Amenaza de expansión en zonas urbanas llevó a declarar emergencia nacional por fiebre amarilla

Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

​​La va​cuna contra la fiebre amarilla es gratis, no produce efectos colaterales y salva vidas.

El Ministerio de Salud y Protección Social reveló las razones por las cuales el país se encuentra en emergencia nacional por cuenta de la fiebre amarilla.

El viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, explicó que la situación actual radica en que los nuevos casos del contagio se están presentando en zonas distintas a las áreas silvestres y la Amazonía, donde tradicionalmente se registraba la enfermedad.

Ahora comenzaron a aparecer en la cuenca del río Magdalena, el norte y sur del Tolima, la zona cafetera de Neira (Caldas) y el departamento del Meta, con posibilidad de extenderse a la Orinoquía.

“El mosquito Aedes aegypti, transmisor de la fiebre amarilla, puede transmitir por ahora hasta los 2.200 metros. Antes no pasaba de 1.800, pero esto se debe al cambio climático. Este mosquito, que también produce dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla, ha venido subiendo de altura. De hecho, el Instituto Nacional de Salud ha detectado en Antioquia que el mosquito está transmitiendo dengue a 2.290–2.300 metros. Es una transformación del mosquito debido a los cambios en los ecosistemas, producto del calentamiento global. No significa que el Aedes aegypti, que es una variedad más urbana, esté hoy transmitiendo, porque eso sería mucho más grave", aseguró Urrego.

El viceministro añadió: “Estamos en una emergencia nacional porque es necesario prevenir que lo que está sucediendo en otras alturas más bajas y por otras variedades del mismo mosquito se nos transforme de un ciclo silvestre a un ciclo urbano. Estaríamos ante el riesgo de una urbanización de la enfermedad".

Recordó que el Ministerio de Salud “está en función preventiva frente a un alto riesgo", pues así está contemplado, incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque “de los 75 casos confirmados, estamos en 45 % de mortalidad", afirmó.

No hay cura contra la fiebre amarilla.

La fiebre amarilla, explicó el viceministro Urrego, no tiene cura, solo tratamientos paliativos que en algunos casos pueden resultar exitosos, “pero entre 40 % y 60 % tiene riesgo de mortalidad, y vamos en más de 45 %", sostuvo.​

Alg​unas precisiones

Tanto el viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, como la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava, hicieron algunas precisiones para que la ciudadanía esté bien informada sobre la evolución de esta enfermedad:

Actualmente hay dos ciclos de transmisión de la fiebre amarilla: urbano y silvestre, aunque se trata de dos vectores diferentes.

La fiebre amarilla no es transmisible entre humanos; solo el vector (mosquito) transmite el virus.

 La mejor manera de protegerse es con la vacunación.

La vacunación es gratuita, eficaz y no trae efectos colaterales graves. Es solo un pinchazo.

Hoy todas las personas pueden vacunarse a cualquier edad. La vacuna salva vidas. La mortalidad se ha presentado en personas mayores de 60 años sin vacuna.

En el carné de vacunación aparece la dosis contra la fiebre amarilla para los niños desde los 12 meses.

Solo se requiere una dosis en la vida. Antes era necesario vacunarse cada diez años, pero ya no.

Antes, la recomendación era vacunarse hasta los 59 años. Ahora es desde los 9 meses y hasta cualquier edad.

Quien no tenga la vacuna a los 9 meses de edad debe vacunarse.

A los mayores de 60 se les formulan algunas preguntas para detectar si tienen alguna contraindicación.

El efecto de la vacuna se da a los diez días. No es inmediato. A los 30 días ya tiene una efectividad del 99 %.

Quienes no recuerdan si fueron vacunados, no aparecen en ninguna base de datos y no tienen el carné, pueden vacunarse de nuevo si lo desean y si están en zonas de riesgo.

Las personas que aseguran haberse vacunado pero no tienen carné ni registro en bases de datos pueden llenar un formato bajo gravedad de juramento y asumir por su cuenta los riesgos de desistir de la vacunación.

La vacuna se aplica en las EPS y el sistema público de salud, pero también en puntos focalizados e instituciones privadas.

El mosquito puede picar y transmitir el virus a monos (primates no humanos), que al aparecer muertos deben ser reportados a la CAR regional. La muestra es enviada al laboratorio departamental de salud pública y de ahí al INS, que por reglamentación internacional es el único laboratorio nacional de referencia para confirmar casos de fiebre amarilla en todo el país.

Pide el presidente Petro: recuperar las más de 200 mil hectáreas perdidas en Acacías.

Al término de su visita a la penitenciaría de mediana seguridad y a la Colonia Penal de Oriente, localizadas en el municipio de Acacías, en Meta, el presidente Gustavo Petro se refirió al robo de predios de la Colonia Penal, que pasó de 300 mil hectáreas a tan solo 4 mil. El objetivo, según el mandatario, es buscar la recuperación de parte de esas tierras para que el campesinado que está recluso produzca alimentos y pueda prosperar.

