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Flujo normal de personas en frontera con Venezuela. Ahora hay que ampliarlo hacia el comercio y la producción: Presidente Petro

El Presidente Gustavo Petro declaró este viernes que ya hay un flujo de ciudadanos en la frontera con Venezuela, hacia uno y otro país, y ahora se requiere ampliar la apertura hacia el comercio y la producción.
​Foto: Presidencia de la República

Así lo señaló el Mandatario a los medios de comunicación, al comenzar su visita a las Altas Cortes, en el Palacio de Justicia, en Bogotá.

“Ya hay un flujo peatonal, de personas, que ya no recurren a las trochas, que se salvan incluso de una serie de violaciones terribles de derechos humanos en el cruce clandestino hacia uno u otro país. Ya hay un flujo normal; ahora hay que ampliar eso hacia el tema del comercio, hacia el tema de la producción. Y continuaremos con una agenda”, expresó.

El Jefe de Estado explicó que uno de sus “propósitos fundamentales en esa agenda es lograr que el precio de los fertilizantes para producir el campo en Colombia pueda reducirse sustancialmente de cara a bajar el precio de los alimentos”.

Y precisó que “hay una empresa allí que es fundamental para ello, ubicada en Barranquilla, pero de propiedad colombo venezolana, que debe cumplir esa misión”.

Supersociedades levanta control máximo sobre Monómeros, Petro dice que la empresa está casi quebrada

Crónica.Uno-Maru Morales P. @morapin.- La Superintendencia de Sociedades de Colombia exoneró del grado de control máximo a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, luego de 12 meses de haberla mantenido bajo esa figura por riesgo de insolvencia comercial.


La información se conoció la noche de este martes a través de las redes sociales de Monómeros, que publicó un fragmento de la resolución número 2022-01-595811 de Supersociedades, de fecha 5 de agosto de 2022.


“La veracidad, transparencia y cumplimiento de nuestros procesos nos dan un nuevo logro. Celebramos esta gran noticia”, dijo en su cuenta Twitter la empresa venezolana con sede en Barranquilla, Colombia.

Gerente general de Monómeros,
Guillermo Rodríguez Laprea
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El pasado 27 de julio, el gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, dijo a Crónica.Uno que confiaba en el levantamiento de la medida de control máximo porque habían cumplido con todos los correctivos solicitados por Supersociedades.
De control máximo a supervisión de vigilancia

No obstante, la decisión de Supersociedades no libra completamente a Monómeros del monitoreo del Estado colombiano, pues la resolución advierte que la compañía “pasará al grado de supervisión de vigilancia”.

De acuerdo con la ley colombiana, esto implica que Supersociedades podrá “solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa” de las empresas o sobre operaciones específicas.

Además, la resolución deja claro que la empresa estará sometida a una vigilancia permanente para velar que se ajusta a la ley y a sus estatutos en su formación, funcionamiento y desarrollo de su objetivo social.
Supersociedades estará pendiente de la competencia desleal

Supersociedades también exhorta a los directivos de Monómeros a cumplir con los denominados “deberes de los administradores” establecidos en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 que rige las operaciones comerciales de las empresas:

Obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia y desarrollar el objeto social de la empresa.

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.
- Permitir el trabajo de la revisoría fiscal.
- Proteger la reserva comercial de la empresa.
- Dar un trato equitativo a todos los socios.
- Abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos que impliquen conflicto de intereses.

El último punto es especialmente relevante en el caso de Monómeros, tomando en consideración que tanto el informe de la Comisión Especial de Investigación del caso Monómeros de octubre de 2021, como el informe de la Comisión Permanente de Contraloría de julio de 2022, concluyeron que varios directivos de entonces y de ahora habrían, presuntamente, incurrido en prácticas contrarias a la ética empresarial.
Petro dice que el caso de Monómeros “no es tan fácil”

Presidente de Colombia, Gustavo Petro
Foto cortesía @infopresidencia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este martes a Monómeros. Admitió que es un “tema complejo” debido a que es una “empresa afectada, casi que quebrada y que ameritará revisar el marco jurídico y de sanciones lo cual considera que es prioritario «porque es donde se hacen los fertilizantes».

Monómeros es una filial de Pequiven que resultó afectada por las sanciones internacionales contra Pdvsa dictadas en 2018. A partir de 2019 la fabricante de fertilizantes para el agro pasó al control del gobierno encargado de Juan Guaidó. Bajo esa nueva circunstancia, Monómeros recibió una Licencia de la OFAC que le permitió restablecer determinadas operaciones comerciales. En junio de este año, Estados Unidos renovó esa licencia por 12 meses más.

Una nueva denuncia contra Monómeros

En paralelo, el diputado venezolano José Luis Pirela, electo en 2015 y representante de la Fracción 16-J, informó este mismo martes 9 de agosto que presentó una nueva denuncia sobre Monómeros, esta vez ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN.

