Hallazgo de una bolsa con la cabeza de un joven que participó en las protestas en el Valle del Cauca

Según informó una senadora, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.

El hallazgo de una cabeza humana en el interior de una bolsa de plástico, que fue abandonada en el antejardín de una vivienda, ha conmocionado a Colombia.

El escalofriante suceso se produjo en el corregimiento Aguaclara, en el Tuluá del departamento colombiano de Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.

Según informó la senadora Griselda Lobo, mejor conocida como Sandra Ramírez, la víctima es Santiago Ochoa, a quien "capturaron, torturaron y decapitaron", aunque no precisó quiénes serían los responsables.

 Sin embargo, en un tuit anterior, la legisladora había denunciado que "están encontrando jóvenes decapitados y desmembrados en los ríos y bodegas", que "fueron capturados por la policía y paramilitares".

En una muestra de la consternación vivida la artista Adriana Lucia comentó en la red social Twitter: “nadie merece morir así”

Santiago Ochoa, apareció decapitado, un joven de Tuluá, Valle que hacía parte de la primera línea. No puedo creer que esto pase como cualquier noticia; sólo pienso en esa madre que tiene que vivir este horror.
Santiago, tú no merecías morir así. Nadie merece morir así. NADIE. pic.twitter.com/VI9GIvd1lC

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) June 21, 2021

Ochoa, de 23 años, había participado en las protestas antigubernamentales que se registran en Colombia desde el 28 de abril; y formó parte de la "primera línea" en las manifestaciones que se registraron en Tuluá, según reseñó Semana.

El joven había salido el pasado sábado de su casa en una bicicleta, no volvió durante el día y su familia reportó la desaparición en algunas redes sociales, hasta que finalmente se produjo el hallazgo. De acuerdo con las primeras versiones, la bolsa habría sido abandonada en el lugar por unos motorizados.

Recompensa de 10 millones de pesos

El comandante de la Policía del departamento del Valle del Cauca, Jorge Urquijo Sandoval, publicó un video en su cuenta en Twitter, en donde exime de responsabilidad de este hecho a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuerpo policial al que le atribuyen violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones.

"Es importante aclarar que una vez retornado el orden público en el municipio de Tuluá, desde hace aproximadamente un mes, no existe ningún procedimiento por parte de uniformados del Esmad en este municipio y rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos", enfatizó Urquijo.

#ATENCIÓN: la @DevalPolicia descarta de plano la participación de integrantes del ESMAD en el lamentable y atroz hallazgo de la cabeza de un hombre en zona rural de #Tuluá, como de forma irresponsable se difundió en redes sociales. pic.twitter.com/Pr676L21Nj

— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) June 21, 2021

El comandante policial anunció que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos (poco más de 2.600 dólares) "para lograr la captura de los autores materiales e intelectuales" de este hecho.

De momento, se desconoce el lugar donde se encuentra el resto del cuerpo del joven asesinado.

Ministerio de Educación emite orientaciones para el regreso presencial en establecimientos oficiales y privados

M.E.N.- Las orientaciones precisan las condiciones para la prestación del servicio educativo de manera presencial, en aplicación de la Resolución 777 de 2021, con el propósito de lograr el adecuado desarrollo de este proceso, fomentar el autocuidado y la corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar.

Con el fin de lograr que todos los establecimientos educativos oficiales y privados retornen a la prestación del servicio educativo de manera presencial, con plena observancia de las normas de bioseguridad previstas por la autoridad en salud del país con la Resolución 777 de 2021, el Gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional, emitió orientaciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, jefes de Talento Humano, directivos docentes, docentes y comunidad educativa para la prestación del servicio de educación de manera presencial.

Foto: Mineducación.gov.co

El documento detalla las orientaciones para el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial en las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales (jardines y colegios privados); precisa, además, que todo el personal de docentes, directivos docentes, personal administrativo y de apoyo logístico retorna de manera completa a la atención presencial de los estudiantes y define otros aspectos asociados a las condiciones de bioseguridad, que en su conjunto permiten concretar lo necesario para que los estudiantes puedan continuar el proceso educativo durante el segundo semestre del año escolar 2021, bajo el esquema de atención presencial.

