MinHacienda reveló las claves del Marco Fiscal de Mediano Plazo: Pacto fiscal, regla fiscal, y recorte presupuestal

​El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación del Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2025. Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Gobierno nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, estrategia mediante la cual el Ejecutivo proyecta los principales indicadores macroeconómicos para la actual vigencia fiscal.

En la presentación del documento, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, aseguró que el país “continúa por la senda de crecimiento, lo que muestra la salud de la economía nacional”.

Ejemplo de ello, mostró tres de los que llamó los principales “rupturas de paradigmas: la tendencia sostenida a la baja de la inflación, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2024 y 2025, y el incremento real del salario mínimo”.

También aseguró que ha habido una tendencia creciente en recaudo tributario, salvo en 2024 que se explicó por el anticipo de impuestos desde 2023 y la sobreestimación de gastos, pero aclaró el ministro que “entre 2024 y 2025 hemos tenido un incremento sostenido y razonable en términos reales del 8 % en el recaudo”.

No obstante, aseguró que este año la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) prevé un menor recaudo tributario de $18 billones frente a los $299 billones proyectados inicialmente.

Medidas a corto y mediano plazo

El ministro de Hacienda aseguró que en el primer trimestre el déficit fiscal llegó a 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), y al cierre de la vigencia podría llegar a 7,1% de no adoptarse medidas, de corto y mediano plazo, entre ellas las siguientes:

- Activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal durante los próximos tres años, que le permita al Gobierno un mayor margen de endeudamiento.

- Con el anticipo de la retención en la fuente, el Gobierno aspira a recaudar cerca de $7 billones.

- Aumentar (sin definir aún el monto) del precio del diésel para homologarlo con los precios internacionales (excepto para transporte de carga que tendrá un tratamiento diferencial).

- Nuevos mecanismos para los subsidios de energía y gas mediante el nivel de Sisbén y no por estratos socioeconómicos como ahora.

- Impulso al programa Colombia Solar para la generación de energía fotovoltaica.

- Reforma Tributaria que busca recaudar $19 billones y que será presentada al Congreso en la próxima legislatura.

- Pacto fiscal, en el que participen el Gobierno nacional, el Congreso y todos los actores económicos del país.

- El Gobierno analiza la posibilidad de revaluar las vigencias futuras para obras que no tienen licencia ambiental y, por tanto, no se están ejecutando. En fiducia hay $13 billones, dijo el ministro de Hacienda.

- Para el cierre de 2025, el Gobierno proyecta un crecimiento económico del 2,7%

- La inflación al cierre de 2025 está proyectada en 4,8%, y del 3% para 2026 acorde con las metas del Banco de la República.

El ministro de Hacienda concluyó que la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal generará un mayor endeudamiento del país durante sus tres años de vigencia.

Por primera vez, Colombia produce medicamento para tratar la malaria

Foto: Universidad de Antioquia

Colombia da un paso histórico en el fortalecimiento de su soberanía sanitaria. En efecto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) otorgó el registro sanitario a la Universidad de Antioquia, para la producción nacional de Cloroquina en tabletas de 150 mg, medicamento esencial en el tratamiento de la malaria.

Este avance es el resultado del apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Fondo de Investigación en Salud a la Universidad de Antioquia, que lideró el desarrollo del medicamento en la única planta pública de producción farmacéutica del país certificada por el Invima.

El respaldo técnico y financiero del Gobierno nacional en el desarrollo de este fármaco ha sido clave para materializar este logro, que no es solo un anuncio técnico ni económico sino político y simbólico: una ciencia pensada desde y para los territorios, que reconoce el derecho a la salud como parte de una política de Estado.

La producción nacional de Cloroquina permitirá garantizar el suministro oportuno y gratuito del medicamento en regiones con mayor prevalencia de malaria, que, según el Instituto Nacional de Salud, en el 2024, fueron la Costa Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño, Buenaventura), Urabá, la región Amazónica y Orinoquía (Putumayo, Caquetá, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y Casanare), y la frontera colombo-venezolana (Norte de Santander).

Este hecho ratifica el compromiso del Gobierno del Cambio con una política de Estado centrada en la soberanía sanitaria y el bienestar social, al reducir la dependencia de mercados internacionales mediante el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas, industriales y regulatorias propias.

La malaria, causada por el parásito Plasmodium y transmitida por mosquitos infectados, sigue siendo una amenaza para la salud pública. Según datos epidemiológicos, hasta noviembre de 2024, en Colombia se registraron más de 110.000 casos.

Ante este panorama, el desarrollo nacional de medicamentos representa una respuesta estratégica desde la ciencia y la innovación, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de una gran cantidad de colombianos.