“He formulado ante la DIAN una denuncia para investigación fiscal y contable a Monómeros, sus revisores fiscales y contadores. La impunidad y la corrupción serán derrotadas”, dijo Pirela a través de su cuenta Twitter.

Esta nueva denuncia que se sumaría a la presentada por el diputado en abril de 2022 ante la Fiscalía de Colombia, en contra de la gerencia de Monómeros por presunta corrupción.

Contraloría logró resarcimiento de $90.782 millones por colapso del puente Chirajara

La Contraloría General de la República logró que Coviandes resarciera en su totalidad el daño patrimonial al Estado, por valor de 90.782 millones de pesos, ocasionado por el colapso del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el 15 de enero de 2018.

El resarcimiento se hizo en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

La caída no permitió que tanto el puente como las obras aledañas a esta infraestructura pudieran entrar a servir a la comunidad, quedando así inconcluso el uso de las obras derivadas del Contrato de Concesión y, como consecuencia de ello, se dio apertura el 26 de marzo de 2021 a un proceso de Responsabilidad Fiscal.

La Contraloría ordenó cesar esta acción fiscal, tras el resarcimiento del daño patrimonial.

La obra se está ejecutando de forma satisfactoria.

En virtud del colapso de esta infraestructura vial, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes S.A.S., suscribieron un contrato de transacción el 27 de noviembre de 2018, mediante el cual el Concesionario se obligó a pagar una suma de dinero a título de compensación equivalente a la suma de 8.558 millones de pesos, e igualmente a cancelar el valor de 120 millones de pesos por concepto de Asesorías Legales con respecto al contrato de transacción, y por último a construir un nuevo puente, por su cuenta y riesgo y con recursos privados del mismo Concesionario.

Las dos primeras obligaciones antes referidas, se cumplieron a cabalidad por parte del Concesionario; y la tercera obligación relativa a la construcción del nuevo puente, se viene desarrollando de la siguiente manera:

La obra se está ejecutando de manera satisfactoria, con una inversión desde el inicio de la misma y hasta el 30 de mayo de 2022 equivalente a 49.856 millones de pesos, y con un avance del proyecto igual al 47,77%, quedando pendiente por ejecutar un avance de obra en porcentaje igual a 52,23%, de tal manera, que para efectos de garantizar la inversión de los recursos faltantes para culminar la obra, el Concesionario constituyó un Fideicomiso con Corficolombiana, por valor de 32.247 millones de pesos, suma de dinero que está asegurada para efectos de fondear la finalización del proyecto Nuevo Puente Chirajara.

Terminación anticipada del proceso

Por lo anterior, al encontrar la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que el hecho que se viene investigando, ha sido superado y resarcido en su totalidad, profirió el 2 de agosto de 2022 un Auto de Cesación de la Acción Fiscal derivada del Resarcimiento del Daño Patrimonial, de tal manera, que este proceso termina de manera anticipada, garantizando que los recursos por invertir dentro del proyecto Nuevo Puente Chirajara, se encuentran depositados en un Fideicomiso con destinación especifica.

Es así como se tiene previsto que, como fecha máxima, el 4 de febrero de 2024 el nuevo puente Chirajara será entregado al país, para uso y disfrute por parte de la comunidad que recorra el anillo vial denominado Doble Calzada Carretera Bogotá - Villavicencio.

Desvinculación de terceros civilmente responsables

Se ordenó igualmente desvincular como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros Seguros Alfa y Liberty Seguros.

Reforma tributaria del Gobierno Nacional aspira recaudar $ 25 billones adicionales en 2023 y aumentar a $ 50 billones con normas antievasión y eliminación de exenciones

Ministerio de Hacienda.- La financiación de los programas sociales del Gobierno es el objetivo central del proyecto de reforma tributaria, que fue radicado este lunes ante el Congreso de la República, y con el que se aspira a recaudar $ 25 billones, en 2023, y aumentar a $ 50 billones, en forma gradual, con la eliminación de exenciones y con medidas contra la evasión.

El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó en rueda de prensa, el articulado de la iniciativa, denominada “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”.


“El Estado colombiano tiene una deuda social histórica. Los niveles de pobreza y desigualdad han sido altos y persistentes. El hambre se ha convertido en un aspecto que resalta en medio de la tragedia social que viven millones de colombianos. No hay justicia social cuando esto ocurre, y menos cuando simultáneamente existen privilegios, gabelas tributarias injustificadas y mecanismos que facilitan la evasión y la elusión de las obligaciones fiscales”, dice la exposición de motivos del proyecto.


Las propuestas centrales de la iniciativa de ley se centran en limitar los beneficios tributarios a personas naturales con más de $ 10 millones de ingresos mensuales, que representan tan solo el 2 % de la población colombiana.

