rrom y Minorías, Ministerio de Defensa, Policía Nacional/ Gobernación del Departamento del Cauca, porque ha hecho caso omiso a las denuncias verbalizadas y el no fortalecimiento de los mecanismos de protección colectiva de las comunidades para la salva guarda del territorio, la vida y la paz. De igual manera a los grupos armados legales e ilegales y grupos paramilitares que atenten en contra de la vida de comuneros, guardia indígena y Autoridades Tradicionales del territorio”.

“Las Autoridades Ancestrales, Guardia Indígena y comunidad del Territorio Ancestral de Quintana, nos declaramos en asamblea permanente y convocamos a todos los territorios activar los mecanismos de defensa de la vida y el territorio, fortalecer la Minga Hacia Adentro, a traves de recorridos territoriales”. Concluye el comunicado.

Justicia para Jineth Bedoya. Estado colombiano culpable por la violación de derechos.

“Tortura física, sexual y psicológica contra Jineth no pudieron llevarse a cabo sin la colaboración del Estado”: sentencia de la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano.

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá.

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas.

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).