Ante continuidad de ataques contra las
personas defensoras de derechos humanos en Colombia, Subsecretario General de
Derechos Humanos urge a su efectiva protección
BOGOTA / NUEVA YORK (9 de octubre de
2017). El Subsecretario General de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew
Gilmour, saludó el lunes el progreso de la desmovilización y el desarme de las
FARC, pero expresó su preocupación por los problemas en la implementación del
Acuerdo en lo relacionado con los ataques en contra de defensores de derechos
humanos y líderes comunitarios en Colombia. Al término de su visita de seis
días al país, Gilmour reconoció los esfuerzos del Gobierno para adoptar
políticas encaminadas a prevenir tales ataques, pero dijo que aún no se han
producido resultados significativos.
"Aunque el conflicto armado con
las FARC-EP terminó, los increíblemente valientes defensores de derechos
humanos aún siguen siendo amenazados y asesinados a un ritmo
alarmante", dijo. “Estos ataques amenazan la estabilidad a largo plazo que
Colombia tanto necesita”.
Desde comienzos de este año, ha habido
más asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y
comunitarios, en particular en áreas anteriormente ocupadas por las FARC-EP.
"Después de décadas de violencia
extrema y de millones de víctimas, Colombia necesita las voces de sus
defensoras y defensores de derechos humanos para que expresen con firmeza los
valores democráticos y hablen por las personas particularmente vulnerables,
incluyendo a las mujeres, a los afrocolombianos, a la población LGBTI y a
los líderes indígenas, especialmente en las antiguas zonas en las cuales tenía
presencia las FARC ", dijo Gilmour.
Gilmour pidió al Gobierno, al Congreso
y al sistema de justicia que tomen medidas efectivas para que los responsables
de crímenes contra defensores no tengan la menor duda de que serán
investigados, perseguidos y castigados enérgicamente. "Y aquí estamos
hablando no sólo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes
ordenaron o pagaron para hacerlo", añadió.
Durante su visita a Colombia, Gilmour
tuvo varias reuniones en Bogotá con víctimas del conflicto armado y con actores
de la sociedad civil. También se reunió con el Vicepresidente, el Defensor del
Pueblo y el Procurador General, así como con dirigentes de las FARC-EP. Gilmour
viajó a San Luis, en Neiva, donde recibió más información sobre los desafíos
relacionados con la reintegración de las FARC-EP. Allí, también se reunió con
autoridades locales y líderes indígenas y comunitarios.
Gilmour enfatizó, sin embargo, que la
paz sólo puede ser sostenible si los desmovilizados son debidamente integrados
en la sociedad y tienen los medios para ganar un salario digno como civiles. La
paz verdadera requiere que aquellos que viven en áreas que estaban bajo el
poder de las FARC-EP sientan que están experimentando un "dividendo de
paz" - y esto sólo es posible si las acciones de las instituciones
estatales y las actividades económicas llegan adecuadamente en esas áreas.
"Si no es así, es claro que las
brutales organizaciones criminales intensificarán sus actividades para llenar
el vacío dejado por las FARC-EP, lo cual será un grave revés para los derechos
de los que viven en las áreas desalojadas por la guerrilla", dijo Gilmour.
Varios interlocutores subrayaron a
Gilmour sus preocupaciones sobre la corrupción, incluyendo un alto funcionario
del Estado que indicó que ésta es, por encima de muchas, la mayor causa
subyacente de violaciones de los derechos humanos en Colombia, tanto de los
derechos civiles y políticos como de los derechos económicos. Gilmour se
declaró alentado por las medidas concretas adoptadas por la Procuraduría
General de la Nación, con el apoyo técnico y asesoramiento de la Oficina de
Derechos Humanos de la ONU, para abordar esta cuestión prioritaria.
En relación con la jurisdicción
especial para la paz, Gilmour expresó su preocupación por los posibles intentos
de socavar el sistema judicial diseñado en el Acuerdo de Paz, lo que podría
obstaculizar los esfuerzos para la no repetición de violaciones de derechos
humanos. "Necesitamos reconocer el papel trascendental de la rendición de
cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluso
a través de mecanismos de justicia transicional, como la jurisdicción especial
para la paz, con el objetivo de asegurar un equilibrio adecuado entre la
justicia, la verdad y la reinserción efectiva de los miembros de las FARC,
incluyendo su participación en política", dijo.
Gilmour también destacó el papel
fundamental de la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos
humanos. Pidió a las autoridades que aceleren el fortalecimiento del sistema de
alertas tempranas que se encuentra bajo el liderazgo del Defensor del Pueblo,
como lo dispone el Acuerdo de Paz.
El Subsecretario General habló sobre
cuestiones regionales de derechos humanos, incluido el impacto transfronterizo
de la preocupante situación en Venezuela. En este contexto, reconoció la
generosa respuesta humanitaria de las autoridades colombianas frente al flujo
masivo de personas de Venezuela.
Gilmour reconoció los esfuerzos del
Gobierno por implementar el Acuerdo de Paz, en particular el compromiso del
presidente Juan Manuel Santos de dar la debida consideración a las cuestiones
de derechos humanos. Sin embargo, él subrayó que es urgente la acción del Gobierno,
en colaboración con la sociedad civil y con el apoyo de la ONU, para hacer
frente a la impunidad crónica por las violaciones de los derechos humanos, en
particular por los "falsos positivos" atribuibles a la Fuerza
Pública, y por los ataques contra defensores de derechos humanos y dirigentes
comunitarios a manos de organizaciones criminales.
