La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
-ONU Derechos Humanos- y la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR-
manifiestan su preocupación por los hechos de desplazamiento forzado interno y
las violaciones de derechos humanos que se han presentado en las últimas
semanas en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.
ONU Derechos Humanos y ACNUR manifestamos nuestra preocupación por la
persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades
campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta
la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822
personas, (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes). Estos hechos
reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las
veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El
Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.A su vez, quienes suscribimos este comunicado expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior.
En el Bajo Cauca estamos observando violaciones de derechos humanos, tales
como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles,
violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y
afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en
su territorio.
La situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca Antioqueño ha sido advertida
ya por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana de inminencia 009 del 22
de enero de 2018.
Reconocemos el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado hasta la fecha
para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. No obstante,
observamos que la situación continúa empeorando.
