ADRES reportará a la Fiscalía primeros 10 casos de hospitales que no pudieron demostrar su existencia física

Por no demostrar que cuentan con infraestructura física en la dirección reportada, como lo ordenan las normas, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los primeros 10 casos de IPS (hospitales) que presentaron cuentas que superan los $25 mil millones.

Esta decisión fue revelada por el director General de la ADRES, Félix Martínez, quien recordó que el pasado 12 de septiembre la ADRES anunció las medidas administrativas que suspendió los pagos a 52 IPS que habían radicado cuentas por más de $70 mil millones y que, tras las auditorías realizadas desde 2023, se encontró que no contaban con infraestructura física al momento de las visitas.

Después de resolver varios recursos de reposición, la entidad determinó mantener la medida de suspensión de giros a las siguientes IPS:

· Mediclinic Mi Ser IPS S.A.S.

· IPS Biotech de Colombia S.A.S.

· Confiansalud IPS L&M. S.A.S.

· N&L Servicios de Salud S.A.S.

· IPS Premium Salud M&A S.A.S.

· Previmed Clinic S.A.S.

· Unidad de Cuidados Intensivos Milenium S.A.S.

· IPS Saddai Salud 7 S.A.S.

· VTS Servicios Integrales de Salud S.A.S.

· Suites Medical IPS S.A.S.

En otros nueve casos, ADRES concedió los recursos de reposición, ya que los prestadores lograron demostrar que cuentan con las instalaciones físicas reportadas. Se trata de las siguientes IPS:

· Puerto Salud Unidad Médica Integral S.A.S.

· Odontotrans S.A.S.

· Clínica Médico Especialistas de Colombia

· Centro de Urgencias de la Costa

· Hospital Las Américas

· IPS Sismédica Ltda.

· Tecnología Diagnóstica de La Sabana S.A.S.

· Unimedis de la Costa IPS S.A.S.

· Centro Hospitalario Regional Santa Mónica.

Pese que para estos nueve prestadores se descongelan los recursos relacionados con las reclamaciones, las cuentas que presentaron continúan en proceso de auditoría y serán sometidas a glosa en los casos en los que sea necesario. La ADRES también remitió a la Superintendencia Nacional de Salud estos casos para que los evalúe dentro de sus competencias.

De los 33 procesos restantes de IPS a las que se les suspendieron los pagos, cuatro se encuentran en estudio de los recursos de reposición presentados y 29 se encuentran en etapa de notificación.

Seis denuncias más an​​te Fiscalía por fraude

En otra medida, en casos de personas que fallecieron por muerte natural y sus beneficiarios presentaron reclamaciones como si fueran eventos de accidentes con vehículos sin SOAT, la ADRES puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación lo que podría evidenciar una nueva modalidad de apropiación indebida de recursos de la salud.

La entidad logró establecer que los casos denunciados configurarían presuntamente el delito de falsedad material en documento público, dado que los beneficiarios de los fallecidos presentaron certificaciones que no fueron expedidas por parte de la Fiscalía General de la Nación y que los registros de defunción tienen inconsistencias y no son auténticos.

No más fantasm​as inventados

La ADRES también expidió una Resolución (0199844 del 28 de noviembre de 2024), mediante la cual se establecen medidas de control para probar la condición de víctima y evitar el fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la radicación de reclamaciones por accidentes de tránsito en los que estén involucrados vehículos no identificados o no asegurados con SOAT.

La nueva resolución establece que “durante la etapa de auditoría de las reclamaciones, la ADRES verificará que haya consistencia entre los datos reportados en los formularios de registro de reclamaciones (IPS-FURIPS, ambulancias-FURTRAN, personas naturales-FURPEN) y los datos del informe descriptivo de la autoridad de tránsito o, en su defecto, con el documento que acredite que la IPS dio aviso inmediato a la dependencia de policía judicial cercana o a la primera autoridad del lugar, del ingreso de la presunta víctima de accidente de tránsito a la entidad de salud".

Gobierno nacional activa la Alerta Rosa para iniciar búsqueda inmediata de mujeres, niños y niñas desaparecidos

El gobierno nacional activó, mediante la expedición del decreto 1428 de 2024​, la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata que se activará en todo el territorio nacional, incluidas zonas de frontera, terminales aéreas, terrestres y marítimas, cuando se reporte la desaparición de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en Colombia.

El decreto autoriza el uso de una aplicación que permite la activación de un mensaje de alerta a las autoridades nacionales y locales, los medios de comunicación, las juntas de acción comunal, los vecinos del barrio, los bomberos, entre otros, para ayudar a buscar a la posible víctima de desaparición.

