'Le he cumplido a la clase trabajadora': presidente Petro tras aprobación de la Reforma Laboral

​​​El Gobierno nacional celebró la aprobación de la Reforma Laboral en las plenarias
de Cámara y Senado.

“El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la Constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida. Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crié como hombre libre, dirigente y a la que permanezco leal”, dijo el jefe de Estado.

Y anunció que convocará al empresariado del país para acordar “la aplicación real” de la nueva ley laboral.

El mandatario anunció que, en consecuencia, derogará el decreto que convoca la Consulta Popular, “ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”, dijo.

Aprobada la Laboral

Las plenarias de Cámara y Senado de la República aprobaron este viernes el informe de conciliación de la Reforma Laboral que se convertirá en Ley una vez la sancione el presidente Gustavo Petro.

Las dos cámaras legislativas fueron citadas este viernes, último día de la actual legislatura, para estudiar el informe de conciliación. En la plenaria del Senado el proyecto de Reforma Laboral se aprobó con 59 votos por el Sí contra 16 por el No, mientras en la Cámara de Representantes la votación fue 126 a favor de la Reforma y 2 en contra.

Los conciliadores del informe de ponencia —por Cámara, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico) y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde) en Cámara; y por Senado, Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Samy Merheg (Conservador)— acogieron el texto aprobado por el Senado, pues consideraron que recoge “la gran mayoría de los artículos que traía la propuesta original, incluso con muchos artículos mejorados".

“El Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere agradecerle al Congreso de la República por la aprobación de esta reforma progresista, que les devuelve a los trabajadores los derechos que habían perdido e incorpora otros nuevos y ayuda a consolidar el aparato productivo del país”, aseguró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras aprobarse el informe de conciliación.

Dijo que “de esta manera Colombia honra sus compromisos con la comunidad internacional y con organismos como la Organización Internacional del Trabajo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguro estar “muy emocionado” por la aprobación de la Reforma Laboral. “Estoy bastante emotivo, es una reivindicación para los trabajadores del país, es un sueldo digno, un trabajo digno, algo que les habían quitado a los trabajadores en 2003, ya las personas no van a estar esclavizadas”, sostuvo.

Benedetti aseguró que esta reforma “es un legado para el Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el punto de vista Legislativo”, y destacó el esfuerzo de los sectores trabajadores que ayudaron a impulsar esta iniciativa.

Alcances de la Reforma

Entre los principales alcances de la nueva Reforma Laboral están:

- ​Aumento progresivo del recargo por trabajo dominical y festivo, que pasará de 75% actual a 100 %.

- Este aumento será gradual en un lapso de tres años: en julio de 2025 subirá a 80%, en julio de 2026 a 90% y en julio de 2027 llegará al 100 %.

- Jornada nocturna: comienza desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. para todas las empresas.

- Contrato de aprendizaje: los aprendices del Sena recibirán 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100% durante la etapa práctica, con todas las prestaciones sociales.

- Monetización de la cuota de aprendizaje: aplicará a aquellas empresas que no contraten aprendices. Los recursos recaudados por este concepto serán destinados a apoyar a jóvenes, impulsar la educación rural y fomentar el emprendimiento.

- El contrato laboral a término indefinido será la modalidad principal, en el país, pero no elimina otras modalidades como contratos a término fijo o por prestación de servicios.

- La Reforma Laboral vincula gradualmente a las madres comunitarias y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajadoras oficiales.

Convocatoria a constituyente

El jefe de Estado anunció en su cuenta de la red social X "la convocatoria a una asamblea constituyente para cambiar a Colombia”.

“El constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia”, señala el jefe de Estado, y agrega: “Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que los próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”.

Concluyó que mañana sábado, en Medellín, “celebraremos esta gran victoria, la Ley de la Reforma Laboral.

Efectivo...

 

Se acata decisión sobre Consulta Popular, pero se interpondrá recursos de ley.

El jefe de Estado aseguró que “acato esa decisión, pero no la comparto, dado que, repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional, y al pueblo en sus derechos convencionales como elector, y ahora, transitoriamente, como el mayor poder legítimo de la nación, en la sección quinta".

Por esta razón, reiteró que respeta esta medida cautelar que definió la Sección Quinta del Consejo de Estado, que suspendió los efectos del decreto mientras analiza los alcances jurídicos de una demanda interpuesta, pero insistió en que “me siento irrespetado; interpondré los recursos de ley".

En su escrito, el mandatario enumeró las solicitudes que hizo a la célula del Alto Tribunal, para lo cual aseguró que, en primera medida la Corte Constitucional “es el Juez Natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del Decreto 0639"; además, “que se resolviera en Sala Plena, pues ni más ni menos, se trata de una convocatoria al soberano popular, y se unificara jurisprudencia".

De la misma manera, denunció que la Sección Quinta “decidió frenar el trámite con Medida Cautelar, sin discusión de los argumentos del presidente. Considero que así se vulneran mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario".

“Dicen que no había sido notificado, contradictorio, en otros casos de tutela aducen lo contrario", enfatizó al insistir en que “sacrifican, lo sustancial" privilegiando, de esta manera, la forma, por lo que recordó que la Constitución “dice que lo sustancial domina la forma".

Anotó que la demanda que instauró el senador Efraín Cepeda, “en su derecho, tuvo más peso que los argumentos" que ha esgrimido el Presidente de la República en la Sección Quinta, de los cuales aseguró “que ni siquiera han sido tenidos en cuenta", lo que, según denunció: “Ha resultado en una suspensión de un decreto" emitido por el jefe de Estado que “clama por la voz del soberano popular".

Esta situación, de acuerdo con el presidente Petro, suspende la voz del soberano “supremo de la nación: el pueblo".

Colombia ratifica ante el mundo su compromiso con la protección de suelos que producen alimento.

