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| Protestas contra la violación de una niña indígena por parte de soldados, en Bogotá (Colombia), 29 de junio de 2020.Luisa Gonzalez/ Reuters |
El Ejército de Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria y puso en conocimiento la situación para investigación penal contra dos soldados que estarían involucrados en un caso de abusos sexuales a dos menores de edad en Nariño, en la zona fronteriza con Ecuador, donde se encuentran prestando el servicio militar.
Los dos soldados implicados en los hechos, ocurridos el 2 de julio, fueron reasignados. No obstante, desde el Ejército precisaron que las circunstancias de tiempo, modo y lugar deberán ser esclarecidas por la Fiscalía.
Cómo la violación de una adolescente indígena en Colombia avivó el debate sobre la Justicia y la acción del Ejército
"La unidad apenas tuvo conocimiento de estos hechos, informó de manera expedita a las autoridades y entidades competentes. Somos nosotros, los soldados del Ejército Nacional, los que queremos que se conozca la verdad y se aplique justicia conforme en derecho corresponda", informó el organismo.
Este viernes, el Ejército colombiano comunicó que "fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados", sin especificar el motivo de esta decisión. No obstante, según fuentes periodísticas, se trata de personas investigadas por casos de agresiones sexuales a menores de edad.
Los efectivos hacen parte de un grupo de 118 soldados investigados por casos de abusos sexuales a menores cometidos desde 2016. De todos ellos, 45 ya fueron retirados del Ejército porque "no son dignos", mientras que la situación de los otros 73 uniformados será analizada teniendo en cuenta los avances de las investigaciones penales, confirmó el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.
Las declaraciones de Zapateiro se produjeron después del escándalo desatado la semana pasada por la violación de una niña indígena de 12 años por parte de soldados.
Se investiga el presunto uso excesivo de la fuerza por parte del oficial, en desarrollo de un procedimiento policial.
El caso tiene origen en los hechos ocurridos en inmediaciones de la calle 19, entre carreras 5ª. y 4ª., donde el uso por parte del capitán de una escopeta calibre 12 habría causado una herida al joven Cruz Medina, quien posteriormente falleció en un centro hospitalario.
Tras el cierre de la etapa de indagación preliminar y la apertura de la investigación contra el oficial, la comisión disciplinaria de “Verificación control operaciones policiales a marchas ciudadanas” ordenó visita al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar o donde curse la investigación penal.
La comisión conformada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Auxiliar Disciplinaria anexará copia de las principales piezas procesales que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, que hayan sido practicadas después del 15 de febrero de 2020.
El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.
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| Foto simbólica de soldado colombiano |
PGN. - Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.
La USPEC con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.
Asimismo, el falló, que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención.
La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la covid-19 en estos lugares.
De acuerdo con la sentencia, la alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.
Por último, el Tribunal pidió que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.
Cartago (Valle del Cauca). - Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento contra cuatro funcionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca) y un contratista, por supuestas irregularidades en 3 contratos, uno de ellos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid -19.
El despacho judicial ordenó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los cuatro servidores públicos: Gloria Syrley Salazar, Secretaria General de Cartago; Gustavo Adolfo Rojas Giraldo, Secretario Jurídico; Johana Andrea Betancourt Ramírez, Jefe Oficina de Planeación Educativa; y Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo del Municipio, a quienes se les formuló cargos por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.
Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad Juan Diego Osorio Peláez, contratista representante legal de la Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales.
Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General, evidenció que los hoy imputados habrían suscrito 3 contratos por 80, 135 y 230 millones de pesos; este último, relacionado con la emergencia sanitaria por el Covid-19, con la empresa Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales, con la que supuestamente tenían vínculo a través de terceros y habrían buscado su favorecimiento.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden judicial de captura de las 5 personas y la hicieron efectiva el 23 de junio pasado.
“Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación humana, sin una regulación construida pública, racional y colectivam...