La activación de la alerta estará a cargo de la Policía Nacional, que suministrará todos los elementos de información que permitan identificar y ubicar a la persona buscada.

Los datos se enviarán, de manera inmediata y por diversos canales, a zonas de frontera, terminales terrestres, aéreas y marítimas, para evitar que trasladen a la víctima de la zona.

La medida, que reglamenta la Ley 2326 de 2023, fue firmada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, quien advirtió que “el éxito de esta iniciativa depende de la rápida transmisión del mensaje de alerta a las entidades estatales y a la ciudadanía, para que se sumen a la búsqueda de la persona desaparecida”.

En los próximos meses, las líneas 122, 123, 155 y 141 deberán disponer de una opción especial para reportar los casos en los canales institucionales previstos en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Asimismo, los operadores de telefonía móvil deberán garantizar el envío del mensaje oficial de alerta a través del celular.

El decreto también activó el Comité de Coordinación Nacional de Alerta Rosa, instancia que debe garantizar la coordinación de las acciones de búsqueda. Esta operatividad será integral y articulada entre la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, las entidades del Gobierno Nacional, los organismos de control con el apoyo de las entidades territoriales y la sociedad civil, para atender con celeridad los casos de desaparición.

El Comité de Coordinación deberá elaborar, planificar, coordinar, impulsar, implementar y evaluar acciones de prevención de la desaparición, así como la protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en sus diversidades dadas por desaparecidas, incluyendo la desaparición forzada.

Asamblea de 3.000 jóvenes y Gobierno del Cambio, firman acuerdo.

Durante la Asamblea Nacional de Juventudes, que tuvo lugar en Ibagué el fin de semana anterior, los representantes de las diversas carteras y entidades del Gobierno nacional escucharon a los cerca de 3.000 jóvenes de todo el país, ratificándolos y reconociéndolos en su papel esencial en la transformación social de sus comunidades.

Ambas partes firmaron un Acuerdo Nacional de Juventudes, un compromiso institucional para velar por los derechos de la juventud en la sociedad.

Este fue un espacio de diálogo y movilización social que permitió incentivar la diversidad y participación juvenil, en la cual, se exponen las problemáticas que afectan sus territorios y las posibles soluciones.

La metodología 'Galaxias y Mundos', permitió la discusión abierta sobre la oferta institucional y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estos compromisos, así como la toma de decisiones en un entorno inclusivo y representativo.

El Ministerio del Deporte participó con una galaxia llamada Deporte y Ocio, que se estructuró así:

1. Formación deportiva, recreación y bienestar enfocado al ocio.

2. Infraestructuras deportivas.

3. Oferta institucional para fortalecer los Juegos Intercolegiados, Jornada Deportiva Escolar Complementaria, ligas y clubes deportivos.

El ministerio identificó que una de las principales problemáticas es la falta de infraestructura deportiva acorde a las necesidades del territorio. Según la Cartera del Deporte, crear y adecuar escenarios deportivos o espacios destinados al fomento del deporte, la recreación y la actividad física, en colaboración con entidades públicas y privadas, es una posible solución que se implementará a este problema.

Finalmente, se delinearon problemáticas fundamentales y soluciones innovadoras, las cuales el Gobierno del Cambio adoptará, con el fin de priorizar la participación juvenil en el diseño e implementación de políticas públicas, asegurando así su contribución activa al desarrollo nacional.

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ICETEX: que estudiantes no se endeuden, la educación es un derecho .

En una rueda de prensa conjunta, el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, y la presidenta encargada del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Icetex, Patricia Abadía, dieron un parte de tranquilidad sobre la situación financiera de la entidad y aseguraron que se trabajará técnicamente en una propuesta de transformación, para que el Icetex pase de ser una entidad financiera de carácter especial, como lo es hoy, hacia un banco de primer nivel.

“El Icetex, ya es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda, es vigilada por la Superintendencia Financiera y funciona como un banco captando y poniendo recursos. Lo ideal es que además de sus inversiones, dentro de sus estrategias pueda diversificar la captación con ahorros del público, inversiones de la empresa privada, gestión de nómina, u otros servicios bancarios, que permitan poner créditos para que los que así lo decidan puedan costear sus estudios por esta vía o financiar como graduados la creación de nuevas empresas o emprendimientos".

Sobre el presupuesto de 2025, señaló que se han solicitado $6,5 billones para educación superior, de los cuales $4,6 billones ya han sido aprobados. Sin embargo, subrayó la importancia de la Ley de Financiamiento para garantizar recursos adicionales que permitan cumplir los compromisos con la educación en Colombia.