En el Foro Global de la Tierra, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino,
resaltó que Colombia alberga muchos suelos y eso le da la posibilidad de
hablar de soberanía y seguridad alimentaria.​

En la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que hizo parte del Foro Global de la Tierra, Colombia ratificó su compromiso con la protección de los suelos que producen alimento, pilar para la soberanía y la seguridad alimentaria del país en el planeta.​

La jornada tuvo lugar en la sede del Instituto Colombiano Agustín Codazzi, donde la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, resaltó el cuidado de los suelos para la actividad agropecuaria, bajo la premisa de que no es lo mismo una hectárea de tierra en Cundinamarca que en los Llanos o el Caribe.

“Este país alberga muchos suelos y eso nos da la posibilidad de hablar de soberanía y seguridad alimentaria. Por eso, como parte de esa protección avanzamos en la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Haremos que esta determinante de ordenamiento sea un patrimonio de quienes ponen los alimentos al servicio de las ciudades", recalcó la jefa de la cartera agropecuaria.

Con la participación de representantes de España, Argentina y Uruguay, entre otros países, así como delegados de organismos de cooperación internacional, este evento fue el escenario para ratificar a Colombia como protagonista global en materia de política agropecuaria al consolidarse como un país que le apuesta a la restauración de suelos, redistribución de la tierra y la producción sostenible de alimentos.

En ese contexto, la ministra Carvajalino agregó que “en Colombia construimos esperanza, porque la tierra es para comer, la tierra es para trabajar y la tierra es para la vida".

“Quiero agradecerle a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, por permitirnos construir una voz común, una brega conjunta, y por permitirnos también celebrar una apuesta unificada de la humanidad", manifestó.

Por su parte, Andrea Meza, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, afirmó: “sabemos que, en el marco del Foro Global de la Tierra, acoger el Día Mundial de Lucha, es un ejemplo para el mundo de la construcción de paz. Sabemos que tomar estos temas no es fácil, por eso quisiera reconocer ese liderazgo para hacer de las tierras fértiles la base para una sociedad sana".

Con invitados nacionales e internacionales, Colombia lideró una copiosa agenda académica a cargo de las voces más connotadas en materia de protección de suelos, lo que permitió un intercambio de experiencias y recopilar diversas miradas frente a las acciones que se deben realizar para evitar la pérdida de vegetación y ecosistemas claves para la producción de alimentos.

Colombia reafirma su solidaridad con Palestina al posesionar a Jorge Iván Ospina como embajador en ese Estado

​Canciller Laura Sarabia posesiona a Jorge Iván Ospina como
Embajador de Colombia en Palestina.​

Con este acto, Colombia reafirma su decisión soberana de mantener y fortalecer sus relaciones diplomáticas con Palestina, en coherencia con su política exterior basada en la paz, el respeto a los derechos humanos y la justicia internacional.

El nuevo embajador llevará la voz del Gobierno del Cambio, expresando la solidaridad del pueblo colombiano con la causa palestina, en momentos en que el respeto a la vida se vuelve más urgente que nunca.

“El nombramiento del embajador Jorge Iván Ospina representa una expresión concreta de nuestro compromiso con la paz mundial y la defensa de los pueblos que han sido históricamente vulnerados. Colombia no es indiferente al dolor del pueblo palestino”, señaló la canciller.

Además del respaldo político, el mandato del embajador Ospina también incluirá una agenda cultural activa que visibilice el talento, la diversidad y la riqueza artística de Colombia. La Cancillería promoverá intercambios culturales y académicos, acciones de cooperación y espacios de encuentro entre las juventudes de ambos pueblos.

Esta misión diplomática estará orientada por los principios de dignidad, equidad y soberanía, con un enfoque centrado en la protección de la vida como valor superior.

El embajador Jorge Iván Ospina, médico defensor de la vida, asumirá esta responsabilidad con el compromiso que ha caracterizado su vida pública.

Con el nombramiento de Jorge Iván Ospina, Colombia formaliza su presencia diplomática en el Estado Palestino, reafirmando su compromiso con el reconocimiento de dicha entidad política y el fortalecimiento de relaciones bilaterales centradas en la paz, la vida y la justicia internacional.

El embajador priorizará la protección de la vida, especialmente de la población civil y los niños afectados por el conflicto, y promoverá intercambios culturales entre Colombia y Palestina como puente de solidaridad entre los pueblos.

Jorge Iván Ospina, médico de formación y dos veces alcalde de Cali, asume este rol en medio de una coyuntura global crítica, llevando un mensaje claro del Gobierno colombiano: solidaridad activa con Palestina y rechazo a toda forma de violencia contra la población civil.

Seguridad y confianza...

MinHacienda reveló las claves del Marco Fiscal de Mediano Plazo: Pacto fiscal, regla fiscal, y recorte presupuestal

​El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación del Marco Fiscal de
Mediano Plazo 2025. Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Gobierno nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, estrategia mediante la cual el Ejecutivo proyecta los principales indicadores macroeconómicos para la actual vigencia fiscal.

En la presentación del documento, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, aseguró que el país “continúa por la senda de crecimiento, lo que muestra la salud de la economía nacional”.

Ejemplo de ello, mostró tres de los que llamó los principales “rupturas de paradigmas: la tendencia sostenida a la baja de la inflación, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2024 y 2025, y el incremento real del salario mínimo”.

También aseguró que ha habido una tendencia creciente en recaudo tributario, salvo en 2024 que se explicó por el anticipo de impuestos desde 2023 y la sobreestimación de gastos, pero aclaró el ministro que “entre 2024 y 2025 hemos tenido un incremento sostenido y razonable en términos reales del 8 % en el recaudo”.

No obstante, aseguró que este año la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) prevé un menor recaudo tributario de $18 billones frente a los $299 billones proyectados inicialmente.

Medidas a corto y mediano plazo

El ministro de Hacienda aseguró que en el primer trimestre el déficit fiscal llegó a 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), y al cierre de la vigencia podría llegar a 7,1% de no adoptarse medidas, de corto y mediano plazo, entre ellas las siguientes:

- Activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal durante los próximos tres años, que le permita al Gobierno un mayor margen de endeudamiento.

- Con el anticipo de la retención en la fuente, el Gobierno aspira a recaudar cerca de $7 billones.

