Michel Forst-ONU-: "los líderes sociales no son enemigos, son agentes de cambio"

Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst visita a Colombia, 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018*

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 Introducción

Buenos días, damas y caballeros,

Quisiera iniciar con un sincero agradecimiento al Gobierno de Colombia por la invitación a realizar una misión oficial, la cual se llevó a cabo del 20 de noviembre al 3 de diciembre. Deseo felicitar al Gobierno de Colombia por su excelente cooperación y esfuerzos para garantizar una visita fructífera. Estoy agradecido por la oportunidad de reunirme con representantes de alto nivel de la Presidencia, varios ministerios, gobernadores e instituciones estatales. Estoy agradecido con todas las personas que se tomaron el tiempo para reunirse conmigo y compartir sus valiosas experiencias y perspectivas; así como con aquellas que ayudaron a organizar esta visita.

Antes de continuar, me gustaría pedirles que me acompañen en un minuto de silencio en memoria de José Antonio Navas, líder social de ASCAMCAT quien fue asesinado en el Catatumbo, y Alba Edilma Cuevas, quien fue asesinada en Cúcuta durante mi misión. Nuestro minuto de silencio honra también a todos aquellos que fueron asesinados en Colombia mientras defendían los derechos humanos.
[minuto de silencio]

Como Relator Especial, observador (externo) internacional y yo mismo, como defensor de derechos humanos, quiero expresar mi admiración y mi mayor respeto por todos los defensores y las defensoras de derechos humanos con quienes me he reunido y por todas aquellas que no tuve la oportunidad de reunirme durante las últimas dos semanas. Es difícil para una persona extranjera comprender totalmente los terribles efectos de un conflicto armado de más de 50 años y las profundas cicatrices que ha dejado tanto a nivel individual como colectivo. Muchas de las personas que he conocido aquí han sufrido tragedias personales, han sufrido el desplazamiento, o la pérdida de seres queridos. Estoy profunda y verdaderamente conmovido por la forma en que estos defensores han logrado convertir la adversidad en una búsqueda de justicia social y un cambio positivo. Me iré de Colombia teniendo en mente todos estos innumerables relatos de solidaridad, coraje y resiliencia.

El propósito de mi visita, que se acordó con el gobierno, es doble:

• determinar, bajo un espíritu de cooperación y diálogo, si el Estado colombiano ha podido proporcionar un entorno seguro y propicio para los defensores y las defensoras de derechos humanos en todo el país.
• Y guiar los esfuerzos de la nueva administración para mejorar la protección de los defensores y las defensoras y mitigar los riesgos a los que se enfrentan.

Por lo tanto, me he centrado principalmente en evaluar algunos de los elementos básicos de ese entorno seguro y favorable, a saber: un marco jurídico e institucional propicio; el acceso a la justicia; una institución nacional independiente y sólida de derechos humanos; políticas y mecanismos de protección eficaces que den atención particular a los grupos en riesgo y apliquen un enfoque de género; actores no gubernamentales que respeten y apoyen la labor de los defensores y las defensoras; y una comunidad de defensores y defensoras sólida y dinámica.

Como no quería limitar mi visita a Bogotá, viajé a Cúcuta, Hacarí, Medellín, Apartadó, Santa Marta, Riohacha, Cali y Popayán. Y también sostuve amplias conversaciones con defensores de Tumaco. Como resultado, tuve la oportunidad de reunirme con numerosos defensores y defensoras de derechos humanos, de los cuales cerca del 60% fueron mujeres. Esto reforzó mi impresión de una sociedad civil activa, vibrante, dinámica y comprometida en Colombia. Me he reunido con un gran número de familias de personas desaparecidas, así como con defensores y defensoras que han sido detenidos arbitrariamente, con líderes y lideresas comunitarios, personas indígenas y afrodescendientes que han afirmado haber sido privados o desalojados por la fuerza de sus tierras, defensores, defensores de cuestiones sensibles como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género.

¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos humanos? – La Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos.

Como tal vez saben, los Estados han acordado una muy vasta y amplia definición de las personas defensoras de los derechos humanos, que ha sido consagrada en la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por consenso en diciembre de 1998. Durante mi visita, tuve la oportunidad de referirme a esta definición. Aunque comprendo los fundamentos históricos del concepto de líderes sociales en Colombia, recuerdo que para la ONU, los líderes y lideresas sociales son defensores de los derechos humanos junto con todos aquellos que, individualmente o con otros, actúan para promover o proteger los derechos humanos de manera pacífica, a nivel nacional e internacional. Son miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, bloggers, informantes y activistas políticos que abogan por los derechos de libertad de expresión, libre derecho de reunión, y ambiente seguro y saludable. No necesitan pertenecer a una organización registrada para ser defensores y defensoras de los derechos humanos. Pueden ser mujeres y hombres comunes, que creen en la universalidad de los derechos humanos y actúan para defenderlos. Son agentes de cambio, que preservan la democracia, asegurando que permanezca abierta, plural y participativa. Defienden los principios del Estado de Derecho y la buena gobernanza. Sin los defensores y las defensoras de los derechos humanos y su invaluable contribución, nuestras sociedades serían mucho menos libres y menos bellas. Y por eso recordé muchas ocasiones en las que hubo la necesidad de tener un reconocimiento formal del papel positivo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos al más alto nivel del Estado y por parte de los propios gobernantes.

Hoy, me limitaré a las observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los puntos principales que se elaborarán en mayor detalle en el informe, una vez que revisé totalmente los materiales y documentos que reuní durante la visita. Presentaré mi reporte final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en una de sus sesiones futuras.

Contexto

Mi visita a Colombia se llevó a cabo después de un cambio de gobierno bastante reciente y en medio de protestas a nivel nacional por parte de estudiantes, sindicatos, camioneros y personas indígenas. Me dijeron que la campaña electoral puso al descubierto profundas divisiones en torno al proceso de paz a ambos lados del espectro político. Afortunadamente y en comparación con ocasiones anteriores, se registraron muy pocos incidentes violentos.

También coincide con el segundo aniversario de un trascendental acuerdo de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más de 10.000 combatientes de las FARC entregaron sus armas y se consolidaron en 26 zonas territoriales específicas, iniciando su transición a la vida civil. Algunos de sus principales líderes ahora ocupan escaños en el Congreso y el Senado. A las víctimas se les han proporcionado mecanismos para la verdad, la reparación y la justicia. Esto sin lugar a dudas es un logro significativo. El Acuerdo de Paz tiene un enfoque basado en los derechos humanos y establece mecanismos especializados para la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y las comunidades rurales. A lo largo de los 5 capítulos se incorporan disposiciones basadas en género, asegurando una participación igualitaria y un sub capítulo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, a pesar de los inmensos esfuerzos realizados, dos años más tarde, la implementación efectiva del Acuerdo de Paz no se ha logrado y está plagada de retos, algunos de los cuales podrían estar relacionados con la falta de recursos suficientes y la deficiente coordinación interinstitucional. Otros pueden estar relacionados con la falta de apoyo político suficiente de algunos sectores.

Lamentablemente, el panorama nacional sigue estando marcado por amenazas, violencia de género y ataques letales contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, causando un fuerte impacto en la sociedad civil. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo registran altas tasas de homicidios, que incluyen a los defensores de los derechos humanos.

