Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio en Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia

Esta firma habría controlado el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

El senador colombiano Gustavo Petro denunció que la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma que habría provisto el software para el escrutinio electoral en Colombia.

"Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia [...] O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití", dijo Petro, durante una sesión de la Comisión Primera del Senado.

De acuerdo a su denuncia, estas empresas –aunque solo una se ha vinculado con el magnicidio– controlaron el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

La seguridad privada, la sobrexplotación de vigilantes, la división social en ejercito y policía, los mercenarios, el narcotráfico y el asesinato del presidente d Haití, los contratistas d mercenarios son los contratistas del software del escrutinio de la registraduría Parte III pic.twitter.com/F0cuHVcRVZ

— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2021

Según el senador, las firmas tendrían interacción con círculos "uribistas" en Miami, EE.UU. "¿Qué significa eso para Colombia, para su democracia, para su seguridad en términos integrales? Porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia", añadió Petro, quien sin embargo no dijo explícitamente el nombre de la empresa a la que aludía en su denuncia.

La empresa vinculada al magnicidio

Al momento, la única empresa vinculada al magnicidio de Moïse es CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), con sede en Doral Beach, Miami, y dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Según las autoridades policiales de Haití y Colombia, CTU Security contrató a los exmilitares colombianos Duberney Capador y Germán Rivera y estos se encargaron de reclutar al resto de los mercenarios que participaron en el magnicidio.

Por su parte, la versión que brindó Intriago, a través de sus abogados en Miami, fue que habría "víctima de un esquema para asumir el poder en Haití".

Según él, su compañía fue contratada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura "humanitario" en Haití y que luego se le informó que la misión había "cambiado de dirección", por lo que los colombianos contratados acompañarían a un juez y a la Policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto.

Amenazas y un muerto entre los investigadores

La investigación en torno al magnicidio ha estado llena de contratiempos. A finales de julio, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos involucrados en las pesquisas denunciaron que han recibido amenazas de muerte.

El jueves, fue encontrado muerto, en una sala del hospital de la Universidad Estatal de Haití, Ernst Lafortune, un secretario judicial que trabajaba en la investigación del asesinato del presidente.

Un policía frente a un mural con el rostro de Jovenel Moïse
en Puerto Príncipe, 15 de julio de 2021Valerie Baeriswyl / AFP

De acuerdo con la Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH, por sus siglas en francés), Lafortune fue asignado al registro del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, más precisamente a la oficina del juez Mathieu Chanlatte, juez recién nombrado para investigar el caso de Moïse, reseñó Alter Presse.

La ANAGH calificó este hecho como un "asesinato" e indicó que se produjo luego que Lafortune sostuviera una discusión con Chanlatte acerca del expediente del magnicidio.

La paz avanza en Colombia, pero persiste la violencia

El responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu (centro), saluda a un excombatiente durante un viaje al departamento de Antioquia.

El responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertaba este lunes al Consejo de Seguridad sobre las amenazas a la paz en una sesión dedicada a los últimos acontecimientos en el país.

“La violencia generalizada en las zonas afectadas por el conflicto sigue amenazando la consolidación de la paz, como lo demuestran varios acontecimientos profundamente preocupantes ocurridos en las últimas semanas”, indicó.

Tras enumerar una serie de sucesos violentos, el representante especial del Secretario General destacó que no se logrará plenamente la paz si no cesa la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes.

“El anuncio hecho ayer por las autoridades de que han frustrado un intento de atentado contra la vida del presidente de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, puso de manifiesto los riesgos que corren los ex miembros de las FARC-EP y el propio proceso de paz, y la importancia crucial de garantizar su seguridad”, dijo.

Cauca, Chocó y Nariño: Los tres focos violentos

Ruiz Massieu indicó que la violencia persiste especialmente en tres departamentos: Cauca, Chocó y Nariño.

El diplomático indicó que estos tres “epicentros de la violencia” son los mismos que el Secretario General ha denunciado reiteradamente en sus informes y que poseen unas características comunes: zonas rurales afectadas por una limitada presencia del Estado y una pobreza persistente, y en las que los grupos armados ilegales y las estructuras criminales siguen victimizando a las poblaciones, especialmente a las comunidades étnicas, para controlar las actividades ilícitas.