Al respecto el mandatario precisó: “Esta cárcel tenía 300 mil hectáreas en 1920, o algo así, cuando se fundó el centro. Hoy quedan 4 mil. ¿Quién se quedó con lo demás? ¿Acaso alguna vez vendieron la tierra? ¿O se la robaron, como le pasó al Hospital San Juan de Dios? Esos que se robaron la tierra no pasaron por la cárcel”.

En este sentido, el jefe de Estado instruyó al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, para que “investigue toda la propiedad que era originaria de la Colonia de Acacías”.

Indicó no se trata de sacar de esas tierras a los propietarios pobres, porque esto podría causar otra violencia, aunque –agregó– “quizás haya también gente que no sea pobre y que simplemente se apropió de un bien público y que se lo quitó a la gente que iba a ser recluida para que no pudiera sembrar” y hacerlo producir.

De acuerdo con el mandatario, “300 mil hectáreas hubieran podido ser una de las grandes reservas campesinas del país, gran productora de alimentos y ayudarnos a alimentar a la sociedad colombiana en sus sectores más pobres”.

“¿A dónde fue a parar esa tierra?”, dijo y consideró que “una de las primeras tareas que hay que hacer es que recuperemos parte de esa tierra y que hagamos realidad el sueño de los abuelos que vieron aquí la posibilidad de que una persona que cayera bajo reclusión, por alguna razón, pudiera redimir su espíritu, sus heridas, y pudiera reconciliarse con la vida a partir de trabajar el campo, de abrir el surco y de producir alimentos bajo el sol”.

Explicó que en la actualidad en la Colonia esta producción se realiza, pero solo en 160 hectáreas. “Así que recuperar eso es de justicia para los actuales reclusos o para la gente futura que pase por aquí”, dijo.

“Ojalá todo campesino que capturaran porque ha sembrado hoja de coca y pasara por aquí, si es que no podemos liberarlo, pudiera sembrar, y entonces su famosa condena se convirtiera simplemente en algo que él ya sabe hacer bien, que es sembrar la tierra y producir alimentos”, sostuvo.

En este punto, el presidente le reiteró la instrucción al director de la Agencia Nacional de Tierras: “En estos meses yo creo que se puede hacer: recuperar la tierra posible y comprarla, para que esta Colonia se convierta en el sitio donde el campesinado hoy preso en el país, por razones judiciales, pueda aquí estar y transitar a lo que sabe hacer: producir la tierra y los alimentos”.

Ferrocarril de la Altillanura

En su intervención, el jefe de Estado consideró que mientras “la reforma agraria tiene que ser en el Caribe, en el Magdalena Medio, porque los terratenientes se quedaron con la tierra”, en la Altillanura colombiana, que no es tierra fértil, lo que se debe emprender es la construcción del ferrocarril que lleve al mar.

“¿Cuántas hectáreas de alimentos podríamos producir en todas estas tierras si los podemos exportar, si hubiese un ferrocarril hasta Puerto Gaitán y de allí por el río Meta hasta el Orinoco, y del Orinoco hasta el mar?, planteó el presidente de la República.

Efectivo...

Gobierno nacional contempla subsidiar a pequeñas empresas el pago de horas extras a partir de las 6 de tarde

Foto: Ministerio del Interior

Con el propósito de apoyar las pequeñas empresas del país y fomentar el empleo, el Gobierno nacional tiene contemplado subsidiar el pago de horas extras a aquellas micro y medianas empresas que remuneran a sus empleados por la prestación de sus servicios después de las 6 p.m.

Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una mesa de trabajo con sectores financieros, en la que aseguró que lo que se busca es aliviar la carga financiera sobre las pequeñas y medianas empresas del país

Benedetti destacó la importancia de esta medida en el contexto actual, debido a que muchas pequeñas empresas enfrentan dificultades económicas.

“Tras el lanzamiento de la Consulta Digital, se plantea una inquietud que guarda estrecha relación con las declaraciones del señor presidente durante el último año y es contemplar la posibilidad de establecer un subsidio dirigido a pequeños empresarios, con el propósito de facilitar la implementación de la nueva normativa que busca el fin de la jornada laboral a las 6 de la tarde o el inicio de la jornada nocturna a partir de esa hora", aseguró el ministro.

Agregó que “es una propuesta que actualmente se está estudiando, ya que la pregunta es pertinente, ha despertado el interés del Gobierno y se encuentra en proceso de análisis técnico. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Reforma Laboral, cuya meta central es respaldar a la clase obrera y contribuir a la dinamización de la economía nacional".