Esta tendencia negativa está ligada a la persistencia de factores estructurales. La desmovilización y salida de las FARC-EP dejaron un vacío de poder en muchas de las regiones rurales. La falta de una presencia integral del Estado y los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz han permitido que grupos armados ilegales y grupos delictivos entren en las zonas y se apoderen de las economías ilícitas, lo que ha dado lugar a un aumento de la violencia. La falta de acceso a servicios básicos (por ejemplo, salud y educación), la pobreza y la alta tasa de desempleo impiden que las comunidades se integren en la economía legal, lo que aumenta sus niveles de riesgo.

Me preocupó profundamente saber que muchas personas defensoras de los derechos humanos de base rural han sido asesinadas por apoyar políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Aunque no pude viajar a Tumaco personalmente, tuve la oportunidad de hablar con algunos líderes y lideresas comunitarios de esta parte del país. Me sorprendió la situación crítica en Alto Mira y Frontera, en parte debido a la lenta implementación del programa y a acción estatal inadecuada. Al delegar responsabilidades a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, la participación política se está sustituyendo por intimidación, extorsión, desplazamiento forzado y asesinato.

Muchos presidentes de la Juntas de Acción Comunal están siendo obligados por los grupos armados ilegales, a extorsionar a los beneficiarios del Programa. Pueden obedecer, huir o ser asesinados. Si cumplen, corren el riesgo de ser procesados por colaborar con los mismos grupos armados ilegales.

Los excombatientes que han abandonado el proceso de reintegración son frecuentemente el blanco de ataques y son asesinados. En su último informe al consejo de Seguridad, la Misión de Verificación de la ONU se refirió a 71 de estos casos desde la firma del acuerdo de paz hasta finales de septiembre de 2018.Posteriormente, los medios de comunicación han tenido conocimiento de otros casos. La prevención de nuevos actos de violencia y la promoción de la paz dependen de la reintegración efectiva de los excombatientes a la sociedad, el reconocimiento de las violaciones cometidas en el pasado, el sufrimiento de las víctimas y la devolución de sus tierras, y abordando las desigualdades estructurales y la marginación política en la base del conflicto.

Los diálogos de paz preliminares con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están congelados desde agosto de 2018. Los intentos de la Iglesia Católica, la comunidad internacional, los actores de la sociedad civil y, más recientemente, de la Comisión de Paz del Senado de reanudar las negociaciones han sido inútiles . Esto agrava la situación de riesgo de las comunidades indígenas y rurales en ciertas regiones como Chocó, Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, que se ven atrapadas en el fuego cruzado mientras el ELN, grupos disidentes y otros grupos criminales luchan por el control. Me dijeron que el 11 de noviembre 450 personas indígenas incluyendo niños, del Chocó, una de las zonas más marginadas del país, llegaron a Bogotá para protestar por el creciente deterioro de las condiciones de seguridad en sus territorios, la necesidad de reanudar las conversaciones con el ELN y el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

El Catatumbo, una zona en el Norte de Santander (de unos 200.000 habitantes) particularmente afectada por la violencia, registra los mayores niveles de desplazamientos internos del país. Según la Defensoría del Pueblo (NHRI) 35.000 personas han sido desplazadas por la fuerza (desplazamientos masivos) este año. Los frecuentes combates entre el ELN y el EPL tienen un alto costo para las comunidades y los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Es muy diciente que durante el corto período de tiempo que duró mi visita allí, dos defensores de los derechos humanos fueron asesinados, una mujer y un hombre, ambos eran representantes de la Junta de Acción Comunal. Me sorprendió escuchar que 5 líderes campesinos de la misma organización han sido asesinados en lo que va del 2018.

Cabe mencionar que en el contexto colombiano, el conflicto social suele intensificarse en las zonas donde se llevan a cabo mega-proyectos, especialmente los relacionados con presas e industrias extractivas, a menudo en zonas habitadas principalmente por personas indígenas. Es poco probable que dicha tendencia cambie hasta no resolver las desigualdades estructurales. En los últimos años, la mayoría de las movilizaciones sociales han sido organizadas por colectivos indígenas, campesinos y afrodescendientes.

Evaluación general: ¿Existe en Colombia un entorno seguro y propicio para los defensores y las defensoras de los derechos humanos?

Durante la primera reunión organizada por el gobierno, el Viceministro de Relaciones Exteriores y el asesor presidencial sobre Derechos Humanos invitaron a los ministros e instituciones estatales claves a reunirse conmigo para presentar y discutir los elementos importantes de un nuevo Plan de Acción para la prevención y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas. Dicho plan, conocido como el “Plan de Acción Oportuna”, fue presentado como una prioridad fundamental de la nueva administración. El Asesor del Presidente aclaró que este plan sienta las bases para desarrollar una política integral sobre el tema, que su desarrollo involucraría a la sociedad civil y a los defensores y defensoras de los derechos humanos y que se consultaría a tales actores durante todo el proceso. Asimismo, el asesor del Presidente declaró que la comunidad internacional también sería parte del proceso. En mi opinión, la presentación fue muy ambiciosa y, en todas mis discusiones con los miembros del gobierno, pude evidenciar una clara voluntad política de hacer frente a las causas de la violencia extrema en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Escuché atentamente el plan del gobierno para garantizar una presencia integral de instituciones del Estado en los territorios, más allá de un enfoque meramente militar o de seguridad pública.

Espero que esta misión y mis recomendaciones ayuden al gobierno a desarrollar y fortalecer aún más una política nacional sobre los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Durante mi visita escuché innumerables testimonios de violencia extrema y generalizada en contra de líderes y lideresas sociales y comunitarios, campesinos modestos, indígenas y afrocolombianos, así como en contra de mujeres defensoras de los derechos humanos. Estos testimonios me conmovieron profundamente, pues algunos de ellos fueron relatados por familiares de personas desaparecidas que mostraron retratos de sus familiares y declararon estar en búsqueda de la verdad, de justicia y de reparación.

Muchos de los testigos informaron que los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia se desempeñan en un ambiente violento y peligroso. En particular, destacaron la promoción de la sustitución de cultivos ilícitos y la restitución de tierras como ámbitos de riesgo extremo. Los reclamantes de tierras y líderes y lideresas comunitarios son blancos de amenazas por parte de distintos grupos armados que los acusan de “aliarse con sus enemigos”, obligándoles a abandonar sus hogares para salvar sus vidas.

Generalmente, los perpetradores de estos abusos son desconocidos para las víctimas, aunque se presume que son miembros de grupos armados ilegales (como ELN o el EPL) o grupos disidentes de las FARC-EP, así como otro grupos del crimen organizado. En algunos casos, se sospecha que estos grupos tienen lazos con gobiernos locales o con servicios de seguridad, o con grupos armados organizados. Los incesantes ataques contra defensores de los derechos humanos en todo el territorio colombiano evidencian una situación de riesgo verdaderamente terrible para las personas defensoras de los derechos humanos.

Los defensores y las defensoras de los derechos humanos están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques, amenazas, la criminalización de su trabajo y la falta de acceso a la justicia. Su estigmatización en el discurso de altos funcionarios, a veces de los más altos niveles del Estado, los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo asociándolos con la oposición política, acusándolos de tener nexos con los paramilitares o llamándolos antipatriotas, criminales e incluso traidores.