El medicamento fue desarrollado por los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, con la participación de jóvenes investigadores y talento humano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, lo que destaca el papel de la universidad pública como motor del conocimiento y la transformación social.

Con la entrega del registro sanitario del Invima la universidad proyecta una producción anual de 1.300.000 unidades del medicamento. Se espera que en los próximos meses se entregue el primer lote de producción al Ministerio de Salud, que se estima sean 240.000 tabletas de 150mg para abastecer regiones históricamente golpeadas por esta enfermedad.

Gobierno maniobra para pagar deuda de la pasada administración.

​El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, confirmó la activación de la cláusula de escape.​

El Gobierno nacional anunció que activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal, un mecanismo previsto en la Ley 2155 de 2021 y que prevé suspender temporalmente el marco de endeudamiento cuando se presentan eventos extraordinarios que puedan comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

El anuncio lo formuló el ministro de Hacienda y Crédito Púbico, Germán Ávila Plazas, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que prevé la proyección de los indicadores macroeconómicos para el próximo año.

“Se trata de una decisión responsable y cuidadosa, aprobada por el Confis (Consejo de Política Económica y Fiscal) y e Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal), pues si bien el país registra algunas dificultades fiscales, también es cierto que avanzamos por la senda deña recuperación y de un mejor comportamiento del gasto”, explicó el jefe de las finanzas públicas.

La cláusula fiscal está contenida en el parágrafo segundo de la Ley 2155 que establece: “La regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país”.

De esta manera, la Regla Fiscal se suspenderá durante tres años a partir de la actual vigencia (2025, 2026 y 2027). “La principal justificación para esta decisión es que si no lo hacemos ahora se corre el riesgo de romper la estabilidad macroeconómica del país”, añadió Ávila Plazas.

El ministro explicó que este Gobierno asumió varias presiones fiscales heredadas del Gobierno anterior, como el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) que llegó a $79,6 billones ($21,4 billones en 2022; $28,9 billones en 2023; $21,3 billones en 2024 y $8 billones en 2025).

Agregó que el déficit en gasolina ya está solucionado, pero el del diésel tendrá que hacerse a partir de este año. Con el sector camionero ya hay negociaciones en marcha, dijo, pero adelantó que se estudia el decreto que definirá el incremento de ese combustible para los demás vehículos.

Otro impacto que ha afectado las finanzas públicas es el crédito flexible por US$ 5.600 millones que tomó en 2020 la pasada administración, del entonces presidente Iván Duque, para hacerle frente a la pandemia de Covid, con tres años de gracia y pagadero en dos años, del cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro solo debe una cuota que cancelará a finales de este año.

“Esta Gobierno recibió gastos acumulados por pagar de $22 billones de la pandemia, todo esto ha puesto al país en serios aprietos fiscales por $120 billones. Solo sanear el déficit del FEPC equivale a cinco reformas tributarias, los demás gastos acumulados equivalen a 1,5 reformas tributarias”, aseguró.

Añadió que la activación de la cláusula de escape se debe a que el 86% del gasto total es gasto inflexible, y añadió que de no adoptarse esa medida el país entraría en un proceso de parálisis e incumplimiento de pagos.

De hecho, explicó el ministro de Hacienda que al cierre del primer trimestre el déficit fiscal llegó a 2,4%, pero de no adoptarse medidas contingentes podría llegar a 7,1% al cierre de esta vigencia, “que debe ser manejado en varias vigencias, es decir, en tres años”, dijo el ministro Ávila Plazas.

“No nos gastaremos todo lo que nos la posibilidad de la Regla Fiscal, hay parámetros que tenemos que respetar, pero necesariamente habrá un mayor nivel de endeudamiento”, concluyó el funcionario.

Soluciones...

 

Presidente Petro explicó en CNN las bases jurídicas para decretar la consulta popular

Desde el Aeropuerto militar de Catam en Bogotá, el presidente Gustavo Petro explicó a CNN por qué su gobierno está facultado legalmente para decretar la consulta popular.

El presidente Gustavo Petro precisó que entre los argumentos que tuvo el Gobierno nacional para convocar la consulta popular mediante el decreto 0639 del 11 de junio de 2025, se destacan los siguientes:

— Constitución Nacional.

— Ley 1757 de 2015 o Ley Estatutaria sobre los mecanismos de participación democrática.

— Fallo del juzgado VI civil del circuito de Bogotá en el que afirmó –respecto a la votación de la consulta popular en la plenaria del Senado– que “no hay duda de que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso legislativo”.

