DW. - Autor José Ospina-Valencia (CH) . -
La jueza colombiana María Stella Jara recibió en 2008 el proceso contra el excoronel Luis Alfonso Plazas, quien fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas. Pero el proceso convirtió la vida de esta representante de la rama judicial en una pesadilla.
DW: Estos 6 y 7 de noviembre se conmemoran 30 años de la Toma del Palacio de Justicia, una tragedia con la que más tarde usted tendría que ver como jueza. ¿Por qué fue tan importante el juicio que usted llevó?
María Stella Jara: El juicio sobre la búsqueda de las responsabilidades de los representantes del Estado, en persona de los militares que dieron y ejecutaron las órdenes de retoma del Palacio de Justicia, así como de la posterior tortura y desaparición de civiles y una guerrillera del M-19, se convirtió en un hecho histórico en Colombia, con muchas implicaciones. No solo por tratarse de un expediente con más de 45 mil folios y 109 CD, donde aparecen las pruebas sobre los procesos civiles y los magistrados (muertos), sino porque tenía una incidencia política.
DW: La reacción del Ejército al ataque de la guerrilla fue excesivamente cruenta; por querer someter, a toda costa, al M-19, se arriesgó y acabó con la vida de civiles.
Esa reacción tenía antecedentes. Hay que considerar que en los años anteriores el M-19 venía cometiendo severos ataques contra la población civil y el mismo Ejército, como la toma y secuestro de todo un grupo de diplomáticos de diferentes partes del mundo.
DW: La búsqueda de los responsables de la tragedia ha estado llena de dificultades, impedimentos e intromisiones: desapariciones, juicios fallidos, amenazas y la influencia de la política en la Justicia. ¿Qué pasó cuando le fue adjudicado el caso?
Cuando asumí el caso de la responsabilidad de los mandos militares en la tragedia, empecé a ser víctima de presiones, amenazas y hostigamiento. El acoso mediático de algunos periodistas que me llamaron “guerrillera” aumentó la presión política sobre el caso y las amenazas contra mi persona y mi hijo. Con ello se buscaba desprestigiar también a la rama judicial y justificar que los acusados tenían la razón, pero que supuestamente estaban en manos de una justicia politizada. Mi imparcialidad como juez fue puesta en duda diciendo que yo actuaba en favor de las víctimas y el M-19.
DW: En la operación de “retoma” del Palacio de Justicia no contaron ni los derechos de los civiles ni de los representantes de la rama judicial. ¿Es esta una conducta típica de un Ejército educado en medio de la Guerra Fría para arrasar al enemigo, por encima del Estado de derecho?
Yo no opino sobre ese aspecto político. Como jueza solo sé que en el caso del Palacio de Justicia a los civiles allí atrapados se los tomó por sospechosos, aún más si eran estudiantes. Algunos fueron tratados como simpatizantes o miembros de la guerrilla. Dentro de esa sospecha generalizada se cometieron excesos y varias personas fueron torturadas y ejecutadas.
DW: ¿Por qué se reabre el caso del Palacio de Justicia en 2008?