En cuanto a los llamados profesionales independientes que ganan más de los $ 10 millones mensuales, el Ministro Ocampo afirmó que otro de los objetivos de la propuesta y del Gobierno es fortalecer los sistemas informáticos de la DIAN “para poder detectar a más personas y frenar la evasión”.

“Lo que se busca es que estos independientes declaren sus rentas como cualquier asalariado. Los asalariados no tenemos forma de evadir nuestra renta. Hay historias de muchos médicos que no facturan; ahora deberán”, declaró.

Reiteró que se aplicarán mayores controles a la evasión y elusión de impuestos y su aplicación en forma gradual son las que permitirán aumentar el recaudo de $ 25 a $ 50 billones.

“Esta reforma reduce parte de la deuda histórica del Estado con la población colombiana, al incrementar progresivamente la tarifa efectiva de tributación de las personas de mayores ingresos. Lo anterior se da como resultado de la unificación de las rentas líquidas gravables en una única tarifa y la disminución de los topes nominales de rentas exentas y deducciones”, indica el articulado.

Impuestos a bebidas azucaradas y medidas para minero-energéticos

El Ministro Ocampo explicó que otros de los apartes centrales del proyecto de reforma tributaria son los de la salud y el medio ambiente.

Por eso, se impondrá impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que en sus etiquetas adviertan sobre riesgos para la salud.

“La base gravable del impuesto correspondería al contenido de azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (ml), mientras que la tarifa se define a partir de tres categorías asociadas a la cantidad de azúcar incorporada en cada una de las bebidas. Esta diferenciación tarifaria contribuye a promover la reducción del consumo de los productos con mayor contenido de azúcar, al tiempo que incentiva a la oferta a reformular el contenido de azúcar que tienen los bienes producidos”, reseña el articulado.

En cuanto a los alimentos ultraprocesados y con azúcares añadidos, “el impuesto corresponderá a un tributo con una tarifa del 10 % sobre el precio de venta del bien, el cual será recaudado por el productor en la entrega en fábrica o en planta para su distribución, y posterior venta”.

En el campo ambiental, se impondrá un impuesto a los plásticos de un solo uso, como complemento de otras normas regulatorias, de acuerdo con la tendencia internacional al respecto, y se amplía la base al impuesto al carbono.

“Este será de 0,00005 UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada (1) gramo del envase a los plásticos de un solo uso, el cual grava la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez”, dice el texto del articulado.

También, habrá tributo para las plataformas digitales. “Pasado cierto nivel de ventas se considera que están establecidas en el país, y que paguen impuesto de renta como las empresas que están en Colombia”, afirmó.

Explicó que un bloque de reformas importantes se propone para algunos sectores mineros, especialmente para petróleo, carbón y oro, que se exportan y que reciben beneficios por “altísimos precios internacionales”.

“Proponemos impuesto a la exportación de esos productos; hay un precio base, que permite la producción estable de ese producto, y al diferencial entre el precio de mercado y ese precio base, se le quita el 10 % para financiar el gasto social”, agregó.

El monto propuesto será del 4,6 % del valor de las exportaciones petroleras; 7,6 %, para el carbón; y 7,8 % para el oro. Esta iniciativa es una tendencia internacional y recordó que Reino Unido acaba de imponer un 25 % adicional de impuesto a las empresas petroleras que están aprovechando la bonanza actual de precios mundiales.

Regalías y Zonas Francas

Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo
Foto:PresidenciaColombia.
El Ministro Ocampo detalló que el proyecto de reforma tributaria también establecerá que las regalías no son deducibles ni descontables como gasto del impuesto de renta. “Las regalías son, si se quiere, cuando el Estado le da recursos a una empresa; el recurso es del Estado, es de la Nación; estas empresas compran un recurso del Estado, por tanto, no es un costo de producción, es la compra de un activo que es del Estado”, aclaró.

Otra medida planteada es el plazo de un año para que las Zonas Francas presenten un plan de internacionalización, con la meta de exportar del 40 %, inicial, al 70 %.

“Las Zonas Francas son para exportar; los beneficios tributarios son para que exporten, no para que vendan en el mercado interno. (La idea) tiene mucha resistencia en ese sector, pero no; el objetivo de las Zonas Francas es exportar; así que exporten”, recalcó.

El Ministro agregó que el impacto social con esta reforma es realmente significativo. “Podremos reducir la pobreza extrema en cerca de 5 puntos porcentuales a través de gastos sociales con estos recursos a recoger, y los coeficientes GINI se reducen significativamente, por cuanto los sectores pudientes pagan más impuestos y esos recursos van a los sectores de bajos recursos. Este indicador mundial de desigualdad pasaría de 0,54 a 0,49, por primera vez en Colombia.

