Ley de Seguridad Ciudadana: criminalizar la protesta

Crece polémica alrededor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Varios congresistas han criticado la iniciativa. Mayorías en el Congreso aprobaron proyecto de ley que criminaliza la protesta social

Al ser aprobado en la Cámara de Representantes este proyecto de ley de seguridad ciudadana son varios los congresistas que han criticado esta iniciativa. El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Leon Freddy Muñoz, señaló que: “Este proyecto es una respuesta contra los jóvenes que salieron a protestar desde el 28 de abril. Esto le pone una lápida en la espalda a los jóvenes”. 

Con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley “Seguridad ciudadana” para que fuese debatido en época decembrina, en un solo día y en sesión extraordinaria en el Congreso de la República; una iniciativa que busca, en palabras de la Representante María José Pizarro, “revivir el Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Julio César Turbay Ayala”.

«Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo», dijo la Congresista.

Así mismo señaló “Este proyecto de ley tiene un enfoque militarista, guerrerista y represivo”, dijo Pizarro al denunciar que se pretende responder al legítimo derecho a la protesta y a la movilización social con una gran carga de populismo punitivo y criminalización de la protesta social, a través de disposiciones inconstitucionales e inconvenientes:

1. Crea conductas punibles innecesarias y aumento de penas desproporcionadas, que como se ha demostrado NO previenen la ocurrencia de los delitos, generando disposiciones de populismo punitivo.

2. Aumenta la pena máxima de prisión a de 50 a 60 años, implementando así una cadena perpetua de manera indirecta donde el único efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario. El aumento de las penas estaría configurando “un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”, como lo estableció la Corte Constitucional en el análisis de constitucionalidad del acto legislativo que creó la cadena perpetua.

3. Crea disposiciones peligrosas que criminalizan la protesta social y facilitan la judicialización y encarcelamiento de las y los manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado en materia del derecho a la protesta.

4. No se establecen parámetros de prevención de carácter intersectorial, como tampoco soluciones contextualmente pertinentes para contribuir a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad.

Los artículos que se debían eliminar

Habiendo sido negada la proposición de archivo de este proyecto de ley, la Congresista, propuso la eliminación de 16 artículos entre ellos: Art.3, que legitima el uso de la fuerza letal; art. 13, con el que se busca perseguir y judicializar a la ciudadanía, en especial a las comunidades indígenas; art.16, que limita el ejercicio libre de la protesta y de la libertad de expresión, al impedir que las personas que salgan a manifestarse usen elementos que oculten su identidad; art. 18, con el que se quiere legitimar las judicializaciones injustificadas y masivas; art. 20, el que obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social y criminaliza la labor que realizan organizaciones y líderes sociales, entre otros, las cuales fueron negadas por las mayorías del Congreso.

Desde el 2018, venimos alertando y denunciando en debates de control político y mociones de censura cómo las movilizaciones están siendo reprimidas brutalmente, hemos denunciado los patrones de horror generalizados en el manejo de la protesta por parte de la fuerza pública. 

El presidente más joven que ha tenido el país le ha declarado la ‘guerra a las juventudes‘.

Nos oponemos a este proyecto de ley que presentan ante el Congreso a hurtadillas, a escondidas, en el último momento. Con broche de oro cierra el Gobierno de Iván Duque, no son capaces de dar el debate abiertamente”. afirmó María José Pizarro en una de sus intervenciones.

Este Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana tiene enfoque militarista y perverso. Aquí mis argumentos pic.twitter.com/NM1P6pexzS

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) December 20, 2021

Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó que desde la oposición se va a demandar esta iniciativa.

“Es absolutamente inconveniente, no solamente no responde al llamado de la ciudadanía, sino que con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana introduce populismo punitivo con aumento penas, creación de nuevos delitos, judicializa asuntos que deberían ser únicamente de convivencia”, explicó la representante.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional celebraron esta aprobación e indicaron que está pensado para que quienes atenten contra los derechos de los ciudadanos y hagan daño en bien ajeno asuman su responsabilidad.

