Según proyecciones de Climate Central, en 2100 numerosos lugares de América Latina quedarían bajo el nivel del mar, un hecho del que también alertan el último informe del IPCC y de la OMT.
Paola Arias, investigadora colombiana |
Según proyecciones de Climate Central, en 2100 numerosos lugares de América Latina quedarían bajo el nivel del mar, un hecho del que también alertan el último informe del IPCC y de la OMT.
Paola Arias, investigadora colombiana |
El derecho a la salud no es compatible con un negocio, por lo que se requiere la reglamentación de esta Ley. Foto: Brandon Pinto |
Una de las formas para reglamentar la Ley Estatutaria de Salud es desde el poder ejecutivo. Foto: Juanjo |
El Estado no podría construir ningún cambio sin que la sociedad misma intervenga. Foto: Brandon Pinto |
El otro gran fracaso que mencionan los ponentes tiene que ver con la poca efectividad para hacer pruebas de rastreo y seguimiento de la enfermedad en el país, donde entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, pueden pasar hasta 18 días.
La reglamentación es viable y se puede comparar con el actual sistema de salud de Brasil. Foto: Brandon Pinto |
Uno de los casos referentes en Latinoamérica, con un sistema de salud universal y estable, es el legislado en Brasil, que cuenta con un sistema público y universal de salud, que atiende a toda la población brasileña y que es financiada con recursos públicos federales, estatales y municipales. Este, además, cuenta con servicios privados de carácter complementario.
“El país cuenta con un sistema privado organizado por seguros de salud, un plan ofrecido por contraprestaciones financieras para las clases altas y con más recursos, en el cual hay cerca de 50 millones de personas, mientras que al sistema público están vinculadas unas 170 millones”, señala el profesor Fernando Aithan del Departamento de Política, Gestión y Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).
La pandemia dejó en evidencia los fracasos del sistema de salud para afrontar emergencias sanitarias. Foto: Brandon Pinto |
La seguridad privada, la sobrexplotación de vigilantes, la división social en ejercito y policía, los mercenarios, el narcotráfico y el asesinato del presidente d Haití, los contratistas d mercenarios son los contratistas del software del escrutinio de la registraduría Parte III pic.twitter.com/F0cuHVcRVZ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2021
Un policía frente a un mural con el rostro de Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, 15 de julio de 2021Valerie Baeriswyl / AFP |
“La naturaleza es fuente de vida y sabiduría de ahí que toda agresión contra ella, pone de inmediato en peligro la existencia del indio como parte viviente de la naturaleza”. Manuel Quintín Lame.
"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos", dijo Francisco Barbosa.
DW.- El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado (31.07.2021) la Fiscalía.
"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de su lucha antiguerrillera.
Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran niños. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa. Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.
La JEP estima que más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos. La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.
Celebro el anuncio de @FiscaliaCol sobre la imputación al Gen. Mario Montoya, excomandante del Ejército de Colombia, por su presunto rol en ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 31, 2021
Se trata de un paso importante para el derecho a la verdad de las víctimas.
Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, pero lamentó "que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica".
Es una lástima que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica.
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 31, 2021
Durante años, @HRW ha publicado varios informes que demuestran que la Fiscalía contaba con evidencias contra Montoya.
Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios. El entonces mayor del Ejército Gustavo Soto relató a la agencia AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".
Según Barbosa, el oficial retirado "fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones". Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces".
Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.
Por no demostrar que cuentan con infraestructura física en la dirección reportada, como lo ordenan las normas, la Administradora de los Rec...