Asimismo, escuché varios testimonios de defensores y defensoras que dicen haber sido amenazados por empresas internacionales y nacionales, en particular las de los sectores minero e hidroeléctrico. Adicionalmente, escuché alegatos de connivencia entre empresas y políticos, a veces de muy alto nivel.

Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue fortalecida y sus métodos de trabajo fueron modificados, recibí numerosos ejemplos de falta de respuesta o de medidas de protección insuficientes para los defensores y defensoras de derechos humanos en áreas rurales o remotas.

Luego de estudiar cuidadosamente la información brindada por el Gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas, lamento concluir que, a pesar de una nueva y ambiciosa visión para desarrollar una política integral sobre la prevención y protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y periodistas en Colombia, particularmente en zonas rurales, estos actores actualmente no pueden desempeñar sus labores en un entorno seguro y propicio.

Por todo lo anterior, exhorto enfáticamente al gobierno a mirar esta declaración de final de misión con mis conclusiones preliminares desde tres perspectivas:

• Como una evaluación global de la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia y del impacto de la falta de una política integral sobre prevención y protección;
• Como una herramienta guía para que el gobierno desarrolle un enfoque ante la seguridad humana colaborando y consultando con sus beneficiarios (a saber, los grupos en situación de riesgo);
• Como un conjunto de recomendaciones concretas y ágiles que envía un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre el inicio de una nueva era de protección y prevención.

Marco legislativo e institucional

Según la Constitución Colombiana, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconozcan los derechos humanos gozan de estatus constitucional y, por consiguiente, prevalecen en el orden legal nacional, conforme lo dispuesto en los artículos 53, 93, 94, 102 (2), y 214 (2) de la Constitución.

A noviembre de 2018, Colombia ha ratificado casi todo los Tratados de Derechos Humanos relevantes. Sin embargo, aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Si bien Colombia es un estado miembro del Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (OP CEDAW por sus siglas en inglés), no reconoce la competencia del artículo 8 y 9, que le permitirían al Comité de la CEDAW iniciar una investigación confidencial sobre presuntas violaciones graves.

Recomendación

Ratificar estos instrumentos y reconocer el procedimiento de comunicación estipulado en los artículos 8 y 9 del OP CEDAW le daría a los defensores y las defensoras de los derechos humanos herramientas importantes para ampliar la rendición de cuentas y garantizar un mundo libre de tortura, así como realizar los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y los derechos económicos, sociales y culturales.

Colombia también ha ratificado la Convención No. 169 de la OIT y avalado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (a pesar de que inicialmente se abstuvo). Adicionalmente, la Constitución de Colombia también reconoce el principio de igualdad y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos, mientras que consagra específicamente los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas, así como los derechos de la población afrocolombiana. Colombia también ha incorporado en su legislación nacional el derecho a consentimiento previo, libre e informado, lo cual aplica tanto a los pueblos indígenas como afrocolombianos, tal como la Corte Constitucional lo ha dispuesto de forma reiterada y consistente. El 5 de mayo de 2017, la Corte Constitucional estableció que las consultas previas son vinculantes. El 15 de noviembre de 2018, la Corte Constitucional reforzó el derecho a consulta previa a través de otra sentencia (SU-123/18) en la que se establece claramente su carácter irrenunciable.

El acuerdo Escazú adoptado en marzo de este año incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales. Hasta el momento, 16 países de la región de Latinoamérica y el Caribe han firmado el Acuerdo . Colombia no lo ha firmado (aun).
Debo expresar mi preocupación por una nueva iniciativa legislativa que se encuentra en discusión en el Congreso sobre el Derecho a Consulta Previa de los grupos étnicos, la cual no fue consultada con los grupos afectados y que representaría un grave retroceso .

Estoy convencido de que la tutela es un mecanismo constitucional importante para asegurar que el Estado cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos. Es más, se ha convertido en la herramienta principal para prevenir y proteger de las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas e individuos responsables de la prestación del servicio público, además de ser una herramienta fundamental para las organizaciones de derechos humanos y defensores en su derecho humano al trabajo. Sin embargo, la acción de tutela interpuesta por la Brigada 17 del ejército contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es muy preocupante.

Por desgracia, el uso de la tutela por parte del ejército en este caso establece un precedente peligroso y puede tener efectos colaterales no solo en para silenciar y criminalizar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, sino también para evitar que otros defensores de los derechos humanos denuncien presuntas violaciones a los derechos humanos. Continuare observandomuy de cerca el fallo de la Corte y la situación de la comunidad de San José de Apartadó.

Recomendaciones:

• Invito al gobierno a firmar la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, así como a firmar el Acuerdo Regional para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Latinoamérica y el Caribe firmado en Escazú en marzo de 2018.
• Instar al gobierno a ratificar oportunamente la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, para fortalecer los esfuerzos de la justicia transicional.

• Desarrollo institucional

El Estado, con participación de la sociedad civil, ha hecho notables esfuerzos para establecer un marco institucional para la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Esto se vio aún más fortalecido por algunas disposiciones del Acuerdo de Paz.

Del marco institucional existente cabe destacar los siguientes procesos y espacios de diálogo por su relevancia para los defensores de derechos humanos. :

• El Proceso nacional y las mesas de garantías nacional y departamentales para la labor de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales;
• La Mesa por la protección a la Vida;
• La Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres, Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos ;
• La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad:
• El Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y
• Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de movimientos sociales, movimientos políticos, y lideresas y líderes políticos y sociales, y sus organizaciones, y a quienes participen activamente en esta condición en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

A Colombia le urge elaborar y adoptar una política pública integral que busque prevenir violaciones de los derechos humanos de los defensores y las defensoras, así como medidas que ataquen las causas estructurales de la situación de riesgo de los defensores y las defensoras. Por lo tanto, celebro el lanzamiento del Pacto por la Vida en Apartado, en agosto, así como la declaración pública del Presidente Iván Duque de que “la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos estará a la vanguardia de su gobierno”. Posteriormente, el 19 de noviembre, el Presidente firmó el Decreto 2137, por medio del cual se creó la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO). La Comisión estará encargada de articular, guiar y coordinar los distintos programas de protección y recursos de las diferentes entidades gubernamentales involucradas en la prevención y protección individual y colectiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, organizaciones comunitarias y periodistas. La Comisión estará integrada por 7 representantes del Gobierno.

El plan contempla tres vías de acción principales, a saber: a) el refuerzo interinstitucional, b) la acción territorial estratégica y c) la estrategia para eliminar la estigmatización. Recibí información sobre esta iniciativa en la primera reunión organizada por el gobierno, apenas unos días luego de la adopción formal del PAO.

El PAO es una evidencia clara de la voluntad de reestructurar y articular una política pública para proteger a los defensores y las defensoras de derechos humanos, el cual me parece un elemento clave para mejorar la eficiencia de las medidas existentes. Sin embargo, tal como se mencionó en esta reunión, la participación de la sociedad civil, la Defensoría del pueblo, la Procuraduría y en el desarrollo del Plan es crucial. Asimismo, la coordinación entre la Comisión del PAO y otros foros de diálogo donde la sociedad civil puede dialogar directamente con entidades del Estado es fundamental. Es importante que el PAO no debilite o debilite los mecanismos de protección ya establecidos. Construir sobre la base de acuerdos, mecanismos y políticas existentes será fundamental para garantizar que todas las partes interesadas tengan confianza en el proceso.

