Presidente Petro pide a fiscales actuar frente al acaparamiento de medicamentos

Insu​lina sin distribuir hallada por la Supersalud en la bodega de un gestor
farmacéutico en Bogotá.

“Dije que estaban acaparando la insulina. Dicho y hecho. Descubrimos 113.000 unidades de insulina acaparadas", manifestó el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que se refirió a la auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la bodega de un gestor farmacéutico en Bogotá.

El mandatario consideró que “en la salud han crecido verdaderos vampiros", porque “acaparan para que no pase la reforma a la salud" y también “lo hacen para presionar a la Corte Constitucional para que se eleve la UPC (Unidad de Pago por Capitación)".

“La UPC no es insuficiente, simplemente se la roban", dijo y agregó: “No hay escape de medicamentos en Colombia, lo que hay es vampiros acaparando".​

El presidente Petro manifestó que en este caso “debe proceder la acción penal" y solicitó que “los fiscales actúen con sentido de justicia". ​

Resulta​dos de la auditoría

Cabe indicar que, en un comunicado de prensa, la Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de la auditoría realizada en la bodega de una empresa farmacéutica ubicada en las afueras de Bogotá.

“El acta de auditoría revela que de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios, ocho de estos tenían suficientes existencias", entre “los que se encuentra la insulina, medicamento que está en la lista de pendientes de los usuarios que acuden a los distintos puntos de dispensación de este gestor farmacéutico", precisó la Supersalud.

Según el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, “es incongruente que existiendo 113 mil unidades disponibles de un medicamento como la insulina, no se tengan unidades disponibles en los puntos de atención de los usuarios".

“No existe justificación alguna, ni de tipo administrativo ni por ninguna otra razón, para que estos medicamentos no estén disponibles para su entrega, y sí estén registrados como pendientes en las órdenes de los pacientes", aseguró el superintendente.

El funcionario precisó que, durante la auditoría, representantes de la gestora farmacéutica sostuvieron que las 113 mil unidades de insulina halladas en su bodega dependían de qué EPS se tenían asignadas para su entrega.

Frente a esto, la entidad de vigilancia y control recordó que “los trámites administrativos deben cumplir sus obligaciones y solventar las falencias que existan, sin que ello afecte o ponga en riesgo la salud de los afiliados al sistema de salud".

Finalmente, la Supersalud recalcó que la visita de auditoría “obedece a sus funciones de inspección y vigilancia, y al llamado del presidente Gustavo Petro para hacer de la supervisión algo mucho más estricto, teniendo en cuenta la situación que en estos momentos enfrenta el sistema general de seguridad social en salud".

Con respaldo del Gobierno productores de papa en Boyacá avanzan en asociatividad para mejorar precios y ventas

Productores pertenecientes a 50 asociaciones paperas de Boyacá dieron un paso importante hacia la creación de una asociación de segundo nivel que fortalezca el sector del cultivo, con el acompañamiento de la Dirección de Participación y Asociatividad de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), adscrita al Ministerio de Agricultura.

Este avance se dio en el marco de la primera Mesa Papera Asociativa, que tuvo lugar en la capital boyacense y en la que se abordaron temas de alto interés para el sector, como la necesidad de crear una federación que represente a los productores de papa del departamento ante los intermediarios, el establecimiento de compromisos que generen beneficios en materia de comercialización y precios, y el fortalecimiento de la comunicación entre las asociaciones y las instancias del Gobierno nacional.

En la mesa participaron productores paperos de los municipios de Turmequé, Cómbita, Siachoque, Ventaquemada, Belén, Tunja, entre otros.

Blanca Gladys Peña, representante de los paperos de la vereda El Porvenir, en Tunja, destacó la importancia de estos encuentros:

“Estas reuniones son muy importantes, puesto que, si no estamos afiliados, no vamos a tener ningún beneficio del Gobierno. Tenemos que estar en las asociaciones para poder recibir nuestros beneficios”.

Asociatividad fortalece al sector

El representante legal de la Asociación Agroindustrial y Pecuaria de la vereda Pozo Negro de Turmequé, Juan Carlos Herrera, considera que este es un proceso que se construye paso a paso.

“Como dijo nuestro presidente Gustavo Petro, la asociatividad debe ser un escalón de la agricultura y de la organización. Entonces, tenemos que organizarnos a ver si entre todos podemos gestionar y sacar proyectos adelante, porque, de manera independiente, es muy difícil impulsar proyectos de gran envergadura para el agro colombiano”, aseguró Herrera.

A su turno, Mauricio Arias, representante legal de la Asociación Agropecuaria Las Delicias del municipio de Siachoque, señaló que la asociatividad es fundamental para proteger al sector ante una eventual crisis.

“Yo quisiera que en Abastos nos asignaran una bodega para nosotros, los cooperados, y así llevar directamente nuestros productos al consumidor. Porque allá en Abastos, los intermediarios son los que manejan el dinero de los trabajadores del campo”, afirmó Arias.

En la mesa técnica también participaron jóvenes del sector papero, entre ellos John Fredy Fonseca, de la Asociación de Productores Rurales (Asopru), quien destacó el apoyo del Gobierno nacional.