Añadió que todas estas “causas subyacentes” de la violencia están planteadas en diferentes partes del Acuerdo de Paz, y que esta es una razón más para avanzar urgentemente en su plena aplicación.

Los colombianos, actores fundamentales para la paz
En relación con los avances indicó que los logros del proceso de paz se alcanzaron gracias a la participación del Gobierno colombiano, de las FARC, el apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, gracias a los propios colombianos que trabajan a diario para consolidar la paz en sus comunidades.
“El aumento de la participación y la mejora de la seguridad en las elecciones regionales de octubre demostraron el impacto positivo del proceso de paz en la democracia colombiana. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuó su inestimable labor, con la participación de las víctimas. Miles de excombatientes que hace apenas unos años estaban armados continúan construyendo nuevas vidas a través de las oportunidades que ofrece la paz, a pesar de las muchas dificultades y riesgos de seguridad”, resaltó.

Del mismo modo, destacó que todos estos avances han de protegerse, preservarse y aprovechase, y que el mejor modo de conseguirlo es a través de la aplicación integral del Acuerdo de Paz.

La Misión apoya la hoja de ruta para la reintegración
Acto seguido recordó que el pasado 27 de diciembre se aprobó la "hoja de ruta para la reintegración", que establece el marco para el proceso de reinserción a largo plazo, y que la Misión espera apoyar a las partes en su aplicación.

Igualmente, destacó que unos 2500 excombatientes se benefician de la aprobación de doce proyectos colectivos pero que más allá de su autorización y financiamiento “es importante asegurar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, incluyendo el acceso a la tierra, la asistencia técnica y los mercados”.

Por último, indicó la necesidad de prestar atención especifica a los más de 9000 excombatientes, que viven fuera de las antiguas zonas territoriales ya que se “que se enfrentan a mayores riesgos de seguridad y a obstáculos adicionales para acceder a los servicios básicos y a las oportunidades educativas, laborales y productivas”, y a los más de 2000 hijos de antiguos combatientes.

Duque también tiene su parte en cifras récord de coca y cocaína

 DW-María Santacecilia.- En 2017, Colombia alcanzó cifras récord en hectáreas de cultivo de coca y producción de cocaína. ¿Qué factores propiciaron ese incremento? ¿Tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz?   

 Son cifras que ya se hicieron públicas en 2018 y que este miércoles (26.06.2019) presentó en Viena la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Informe Mundial sobre las Drogas. Tanto el cultivo como la producción coca alcanzaron niveles récord en Colombia en 2017.
 Los cultivos aumentaron desde las 46.000 hasta las 171.000 hectáreas durante el período comprendido entre 2013 y 2017 y la producción de cocaína ascendió a las 1.976 toneladas, lo que representa un 25 por ciento más que en 2016.
 "Los factores del aumento vienen dándose en Colombia desde 2013 y 2014”, dice a DW Isabel Pereira, asesora política sobre drogas en el Centro de Estudios De Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
 La experta menciona, por un lado, factores económicos, como la devaluación del peso colombiano frente al aumento del valor del dólar, lo que hace más rentable las transacciones con productos de exportación. Además, la bajada a nivel global del precio del oro forzó a la gente que dejó coca por este metal a volver a su cultivo. "También hay una demanda de cocaína permanente por parte de Estados Unidos y Europa, que nunca ha cesado”, apunta la experta.  

Isabel Pereira.

El peso de las expectativas

Pero hay otros factores que explican el aumento récord de los cultivos y que tienen que ver con las expectativas generadas a raíz del Acuerdo de Paz. "Los lugares donde se cultiva coca en Colombia tienen unas condiciones de pobreza rural y desconexión con el Estado muy graves”, continúa Isabel Pereira.
 Eso implica que no hay servicios de salud, no hay acceso a educación, no hay carreteras que comuniquen con centros donde se pueda comerciar con productos agrícolas. Durante décadas, estas comunidades reclamaron una presencia efectiva del Estado.
 Con los acuerdos de paz, vieron una posibilidad de que la ansiada atención estatal se hiciera finalmente realidad, ya que, desde 2015, se supo que el capítulo de drogas en el Acuerdo de Paz comprendía no solo los subsidios sino una asistencia técnica en esas zonas priorizadas y la implementación de proyectos productivos que permitieran la transición a cultivos legales y alternativas económicas viables.

