preocupada por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha observado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.
Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún bajo nuestro análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía.
Con preocupación, la Oficina observa que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.
El primer Acuerdo de Paz se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.
La Oficina observa la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:
1. Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz, iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.
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