Así mismo, define el retorno en presencialidad de la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en los sitios dispuestos por la institución educativa para estos efectos y el transporte escolar, con uso obligatorio del tapabocas.

Conozca la directiva 05 de 2021, con orientaciones para el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.

La desaparición de personas: un problema con y sin protestas

 Escrito por Rocío Quintero Martínez

La impunidad generalizada y la falta de mecanismos de prevención efectivos crean un ambiente propicio para la desaparición durante las manifestaciones.

Un problema de larga data

razonpublica.- En medio de las protestas contra el gobierno, abundan los reportes y denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de los manifestantes. Junto con las numerosas denuncias de homicidios, violencia sexual y lesiones oculares, los casos de desaparición se han convertido en una de las violaciones más frecuentes durante las manifestaciones.

Aunque no hay cifras consolidadas, Indepaz logró reunir información sobre 346 personas reportadas como desaparecidas. Esta cifra no tiene antecedentes cercanos en el marco de las protestas y ha ocasionado una demanda colectiva—nacional e internacional— para esclarecer el paradero de estas personas.

Para quienes no han seguido de cerca el asunto, este problema puede parecer algo propio de las protestas actuales. Pero la desaparición es un fenómeno profundamente arraigado y de enormes proporciones en la historia colombiana. Los primeros casos documentados se remontan a la década de 1970 y, a pesar del subregistro, se calcula que hay al menos 120.000 personas desaparecidas.

El fenómeno se ha prolongado incluso después de la firma del acuerdo con las FARC. Entre finales de 2016 y diciembre de 2020, se han documentado 571 desapariciones.

Estamos en mora de prestarle mayor atención a la desaparición, es decir, el desconocimiento sobre el paradero de una persona. Pero debemos prestarle atención, particularmente, a la desaparición forzada, que, en términos generales, significa que se privó de la libertad a una persona —con intervención o aquiescencia de un agente estatal— y luego se niega que esta retención tuvo lugar.

Para atender este problema debemos comenzar por comprender los desafíos en la materia. Colombia tiene un marco jurídico robusto para hacer frente a la desaparición, incluida la desaparición forzada. Pero, como señalo en otro lugar, este marco no ha sido debidamente aplicado. Por eso el desafío principal no consiste en expedir nuevas normas; aquí me referiré a cuatro de estos desafíos.

Consolidación de cifras

En Colombia, existen al menos cuatro bases de datos oficiales con información sobre víctimas de desaparición forzada:

1 - el Registro Nacional de Desaparecidos,
2 - el Registro Único de Víctimas (RUV),
3 - los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, y
4 - el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Las cifras de estas bases varían considerablemente. Por ejemplo, mientras que en el Registro Nacional de Desaparecidos están documentados 32.201 casos de desaparición forzada, la Fiscalía General tiene un registro de 89.827 casos.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) le ha reiterado al Estado colombiano (en 2016 y en 2021) la necesidad de una cifra depurada y consolidada de personas desaparecidas. El CED considera que esto es esencial para producir “información precisa y confiable que permita adoptar medidas de prevención, investigación y búsqueda más eficaces”.

la desaparición es un fenómeno profundamente arraigado y de enormes proporciones en la historia colombiana. Los primeros casos documentados se remontan a la década de 1970

Tener cifras contradictorias impide, por ejemplo, que se apropien los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones de búsqueda o saber el número real de personas que deben ser reparadas.

Ahora, consolidar la información no implica que las cifras sean siempre las mismas en todas las bases de datos. Lo esencial es que la información sea coherente. Debe existir una metodología clara para el cruce, verificación, corrección y actualización de la información entre las distintas bases.

Inoperancia judicial

El segundo desafío es la falta de una debida investigación y judicialización de los responsables de desaparición forzada. Esto es un problema tanto en los casos que conoce la Fiscalía General como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Al respecto, el CED ha manifestado su preocupación por “el gran número de procesos inactivos y el limitado número de condenas, incluso en contra de superiores militares y altos mandos del Ejército, perpetuando así la impunidad”.