“Queremos que cada vez los estudiantes dependan menos de una situación de endeudamiento y estén ligados más a una situación de garantía del derecho a acceder a la educación superior. Estamos transformando el Icetex para que sea más amigable con los estudiantes, reduciendo tasas de interés y ampliando opciones como condonaciones. El acceso a la educación debe ser un derecho, no una carga financiera".

Por otro lado, el ministro desmintió declaraciones recientes sobre una supuesta crisis o "marchitamiento", reafirmando el compromiso del Gobierno del Cambio con la estabilidad de la entidad y el acceso a la educación superior y aseguró que su cartera ha solicitado en su totalidad y de manera oportuna los giros correspondientes al Icetex para 2024.

"Es mentira que no hemos gestionado estos recursos. Los documentos que respaldan estas solicitudes están disponibles para consulta. El retraso obedece al racionamiento del Plan Anualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda, no a una omisión de esta cartera".

Rojas reiteró que se han hecho las gestiones y la priorización tanto para el Icetex como para los recursos de gratuidad y fomento de las universidades públicas, que son claves para la garantía del derecho a la educación.

También calificó como irresponsables los rumores sobre un supuesto 'marchitamiento' del Icetex. "La entidad no está en quiebra ni en proceso de liquidación. Sus estados financieros, que son públicos, reflejan estabilidad, y gracias a recursos propios se han garantizado las renovaciones de líneas no subsidiadas", dijo Rojas.

Con respecto a las universidades privadas, el ministro desmintió la afirmación de que se adeudan $400.000 millones. Explicó que, aunque hay retrasos debido a la reprogramación del PAC, los recursos ya están gestionados. “Estamos trabajando con Hacienda para subsanar la situación. Ninguna universidad quedará desfinanciada".

Por su parte, la presidenta encargada del Icetex, Patricia Abadía, destacó que la entidad ha asegurado la continuidad de los créditos educativos gracias a la gestión interna con recursos propios, dado que solo el 25% de su presupuesto depende de recursos públicos. “Queremos dar un parte de tranquilidad para los estudiantes que están en proceso de renovación de créditos no subsidiados que pueden ser alrededor de 140 mil jóvenes, a ellos les decimos que contamos con los recursos para su renovación".

​Finalmente, el ministro hizo un llamado al Congreso para que priorice la aprobación de la Ley de Financiamiento, señalando que esta es clave para consolidar los recursos futuros necesarios para la educación superior. “Sería bueno que como sociedad nos uniéramos en ese sentido", concluyó el ministro Daniel Rojas.

Prosperidad Social entrega recursos del ciclo 11 a beneficiarios de Colombia Mayor

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno anunció el inicio del undécimo ciclo de pagos de Colombia Mayor: comenzará el 25 de noviembre, y estará disponible hasta el 6 de diciembre.

En este ciclo, 1.640.589 beneficiarios del programa recibirán la transferencia monetaria. La entidad invertirá 212.498 millones de pesos en esta entrega.

Del total de beneficiarios con giro programado, 485.871 tienen más de 80 años, por lo que recibirán 225.000 pesos.

El director Bolívar resaltó que el programa Colombia Mayor es una iniciativa alineada con los objetivos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por el Estado colombiano en la Ley 2055 de 2020. “Prosperidad Social a través del programa Colombia Mayor implementa una de las medidas necesarias para lograr la igualdad de hecho de la persona mayor en el país, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural”, dijo.

A todos los participantes se les enviará un mensaje de texto con la información de las fechas en las que estará disponible el dinero y el monto a recibir. Quienes no puedan acercarse personalmente a los puntos de pago pueden autorizar a un tercero de su hogar, a través de un poder especial; si tienen alguna limitación de movilidad por problemas de salud, pueden solicitar el pago en su domicilio.

Prosperidad Social invita a los beneficiarios a actualizar sus datos de contacto. Se pueden comunicar a las líneas de atención gratuita en Bogotá: 6013794840; desde el resto del país, al 01 8000 95 1100; o a través de los enlaces del programa en las alcaldías municipales.

Balance del décimo ciclo de pagos:

El décimo ciclo de pagos de Colombia Mayor se realizó desde el 18 hasta el 31 de octubre. Más de 1,6 millones de adultos mayores del país recibieron la transferencia, a través del operador de pagos SuperGIROS y sus aliados. Al finalizar el periodo de pagos, el programa logró una efectividad de 96 %.

Con las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para dignificar la vejez a través del programa Colombia Mayor, se aumentó la protección económica a las personas mayores. Con esto aporta al envejecimiento saludable de millones de personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.