?Congreso de la República

Hoy podemos decir que es una realidad el PL de fortalecimiento de seguridad ciudadana, radicado en conjunto con @mindefensa y @MinjusticiaCo para que quienes atenten contra derechos de ciudadanos y hagan daño en bien ajeno asuman su responsabilidad. pic.twitter.com/b6gHE6g2er

— Daniel Palacios (@DanielPalam) December 21, 2021

Atacan a Firmantes de Paz luego de haber sIdo amenazados.

 

Excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz quienes se encontraban ubicados en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) en los Llanos del Yarí (Meta) y quienes han sido amenazados de muerte se desplazaban hoy 17 de diciembre entre el Meta y el Caquetá.

 Iniciaron el viaje a las 9 a.m., sobre las 10 a.m., en un sector entre La Siembra y La Machaca fueron atacados con ráfagas de fusil, la caravana estaba compuesta por 3 buses y 33 camiones, los Firmantes de Paz y sus familias buscaron refugio en el sector, sobre la una de la tarde no se conocía de victimas o heridos, pero existe preocupación por la suerte de la Concejal Karen Andrea Flórez quien quedó aislada en medio del ataque.

El objetivo de los Firmantes de Paz era llegar al municipio de Doncello (Caquetá) para asentarse y continuar con el proceso de reincorporación. Desde el partido COMUNES elevan la exigencia al gobierno nacional para que asuma medidas efectivas destinadas a proteger la vida de quienes le apostaron al proceso de paz. Al tiempo, alertan a la comunidad internacional sobre el Grave Riesgo para los Firmantes de Paz

REVIVEN PERSONERÍA JURÍDICA DE VERDE OXÍGENO Y SALVACIÓN NACIONAL

La sala tuvo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que le otorgó personería al Nuevo Liberalismo.

CNE revive personerías jurídicas de Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Fotografías Juan Carlos Sierra y Zurek Gómez Abogados.

El Consejo Nacional Electoral, en sala celebrada hoy, otorgó personería jurídica al partido Verde Oxígeno y al Movimiento de Salvación Nacional.

Con ponencia de los magistrados Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y Hernán Penagos Giraldo, quienes asumieron respectivamente los casos, el Tribunal consideró que en ambas actuaciones administrativas se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado, que terminaron con el secuestro de la excandidata Ingrid Betancourt y el magnicidio del también excandidato Álvaro Gómez Hurtado; similares a las vividas por el Partido Nuevo liberalismo, con el asesinato del entonces aspirante presidencial Luis Carlos Galán.

Los magistrados tuvieron en consideración la decisión de la Corte Constitucional, en su sentencia SU-257 del 2021, que ordenó otorgar personería al Nuevo Liberalismo.

Para la sala plena del CNE, se presentaron similares situaciones fácticas, jurídicas y hechos de violencia a las vividas por los miembros del partido Nuevo Liberalismo, respecto de los miembros del movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno, que afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1990 y, por tanto, deben hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.

Con el asesinato de Jhon Mario García Guanga son 160 líderes asesinados en 2021

En este 1 de diciembre, inicio del último mes del 2021, se confirmó que otro líder social fue asesinado en Colombia. Se trata de Jhon Mario García Guanga, quien era un joven indígena Awa y en la actualidad era parte de la Guardia Indígena del resguardo Gran Rosario en Tumaco, Nariño.

De acuerdo a los testimonios, sobre las 3:00 p. m., cuando se encontraba con su esposa, hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta en Guayacaya. Tras conocerse de su secuestro, se preparó una comisión que partió en búsqueda de Jhon Mario, sin embargo, la comunidad confirmó que una hora más tarde el joven fue encontrado asesinado sobre la vía que conduce de Tumaco a Pasto, más específicamente en el corregimiento de Pinde.

La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awa del Pacífico, ORIPAP, rechazó el crimen, «sentimientos rabia e impotencia nos embargan al tener que mirar como asesinan de una forma vil y cobarde a nuestros jóvenes indígenas (…) Que sea nuestra Madre Naturaleza quien cobre el derramamiento de sangre de tantos compañeros y hermanos».

