Todd Howland.- Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia
"- Memos recientes supuestamente filtradas desde la Embajada de Colombia en Washington describen una intensa presión de la industria farmacéutica y sus aliados en el Congreso para disuadir a los esfuerzos de Colombia a la mitad del precio local de Novartis Gleevec, uno de los medicamentos principales usados para tratar la leucemia mielógena crónica (LMC). Ver Huffington Post " Colombia miedos nos pueden rechazar Plan de paz para proteger Pharma beneficios ."
Como ciudadano de Estados Unidos, como el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia desde 2012, y como una persona con CML, creo que si los ciudadanos estadounidenses y miembros del Congreso saben lo que sé de Colombia - y sobre la CML - que vería que estas tácticas de mano cruelmente amenazan la vida humana, y también socavan nuestros propios intereses económicos y de seguridad en un momento crítico para Colombia.
Sin medicamentos, CML - un cáncer que comienza en la médula ósea - mata a casi todo el mundo que tiene la enfermedad. Gleevec, aprobada en 2001, y sus sucesores, cambiaron radicalmente el pronóstico de los pacientes con LMC, y más de dos de cada tres personas que son capaces de seguir el protocolo actual de tratamiento de por vida puede esperar alcanzar una vida normal y productiva.
El precio anual para Gleevec es $ 106.322 en los EE.UU. y $ 31.867 en el Reino Unido una propuesta general cuesta alrededor de $ 8.000 en Brasil. Mis seis años de tratamiento han costado $ 635.000 para los medicamentos por sí sola, la mayor parte de esta suerte me cubre el seguro de salud de la ONU. Sin embargo, en Colombia, no soy la norma. Sin la intervención del gobierno, muchos colombianos con LMC hoy simplemente morirán.
Como casi todos los países del mundo, aparte de los EE.UU., Colombia trata acceso a la salud, incluyendo la medicación, como un derecho: el gobierno cubre los costos de los medicamentos de todos, pero una pequeña minoría de los ciudadanos que tienen seguro de salud privado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y ha indicado a Colombia que debe garantizar que las personas con ingresos limitados tienen acceso a medicamentos que pueden salvar vidas.
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