Cada defensor y defensora de derechos humanos con quienes hablé mencionó la necesidad de una presencia integral por parte del Estado en las regiones. Aunque las fuerzas armadas y las operaciones de seguridad pública son una intervención necesaria en los territorios más afectados por grupos ilegales, no pueden ser la única respuesta del Estado y deberían ir de la mano con otras medidas, tales como el acceso a la educación, acceso a la justicia, salud, infraestructura programas sociales y la implementación de acuerdos previos. Me complació escuchar de las autoridades gubernamentales que esta será una prioridad clave del PAO.

La futura campaña gubernamental contra la estigmatización de los líderes y lideresas sociales es una iniciativa positiva. Esta campaña debería dirigirse a las diversas partes interesadas, incluir la plena participación de la sociedad civil y garantizar tolerancia cero hacia declaraciones difamatorias por parte de funcionarios públicos.

También me gustaría aplaudir los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación, en la adopción de la Directiva 002 de 2017, así como otras iniciativas de los gobernadores locales en coordinación con la Defensoría del Pueblo para enfrentar la violencia contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Haré comentarios más exhaustivos sobre este punto en mi informe al Consejo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.

• Tendencias generales

• Patrón constante de un alto número de asesinatos, ataques, amenazas y otras violaciones contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos con altos niveles de impunidad

En Colombia, ser defensor o defensora de los derechos humanos es una ocupación de alto riesgo. Los datos disponibles de las instituciones del Estado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la sociedad civil muestran cifras alarmantes que hasta ahora no han disminuido. Aunque la tasa general de homicidios en Colombia desde la aprobación del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 ha disminuido , se ha producido un aumento evidente de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos líderes y lideresas sociales. En palabras del Defensor del Pueblo, “un defensor o una defensora de los derechos humanos es asesinado en Colombia cada tres días, desde 2016, lo que representa un total de 343 defensores y defensoras hasta el 22 de agosto de 2018.

Los defensores y las defensoras de los derechos humanos están sujetos a amenazas, intimidación, desplazamiento y desaparición forzada, y sus familias también se convierten en blanco de estos actos. Las amenazas pueden ser recibidas por medio de panfletos, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y a través de terceros. “Somos Defensores” ha documentado un aumento en las amenazas e intimidación contra los defensores y las defensoras, con 952 amenazas contra defensores y defensoras desde 2016. En el caso de las defensoras de los derechos humanos, ellas también están expuestas a violaciones específicas a su género, incluida la violencia de género, tanto en su comunidad como en sus organizaciones y por parte de actores externos. Sin duda, estas violaciones no se denuncian lo suficiente. Recibí testimonios conmovedores de mujeres que estaban siendo amenazadas con ataques contra sus hijos.

¿Dónde están en mayor riesgo?
Los defensores y las defensoras de las zonas rurales están en mayor riesgo, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto y en las zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. Tras su desmovilización, el Estado no asumió su responsabilidad de garantizar la protección de la población civil. Estas regiones tienen ahora diversos grupos armados organizados que luchan por el control del territorio y de las economías ilegales, lo que contribuye a la violencia y al desplazamiento forzado. Según diversas fuentes (sociedad civil, ONU y Defensoría del Pueblo), las cifras más altas de asesinatos y otros ataques y violaciones se han registrado en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander, seguidos de Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá .

¿Defensores y defensoras de los derechos humanos, que están en mayor riesgo?
Los defensores y defensoras más expuestos son principalmente campesinos, pueblos indígenas, afrocolombianos y mujeres que promueven activamente el acuerdo de paz (reforma rural y restitución de tierras, así como la sustitución de cultivos ilícitos), así como aquellos que exigen derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. A menudo son líderes sociales en sus comunidades, miembros o presidentes de asociaciones y movimientos sociales, y ejercen funciones públicas al nivel más bajo de la estructura territorial, en las Juntas de Acción Comunal. Son los que defienden su tierra (“el territorio”), derechos ambientales y colectivos, que se oponen a la explotación de los recursos naturales por parte de actores legales e ilegales.

¿Quiénes son los autores y quién está detrás de los ataques?
Con base en los testimonios recibidos, los perpetradores de los asesinatos, amenazas, intimidaciones y otros ataques suelen ser desconocidos para las víctimas y sus familias, por ejemplo cuando se utilizan “sicarios”, los autores están enmascarados o las amenazas son anónimas o se atribuyen a grupos desconocidos (por ejemplo, Águilas Negras). Sin embargo, los testimonios señalaron a miembros de los grupos armados organizados, autoridades públicas y actores no estatales presentes en las zonas. A menudo se plantearon preguntas y estas aún se mantienen sobre los autores intelectuales detrás de los ataques.

Reconozco los progresos realizados en materia de jurisprudencia y fortalecimiento del marco normativo e institucional para la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Colombia en los últimos años. No obstante, estos avances no han dado lugar a un entorno más seguro para los defensores y las defensoras. Persisten grandes desafíos, y es necesario hacer más en el actual escenario posterior al acuerdo de paz. La impunidad generalizada es una de las áreas que es necesario abordar con urgencia.

Recomendaciones
Invito al gobierno a adoptar un enfoque de prevención más integral, haciendo hincapié en las causas subyacentes de los ataques de una manera multidimensional, lo que incluye abordar las causas estructurales.

• En mi opinión, el Gobierno debe dar prioridad a la lucha contra la corrupción en todos los niveles del territorio, la delincuencia organizada y, en particular, la situación actual donde los grupos armados organizados gobiernan de facto los territorios.
• Insto al Gobierno a que inicie un proceso de investigación de las fuerzas de seguridad del Estado y una fuerte campaña contra la corrupción a todos los niveles del Estado, con el apoyo de la comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos.

Falta de reconocimiento público y estigmatización de los defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia operan en un entorno de seguridad, social, político y económico extraordinariamente complejo. Los dirigentes políticos no solo deberían apreciar la complejidad de la defensa de los derechos humanos en Colombia y sus riesgos asociados, sino que deberían usar su autoridad para garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos sean promovidos, respetados y protegidos. Una sociedad democrática abierta debería valorar sus contribuciones esenciales a la participación política, la libertad de expresión y a una cultura y sociedad florecientes.

Desafortunadamente, he recibido un listado de pronunciamientos estigmatizantes de dirigentes políticos, funcionarios públicos y personas influyentes, que tienden a estigmatizar y marginar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Etiquetar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como guerrilleros de este o aquel grupo, terroristas, anti-desarrollo o informantes (llamados “sapos”) aumentan gravemente su exposición a riesgos y violaciones. Debe quedar claro que ellos no son asesinados por amoríos, sino por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades.

Me impresionaron los comentarios del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en los que asociaba a activistas sociales, con grupos armados ilegales, cuestionando así su honestidad y veracidad y sugiriendo que se les enjuiciara por protestar pacíficamente. Dichas observaciones generan un entorno en el que las amenazas y violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos parecen legítimas.