“El tema de la asociatividad me parece muy importante y debe fortalecerse, siempre y cuando se adquieran compromisos, no solo de nosotros como sembradores de papa, sino también de la Agencia de Desarrollo Rural”, manifestó Fonseca. Y agregó: “Logrando la asociatividad, podemos expandirnos más”.

“Como productores de semillas, buscamos comercializarlas no solo en nuestro municipio, sino en toda la región. Por eso planteamos el tema de comercialización y precios, porque hay muchos productores que no tienen esa oportunidad y que buscan una semilla de buena calidad”, recalcó.

Finalmente, Wilson Gómez Úmbita, de la Dirección de Participación y Asociatividad de la ADR, resaltó que esta primera mesa técnica con asociaciones paperas sigue “los lineamientos del Gobierno nacional en el tema asociativo, con el fin de fortalecer el futuro de nuestro campo colombiano”.

Efectivo...

‘La Consulta Popular va, sí o sí’: ministro del Interior

“A nosotros ya no nos importa si la Reforma Laboral se hundió o no en el Congreso. El presidente de la República, junto con sus ministros, ya tomó la decisión de realizar una Consulta Popular, y esta va sí o sí".

Así lo manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el siguiente paso es enviar al Senado de la República las 12 preguntas que debe contener la Consulta Popular. Luego de que el Senado se pronuncie, el presidente de la República tendrá un plazo de tres meses para convocarla.

“No hay fecha límite para presentar las preguntas, todo tendrá que ser acorde a los tiempos; ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hechas", señaló.

Frente a las movilizaciones sociales, el ministro resaltó que “la gente marchó de forma pacífica y alegre, expresando la voluntad del derecho de millones de trabajadores, de la clase obrera; un derecho que fue cercenado de forma tosca por parte del Congreso de la República".

Añadió que “lo que ama la democracia es siempre la movilización ciudadana, estudiantil, la capacidad de expresarse, que se haga con alegría y en paz como se hizo. Hoy, me le quito el sombrero al señor presidente de la República; como político, ciudadano y como ministro me le quito el sombrero porque es la única persona o dirigente político en este país que puede convocar en menos de seis días una marcha como la que se desarrolló en Barranquilla, Valledupar, Medellín, Cali, Bogotá y otras ciudades del país".

Finalmente, el ministro del Interior insistió en que lo primordial, y en lo que está concentrado el Gobierno nacional, es el tema de la Consulta Popular para cumplir la voluntad del pueblo colombiano.

Corte ordena medidas para garantizar retorno y reparación integral a víctimas de un Resguardo Indígena desplazado

La Corte Constitucional amparó los derechos a la representación política, al gobierno propio, al territorio colectivo, al debido proceso, al retorno y a la reparación integral colectiva del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo.

El Resguardo invocó el amparo debido a que sus comunidades se vieron obligadas a abandonar el territorio por cuenta del conflicto armado que padecieron y que se produjo a través de desapariciones forzadas y homicidios. La Corte, en su análisis, concluyó que los derechos de la comunidad fueron afectados, debido a la falta de concertación e implementación efectiva del plan de retorno y el plan de reparación colectiva del Resguardo, así como a la falta de articulación de entidades del orden nacional y territorial, y algunas deficiencias estructurales que enfrentan algunas entidades del Estado.

La Sala recordó que la jurisprudencia ha advertido que el desplazamiento forzado genera daños particulares en el caso de los grupos étnicamente diferenciados: además de los traumas que ocasiona individualmente a los integrantes de estas comunidades, provoca un perjuicio colectivo, que, de no conjurarse en debida forma, bien puede provocar la disolución de la comunidad y comprometer la conservación de su identidad cultural.

En el caso concreto, la Corte advirtió que la falta de seguridad en el territorio pone en riesgo el derecho al retorno y a la vida en condiciones dignas del resguardo. Con base en lo anterior, la Sala ordenó al Ministerio de Defensa formular, apoyar y hacer seguimiento a un plan de orden público sectorizado en las zonas del resguardo indígena que son ocupadas actualmente por la comunidad y respecto de las cuales no existen controversias con otros territorios.

Asimismo, le ordenó al Comando Central de las Fuerzas Militares que, en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección, elabore un protocolo de seguridad específico para garantizar las condiciones de seguridad dentro del territorio del resguardo.

Dicho protocolo deberá garantizar —de manera permanente y satisfactoria—la seguridad, no solo de los integrantes de la comunidad, sino también de los funcionarios que deban hacer visitas de campo para el cumplimiento de las órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá).

A la Unidad Nacional de Protección, la Sala le ordenó culminar el estudio de seguridad e implementar las medidas de protección que requieran a favor de los miembros del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari,

Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo.

Por otro lado, la Corte evidenció que el territorio del resguardo no ha sido delimitado en su totalidad, debido a falencias estructurales de las entidades encargadas de llevar a cabo esta tarea. Por tal razón, ordenó al Ministerio de Agricultura que, dentro de seis meses, evalúe la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Tierras para diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la agencia.