"Más allá de los subsidios, la expectativa era la de poder ser beneficiario de esa atención integral”, dice Pereira.
 "Gente que ya había arrancado sus matas ante la posibilidad de tener la atención del Estado en una zona profundamente pobre descubrió que plantar podía ser un camino para ser priorizado por el Estado”, agrega la experta, aunque considera que este no es uno de los factores de mayor peso en el aumento del cultivo.

La paz y las drogas: "El Gobierno de Duque debilita la construcción de la paz"

Para Pereira, se ha producido "una combinación desafortunada” de factores. "Ni el Gobierno de Santos dejó la financiación ni la capacidad técnica suficiente para la implementación del programa de sustitución, ni el Gobierno de Duque le ha dado la continuidad que le debía dar. 
En el último año del Gobierno de Santos se debió haber avanzado más rápido en el cumplimiento de las promesas del Acuerdo de Paz. Pero el avance fue muy lento y muy desigual.

 Esta situación se ha intensificado con el nuevo Gobierno porque no hay un compromiso claro en el mantenimiento de la capacidad del programa y hay muchos cambios en cuanto a cuál va a ser la entidad encargada de este tema y de dónde van a salir los fondos para él”, dice la experta.
 A ello debemos sumarle la entrada de otros grupos ilegales armados, interesados en tomar el control que antes tenían las FARC sobre el negocio, porque la demanda sigue presente. "Estos grupos presionan a los campesinos, a veces de manera violenta, para que sigan cultivando coca”, asegura Pereira.

¿Echará marcha atrás Duque en la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz sobre el programa de cultivos ilícitos? "En la práctica lo está haciendo, sentencia la experta. Un incumplimiento o una negligencia es echar para atrás los avances alcanzados.
 "Si las personas que se acogieron al programa de sustitución erradicaron sus matas de coca y ahora se quedaron sin absolutamente nada, eso lo que hace es exponerlos a ciclos de violencia y de sometimiento a la ilegalidad. Yo creo que el Gobierno de Duque, por medio del incumplimiento, debilita el Acuerdo y la construcción de paz”.

(jov)

Procuraduría solicita a sala de instrucción de la Corte captura de 'Jesús Santrich' para que rinda indagatoria

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que a través de su Sala Especial de Instrucción ordene la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', para ser escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

El Ministerio Público formuló la solicitud tras el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria, en el que advirtió que Solarte Hernández goza de fuero constitucional luego de que el Consejo de Estado, en las últimas horas, ratificara la investidura de 'Jesús Santrich' como Representante a la Cámara.

Adicionalmente, la Procuraduría insistirá en el traslado de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación contra Solarte Hernández, por los presuntos actos cometidos después del 1 de diciembre de 2016.

El fiscal general de Colombia renuncia, tras orden de liberación de un líder de las Farc

El funcionario considera que la decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un "desafío la orden jurídico" en Colombia, y que abre la puerta a que los delitos sean juzgados con "un sistema de beneficios".

El fiscal general Néstor Humberto Martínez en el Congreso por el caso de Odebrecht en Bogotá, Colombia, 27 noviembre 2018. Daniel Garzon Herazo - www.globallookpress.com

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó su "renuncia irrevocable" al cargo que ejerce, tras la orden de "libertad inmediata" dictada para el exguerrillero Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un comunicado que leyó en una rueda de prensa, aseveró que "es un desafío al orden jurídico", la decisión de JEP, un mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para procesar a los actores del conflicto armado.

Martínez expresó que en su país "se consolida un estado de cosas antijurídico, que conjura contra el Estado de derecho" y que "expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía".

En su opinión, "en el futuro, la reincidencia en el secuestro y la extorsión", convivirán con "los privilegios de la Justicia transicional", lo que en su parecer, abre la puerta a que el narcotráfico y otros delitos  "no puedan ser investigados por la Justicia ordinaria", sino que pasarán a la JEP "con un sistema de beneficios".

Tras conocer este anuncio, minutos después, la vicefiscal colombiana, María Paulina Rivero, también manifestó que abandonaba su cargo. Fabio Espitia es su sustituto.

"Una decisión que desafía a EE.UU."