Recomendaciones

• He pedido respetuosamente que el Gobernador Pérez publique una declaración para declarar su apoyo a los defensores y las defensoras de los derechos humanos y espero que esté de acuerdo de hacerlo
• También aliento a todos los dirigentes políticos a que reconozcan públicamente el papel vital de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, incluidos los líderes y lideresas sociales, en la promoción de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
• Recomiendo que en la próxima reunión de todos los gobernadores se den instrucciones para abstenerse de este tipo de declaraciones públicas y que los gobernadores den instrucciones similares a su administración local.

Criminalización de los defensores y las defensoras de derechos humanos

Parece estar surgiendo un nuevo patrón de criminalización o de montaje judicial contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, donde se les acusa de pertenecer al grupo armado organizado ELN, o de hacer colusión con este grupo. En estos casos, las pruebas parecen ser débiles y se basan en testimonios individuales de personas que pueden haberse visto beneficiadas con una reducción de penas por cooperar con la fiscalía/las investigaciones. Los defensores y las defensoras de los derechos humanos con quienes me reuní durante mi visita a La Guajira destacaron esta ocurrencia en la Serranía del Perijá. Esto es muy problemático en una democracia moderna y es contraproducente para los esfuerzos de consolidación de la paz en curso. Se han reportado otros casos similares en Cauca y en la región de Nariño. Seguiré de cerca la evolución de estos procedimientos judiciales.

También escuché testimonios de la criminalización de defensores y defensoras en el contexto de la protesta social. En estos casos, los defensores y las defensoras podrían ser procesados por el crimen de rebelión, concierto para delinquir, terrorismo, obstrucción de carreteras públicas, intento de homicidio, etc. Los defensores y las defensoras del medio ambiente se han visto particularmente afectados y criminalizados por su participación en asambleas pacíficas contra proyectos de minería y negocios y para la defensa del medio ambiente.

Lamentablemente, en la mayoría de los procesos judiciales contra defensores, estos son detenidos y sometidos a detención preventiva. También me preocupa el artículo 34A recientemente incorporado al Código Penal. Este artículo prevé una pena de 6 a 10 años de prisión a quienes presten asesoramiento jurídico y de otro tipo para servir a los propósitos de los grupos organizados delictivos o armados, a menos que se conceda esto en el contexto de la defensa jurídica. El artículo no solo es vago, sino que otorga facultades discrecionales a los fiscales y los jueces. Ciertamente, podría utilizarse contra organizaciones de derechos humanos y abogados que presten asesoramiento jurídico a los movimientos sociales y a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Recomendaciones

• Los jueces, fiscales y funcionarios públicos deben recibir la capacitación necesaria en derechos humanos y sobre la declaración de las Naciones Unidas de los defensores y las defensoras para evitar su criminalización.
• También invito a revisar el artículo 34A.

Alto nivel de impunidad en los ataques contra defensores

Durante la visita me reuní con el Fiscal General para comprender los esfuerzos y resultados de la Fiscalía en la identificación y enjuiciamento a los autores intelectuales y materiales de los ataques contra defensores y defensoras. Acojo con satisfacción el establecimiento de la Unidad Especializada para la investigación y procesamiento de los delitos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y los lineamientos establecidos en la Directiva 002 de 2017 del Fiscal General. Me complace ver que la directiva aclara la definición de defensores y defensoras de los derechos humanos de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores y Defensoras y en la debida diligencia y el proceso de investigación, que requiere adoptar como primera hipótesis el hecho de que los defensores y las defensoras son asesinados en relación con su labor en materia de derechos humanos.

También se me informó de la decisión del Fiscal General de dar prioridad a la investigación de 213 casos de asesinatos reportados por la OACDH desde 2016. De los 213 casos de asesinatos documentados por la OACDH y priorizados por la Fiscalía General:

• En 20 casos de los 213, el autor o los autores han sido procesados y condenados. Así pues, se ha aclarado el 9,3% de los casos.
• En los 193 casos restantes: en el 20% de los casos, el proceso judicial está en curso, en el 14% de los casos hay al menos una persona con cargos, y en el 9% de los casos hay una orden de arresto.

Entiendo que los esfuerzos deben centrarse ahora en detener y revertir la preocupante tendencia del elevado número de asesinatos y ataques contra defensores y defensoras desde el acuerdo de paz, así como en la prevención y la mitigación de los riesgos. Sin embargo, para fines de rendición de cuentas, el Gobierno y las instituciones estatales pertinentes deben velar también por la pronta investigación y el procesamiento de los asesinatos y ataques a defensores y defensoras en años anteriores. Según Somos Defensores, desde 2010 se han producido al menos 3607 ataques contra defensores y defensoras, entre ellos 2646 amenazas, 609 asesinatos, 328 intentos de homicidio, 22 desapariciones y 2 casos de violencia sexual. Estos crímenes y violaciones de los derechos humanos no pueden ser ignorados, y los responsables, incluidos los autores intelectuales, deben ser llevados ante la justicia.

Recomendación:

• Animo a la Fiscalía General a que coopere con la Oficina del Defensor del Pueblo (INDH) y explore opciones para complementar su registro de casos asesinatos de personas defensoras con los casos verificados por la Defensoría, que son más numerosos.
• La Fiscalía General debe avanzar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra defensores que ocurrieron con anterioridad a la firma de los acuerdos de paz.
• La Unidad Especializada para la investigación y el procesamiento de los delitos contra personas defensoras y los excombatientes debe recibir el apoyo financiero y personal adicional para fortalecer su capacidad y respuesta.
• El Procurador General también debería dar prioridad a la vigilancia y sanción, según proceda, de la conducta inadecuada y de los ataques de los funcionarios públicos contra defensores y defensoras en todo el territorio.

Reducción del espacio cívico y criminalización de la protesta social

Mi visita tuvo lugar en el contexto de las movilizaciones sociales lideradas por estudiantes a nivel nacional, en las que se pedía la preservación de un modelo de educación pública y su mejora. Los testimonios que recibí describieron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, así como la presencia de infiltrados violentos que no formaban parte del movimiento estudiantil. Solo en Bogotá, 95 personas fueron detenidas en el contexto de la manifestación del 15 de noviembre, 13 de las cuales resultaron en procesos judiciales.

También comprendí que los espacios de diálogo logrados, y los eventuales logros, solo fueron posibles después de una larga y difícil lucha y movilización de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos y gente del común, a menudo a un alto costo. A modo de ejemplo está el caso de las movilizaciones sociales anteriores en Buenaventura en 2017. He escuchado la frustración de sindicatos, campesinos, dirigentes afrocolombianos e indígenas por la falta de compromiso, progreso y resultados de los gobiernos sucesivos, que sistemáticamente incumplen con las acciones acordadas, para la desolación de la sociedad civil y de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. La reciente aprobación del nuevo Protocolo sobre el derecho a la Protesta Social por parte del Ministerio del Interior es un paso positivo.

Recomendaciones

• Insto al Gobierno a que intensifique los esfuerzos para impedir el uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad y para que garantice que toda denuncia de uso excesivo de la misma sea investigada con prontitud, de manera plena e imparcial, y para que los autores sean debidamente procesados y castigados.
• En particular, la legislación vigente y la práctica establecida sobre el papel de la policía en el contexto de las manifestaciones deben ajustarse a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a las normas relativas a la libertad de asociación, opinión y expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos.

