La Habana, 29 jul (PL) Al presentar sus iniciativas sobre Garantías plenas para el ejercicio de la oposición política y social y del derecho a ser gobierno, las FARC-EP mencionaron la organización de la correspondiente institucionalidad estatal para garantizar de manera efectiva el derecho a la oposición política y social.
Tal institucionalidad, agregaron, comprende la promulgación de legislación especial, incluida la política criminal, para "la proscripción de prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, que permean el sistema político y de representación, el régimen electoral y los diferentes poderes públicos".