El fiscal general aseguró que no fue informado de "una decisión que desafía la evidencia aportada por EE.UU." y por Fiscalía, lo que, a su juicio, "hace trizas la cooperación judicial internacional" y "destruye la muralla que construyó el 'Acuerdo de Paz'", firmado en La Habana, el 26 de septiembre de 2016.

Santrich, sobre quien pesaba una orden de extradición a EE.UU., fue detenido el 9 de abril de 2018, en respuesta a una solicitud, hecha seis días antes, por un juez de Nueva York, que ordenó su captura tras acusarlo de narcotráfico, por el presunto envío a ese país de diez toneladas de drogas valoradas en 15 millones de dólares.

Justicia para la Paz de Colombia ordena libertad de
líder de las FARC y rechaza extradición a EE.UU.

Según la Fiscalía colombiana, los hechos ocurrieron a partir de junio de 2017 y hasta abril de 2018, después de la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz, sin embargo, la JEP consideró que "las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización".

Finalmente, en el texto, que también fue colgado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, Martínez Neira pide a los colombianos "movilizarse" por el "restablecimiento de legalidad y defensa de la paz".

“Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por restablecimiento de legalidad y defensa de la paz, en marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para las víctimas del conflicto”: Fiscal General pic.twitter.com/PzGv7Kga4B

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2019

El pasado diciembre, el diputado de la Alianza Verde, Mauricio Toro, pidió a la Comisión de Acusación del Congreso abrir la investigación en contra del fiscal por supuesto conocimiento de unas serie de presuntas irregularidades y sobornos de la empresa Odebrecht en Colombia, desde 2013, denunciado por Jorge Enrique Pizano Callejas, quien falleció por envenenamiento tras la ingesta de cianuro.

Martínez Neira ocupa el cargo desde agosto de 2016. Se había desempeñado como ministro de la Presidencia durante el gobierno de Santos, y como titular de Justicia en las administraciones de Andrés Pastrana y de Ernesto Samper.

Guterres, preocupado por la incertidumbre que rodea a la Justicia Especial para la Paz en Colombia

ONU.- El titular de la ONU se reunió con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien le explicó los motivos del presidente para haber objetado varios artículos de la base legal para establecer el mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública u otros que hayan participado en el conflicto armado. 

 El Secretario General reiteró al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia su preocupación con respecto a la incertidumbre que rodea la adopción del proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, después de que el presidente de la República, Iván Duque, objetara seis artículos el domingo pasado. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz, es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. 

 El Secretario General António Guterres.ONU-Eskinder Debebe -

Guterres aseguró que tiene esperanza de que se tomen medidas rápidas para garantizar que esta ley estatutaria, la base legal de la JEP,  parte del acuerdo de paz, se establezca lo antes posible, garantizando los derechos de las víctimas y la ley de seguridad para todas las partes interesadas. 

El canciller Carlos Holmes Trujillo declaró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York después de su reunión con Guterres que las objeciones del presidente tienen como propósito que sean discutidas en el Congreso para fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Los seis artículos objetados por Duque, de un total de 154, tocan temas desde la reparación material a las víctimas, hasta cuestiones de extradición a los excombatientes y el papel del Fiscal Nacional General y el Alto Comisionado para la Paz.  

Pesos pesados le piden a la ONU proteger el acuerdo de paz

las2orillas.- Que el presidente Iván Duque haya presentado varias objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP causó preocupación en algunos y alegría en otros. El pasado 20 de febrero un grupo de dirigentes políticos, líderes sociales, y figuras públicas —todos promotores del SÍ— se reunieron en el Centro Cultural Gabriel García Márquez para defender el Tribunal de paz y el acuerdo firmado en La Habana; y ahora le enviaron esta carta al secretario general de la ONU Antonio Guterres pidiéndole que respalde tanto el acuerdo como la JEP. La carta va con copia a la presidenta de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, quien ya había advertido que dejaran trabajar a la JEP, si no la CPI podía entrar a jugar en la justicia colombiana.

Esta es la carta encabezada por Humberto De La Calle y firmada por un gran número de exministros, congresistas, líderes sociales, y algunos negociadores:

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Presión a Duque para que firme ya ley de la JEP

Los promotores del Sí se volvieron esta vez bajo la bandera de “Defendamos la Paz” para que el uribismo no se le atraviese al tribunal