Institución Nacional de Derechos Humanos – Defensoría del Pueblo

Me han causado gran impresión los numerosos testimonios de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas que se refieren a la Defensoría del Pueblo (INDH) como un mecanismo efectivo de protección en todo el país, actuando con efectividad para garantizar y proteger los derechos de los defensores y las defensoras. El mecanismo de alerta temprana desarrollado por la Defensoría ha sido mencionado en varias ocasiones como una herramienta efectiva para alertar sobre posibles e inminentes ataques contra los defensores y las defensoras. No obstante, en varias de las reuniones que tuvimos en diferentes regiones se puso de manifiesto la falta de respuesta y de acción de las autoridades locales ante estas alertas, lo que constituye una señal de que sencillamente se dedican a divulgar las señales de alerta temprana sin hacer un seguimiento adecuado o vigilar la implementación de las acciones.

Como parte de la arquitectura institucional del Estado, la Defensoría del Pueblo juega un papel preponderante en garantizar un ambiente seguro y propicio para los defensores y las defensoras. Recientemente, la Defensoría ha sido re acreditada con el estatus A por el Subcomité de Acreditación. Como una institución nacional de derechos humanos que cumple con los Principios de París, el Defensor del Pueblo se encuentra en una posición única para orientar y asesorar al gobierno en cuanto a sus obligaciones en el marco de los derechos humanos y para garantizar que los principios y normas internacionales se incorporen de forma adecuada en la legislación nacional y transformadas en políticas públicas que incluyan a defensores de los derechos humanos. La evidencia muestra que cuando el mandato de las instituciones nacionales incluye la competencia para investigar las denuncias y suministrar una protección efectiva, las instituciones pueden desempeñar un papel preponderante en aquellos casos en los que los sistemas judiciales de los Estados no puedan o se nieguen a juzgar sobre posibles violaciones contra los defensores y defensoras.

Creo firmemente que las instituciones de derechos humanos deberían expresar su apoyo a los defensores y las defensoras de los derechos humanos y condenar los ataques contra ellos. Resalto el papel que el Defensor del Pueblo ha tenido en ese sentido y lo llamo a continuar expresando sus preocupaciones en lo que respecta a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Animo al gobierno a consultar sistemáticamente al Defensor del Pueblo y a encomendarle a esta institución el monitoreo de la implementación de todas las políticas sobre derechos humanos.

Durante mis reuniones, he recibido alegatos convincentes de amenazas y difamaciones contra los representantes regionales o miembros del equipo del Defensor del Pueblo. El gobierno debería adoptar una política de tolerancia cero e investigar todas las denuncias de amenazas y ataques contra representantes de la Defensoría del Pueblo, así como todas las limitaciones y desafíos que puedan socavar de forma grave la independencia, eficiencia, credibilidad e impacto de la institución. El gobierno debe proteger legal y públicamente y además apoyar a todos los miembros y empleados de la Defensoría cada vez que sea necesario.

Con el fin de asegurar la credibilidad del trabajo del Defensor, el gobierno debería responder más oportunamente y garantizar un seguimiento adecuado y la implementación de estas recomendaciones.

8. Unidad Nacional de Protección - Programa de Protección de los Defensores de Derechos Humanos

En 2011, mediante el Decreto 4065 , se creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual asumió las funciones de protección desarrolladas desde 1997 al interior del Ministerio del Interior y Justicia, y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La UNP es un organismo nacional de seguridad, que depende del Ministerio de Interior, y encargado de analizar las solicitudes de protección, realizar evaluaciones de riesgo e implementar medidas para personas y/o colectivos que corran riesgo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias. Entre las poblaciones objeto del programa figuran defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, líderes o activistas de asociaciones comerciales, líderes o miembros de grupos étnicos, periodistas o comunicadores sociales, víctimas del conflicto armado y demandantes de tierras, entre otros actores.

Desde su creación, la Unidad Nacional de Protección informó de que había adoptado medidas para 4367 defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular mediante la provisión de 4140 dispositivos de comunicación, 3360 chalecos antibalas, 423 botones de pánico, 3312 guardaespaldas, 616 vehículos blindados, 719 vehículos convencionales y 17 motocicletas. Otra medida material común es la provisión de subvenciones temporales para la reubicación. Sin ignorar que a veces las medidas materiales, la protección de la policía o la provisión de guardaespaldas pueden ser útiles y necesarias para garantizar la seguridad de un defensor o defensora de los derechos humanos, es imperativo que los Estados tengan en cuenta y apliquen otras medidas de protección adaptadas a la realidad de la vida y a la labor de defensores y defensoras, así como para adoptar medidas preventivas.

Muchos de los defensores y defensoras de los derechos humanos con los que me reuní cuestionaron la eficacia de las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, en particular en lo que respecta a su énfasis en atención individual y material; los retrasos en la evaluación del riesgo y la posterior implementación de las medidas de seguridad acordadas; así como la falta de un enfoque diferenciado y de uno preventivo y colectivo adaptado a la realidad étnica del territorio y a sus formas tradicionales de auto gobierno.

Se me informó de los avances del Decreto 1066 de 2015 y de sus decretos de modificación , que han ampliado las respuestas de protección de la Unidad Nacional de Protección para incluir un enfoque colectivo. También se me informó que la Unidad Nacional de Protección ha adoptado recientemente una hoja de ruta para la protección colectiva, que hasta la fecha ha evaluado y/o aplicado medidas colectivas en 36 casos. Es necesario seguir promoviendo y fortaleciendo el enfoque colectivo para que las medidas acordadas con los defensores y defensoras se adapten a la realidad de los diferentes contextos y grupos de defensores y defensoras en situación de riesgo en Colombia.

Durante mis reuniones con el Director de la UNP y otros miembros del personal, observé con satisfacción el plan para llevar a cabo una renovación y reestructuración de la Unidad, sus rutas de protección y las medidas previstas. Esta es una oportunidad única para realizar cambios estructurales, responder a los desafíos actuales y asegurar una amplia participación de la sociedad civil en el diseño de planes de trabajo y enfoques de género y étncios. También se deben implementar herramientas de gestión para asegurar la implementación oportuna de las medidas de protección.

Me impresionaron las iniciativas creativas y eficaces lideradas por la sociedad civil a nivel local, que les han permitido protegerse en los momentos más complicados del conflicto armado y en donde la presencia del Estado ha sido muy limitada o inexistente. Las iniciativas locales deben ser tomados en cuenta en los esquemas de protección acordados con los defensores y las defensoras y sus comunidades. Algunas de estas iniciativas aún deben ser plenamente reconocidas o adoptadas por el Estado para funcionar y desarrollarse mejor. Ejemplo de estas son la Guardia Campesina y la Guardia Cimarrona.