En relación con la JEP, varias organizaciones de la sociedad civil y víctimas han solicitado reiteradamente que el tribunal cree un ‘macro caso’ para investigar de manera exclusiva la desaparición forzada. Consideran que ninguno de los siete ‘macro casos’ existentes le presta la suficiente atención a este problema. Recientemente la CED se unió a este pedido y recomendó a la JEP dar prioridad a la apertura de un ‘macro caso’ en la materia.

Desconexión institucional

En tercer lugar, no hay una buena coordinación entre las entidades que actúan frente a la desaparición, particularmente en la búsqueda de personas. En Colombia hay al menos 13 instituciones y autoridades que tienen funciones en esta materia, a veces, con competencias superpuestas o contradictorias. Esto duplica los esfuerzos, y en la práctica implica que los procesos de búsqueda no se lleven a cabo con criterios uniformes y coherentes.

Uno de los aspectos más preocupantes al respecto es que no se reconoce el papel central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD). La UBPD, cuya creación fue prevista en el Acuerdo de Paz, tiene la función constitucional de diseñar, coordinar y llevar a cabo búsquedas humanitarias de personas desaparecidas y desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016.

El carácter humanitario de la UBPD implica que la búsqueda de personas se hace por fuera del proceso penal, un cambio de paradigma. En efecto, antes de la expedición de esta ley, la búsqueda estaba dentro de un proceso penal, donde el interés principal no es encontrar a la persona sino identificar y castigar a los responsables de los hechos.
Por lo anterior es claro que la UBPD debe tener un papel protagónico en la coordinación interinstitucional y en la consolidación de una estrategia de búsqueda de personas. No obstante, en la práctica no parece que las distintas entidades reconozcan este papel. Esto se hizo evidente en el diálogo que tuvieron distintas autoridades colombianas con el CED, en abril de 2021.

Consolidar la información no implica que las cifras sean siempre las mismas en todas las bases de datos. Lo esencial es que la información sea coherente

La participación de la UBPD fue secundaria en dicho diálogo, cuyo propósito fue examinar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano como miembro de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Más aún, con excepción de la intervención realizada por la directora de la UBPD, los representantes de las distintas entidades —incluyendo un magistrado de la JEP— no reconocieron ni hicieron mención del papel central de esta entidad.

Desaparición de menores

En cuarto lugar, no existen medidas suficientes ni diferenciales para hacer frente al problema de la desaparición de niñas y niños. La desaparición de menores de edad es uno de los temas que menos se discuten. Sin considerar el posible subregistro, las cifras oficiales son alarmantes. Según información que la Fiscalía le suministró al CED, hay reportes de más de 10.000 menores de edad desaparecidos.

Adicionalmente, no debe ignorarse la posibilidad de que muchos de estos menores hayan desaparecido como consecuencia de un reclutamiento forzado, un problema que se ha intensificado con la pandemia de la COVID-19. Es urgente adoptar medidas específicas para prevenir nuevas desapariciones y buscar a los menores de edad cuyo paradero se desconoce.

Impunidad e indiferencia

Los anteriores son apenas algunos de los desafíos que existen frente a la desaparición.

Lo que está sucediendo durante el paro nacional podría explicarse, en parte al menos, por la falta de solución oportuna a estos viejos desafíos. Sin lugar a duda, la falta de mecanismos efectivos y la impunidad generalizada crean un ambiente propicio para la repetición de los hechos.

Para finalizar, no puedo dejar de mencionar que la atención que muchas personas le dan, por primera vez, a este problema debería ser usada para rodear a los familiares de las personas desaparecidas y exigir al Estado que les garantice sus derechos. Debemos ser más conscientes de la labor que han llevado a cabo los familiares para encontrar a sus seres queridos y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia. En muchos casos, es una tarea que han realizado durante décadas mientras llevan a cuestas el dolor y angustia que produce la desaparición. La indiferencia también es parte del problema.

ROCÍO QUINTERO MARTÍNEZ

*Abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, maestría en Análisis y Prevención del Crimen de la Universidad Miguel Hernández de Elche (España) y LLM in Human Rights and Criminal Justice de la Queen’s University Belfast (Reino Unido). Actualmente trabaja en la Comisión Internacional de Juristas