Buscar en METROnet

Soldados son acusados de violar a otra menor indígena.


DW. - Una joven de 15 años fue presuntamente violada por dos soldados colombianos en septiembre de 2019, en un nuevo caso de violencia sexual de menores que involucra al Ejército.

La joven indígena de 15 años, perteneciente a la etnia Nukak Makú, "habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París", que opera en el departamento selvático del Guaviare, según una publicación revelada este lunes (29.06.2020) por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

 Foto simbólica
 de soldado colombiano
La organización que investiga el conflicto armado aseguró que la joven habría sido agredida de forma repetida "especialmente por dos militares" dentro de las instalaciones del batallón, agrega Pares en su página web. Los abusos habrían sucedido entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, cuando pudo escapar del lugar, de acuerdo con el reporte del investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila.

"Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso cuando ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes", indicó Ávila en declaraciones a la revista Semana recogidas en el boletín.

En un comunicado, el ejército repudió el hecho y aseguró que inició una investigación disciplinaria "tan pronto" tuvo conocimiento de la denuncia. La indagación, señaló, fue "verificada" por el ministerio público y se está a la espera de los resultados.

"En cuanto a la investigación penal, los hechos son conocidos por la Fiscalía", apuntó, sin precisar el número de militares involucrados ni sus rangos.

El caso se suma al conocido el 25 de junio y que conmocionó a Colombia. Ese día autoridades indígenas denunciaron que una niña de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí, en el oeste colombiano. Siete militares aceptaron cargos por la violación de la menor y fueron recluidos en una guarnición militar a la espera de juicio.

El gobierno y el alto mando militar condenaron el ataque que se dio a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años. 

Sin embargo, a los uniformados no les aplicará esta norma porque no ha sido promulgada y por efectos de retroactividad, según juristas. Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.

Respeto a personas privadas de la libertad.


PGN. - Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.

La USPEC con la coordinación de la Alcaldía de Barranquilla deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, declarado en el país desde el pasado 17 de marzo.

Asimismo, el falló, que acogió la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus, impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención. 

La Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020 para evitar la propagación de casos positivos de la covid-19 en estos lugares.

De acuerdo con la sentencia, la alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar y materializar espacios con miras a lograr la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.

Por último, el Tribunal pidió que se garantice la prestación efectiva del servicio de salud para las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom, espacios que tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y epidemias y garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.

Covid-19 hoy en Colombia.


Judicializados funcionarios y contratista de la Alcaldía de Cartago (Valle), por presuntas irregularidades en contratos.

Cartago (Valle del Cauca). - Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento contra cuatro funcionarios de la administración municipal de Cartago (Valle del Cauca) y un contratista, por supuestas irregularidades en 3 contratos, uno de ellos en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid -19.

El despacho judicial ordenó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los cuatro servidores públicos: Gloria Syrley Salazar, Secretaria General de Cartago; Gustavo Adolfo Rojas Giraldo, Secretario Jurídico; Johana Andrea Betancourt Ramírez, Jefe Oficina de Planeación Educativa; y Mauricio Andrés Cerezo Osorio, auxiliar administrativo del Municipio, a quienes se les formuló cargos por los delitos de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades; interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

Por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad Juan Diego Osorio Peláez, contratista representante legal de la Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales.

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General, evidenció que los hoy imputados habrían suscrito 3 contratos por 80, 135 y 230 millones de pesos; este último, relacionado con la emergencia sanitaria por el Covid-19, con la empresa Sociedad Provisiones y Soluciones Empresariales, con la que supuestamente tenían vínculo a través de terceros y habrían buscado su favorecimiento.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden judicial de captura de las 5 personas y la hicieron efectiva el 23 de junio pasado.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

Agencia de Publicidad

Agencia de Publicidad