Tuve la oportunidad de conocer la Guardia Indígena Nasa en el norte del Cauca, en mi visita a Cxhab Wala Kiwe-Acin. También pude escuchar a las organizaciones de campesinos y comunidades afrocolombianas, quienes relataron sus experiencias en casos como los de los campamentos humanitarios en zonas particularmente afectadas por los grupos armados ilegales y en la conciliación y mediación de los comités creados por las Juntas de Acción Comunales. Es imperativo consultar a los defensores y las defensoras de los derechos humanos para garantizar que se adopte un enfoque diferencial adecuado y que las estrategias de protección autónomas sean plenamente reconocidas y fortalecidas.
A pesar de que el programa de protección existente ha contribuido a prevenir ciertas violaciones contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos, no ha sido una herramienta para transformar el entorno en el que se desempeñan. Su enfoque en gran parte reactivo y material perjudica la efectividad de sus medidas de protección y expone a la Unidad Nacional de Protección a reducir su capacidad debido a un gran número de casos que continúan sin resolverse. También se me informó de casos en que los defensores y las defensoras que eran beneficiarios de esquemas de protección fueron atacados y, en algunos casos, asesinados. Es de crucial importancia mantener las iniciativas gubernamentales destinadas a proteger a defensores de derechos humanos mientras continúe la situación de riesgo. Por lo tanto, debería recibir el apoyo de todas las partes interesadas. También se debe alentar la cooperación y coordinación con gobiernos departamentales y presencia a nivel local, especialmente considerando que la mayoría de ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos se originan a nivel territorial.

Con base en la información y los testimonios que recogí de las autoridades estatales, defensores y defensoras de los derechos humanos y sociedad civil durante mi visita, quiero abordar algunos de los desafíos claves identificados, además de proponer recomendaciones para mejorar la eficiencia del programa de protección.

Desafíos claves:

• La adopción de un enfoque diferencial, que incluya los enfoques de género y étnico, sigue siendo un trabajo en progreso que requiere consolidación. Las mujeres defensoras han informado de una falta de apoyo integral y, en general, los defensores han informado que sus estrategias locales rara vez se reconocen y se toman en consideración al acceder a las medidas de protección provistas por el Estado. Los informes que llamaron mi atención también fueron elaborados por grupos y defensoras y defensores que fueron incluidos en los esquemas de protección colectiva. Una preocupación adicional es que las medidas inmateriales acordadas siguen en un nivel de implementación baja.
• El objetivo central de un programa de protección es que los defensores y las defensoras puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos en las mejores condiciones posibles. En algunos casos, las medidas de protección ofrecidas hasta el momento pueden presentar dificultades adicionales e interferir con el trabajo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Esto es más notorio en la provisión de guardaespaldas, protección policial y chalecos antibalas. Se hace fundamental la provisión de medidas inmateriales que garanticen una respuesta integral del Estado a los riesgos que enfrentan los defensores y las defensoras de los derechos humanos, sus familias y comunidades. Es importante tener en cuenta que la provisión de medidas individuales es compatible con un enfoque colectivo cuando se adaptan para un contexto específico de riesgo y de actividades de los defensores y las defensoras, así como del territorio a proteger.

• En el pasado, los defensores y las defensoras no recibieron respuesta oportuna a sus solicitudes de protección en algunos casos. El caso del Sr. Porfirio Jaramillo Bogallo, asesinado en enero de 2017 en Urabá es ilustrativo de esta situación. Todavía hay muchos informes de retrasos o cambios de última hora en la implementación de las medidas acordadas. Además, los defensores y las defensoras que se beneficiaban de un esquema de protección que después se les retiró informaron que recibieron nuevos ataques y, en algunos casos, fueron asesinados posteriormente.
• El proceso para acceder al Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección comienza con el diligenciamiento de un formulario de registro, que requiere que se envíe un conjunto de documentos mínimos junto con el formulario. Algunos defensores que conocí no pudieron presentar oportunamente una solicitud formal de protección debido a las dificultades para obtener dichos documentos. Es de particular preocupación que alguien que defiende los derechos humanos deba presentar una acreditación para respaldar su solicitud. Llamó mi atención que las mujeres defensoras de los derechos humanos, cuyo trabajo en muchos casos es subvaluado, pueden enfrentar obstáculos adicionales para cumplir con este requisito en particular. Esto también representa un desafío adicional para quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno, viven en áreas remotas o tienen menos contacto con organizaciones nacionales e internacionales.

• Algunos defensores en riesgo se convierten en víctimas de desplazamiento interno como mecanismo de autoprotección; son obligados a dejar el arraigo a sus lugares de origen, sus formas de sustento y las garantías educativas de sus hijos. El sistema actual parece carecer de un enfoque sistemático para garantizar medios de subsistencia, asistencia médica o atención psicosocial para estos defensores, lo cual representa mayor vulnerabilidad para su situación. Los defensores me han expresado la necesidad de incluir a los miembros de sus familias y particularmente a los niños en el análisis del riesgo, entre otras necesidades. Se deben ofrecer medidas adicionales de protección para garantizarla. Además, es pertinente adoptar medidas de protección que aborden las necesidades socioeconómicas de los defensores y las defensoras de los derechos humanos desplazados internamente.
• La impunidad de las violaciones contra defensores de derechos humanos y la falta de un enfoque preventivo holístico limita la eficiencia de cualquier medida que pretenda proteger a los defensores y las defensoras en el país.

Recomendaciones:
A la luz de los desafíos mencionados recientemente, insto al Estado colombiano a avanzar en áreas claves de trabajo de la Unidad Nacional de Protección, en particular:

• Asegurar una amplia participación de las personas defensores de derechos humanos en el proceso de reestructuración de la Unidad Nacional de Protección, sus rutas de protección y medidas previstas.
• Como parte de la adopción de un enfoque más preventivo para proteger defensores, la Unidad Nacional de Protección debe propender por planes de cooperación reforzada para asegurar que las medidas de protección adoptadas vayan de la mano con una investigación pronta, imparcial y exhaustiva.
• La necesidad de limitar el papeleo excesivo y aparentemente innecesario para la inclusión en el programa de protección, así como las demoras indebidas y largos períodos de espera entre el momento en que se registra la primera denuncia, el análisis de riesgo y la implementación real de las medidas. Tales retrasos ponen a los defensores y las defensoras de los derechos humanos en un riesgo aún mayor.
• Priorizar los mecanismos de protección colectiva: dado que las situaciones de mayor riesgo para defensores de derechos humanos se concentran en áreas no urbanas con mayor fragilidad estatal y debilidad institucional.

• Defensores y defensoras de los derechos humanos en riesgo
• Líderes sociales y comunales, defensores y reclamantes de tierra, de los derechos económicos sociales y culturales y los y las que promueven el acuerdo de paz.

Me preocupó profundamente saber que muchos defensores y defensoras de los derechos humanos en las zonas rurales han sido asesinados, amenazados, intimidados y desplazados forzosamente por su labor en materia de derechos humanos. Su agenda de derechos humanos es lo que los pone en peligro. Ellos defienden los derechos humanos y protegen a sus comunidades de los diferentes grupos armados presentes en sus zonas. En ausencia del Estado, no les queda otra opción que interactuar con ellos. Se oponen a su presencia en la proximidad de sus comunidades, al reclutamiento forzoso y a la explotación sexual de sus hijos e hijas. Intervienen para salvar las vidas de aquellos que los grupos armados tienen como objetivo y tratan de oponerse a la extorsión. Impulsan la implementación continua del acuerdo de paz, la reforma rural y, en particular, el programa de sustitución de cultivos ilícitos, en la medida de lo posible, poniendo en peligro su vida.

