El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó la
operación de la IPS Universitaria, contratada para gestionar el hospital, por
su deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos, medicamentos
y de personal para la atención.
“Estamos hablando de la vulneración de los derechos a
la salud en un territorio tan estratégico y tan fundamental para la defensa de
nuestra soberanía”.
La Entidad reprochó que el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina no cuente con un plan para la adecuada gestión de
la red pública para la prestación de los servicios de salud. Actualmente opera
un convenio con la IPS Universitaria que tiene una vigencia de cuatro
años.
La Procuraduría cuestionó que pese a que el gobernador
Housni Jaller conocía la deficiente prestación de los servicios de salud
celebró nuevamente un convenio con la IPS Universitaria (1134 de 2017), sin
tomar las medidas para superar el caos institucional.
