El funcionario considera que la
decisión tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un
"desafío la orden jurídico" en Colombia, y que abre la puerta a que
los delitos sean juzgados con "un sistema de beneficios".
El fiscal general Néstor Humberto
Martínez en el Congreso por el caso de Odebrecht en Bogotá, Colombia, 27 noviembre
2018. Daniel Garzon Herazo - www.globallookpress.com
El fiscal general de Colombia,
Néstor Humberto Martínez, presentó su "renuncia irrevocable" al cargo
que ejerce, tras la orden de "libertad inmediata" dictada
para el exguerrillero Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús
Santrich, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En un comunicado que leyó en una
rueda de prensa, aseveró que "es un desafío al orden jurídico",
la decisión de JEP, un mecanismo de justicia transicional acordado entre el
Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) para procesar a los actores del conflicto armado.
Martínez expresó que en
su país "se consolida un estado de cosas antijurídico,
que conjura contra el Estado de derecho" y que "expone a la
sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía".
En su opinión, "en el futuro,
la reincidencia en el secuestro y la extorsión",
convivirán con "los privilegios de la Justicia transicional", lo que
en su parecer, abre la puerta a que el narcotráfico y otros delitos
"no puedan ser investigados por la Justicia ordinaria", sino que
pasarán a la JEP "con un sistema de beneficios".
Tras conocer este anuncio, minutos
después, la vicefiscal colombiana, María Paulina Rivero, también
manifestó que abandonaba su cargo. Fabio Espitia es su sustituto.
"Una decisión que desafía a EE.UU."
El fiscal general aseguró
que no fue informado de "una decisión que desafía la evidencia
aportada por EE.UU." y por Fiscalía, lo que, a su juicio, "hace
trizas la cooperación judicial internacional" y
"destruye la muralla que construyó el 'Acuerdo de Paz'", firmado en
La Habana, el 26 de septiembre de 2016.
Santrich, sobre quien pesaba una
orden de extradición a EE.UU., fue detenido el 9 de abril de 2018, en
respuesta a una solicitud, hecha seis días antes, por un juez de Nueva York,
que ordenó su captura tras acusarlo de narcotráfico, por el presunto
envío a ese país de diez toneladas de drogas valoradas en 15
millones de dólares.
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Justicia para la Paz de Colombia ordena libertad de líder de las FARC y
rechaza extradición a EE.UU. |
Según la Fiscalía colombiana, los
hechos ocurrieron a partir de junio de 2017 y hasta abril de 2018, después de
la entrada en vigor de los Acuerdos de Paz, sin embargo, la JEP consideró que
"las pruebas no permiten evaluar la conducta ni
establecer la fecha precisa de su realización".
Finalmente, en el texto, que
también fue colgado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, Martínez Neira
pide a los colombianos "movilizarse" por el "restablecimiento de
legalidad y defensa de la paz".
El pasado diciembre, el diputado
de la Alianza Verde, Mauricio Toro, pidió a la Comisión de Acusación del
Congreso abrir la investigación en contra del fiscal
por supuesto conocimiento de unas serie de presuntas irregularidades
y sobornos de la empresa Odebrecht en Colombia, desde 2013, denunciado por Jorge
Enrique Pizano Callejas, quien falleció por envenenamiento tras
la ingesta de cianuro.
Martínez Neira ocupa el cargo
desde agosto de 2016. Se había desempeñado como ministro de la Presidencia
durante el gobierno de Santos, y como titular de Justicia en las
administraciones de Andrés Pastrana y de Ernesto Samper.