Asimismo, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, una vez el Ministerio culmine su labor, diseñe e implemente un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la Agencia Nacional de Tierras, y culmine el procedimiento de delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, con respeto del enfoque étnico.

En materia de retorno, la Corte le ordenó a la UARIV que, en seis meses, concerte el plan de retorno actualizado de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo en conjunto con las autoridades del resguardo. Dicho plan debe cumplir con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad.

Igualmente, la UARIV deberá iniciar las actuaciones requeridas para implementar el plan de retorno de la comunidad dentro de las zonas del territorio que han sido delimitadas por la mesa de trabajo. Y, entre otras cosas, diseñar un plan y un cronograma que permitan avanzar a las demás fases de la ruta de reparación integral colectiva.

Sentencia T-050 de 2025

M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

La Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004: esa Sala ha indicado que el conflicto armado amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país.

Opciones de retorno o reubicación: El Estado tiene el deber de garantizar a las víctimas de desplazamiento forzado la posibilidad de elegir entre regresar a su territorio de origen y la alternativa de ser reubicadas en un territorio con características similares.

El retorno de las comunidades indígenas: En el caso específico de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento, la Corte Constitucional ha establecido que el retorno forma parte de su derecho fundamental al territorio, debido a la estrecha vinculación que tienen con la tierra.

Los programas de reparación colectiva: El Estado tiene la obligación de implementar un programa institucional de reparación colectiva para promover los derechos de las personas afectadas por la violencia, así como también reconocer y dignificar a las víctimas.

Reforma Laboral generará 91 mil empleos anuales a partir de su implementación, revela ministro del Trabajo

Foto: César Carrión - Presidencia

“Los cálculos que nosotros tenemos en el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo es que la Reforma Laboral podría estar generando 91 mil nuevos empleos cada año una vez arranque su implementación”.

Así lo reveló este lunes el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al participar en La Agenda, espacio de la Presidencia de la República en el que participaron 25 medios de comunicación regionales, comunitarios y populares de distintos departamentos del país.

El titular de esta cartera explicó los beneficios que traerá la Reforma Laboral en la que se centrará la Consulta Popular convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuya primera gran movilización social se realizará este martes 18 de marzo en todo el país.

El ministro Sanguino manifestó que la Reforma busca corregir las injusticias generadas contra las clases trabajadoras mediante la política neoliberal puesta en marcha por distintos gobiernos, desde la década de 1990, conocida como ‘flexibilización del mercado laboral’, que –dijo– “ha significado el desmantelamiento de derechos adquiridos por los trabajadores”.

Precisó que esta política extendió la jornada laboral diurna hasta las diez de la noche, eximió a los empresarios del pago de recargos por horas extras, dominicales y festivos e impuso restricciones a los derechos de huelga y organización sindical.

Agregó que este modelo neoliberal “entronizó el contrato sindical, que desvirtúa y desnaturaliza el papel de las organizaciones sindicales, ahondó las brechas de género, envileció el trabajo, empobreció el salario de los trabajadores y tercerizó la fuerza laboral, sin resolver los problemas de informalidad”.

“Eso es lo que quiere corregir esta Reforma Laboral”, recalcó Sanguino al explicar que el argumento de los gobernantes que lideraron esas políticas era que “si flexibilizaban el mercado laboral aumentaba el empleo y crecía la economía”.

“Resulta que mientras empobrecían las condiciones laborales de la gente, aumentaba el desempleo y nuestra economía no crecía en los niveles que nos prometían los defensores de estas políticas neoliberales”, sostuvo.

Bloqueo institucional

El ministro del Trabajo reiteró que el bloqueo institucional en la Comisión Séptima del Senado, al pretender hundir irracionalmente la Reforma Laboral, “es un bloqueo contra la gente y no contra el gobierno”.

Enfatizó que “lo que ha hecho una exigua mayoría, porque son ocho de 14 senadores de la República en dicha Comisión, es bloquear una y otra vez estas reformas”.

“Lo hicieron con la Reforma a la Salud, cuya primera versión hundieron, de la misma manera y bajo el mismo modus operandi que están utilizando ahora frente a la Reforma Laboral. No pudieron hacerlo con la Reforma Pensional, a pesar de que lo intentaron. Ahora quieren hacerlo con la Reforma Laboral”, dijo.

Añadió que esos mismos congresistas “se han anticipado a decir, sin siquiera leer el articulado que viene de la Cámara de Representantes, que hundirán la Reforma a la Salud en su segunda versión”.

Manifestó que ante esta situación de bloqueo, como lo prevé la Constitución, “podemos acudir a los mecanismos de la democracia directa y participativa, es decir, a la voz del pueblo, porque el pueblo manda”.

“No vamos a dejar que ocho senadores de la República decidan sobre la suerte de 22 millones de colombianos y colombianas que componen nuestra fuerza laboral”, dijo.

“Como dijo el presidente, este no es ningún devaneo ideológico, este no es un capricho del presidente de la República. Esto nace del corazón de la gente, del clamor de la gente, que se expresó en el paro del 2019 y en el estallido social de 2021 y, por supuesto, en la primera y segunda vuelta presidencial de 2022”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

También es interesante: consultar el ABC de la Reforma Pensional aquí​