- Aumentar (sin definir aún el monto) del precio del diésel para homologarlo con los precios internacionales (excepto para transporte de carga que tendrá un tratamiento diferencial).

- Nuevos mecanismos para los subsidios de energía y gas mediante el nivel de Sisbén y no por estratos socioeconómicos como ahora.

- Impulso al programa Colombia Solar para la generación de energía fotovoltaica.

- Reforma Tributaria que busca recaudar $19 billones y que será presentada al Congreso en la próxima legislatura.

- Pacto fiscal, en el que participen el Gobierno nacional, el Congreso y todos los actores económicos del país.

- El Gobierno analiza la posibilidad de revaluar las vigencias futuras para obras que no tienen licencia ambiental y, por tanto, no se están ejecutando. En fiducia hay $13 billones, dijo el ministro de Hacienda.

- Para el cierre de 2025, el Gobierno proyecta un crecimiento económico del 2,7%

- La inflación al cierre de 2025 está proyectada en 4,8%, y del 3% para 2026 acorde con las metas del Banco de la República.

El ministro de Hacienda concluyó que la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal generará un mayor endeudamiento del país durante sus tres años de vigencia.

Por primera vez, Colombia produce medicamento para tratar la malaria

Foto: Universidad de Antioquia

Colombia da un paso histórico en el fortalecimiento de su soberanía sanitaria. En efecto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) otorgó el registro sanitario a la Universidad de Antioquia, para la producción nacional de Cloroquina en tabletas de 150 mg, medicamento esencial en el tratamiento de la malaria.

Este avance es el resultado del apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Fondo de Investigación en Salud a la Universidad de Antioquia, que lideró el desarrollo del medicamento en la única planta pública de producción farmacéutica del país certificada por el Invima.

El respaldo técnico y financiero del Gobierno nacional en el desarrollo de este fármaco ha sido clave para materializar este logro, que no es solo un anuncio técnico ni económico sino político y simbólico: una ciencia pensada desde y para los territorios, que reconoce el derecho a la salud como parte de una política de Estado.

La producción nacional de Cloroquina permitirá garantizar el suministro oportuno y gratuito del medicamento en regiones con mayor prevalencia de malaria, que, según el Instituto Nacional de Salud, en el 2024, fueron la Costa Pacífica (Chocó, Cauca, Nariño, Buenaventura), Urabá, la región Amazónica y Orinoquía (Putumayo, Caquetá, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare, Meta y Casanare), y la frontera colombo-venezolana (Norte de Santander).

Este hecho ratifica el compromiso del Gobierno del Cambio con una política de Estado centrada en la soberanía sanitaria y el bienestar social, al reducir la dependencia de mercados internacionales mediante el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas, industriales y regulatorias propias.

La malaria, causada por el parásito Plasmodium y transmitida por mosquitos infectados, sigue siendo una amenaza para la salud pública. Según datos epidemiológicos, hasta noviembre de 2024, en Colombia se registraron más de 110.000 casos.

Ante este panorama, el desarrollo nacional de medicamentos representa una respuesta estratégica desde la ciencia y la innovación, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de una gran cantidad de colombianos.

El medicamento fue desarrollado por los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, con la participación de jóvenes investigadores y talento humano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, lo que destaca el papel de la universidad pública como motor del conocimiento y la transformación social.

Con la entrega del registro sanitario del Invima la universidad proyecta una producción anual de 1.300.000 unidades del medicamento. Se espera que en los próximos meses se entregue el primer lote de producción al Ministerio de Salud, que se estima sean 240.000 tabletas de 150mg para abastecer regiones históricamente golpeadas por esta enfermedad.

Gobierno maniobra para pagar deuda de la pasada administración.

​El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, confirmó la activación de la cláusula de escape.​

El Gobierno nacional anunció que activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal, un mecanismo previsto en la Ley 2155 de 2021 y que prevé suspender temporalmente el marco de endeudamiento cuando se presentan eventos extraordinarios que puedan comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

El anuncio lo formuló el ministro de Hacienda y Crédito Púbico, Germán Ávila Plazas, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que prevé la proyección de los indicadores macroeconómicos para el próximo año.

“Se trata de una decisión responsable y cuidadosa, aprobada por el Confis (Consejo de Política Económica y Fiscal) y e Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal), pues si bien el país registra algunas dificultades fiscales, también es cierto que avanzamos por la senda deña recuperación y de un mejor comportamiento del gasto”, explicó el jefe de las finanzas públicas.

La cláusula fiscal está contenida en el parágrafo segundo de la Ley 2155 que establece: “La regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país”.

De esta manera, la Regla Fiscal se suspenderá durante tres años a partir de la actual vigencia (2025, 2026 y 2027). “La principal justificación para esta decisión es que si no lo hacemos ahora se corre el riesgo de romper la estabilidad macroeconómica del país”, añadió Ávila Plazas.

El ministro explicó que este Gobierno asumió varias presiones fiscales heredadas del Gobierno anterior, como el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) que llegó a $79,6 billones ($21,4 billones en 2022; $28,9 billones en 2023; $21,3 billones en 2024 y $8 billones en 2025).

Agregó que el déficit en gasolina ya está solucionado, pero el del diésel tendrá que hacerse a partir de este año. Con el sector camionero ya hay negociaciones en marcha, dijo, pero adelantó que se estudia el decreto que definirá el incremento de ese combustible para los demás vehículos.

Otro impacto que ha afectado las finanzas públicas es el crédito flexible por US$ 5.600 millones que tomó en 2020 la pasada administración, del entonces presidente Iván Duque, para hacerle frente a la pandemia de Covid, con tres años de gracia y pagadero en dos años, del cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro solo debe una cuota que cancelará a finales de este año.

“Esta Gobierno recibió gastos acumulados por pagar de $22 billones de la pandemia, todo esto ha puesto al país en serios aprietos fiscales por $120 billones. Solo sanear el déficit del FEPC equivale a cinco reformas tributarias, los demás gastos acumulados equivalen a 1,5 reformas tributarias”, aseguró.

Añadió que la activación de la cláusula de escape se debe a que el 86% del gasto total es gasto inflexible, y añadió que de no adoptarse esa medida el país entraría en un proceso de parálisis e incumplimiento de pagos.

De hecho, explicó el ministro de Hacienda que al cierre del primer trimestre el déficit fiscal llegó a 2,4%, pero de no adoptarse medidas contingentes podría llegar a 7,1% al cierre de esta vigencia, “que debe ser manejado en varias vigencias, es decir, en tres años”, dijo el ministro Ávila Plazas.

“No nos gastaremos todo lo que nos la posibilidad de la Regla Fiscal, hay parámetros que tenemos que respetar, pero necesariamente habrá un mayor nivel de endeudamiento”, concluyó el funcionario.

Soluciones...

 

Presidente Petro explicó en CNN las bases jurídicas para decretar la consulta popular

Desde el Aeropuerto militar de Catam en Bogotá, el presidente Gustavo Petro explicó a CNN por qué su gobierno está facultado legalmente para decretar la consulta popular.

El presidente Gustavo Petro precisó que entre los argumentos que tuvo el Gobierno nacional para convocar la consulta popular mediante el decreto 0639 del 11 de junio de 2025, se destacan los siguientes:

— Constitución Nacional.

— Ley 1757 de 2015 o Ley Estatutaria sobre los mecanismos de participación democrática.

— Fallo del juzgado VI civil del circuito de Bogotá en el que afirmó –respecto a la votación de la consulta popular en la plenaria del Senado– que “no hay duda de que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso legislativo”.

Ley Estatutaria

En la entrevista con CNN, que se realizó en el Aeropuerto Militar de Catam en Bogotá, el mandatario se refirió así a la Ley 1757 de 2015:

“Hay una oposición pequeña a la consulta popular dentro de la población colombiana, de tipo jurídico, y otra de tipo social. La de tipo jurídico dice que las normas no me permiten hacerlo, pero está exactamente explícito en el artículo 33, literal c, de la Ley 1757 de 2015, que es ley estatutaria de los mecanismos de participación”.

Y sostuvo: “Ese artículo de la Ley 1757 reglamenta que si el Congreso en 30 días no se pronuncia sobre la consulta que yo presenté, después de que durante casi tres años no quiso aprobar una reforma laboral que el pueblo le demandaba, entonces el presidente puede decretarla. Eso dice ese artículo”.

Constitución

Además, de acuerdo con el mandatario, “la Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y participativa; que democracia participativa es que el pueblo puede ejercer el poder de manera directa y sin intermediarios. Tiene una serie de instrumentos, referendos, plebiscitos y consultas que ya se han practicado en Colombia regional y nacionalmente”.

Fallo de juzgado

En este punto, respecto al fallo del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, el presidente Petro recordó:

“Acaba de suceder que, habiéndose votado en la plenaria del Senado de manera tramposa, fraudulenta, dejando a muchos parlamentarios sin votar, que hacían mayoría para votar sí a la consulta popular, un juez acaba de decir que es una violación del debido proceso legislativo. Luego, no se tomó la decisión. Luego, pasó el mes. Luego, yo puedo decretarla legalmente”.

Otras posibilidades

Finalmente, el presidente de la República indicó que si el decreto que convoca la consulta se cae en la Corte Constitucional, “entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta”.

“Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que el pueblo, en elecciones, masivamente, pida la Asamblea Nacional Constituyente”, puntualizó el jefe de Estado.

Creado Centro de Información de Inteligencia Electoral para reforzar esquemas de protección a candidatos

​Reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento

de los Procesos Electorales.

El gobierno nacional conformó un Centro de Información de Inteligencia Electoral para procesar y analizar datos que permitan reforzar los esquemas de prevención y mitigación de riesgos en el segundo semestre de este año y durante el 2026.

El anunció lo hizo el director de la Policía al término de la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales que sesionó este lunes en Bogotá con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con la cúpula militar y policial, dirigentes y representantes de partidos políticos.

“Concentraremos nuestros esfuerzos en tener más hombres y mujeres dedicados a la protección de los aspirantes, para garantizar su seguridad integral”, aseguró el general Carlos Triana, director de la Policía.

Esto “hace parte de un paquete de acciones estratégicas que se activaron en el marco del proceso democrático que se avecina”, explicó el ministro Sánchez, quien confirmó que el Gobierno nacional fortalecerá de forma diferencial los esquemas de seguridad para figuras en riesgo.

Hizo llamado expreso a los aspirantes para que cumplan de manera rigurosa las recomendaciones emitidas por los equipos de protección y “todos los protocolos de seguridad”.

Advirtió sobre el impacto negativo que puede tener la desinformación difundida irresponsablemente, especialmente en redes sociales, al interferir en las investigaciones, exacerbar los ánimos sociales y poner en riesgo la estabilidad del país.

Con el apoyo del ministerio de Defensa funcionará una burbuja cibernética de inteligencia para detectar y prevenir campañas de desinformación, así como posibles ciberataques a los sistemas de información del Estado que garantizan la transparencia electoral.

La burbuja va a estar integrada por todas las agencias de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Policía, con el fin de realizar un trabajo articulado y especializado, capaz de neutralizar amenazas contra precandidatos.

Comprende acciones operacionales de inteligencia y de investigación criminal sobre el terreno, para anticipar amenazas y debilitar estructuras criminales que busquen interferir en el proceso democrático.

“La Fuerza Pública está para garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil. No es deliberante. Es completamente neutral frente a los procesos democráticos. Somos la garantía de la democracia. Y la democracia es la garantía del Estado Social de Derecho”, afirmó el ministro de Defensa.

Aumenta pie de fuerza

Otra medida anunciada fue el despliegue de más de 70 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares para cubrir cuatro mil puestos de votación, para garantizar la seguridad de candidatos, votantes y autoridades electorales.

“Nuestro deber es proteger los recorridos, actos públicos y jornadas electorales para que los candidatos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad”, manifestó el almirante Francisco Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares.

También se activó un Mapa de Prevención y Seguridad Electoral, como herramienta dinámica que integrará variables territoriales, políticas y de riesgo para anticipar amenazas, proteger a los aspirantes y preservar el libre ejercicio de la democracia.

Al servicio de la ciudadanía fueron dispuestas las líneas gratuitas 107, 123, 147 y 165 disponibles las 24 horas del día para denunciar cualquier actividad sospechosa o presencia de grupos criminales que busquen interferir en el proceso electoral, garantizando seguridad y absoluta reserva.

Presidente rechazó libertad de ‘papá Pitufo’ decretada por tribunal de Portugal

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de un tribunal de Portugal que concedió la libertad a Diego Marín Buitrago, alias ‘papá Pitufo’, considerado el zar del contrabando en Colombia.

En su cuenta de X y tomando versiones de prensa, el jefe de Estado manifestó que “hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y, quizás, su principal lavador de activos. Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión europea para que el contrabandista nos fuese entregado”.

La decisión la adoptó el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, que resolvió a favor de Marín Buitrago un recurso de habeas corpus. La instancia aclaró, sin embargo, que la decisión no afecta el curso del proceso de extradición, la cual podrá reactivarse si se niega en firme la protección internacional.

Diego Marín Buitrago, alias ‘papá Pitufo’

“La excusa que presentó el contrabandista (es que ha sido) un perseguido del Presidente. Claro que debía perseguirlo, porque es un gran criminal en Colombia y el mundo. Tiene orden de captura en Colombia”, expresó el mandatario en el mensaje publicado en la red social.

Agregó que “es un hecho que Colombia vive los Cien años de Soledad. Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista. No sé si hubo una negociación con el gobierno de EE.UU. que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses”.

Sustrato para orquídeas...

Gobierno despliega 100 investigadores y refuerza seguridad de precandidatos tras el atentado contra senador Miguel Uribe Turbay

Foto: Ministerio de Defensa

El Gobierno nacional dispuso de 100 investigadores de la Policía Nacional y de organismos de inteligencia, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, para avanzar en las pesquisas sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que al término del consejo extraordinario de seguridad convocado en la noche del sábado por el presidente Gustavo Petro, se impartieron instrucciones precisas para activar todos los protocolos.

“El presidente dio instrucciones claras para que, junto con nuestra directora del (Departamento Administrativo de la Presidencia) Dapre, Angie Rodríguez, se articule toda la capacidad del Gobierno nacional y se verifique en terreno que se estén cumpliendo los protocolos ordenados”, explicó el ministro.

Según Sánchez, en el consejo de seguridad se abordaron cuatro temas clave: establecer los hechos del atentado, identificar a los responsables, comprender las motivaciones detrás del ataque y tomar medidas para evitar que hechos similares se repitan.

“Colombia está atravesando un momento difícil y complejo, pero también tiene la capacidad de salir adelante”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que visitó la clínica donde permanece internado el senador Uribe Turbay, conversó con su familia y con líderes del Centro Democrático. “Ratificamos el compromiso absoluto de todo el Ministerio de Defensa por garantizar la vida no solo del senador Miguel Uribe, sino también de su familia. Se desplegó toda la fuerza militar y policial necesaria, incluidas unidades élite, para su protección”, dijo.

Asimismo, el ministro visitó el centro asistencial donde se encuentra el menor de 15 años que presuntamente perpetró el atentado. “Estamos con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, para garantizar que el Estado cumpla su deber de proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestros militares y policías están desplegados para garantizar su integridad y esclarecer lo sucedido. Muy pronto daremos noticias, porque el país las necesita”, indicó.

Sánchez enfatizó que “el soporte de Colombia es la democracia y la Fuerza Pública es su garante”. Añadió que todos los actores políticos, sin importar sus diferencias con el Gobierno, cuentan con las garantías necesarias para ejercer su labor. “Se dieron instrucciones muy claras a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Militares para proteger a quienes representan las ideas del pueblo colombiano. Somos una democracia madura y un país capaz de avanzar a pesar de la adversidad”, concluyó.

Llamado a desescalar el lenguaje

Por su parte, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, hizo un llamado a la calma y a desescalar el lenguaje en medio de la polarización política. “Es muy importante que en este momento estemos unidos. Debemos dejar atrás los odios y los rencores. Es fundamental que los líderes de los partidos políticos se unan en una sola causa: desescalar el lenguaje de violencia. El país no resiste más polarización. Es tiempo de unidad, de paz, de serenidad y de prudencia”, afirmó.

Rodríguez también aseguró que el Estado brinda todas las garantías de seguridad tanto al senador Miguel Uribe Turbay como al menor implicado en el atentado y a sus respectivas familias.

Protección del menor

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, reiteró que el Estado tiene la obligación de proteger la vida del menor de edad implicado en los hechos, a quien, según dijo, “han instrumentalizado criminales”.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se replique información sobre el adolescente. No solo porque es un delito hacerlo sin autorización de su familia, sino porque se pone en riesgo su vida y el proceso de investigación”, enfatizó Cáceres.

Presidente condenó atentado contra Miguel Uribe, hizo un llamado a la paz y ordenó priorizar seguridad de líderes de la oposición

Foto: Andrea Puentes - Presidencia

En alocución televisada en la noche del sábado, el presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el occidente de Bogotá, y ordenó priorizar la protección de todos los líderes políticos de la oposición.

El mandatario calificó el hecho como “una acción que enluta a la democracia” y afirmó que el Estado y el Gobierno no puede permitir que el odio y la violencia regresen al escenario político colombiano.

“Un muchacho ha sido entrenado para matar, contratado para matar a Miguel Uribe Turbay. Esto no es un hecho aislado. Es un hecho que nos convoca como país y como humanidad”, expresó y aseguró que no se escatimarán esfuerzos ni recursos del Estado para dar con los responsables.

El jefe de Estado informó que el presunto agresor fue capturado por un agente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que ya se encuentran en marcha todos los protocolos de investigación.

Reiteró que la orden es clara: “Un muchacho ha sido entrenado para matar, contratado para matar a Miguel Uribe. No se trata solo de quién disparó. Tenemos que encontrar al actor intelectual, al que lo mandó. Pero más allá, se trata de evitar que más jóvenes caigan en las redes del odio”, señaló y exhortó a toda la sociedad a “proteger al niño antes de que lo conviertan en asesino”, una frase que utilizó para denunciar cómo las estructuras criminales siguen instrumentalizando a los jóvenes en los ciclos de muerte.

El mandatario anunció que también se investigará a la propia escolta de Uribe Turbay con el objetivo de identificar posibles fallas en los esquemas de seguridad. “Siempre que un asesino logra actuar sobre una persona protegida, hubo una falla del Estado”, afirmó.

El presidente fue enfático en que todas las hipótesis deben permanecer abiertas para no entorpecer la investigación. “Hasta ahora no hay más que hipótesis, y las hipótesis no pueden ser descartadas de antemano porque viciamos la ciencia de la investigación”, explicó, reiterando que el compromiso institucional es con la verdad y la justicia, no con conjeturas prematuras ni con lecturas partidistas de los hechos.

El jefe de Estado sostuvo que esta clase de hechos no deben ser utilizados con fines políticos y advirtió que el Estado debe responder con unidad y sin revanchismo: “No es el momento de sembrar más odio, ni de aprovechar el dolor para hacer cálculos. El atentado contra Miguel Uribe es un atentado contra todos. Contra la democracia misma”.

En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a la paz, al respeto por la vida y a la construcción de un país donde las diferencias políticas no se resuelvan con violencia, al tiempo que instruyó una revisión exhaustiva de los esquemas de seguridad asignados a los miembros de la oposición.

Sin hacer señalamientos directos, el presidente criticó duramente a sectores que, en medio del dolor, han intentado desviar la atención de los hechos hacia narrativas de confrontación y odio. “No es el odio político lo que debe alumbrar esta investigación, sino la verdad”, dijo.

Recordó que la primera prioridad del Estado es proteger la vida, y que esa tarea comienza con quienes ejercen la oposición. Aseguró que el Gobierno del Cambio defiende la política sin violencia, y rechazó con contundencia la instrumentalización del atentado con fines electorales. “El uso político de estas horas me parece asqueroso, una forma de mezquindad inaceptable en medio del dolor de una familia y de un país entero” dijo.

“La seguridad de los opositores debe ser una prioridad. Si se confirman fallas en los protocolos, habrá responsables. No podemos repetir los errores del pasado. No queremos más mártires”, advirtió y recordó que Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Pizarro, los tres candidatos presidenciales fueron asesinados en ataques sicariales.

Finalmente, el mandatario reafirmó que todas las capacidades del Estado están puestas al servicio de esta investigación. “No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un segundo de energía que no se dedique a encontrar al autor intelectual del atentado”, concluyó.

El presidente finalizó la alocución enviando un mensaje de solidaridad a la familia y amigos del senador Miguel Uribe, y clamó por la pronta recuperación del precandidato.

Jueza concluye que sí se violó el debido proceso legislativo en votación del Senado sobre Consulta Popular

El presidente Gustavo Petro, durante la ceremonia de ascenso de

oficiales navales de la Armada Nacional en Cartagena.

Foto: Joel González - Presidencia

"No hay duda que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso legislativo'.

Con esta contundente afirmación, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá amparó a la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, al determinar que no fue notificada formalmente sobre la respuesta a un recurso de apelación que presentó contra el cierre de la votación del Senado, relacionada con la consulta popular propuesta por el Gobierno nacional.

La decisión, emitida por la jueza Hilda María Saffon Botero, pone en entredicho la validez de esa votación legislativa, en la que el Senado negó la proposición del Gobierno para la realización de la consulta.

Al conocer la noticia, el presidente Gustavo Petro, durante la ceremonia de ascenso de oficiales navales de la Armada Nacional en Cartagena, dijo que "un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular y determinó que hubo fraude en el Senado."

Luego, a través de la red social X (antes Twitter), el mandatario publicó que "quien ha roto el Estado social de derecho es el propio presidente del Senado", en alusión directa a Efraín Cepeda, actual presidente de esa corporación.

El jefe de Estado también advirtió que, al no haberse resuelto la apelación presentada por Pizarro, "la votación no se perfeccionó." Y añadió: "No se le debe hacer trampa al pueblo".

El presidente Petro respaldó su posición con base en el artículo 86 de la Constitución, que permite a cualquier ciudadano acudir a la acción de tutela para proteger derechos fundamentales y establece que estas decisiones deben cumplirse con carácter inmediato.

Además, el mandatario sostuvo que si el Congreso no toma una decisión válida dentro de los 30 días siguientes a la presentación de una consulta popular, él queda habilitado por la ley para convocarla. Aseguró también que respetará el control constitucional que ejerce la Corte Constitucional como tribunal de cierre.

"No se puede llamar desorden a que el constituyente primario se exprese. Eso solo era posible en la Constitución de 1886. Nosotros derogamos esa Constitución", escribió​.

En su cuenta de X, la senadora Pizarro también se refirió sobre el fallo de tutela "la justicia se ha pronunciado y nos da la razón: el trámite de la consulta popular fue absolutamente irregular y arbitrario. El presidente del Congreso vulneró mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano, que es el soberano."

La parlamentaria agregó que "Efraín Cepeda violó la Constitución de Colombia y tiene 48 horas para resolver mi apelación; es decir, el debate de la consulta popular en el Congreso se tiene que reabrir. Efraín Cepeda, por hacer trampa, excedió los 30 días en los cuales debía pronunciarse el Congreso. La consulta se puede decretar. Ellos son los golpistas."

El fallo

En su decisión, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá señala en su artículo segundo: "Amparar el derecho fundamental al debido proceso del que es titular la senadora María José Pizarro y, en consecuencia, se ordena al presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda Sarabia, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso interpuesto por la senadora el día 14 de mayo del año 2025, relacionado con el cierre de la votación para la aprobación o no de una consulta popular propuesta por el Gobierno nacional."

Y agrega: "Del modo que no hay duda que sí hubo violación al derecho fundamental al debido proceso legislativo."

En otro aparte del fallo se lee: "En ese orden, para el despacho es claro que la respuesta aportada por la senadora María José Pizarro Rodríguez al recurso interpuesto por ella no estaba relacionada con el resultado de la votación sino con la decisión del presidente del Senado de cerrar el periodo de votación, que duró cuatro minutos, para aprobar o no una consulta popular propuesta por el Gobierno nacional, al tiempo que el senador Fabián Díaz Plata señaló que fue la senadora Pizarro quien formuló el recurso de alzada verbalmente y no él".

Habla Mininterior

Conocido el fallo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también escribió en su cuenta de X que "Efraín Cepeda hizo trampa, y no lo digo yo, lo dice un juez de la República al fallar que los derechos de María José Pizarro fueron vulnerados al no abrirse la votación nuevamente después de solicitada la apelación. Ese es solo uno de los seis vicios que hay. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Abrir nuevamente la votación? Ya pasó el mes. Desde el segundo cero dijimos que hubo fraude, jugaditas, espurias y trampas."

Nueva votación

Por su parte, el presidente Petro agregó desde la Escuela Naval de Cartagena: "Desde aquí les envío un mensaje a las senadoras y senadores, independientemente de sus partidos, que tendrán que tomar esa decisión, que tomen esa decisión con tranquilidad, con su corazón puesto en el pueblo colombiano, con libertad absoluta."

Agregó el mandatario: "Nadie puede impedir que un parlamentario elegido por el voto popular, amigo o no del Gobierno, pueda ejercer con libertad su derecho a votar, porque esta vez no es una ley, no es cualquier proposición, esta vez es la convocatoria al constituyente primario a decidir sobre sus derechos. Y nadie, ningún presidente de partido, nadie, absolutamente nadie, puede impedir que un parlamentario vote de acuerdo con su conciencia, vote ojalá por lo que necesita este pueblo colombiano, que es sentir cada vez más, de acuerdo con la Constitución, que es dueño de Colombia, que es dueño de su patria, que tiene la capacidad de ordenarle al Estado sus objetivos, sus funciones, que tiene el divino derecho popular de ser sujeto de derechos y libertades sin que nadie los masculle, porque esta nación se creó, se fundó, bajo la bandera de libertad".

EFECTIVO...

 

Presidente Gustavo Petro anuncia acompañamiento a la movilización ciudadana del 11 de junio

La jornada del 11 de junio ha generado mucha expectativa y se espera una
masiva participación ciudadana en respaldo al presidente.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro anunció su respaldo y participación en la movilización ciudadana convocada por movimientos sociales y populares para este 11 de junio. En su mensaje, el mandatario afirmó que los movimientos han tomado la decisión de movilizar a la ciudadanía en todo el país, y que ha decidido acompañar dicha convocatoria.

“Estaré este 11 de junio en Cali, y espero toda la movilización del occidente del país, para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora”, expresó el presidente en su publicación.

La movilización prevista hace parte del contexto nacional en el que diversos sectores sociales han venido manifestando su apoyo a la Consulta Popular y a las reformas impulsadas por el Gobierno del Cambio, entre ellas la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, actualmente en discusión en el Congreso. También se enmarca en un ambiente de alta participación popular, con asambleas, encuentros ciudadanos y movilizaciones pacíficas en diferentes regiones.

La decisión del Presidente de asistir a la jornada de movilización en Cali envía un mensaje directo sobre su cercanía con las bases sociales y su respaldo a la expresión ciudadana en defensa de los derechos y los cambios estructurales que promueve su administración. La capital del Valle del Cauca ha sido históricamente uno de los epicentros de organización popular y movilización social, por lo que la presencia del Presidente en la ciudad, que es la puerta al Pacífico, es un gesto político con mucho simbolismo.

Desde el Gobierno Nacional se ha reiterado el llamado a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica, con plenas garantías para el ejercicio del derecho a la protesta, y en articulación con las autoridades locales para garantizar la seguridad de los y las participantes. Asimismo, se espera que otras figuras del Ejecutivo y líderes sociales acompañen la jornada en distintas regiones del país.

La jornada del 11 de junio ha generado mucha expectativa y se espera una masiva participación ciudadana en respaldo al presidente, por el ambiente de convergencia social que ha venido tomando forma en torno a las reformas del Gobierno. Sectores campesinos, sindicales, estudiantiles, de mujeres, juventudes y comunidades étnicas han manifestado su intención de participar activamente, haciendo énfasis en la necesidad de defender el mandato popular y avanzar en una agenda de transformación social.

Más de 3 millones de adultos mayores recibirán el Pilar Solidario: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro anunció este martes que a partir del próximo semestre iniciará la puesta en marcha del Pilar Solidario: un componente central de la Reforma Pensional, que garantizará renta básica solidaria para todas las personas mayores que hoy no tienen cobertura pensional, y que tendrá un impacto importante en la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad en Colombia.

“La mayoría de los pobres extremos en Colombia son personas mayores; y la Reforma Pensional, al darle un bono pensional a todas las que no reciben pensión, prácticamente nos permite superar la pobreza extrema: en 2026 la tasa sería de 2 %. Ese es el cambio, pero necesita que la Corte Constitucional ratifique la ley”, dijo el presidente.

La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos, estuvo a cargo de explicar, durante el consejo de ministros, que el Pilar Solidario beneficiará a más de 3 millones de personas mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, y que nunca pudieron acceder a una pensión a través de los mecanismos tradicionales.

“El Estado colombiano asume su responsabilidad histórica con los adultos mayores. El Pilar Solidario es justicia social, es redistribución y es la garantía de una vejez con dignidad para quienes toda su vida trabajaron sin reconocimiento”, expresó Hoyos.

El Pilar Solidario se entregará mensualmente, y representará un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, es decir 230.000 pesos mensuales; se financiará a través de recursos del Presupuesto General de la Nación y el Fondo de Solidaridad Pensional. Los beneficiarios serán mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años que, a pesar de haber aportado al desarrollo del país durante toda su vida laboral, no lograron acceder a una pensión.

Superación de la pobreza

Prosperidad Social proyecta que la implementación del pilar reduzca la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales, en 2025, y en 6,4 puntos porcentuales, en 2026. Son estimaciones que el equipo técnico de la entidad hizo con base en los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023: “Se estima que al finalizar 2025, alrededor de 156.000 personas mayores saldrían de la pobreza extrema, gracias a los recursos del pilar; en 2026, la cifra de personas que superarían esas condiciones ascendería a 400.000”, dijo Hoyos.

La pobreza extrema en la población mayor es un problema estructural que ha persistido en el país, debido a la limitada eficacia de los programas sociales existentes. Esta renta básica solidaria es una medida de protección universal frente al riesgo de exclusión social y la imposibilidad de generar ingresos, que reconoce a los beneficiarios el derecho a una vida digna.

“Con esta transformación, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con los sectores más excluidos de la sociedad, avanzando hacia un país más justo y equitativo”, dijo Hoyos.

Un cambio estructural para cerrar brechas

El Pilar Solidario hace parte del nuevo modelo pensional basado en pilares: Contributivo, Semicontributivo, Voluntario y Solidario. Esta estructura busca mejorar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad del sistema, y corregir la regresividad del modelo anterior, en el que los mayores subsidios se dirigían a las pensiones más altas.

Perfil de los beneficiarios

Los posibles beneficiarios del Pilar Solidario tienen, entre otras, las siguientes características:

- 63 % son mujeres y 37 % hombres.

- 35 % viven en zona rural y 65 % en zona urbana.

- 50 % se autorreconocen como campesinos.

- 12,4 % se identifican como parte de una comunidad étnica.

- 22 % son personas con discapacidad.

- 11 % tienen incapacidad permanente para trabajar.

- 42,2 % habitan viviendas en malas condiciones.

- 8,8 % no tienen vivienda.

Recursos de la salud deben llegar a los municipios para la atención básica a los ciudadanos: Adres

Foto: Ovidio González - Presidencia

Uno de los propósitos de la reforma de la salud en la que está empeñado el Gobierno del presidente Gustavo Petro es la de garantizar que los recursos municipales se respeten y se dediquen a la atención primaria dentro de su localidad y no fuera de ella.

​Así lo planteó Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud de la Seguridad Social (Adres) en La Agenda, el programa institucional de la Presidencia de la República, en el que periodistas regionales, comunitarios y alternativos formulan, de manera virtual, preguntas a funcionarios del Gobierno sobre asuntos de interés para sus audiencias.

El Director del Adres estuvo acompañado en esta oportunidad por los representantes de 42 medios comunitarios, populares, creadores de contenidos y periodistas de 12 departamentos del país y uno desde Andalucía, en España.

“Esos servicios básicos y ese cuidado de la salud tienen que ser garantizado en el territorio no se le pueden sustraer al municipio. Eso es lo que establece nuestro estado democrático y eso es lo que se va a seguir fortaleciendo, bien con la reforma de salud", explicó León Martínez.

Consideró que con la reciente reforma al sistema General de Participaciones (SGP), es decir, el dinero del presupuesto nacional que gira la nación a los municipios y departamentos para atender los servicios básicos como educación, salud, agua y saneamiento que aumentó esta contribución del 20 % al 39,5 % se le devuelven estos recursos a los entes territoriales.

La idea, añadió, es “no dejarle toda la tarea del Gobierno nacional, sino que los municipios también se apropien de la responsabilidad. Eso es lo que ordena nuestra Constitución y lo habían burlado y habían concentrado absolutamente todos los recursos de atención básica" en las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La concentración en los servicios de salud, agregó el funcionario, solo se aplica a los recursos destinados a hospitales e Instituciones Promotoras de Salud (IPS) de mediana y alta complejidad, pues, por su complejidad no pueden estar en todos los municipios.

Criticó la privatización del sector salud en Colombia. “Es una de las fuertes y más agresivas que se hizo en el mundo entero. En otros lugares fueron mucho más moderadas, las naciones hicieron algún grado de privatización, pero no una entrega total de los dineros del Estado y de los ciudadanos a unas empresas privadas, que fue lo que se hizo en Colombia".

Esa es la razón, concluyó, por la que es importante la reforma al sistema de salud. “Proponemos recoger en manos del Estado el dinero, no entregárselo (a las EPS) y dejarles una función de organizar a los pacientes y los servicios, administrar los servicios, pero no el dinero, porque definitivamente esto es un problema. Como no hay reforma, se han hecho una serie de normas reglamentarias a partir del plan de desarrollo"

El Adres, explicó, tiene la función principal de recaudar todos los recursos del sistema de salud y después distribuirlos de acuerdo a lo que establecen las normas legales. Esta entidad tiene un presupuesto cercano a los 100 billones de pesos y cada mes distribuye más de 8 billones de pesos para las necesidades del servicio.

Seguridad y confianza...

Presidente Gustavo Petro denunció que las multinacionales del narcotráfico intentan tomarse los poderes judiciales de Latinoamérica

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las órdenes de captura en contra del exministro Iván Velásquez y la fiscal General, Luz Adriana Camargo, por parte de la Fiscalía de Guatemala y aseguró que “las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos".

En la publicación, el jefe de Estado recordó que “la fiscalía de Guatemala como la fiscalía de Colombia en tiempos de (Francisco) Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías".

Por esta razón, dijo que “los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer".

“Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional", anotó.

En su cuenta en X, el mandatario colombiano publicó el comunicado de oficial del gobierno de Guatemala, en el que se indicó que “rechaza enfáticamente las órdenes de captura contra el embajador colombiano Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la fiscal General de la República de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón".

En el comunicado, el gobierno guatemalteco dejó claro que “estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos".

“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional", anotó el documento del Gobierno de Guatemala.

Por esta razón, aseguraron que “el Gobierno de Guatemala ya está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público".