Complementó que los tres días sin IVA se eliminarán y confirmó que la regla fiscal se va a cumplir. “Es un compromiso del Gobierno y de quien les habla como Ministro de Hacienda”, concluyó.
(Fin/cfac)

La espada en la investidura de Petro: ¿buen inicio o error simbólico?

Gustavo Petro ha iniciado su mandato como presidente de Colombia con un poderoso acto simbólico, ordenando traer la espada de Bolívar a su ceremonia de investidura. ¿Qué revela esto sobre su manera de hacer política?

La espada de Bolívar durante el acto de investidura.

DW.- Nunca antes se había interrumpido un acto de investidura por orden del propio recién nombrado presidente. Gustavo Petro hizo historia el domingo (07.08.2022) cuando, durante su toma de posesión, detuvo la ceremonia y ordenó traer a la Plaza de Bolívar la espada del mismo Libertador.
"Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario", dijo Petro.
El nuevo presidente se opuso así a una de las últimas órdenes de su predecesor, Iván Duque, quien había rehusado ceder la espada de Bolívar para la ceremonia alegando motivos de seguridad.

Para Pedro Viveros, analista político y columnista en El Espectador, es justamente esta decisión de interrumpir el acto para hacer traer la espada la que ha generado un simbolismo alrededor del arma, convirtiéndola en una metáfora de las divergencias políticas entre el actual y el anterior mandatario. "Si Duque le hubiese prestado la espada y esta hubiese estado allí durante todo el acto, no hubiese causado tanta polémica", dice Viveros.

Al mantener su discurso presidencial junto a la espada de Bolívar, Petro quiso transmitir un mensaje muy claro, comenta Viveros: "Que es un revolucionario que ha llegado al poder por la vía democrática, pero que sigue representando los ideales por los que comenzó su lucha, entre otras cosas, el pensamiento bolivariano."

Dos militares custodian la espada de Bolívar, mientras Gustavo Petro, ya presidente de Colombia, toma la palabra.

Símbolo del pasado guerrillero de Petro

No es la primera vez que los caminos de Gustavo Petro y la espada de Bolívar se cruzan. La guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), de la que el actual presidente formó parte, se dio a conocer en enero de 1974 a través del robo del arma, que sustrajo de la Quinta de Bolívar, una casa museo en el centro de Bogotá. El M-19 la devolvió años después, en 1991, tras firmar un acuerdo de paz con el Estado colombiano, pero la espada se volvió un mito y, sin duda, un símbolo de la lucha guerrillera y luego política de Gustavo Petro.

Aunque no solo representa el pasado personal del jefe del Estado colombiano. También es símbolo "de diferentes luchas históricas”, dice el historiador Sebastián Vargas Álvarez, de la Universidad del Rosario. Su presencia en este acto "trae estas demandas del pasado al presente y simboliza cómo su Gobierno se compromete con luchas de justicia social y de justicia ambiental inconclusas”.

"Juego de poder político"

Desde la visión de la psicología política, el profesor de la Universidad Técnica de Pereira Álvaro Díaz Gómez sugiere que la intervención de Petro ayuda a implementar una nueva cultura política, invitando a ciudadanos a convertirse en sujetos políticos, creando una identidad a través de rituales. "Es un símbolo que ayuda a crear una noción del momento y forjar una indentidad grupal,” dice Díaz Gómez.

Sin duda, demuestra un "juego de poder político” entre la izquierda y la derecha, prosigue Díaz, porque "Duque no cedió la espada, pero Petro la hizo traer”.

Por parte de la oposición, el gesto ha sido recibido con críticas, interpretando la orden de Petro como un acto autoritario, al traer al escenario un arma que también puede ser asociada con el conflicto armado.

"Hay una aparente contradicción”, admite el historiador Sebastián Vargas, "porque la espada es un objeto militar y se puede malinterpretar el actuar de Petro como un llamado a la beligerancia”. Sin embargo, para Vargas es más bien la muestra de que Petro "quiere encontrar una nueva forma de hacer política y de entender la historia, haciendo una resignificación de este objeto a partir de las necesidades del presente.”

Política simbólica

Aunque la espada de Bolívar se ha llevado gran parte de la atención mediática, todos los expertos entrevistados coinciden en que otra parte del acto de investidura estuvo impregnada por un hecho simbólico al menos igual de importante: la imposición de la banda presidencial por María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, candidato presidencial del M-19 asesinado en 1990.

Con este acto performativo, incluso se rompió el protocolo, que indica que es el presidente del Congreso, en este caso Roy Barreras, quien debe colocar la banda. Según el analista Pedro Viveros, durante la ceremonia de investidura Petro se mantuvo fiel a su línea de "persona que siempre ha hecho su política mediante símbolos".

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