Según se indicó, la iniciativa tiene el potencial de ser incluida en la Consulta Popular, que le permitirá a la ciudadanía expresar su opinión sobre este y otros temas relevantes para el desarrollo económico del país.

Cuando la salud es un producto que se vende. Cargos a exgerente de Hospital.

Cargos a exgerente del Hospital de San Vicente de Paúl de Pueblorrico, Antioquia, por presunta extralimitación de funciones

@PGN_COL.- La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Arnaldo José Ahumada Cervantes, en su condición de gerente de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Pueblorrico (Antioquia), para la época de los hechos, por la presuntas comisión de irregularidades en el trámite de un proceso de cobro coactivo contra la Nueva EPS S.A.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes, Ahumada Cervantes habría expedido la Resolución No. 18 del 14 de marzo de 2022, mediante la cual libró mandamiento de pago en el proceso administrativo No. HSVPP-901156264 por un valor de $405.311.127, incluyendo intereses, sin tener competencia para ello.

Se considera que las Empresas Sociales del Estado – E.S.E.– carecen de facultades para adelantar procesos de jurisdicción coactiva cuando se trata de deudas derivadas de relaciones civiles o comerciales, como aquellas originadas en la venta de servicios de salud, razón por la cual el exfuncionario habría incurrido en extralimitación de funciones.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave cometida con culpa grave, al considerar que el disciplinado actuó con ligereza y sin verificar previamente la legalidad del procedimiento que adelantaba, a pesar de haber sido advertido sobre su presunta falta de competencia.

Por estos hechos, el Ministerio Público concluyó que el comportamiento del entonces gerente pudo haber vulnerado los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que rigen la función administrativa.

62.664 armas están perdidas en el país y existen 197 empresas de seguridad privada sin control

El presidente Gustavo Petro Urrego denunció la noche de este lunes que una investigación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada arrojó que en el país están perdidas 62.664 armas de fuego oficiales, las cuales podrían estar en poder de organizaciones criminales.

Asimismo, afirmó que hay 197 empresas de vigilancia y seguridad privada con licencias vigentes, pero que en el sistema de la Supervigilancia aparecen inactivas, lo que significa que escapan al control de la entidad.

Lo anterior –dijo el mandatario- significa que en Colombia hay “armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”.

La información la dio a conocer el jefe de Estado durante el Consejo de Ministros televisado que se desarrolla desde la Casa de Nariño.

En ese sentido, sobre la investigación de la Supervigilancia, liderada por Yenniffer Parra, el presidente Petro aseveró: “Hay 62.664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene”.

Explicó que “en esa búsqueda se encontró que en los sistemas de información de la Supervigilancia hay reportadas e identificadas 40.692 armas particulares con licencia oficial, revisando las empresas inactivas y lo que ha aprobado la Superintendencia desde 1993”.

A esta cifra el mandatario le sumó “las 20.000 armas que entregó (Álvaro) Uribe a los paramilitares en Antioquia. ¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”.

En ese contexto, el presidente cuestionó el sistema estatal de información y de vigilancia sobre estas empresas.

“¿Qué dicen los sistemas de información? Pues te voy a decir que la Superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables”, lo que llevó a que durante 30 años no existiera un control eficiente sobre estas entidades de seguridad privada.

“Pasaron 30 años sin control, estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos”, manifestó.

Además, el mandatario destacó que durante su Gobierno la Superintendencia realizara de manera efectiva su trabajo de control y vigilancia a las empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector.

El estudio incluyó a 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores”.

En las pesquisas, la Superintendencia halló que en los hechos irregulares habían participado funcionarios públicos.

“El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, nosotros lo hicimos, porque fueron tramitadas irregularmente, incluso, en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno, que fueron removidos inmediatamente de sus cargos y sobre lo cual se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación”, denunció el presidente.

Así va la investigación

En la misma línea, el jefe de Estado recalcó que una investigación articulada con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades se logró la captura de los representantes legales de empresas de vigilancia “con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley”.

Sobre el particular, la Superintendencia expidió un boletín de prensa en el que se reportó la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad y el embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos.

Igualmente, se logró dar un golpe a las estructuras criminales del Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, entre otras, las cuales usaban empresas de vigilancia y seguridad privada como fachada de lavado de activos, para legalizar armas de forma fraudulenta y en la comisión de otros delitos.

Así pues, los detenidos –reveló la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada- “son el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; así como Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara LTDA. Las capturas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Barranquilla”.

En ese orden de ideas, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito.

En los procedimientos fueron incautados 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, las empresas vinculadas, al parecer, habrían otorgado permisos como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos.

La Superintendencia indicó que, a través de esta actividad ilícita, los capturados habrían facilitado armas a Edgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, y a Jesús Martín Bello, ambos involucrados en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’.

Por su parte, la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias ‘Terror’, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, quien recientemente fue neutralizado en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia).