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El voto evangélico, el nuevo botín electoral

William Mauricio
Beltrán*

razonpublica-William Mauricio Beltrán*.- El movimiento evangélico y pentecostal viene ejerciendo una enorme influencia en la política y se ha convertido en un electorado muy apetecible. Uribe, Ordóñez y Morales se disputan estos votos, pero sus posibilidades son hoy bastante distintas.

 La “agenda moral”

En el contexto de la política local colombiana, de la victoria del “No” en el Plebiscito y, particularmente, del aporte que hicieron a este resultado las comunidades evangélicas y pentecostales (“los cristianos”, como equívocamente los registra la prensa), se pueden extraer algunas conclusiones que ayudarían a comprender las estrategias políticas que se desplegarán con miras a los comicios del próximo año.

Tal vez la más importante de estas conclusiones es el poder que tiene “la agenda moral” para aglutinar al electorado evangélico y pentecostal (en adelante, lo denominaremos evangélico). Los dos pilares más importantes de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y su rechazo de toda iniciativa que permita despenalizar el aborto – lo cual incluye una actitud negativa frente a las sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado de estos asuntos-.
La apropiación de esta agenda moral es una estrategia política que ha otorgado éxitos recientes en América Latina (al respecto se puede seguir, por ejemplo, la trayectoria política de Marcelo Crivella en Brasil), ya que ella no solo logra aglutinar a las numerosas corrientes evangélicas y pentecostales, sino que ha dado lugar a lo que Spadaro y Figueroa han denominado un ecumenismo fundamentalista e integrista.
En otras palabras, esta agenda ha puesto en un mismo lado y convertido en aliados a antiguos y enconados rivales, los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas, gracias a que unos y otros consideran que el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI entraña una forma de decadencia social e implica el riesgo de una “epidemia”: la “homosexualización” de las nuevas generaciones.
Captura de una fuerza  dispersa 
Alejandro Ordóñez, candidato presidencial 
-Foto: Procuraduría General de la Nación
Aglutinar al electorado evangélico no es una tarea fácil, ya que este movimiento se caracteriza por su fragmentación y por la rivalidad de sus líderes en cuanto a lo religioso y lo político.
En el frente religioso, las diversas organizaciones evangélicas compiten por atraer nuevos fieles. En el frente político, algunas de estas organizaciones (especialmente las más ricas y multitudinarias) compiten por trasformar la lealtad de sus fieles en votos y, por esta vía, en poder político.
En la medida en que este movimiento religioso sigue siendo el de más rápido crecimiento en Colombia, seducir a sus miembros para lograr su apoyo en las urnas se ha convertido en una tarea que debe considerar cualquiera que aspire a un cargo de elección popular.
Los dos pilares de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos LGBTI y su rechazo de despenalizar el aborto

Es una escena recurrente ver a políticos profesionales desfilar por las multitudinarias congregaciones evangélicas en periodos de campaña electoral. Para atraer el voto evangélico, los políticos recurren con frecuencia a promesas y transacciones clientelistas que se concretan entre los candidatos y los líderes de las organizaciones evangélicas con apuestas o intereses en el campo de la política electoral, transacciones que ocasionalmente son registradas por la prensa.
Así mismo, todo candidato que incluya en su programa político la promoción de los derechos de las minorías sexuales debe también incluir en sus cálculos electorales la oposición que enfrentará por este sector de la población.

Ordóñez, Morales y Uribe tras el botín evangélico

Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas

En el Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas, que tiene como propósito erradicar este grave crimen en el mundo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recuerda al Estado la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales, aplicables tanto en escenarios de paz como en tiempos de guerra.
 La Oficina reitera la importancia de que Colombia ratifique la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, como un mecanismo urgente para proteger a todas las personas contra la desaparición forzada.
 “En este Día en el que honramos la memoria de quienes aún están desaparecidos queremos decirles a sus familiares que los acompañamos en la búsqueda permanente de sus seres queridos. Por esto valoramos la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), y esperamos que pronto entre en funcionamiento”, expresó Todd Howland, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
La UBPD tendrá como función principal la búsqueda, localización, identificación y, en caso de fallecimiento, la entrega digna de las personas desaparecidas. “La labor incansable de las víctimas y de las organizaciones sociales acompañantes ha sido indispensable para el diseño de este y otros mecanismos que tienen como objetivo garantizar sus derechos”, dijo Todd Howland.
 
Para dar respuesta a esta grave violación de los derechos humanos, la UBPD debe funcionar en coordinación con los demás mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), garantizando la participación efectiva de las víctimas en los territorios, la aplicación de enfoques diferenciales y el diseño e implementación de planes de búsqueda nacionales, regionales e individuales para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

ONU valora Proyecto sobre capacidad legal de personas con discapacidad

ONU Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, sobre capacidad legal de las personas con discapacidad

 “Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La actual legislación colombiana sobre la capacidad legal limita los derechos de las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial y está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Colombia en el 2011. 
 
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que monitorea la implementación de la mencionada Convención, recomendó al Estado de Colombia en el 2016 derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y adoptar medidas para proporcionar los apoyos que estas requieran para ejercer plenamente este derecho y tomar decisiones.
 
De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, el Estado de Colombia, y en este caso particular el Congreso, tiene la obligación de modificar la legislación interna para que esté conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia.
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, “por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, radicado recientemente ante el Congreso de la República. 
 
“Este proyecto propone remplazar las figuras de la interdicción (mediante la interdicción un juez declara que la persona no tiene la capacidad metal para actuar legalmente y se designa a otra persona para que lo represente) y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás, puntualizó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

Importante.

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