Desde el Estado, estos mismos defensores y defensoras exigen derechos económicos sociales y culturales básicos, en particular el acceso a agua potable, escuela primaria para sus hijos e hijas, atención básica en salud, electricidad y carreteras. También insisten en la necesidad de que el Gobierno reanude urgentemente los diálogos de paz con el ELN. Al hacer esto, los defensores y las defensoras podrían ser etiquetados o incluso criminalizados como colaboradores o miembros de este grupo armado organizado.

Los datos y análisis disponibles corroboran lo que he evidenciado durante mis visitas en los territorios. Los defensores y defensoras de los derechos humanos más expuestos en la era posterior al acuerdo son los líderes y lideresas sociales y comunitarios, miembros o presidentes de las Juntas de Acción Comunales, incluidas las mujeres defensoras de los derechos humanos, y los líderes y lideresas étnicos en zonas con presencia de grupos armados ilegales. En particular riesgo se encuentran los defensores y defensoras que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y que reclaman la restitución de tierras.

Me conmovió profundamente el testimonio de una defensora de los derechos humanos durante mi visita a Cúcuta. Como Presidenta de la Junta de Acción Comunal, ha llevado a sus comunidades a poner en práctica el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Como resultado de ello, dos de sus hijos y ella misma han sido declarados objetivos militares por parte de los grupos armados organizados que se oponen a este programa. Se enfrenta a la difícil opción de volver a su comunidad y arriesgar su vida o de ser desplazada forzosamente.

Este no es un caso aislado, sino más bien ilustrativo y un ejemplo común de un destino compartido por muchos defensores y defensoras de los derechos humanos debido a su intento de cambiar el statu quo en sus comunidades.

Muchos de estos defensores y defensoras de los derechos humanos en las zonas rurales pertenecen a diversas organizaciones y movimientos locales y nacionales. Desde la firma del Acuerdo de Paz, algunos movimientos sociales han sido especialmente atacados. Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCAM) registraron el mayor número de asesinatos. Me reuní con los valientes defensores y defensoras de estas organizaciones durante mi visita, así como con sus familiares, quienes pidieron encarecidamente que los responsables fueran llevados ante la justicia. Asimismo, los movimientos sociales étnicos, en particular Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) y el Consejo Regional Indígena del Cauca, registraron el mayor número de amenazas.

Mi diagnóstico es que los defensores de los derechos humanos de las zonas rurales con presencia de grupos armados organizados operan en un entorno coercitivo. Están en la primera línea de la presión, las amenazas y los ataques de diversos grupos armados, y enfrentan la desconfianza de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado que los consideran cercanos a dichos grupos armados, y a menudo como colaboradores.

• Defensores y defensoras afrocolombianos

Me reuní con varias redes y consejos comunitarios afrocolombianos durante mi visita, tales como RECOMPAS, CNOA, Espacio Humanitario Puente Nayero, PCN, Cococauca y CCAMYF, entre otros. Estos son algunos de los grupos más afectados por el conflicto armado interno y, por lo tanto, por los efectos de los desplazamientos forzados y los ataques. Además de la presencia de grupos armados en sus territorios, los defensores y las defensoras y las comunidades afrocolombianas se enfrentan a una discriminación institucional sistemática y a la presión que ejercen las empresas nacionales e internacionales que tratan de explotar los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

Ha llegado a mi conocimiento el hecho de que uno de los principales desafíos es la falta de consultas gratuitas, previas e informadas, así como el aumento en el número de asesinatos de quienes defienden sus territorios y su cultura.

El año 2018 marcó el aniversario número 25 de la aprobación de la Ley 70 de 1993. A través de esta Ley se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y se reconocen algunos derechos de las comunidades afrocolombianas del país; entre otras cosas, los bienes colectivos de las comunidades negras basados en sus prácticas tradicionales de producción y sus formas de vida. También establece mecanismos para la protección de su identidad y cultura. La plena reglamentación de esta ley sigue pendiente, lo que impide el pleno disfrute de los derechos de las personas afrocolombianas.

En sus territorios hay amenazas tales como la minería ilegal y mecanizada, la presencia de cultivos ilícitos, monocultivos, megaproyectos y la presencia de diferentes actores armados. Ante estos problemas, las comunidades negras han adelantado diferentes estrategias de control de sus territorios, para fortalecer su autonomía y preservar sus formas de vida. Entre estas estrategias, han construido la Guardia Cimarrona (fuerzas no armadas encargadas de supervisar el cuidado y el control de los territorios), han llevado a cabo días de erradicación manual de los cultivos ilícitos y han desarrollado mecanismos para fortalecer sus organizaciones y preservar su identidad. 

Recomendaciones:

• Recomiendo firmemente a las autoridades colombianas garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrocolombianas y a regular mecanismos eficaces de participación.

• Defensores que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas

Durante mi viaje tuve la suerte de visitar el territorio de la Nasa en Cauca y reunirme con defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Awa, Wayuu, Wiwa, Nasa, Biri y Embera en otros departamentos. En la mayoría de los casos, las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente relacionadas con la defensa de sus tierras y la protección del medio ambiente. No vi en ninguna de estas personas a los insurgentes, criminales o anti-desarrollo de los que se habla a menudo. En cambio, vi comunidades pacíficas con una preocupación genuina por el futuro de sus hijos, ya que los bosques que rodean a sus comunidades están desapareciendo, la tierra en la que viven está siendo minada o el agua que beben está envenenada. Me conmovieron especialmente los testimonios de los indígenas Wayuu en La Guajira.

He escuchado muchos testimonios conmovedores de comunidades humildes y valientes que hablan en contra de la violencia de los grupos armados ilegales, muchos de los cuales se cree que operan en connivencia con las autoridades y empresas locales. El despliegue de fuerzas militares también se describe como una estrategia para intimidar a las comunidades en lugar de protegerlas de actores no estatales, como las empresas de seguridad y los grupos armados ilegales. En todos los departamentos que visité, me sentí consternado por el número de conflictos en curso que afectan a las comunidades indígenas. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado para reconocer los derechos fundamentales y las libertades de los pueblos indígenas debido al desproporcionado impacto causado por el conflicto armado, se ha avanzado poco en cuanto a resolver las desigualdades estructurales y sus causas. En paralelo, se le han concedido varias licencias de explotación al sector empresarial cerca o incluso dentro de los territorios indígenas tradicionales.

Las comunidades indígenas se encuentran entre los grupos de defensores que trabajan por los derechos económicos, sociales y culturales en mayor riesgo. Son blancos de ataques debido a que informan sobre actos de corrupción, defienden y reclaman derechos al agua, al medio ambiente sano, a tierras y territorios. Sus territorios se ven afectados por una serie de intereses económicos que van desde proyectos de minería y energía, agroindustria y ganadería extensiva hasta economías ilícitas. Junto con las prácticas discriminatorias que pueden afectar la capacidad de los defensores de las comunidades indígenas para solicitar y beneficiarse efectivamente de las medidas de protección, enfrentan represión, que puede ir desde intimidación, acoso judicial, estigmatización, detención arbitraria hasta tortura, asesinatos y desapariciones forzadas.