Ley Estatutaria

En la entrevista con CNN, que se realizó en el Aeropuerto Militar de Catam en Bogotá, el mandatario se refirió así a la Ley 1757 de 2015:

“Hay una oposición pequeña a la consulta popular dentro de la población colombiana, de tipo jurídico, y otra de tipo social. La de tipo jurídico dice que las normas no me permiten hacerlo, pero está exactamente explícito en el artículo 33, literal c, de la Ley 1757 de 2015, que es ley estatutaria de los mecanismos de participación”.

Y sostuvo: “Ese artículo de la Ley 1757 reglamenta que si el Congreso en 30 días no se pronuncia sobre la consulta que yo presenté, después de que durante casi tres años no quiso aprobar una reforma laboral que el pueblo le demandaba, entonces el presidente puede decretarla. Eso dice ese artículo”.

Constitución

Además, de acuerdo con el mandatario, “la Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y participativa; que democracia participativa es que el pueblo puede ejercer el poder de manera directa y sin intermediarios. Tiene una serie de instrumentos, referendos, plebiscitos y consultas que ya se han practicado en Colombia regional y nacionalmente”.

Fallo de juzgado

En este punto, respecto al fallo del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, el presidente Petro recordó:

“Acaba de suceder que, habiéndose votado en la plenaria del Senado de manera tramposa, fraudulenta, dejando a muchos parlamentarios sin votar, que hacían mayoría para votar sí a la consulta popular, un juez acaba de decir que es una violación del debido proceso legislativo. Luego, no se tomó la decisión. Luego, pasó el mes. Luego, yo puedo decretarla legalmente”.

Otras posibilidades

Finalmente, el presidente de la República indicó que si el decreto que convoca la consulta se cae en la Corte Constitucional, “entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta”.

“Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que el pueblo, en elecciones, masivamente, pida la Asamblea Nacional Constituyente”, puntualizó el jefe de Estado.

Creado Centro de Información de Inteligencia Electoral para reforzar esquemas de protección a candidatos

​Reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento

de los Procesos Electorales.

El gobierno nacional conformó un Centro de Información de Inteligencia Electoral para procesar y analizar datos que permitan reforzar los esquemas de prevención y mitigación de riesgos en el segundo semestre de este año y durante el 2026.

El anunció lo hizo el director de la Policía al término de la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que sesionó este lunes en Bogotá con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial, dirigentes y representantes de partidos políticos.

“Concentraremos nuestros esfuerzos en tener más hombres y mujeres dedicados a la protección de los aspirantes, para garantizar su seguridad integral”, aseguró el general Carlos Triana, director de la Policía.

Esto “hace parte de un paquete de acciones estratégicas que se activaron en el marco del proceso democrático que se avecina”, explicó el ministro Sánchez, quien confirmó que el Gobierno nacional fortalecerá de forma diferencial los esquemas de seguridad para figuras en riesgo.

Hizo llamado expreso a los aspirantes para que cumplan de manera rigurosa las recomendaciones emitidas por los equipos de protección y “todos los protocolos de seguridad”.

Advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la desinformación difundida irresponsablemente, especialmente en redes sociales, al interferir en las investigaciones, exacerbar los ánimos sociales y poner en riesgo la estabilidad del país.

Con el apoyo del ministerio de Defensa funcionará una burbuja cibernética de inteligencia para detectar y prevenir campañas de desinformación, así como posibles ciberataques a los sistemas de información del Estado que garantizan la transparencia electoral.

La burbuja va a estar integrada por todas las agencias de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía, con el fin de realizar un trabajo articulado y especializado, capaz de neutralizar amenazas contra precandidatos.

Comprende acciones operacionales de inteligencia y de investigación criminal sobre el terreno, para anticipar amenazas y debilitar estructuras criminales que busquen interferir en el proceso democrático.

“La Fuerza Pública está para garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil. No es deliberante. Es completamente neutral frente a los procesos democráticos. Somos la garantía de la democracia. Y la democracia es la garantía del Estado Social de Derecho”, afirmó el ministro de Defensa.

Aumenta pie de fuerza

Otra medida anunciada fue el despliegue de más de 70 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares para cubrir cuatro mil puestos de votación, para garantizar la seguridad de candidatos, votantes y autoridades electorales.

“Nuestro deber es proteger los recorridos, actos públicos y jornadas electorales para que los candidatos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad”, manifestó el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares.

También se activó un Mapa de Prevención y Seguridad Electoral, como herramienta dinámica que integrará variables territoriales, políticas y de riesgo para anticipar amenazas, proteger a los aspirantes y preservar el libre ejercicio de la democracia.

Al servicio de la ciudadanía fueron dispuestas las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165 disponibles las 24 horas del día para denunciar cualquier actividad sospechosa o presencia de grupos criminales que busquen interferir en el proceso electoral, garantizando seguridad y absoluta reserva.