Un desorden
administrativo y gerencial de elevadas proporciones encontró la Contraloría
General de la República al evaluar la gestión de la Unidad Nacional de
Protección –UNP correspondiente a la vigencia 2014, particularmente graves
deficiencias e irregularidades en materia de contratación.
Reconocimiento y pago
de bienes y servicios sin los debidos soportes, así como arrendamiento de
vehículos blindados y corrientes sin respaldo presupuestal y contractual, son
algunas de las anomalías que se pusieron en evidencia.
Se pagaron tiquetes
aéreos, peajes, gasolina y viáticos a esquemas de seguridad y escoltas
contratados por la UNP, pero en algunos casos tales pagos no están justificados
plenamente.