Organizaciones indígenas y de DD.HH., también se unieron al dolor de la Comunidad de Jhon Mario y rechazaron el asesinato, que de acuerdo al registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, suma 160 víctimas en la larga lista de líderes y lideresas asesinadas en nuestro país solo en este años y 1275 desde 2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.

#NosEstánMatando| Desde @ONIC_Colombia RECHAZAMOS y DENUNCIAMOS el asesinato de Jhon Mario García Guanga, joven del Pueblo Awá que hacía parte de la Guardia Indígena del Resguardo Gran Rosario del municipio de Tumaco, Nariño.

⚠️| #SOSPueblosIndígenas. pic.twitter.com/u4ZxjbR2Qf

— Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) December 2, 2021

La comunidad también cuestionó la actitud del Gobierno de Iván Duque, pues denuncian que estos asesinatos se dan ante la indiferencia estatal, que ha sido advertida por organizaciones y por Defensoría del Pueblo desde 2018, respecto al riesgo que viven la comunidades Awa por la presencia de grupos armados que quieren hacer control de los cultivos de uso ilícito y causa despojos en la región del pacífico colombiano.

Sistema Integral para la Paz lanza el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos

El lanzamiento de la plataforma tecnológica se llevará a cabo en San Jacinto (Bolívar) el 30 de noviembre a las 11:00 a.m.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, por lo menos 1.026 líderes sociales y 326 excombatientes de las Farc-EP han sido asesinados. 

Para evitar que se repita la tragedia que Colombia vivió durante 60 años y asegurar la oportunidad de hacer justicia, saber qué fue lo que pasó y encontrar a los desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas, le presentarán mañana al país el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz.

A través de esta herramienta tecnológica pública, que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se alertará a la sociedad y las autoridades competentes sobre la posible ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de los sujetos individuales y colectivos que participan en los diferentes procesos desarrollados en territorio por las entidades.

Asegurar la vida de los excombatientes de las Farc, así como de las víctimas del conflicto y los líderes sociales que desde su territorio construyen un mejor país, está en el ADN del Acuerdo Final. Más, cuando un modelo de justicia transicional que se nutre de los aportes genuinos y espontáneos de verdad se ve amenazado si el temor se erige como un obstáculo para el acceso a la justicia y la construcción de la paz.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, 326 excombatientes de las Farc-EP y 1.026 líderes sociales, de los cuales 26% pertenecían a organizaciones que participan en el Sistema Integral para la Paz, han sido asesinados. Las tasas de homicidio contra quienes implementan el Acuerdo han aumentado y siguen siendo altas mientras los nuevos y remanentes grupos violentos luchan por el control territorial, el monopolio de mercados ilícitos y la impunidad.

El lanzamiento, que fue convocado por el Sistema, se llevará a cabo este 30 de noviembre en San Jacinto (Bolívar) a las 11:00 a.m. Además, contará con la participación de líderes sociales de la región de Montes de María, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Verificación de la ONU, Pastoral Social, la Mapp/OEA, el Instituto Kroc, el Instituto Capaz y la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, entre otros.

¿QUÉ ES EL MECANISMO UNIFICADO DE MONITOREO DE RIESGO?

Es una herramienta tecnológica que permite visualizar los incidentes de seguridad que afectan a las víctimas, los excombatientes de las Farc-EP y las organizaciones sociales que participan en el Sistema Integral para la Paz. Este mecanismo está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

¿CUÁL ES LA POBLACIÓN DE INTERÉS?

Todo el territorio nacional con énfasis en 107 municipios en donde coinciden la priorización de los macro casos de la JEP y los planes regionales de búsqueda de la UBPD. Así como las 369 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se relacionan con las Casas de la Verdad de la CEV y también los 62 municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y 171 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Además, de los 18.630 comparecientes ante la Jurisdicción.

Para la UBPD el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgo brinda la posibilidad de identificar, prevenir y mitigar escenarios que pongan en riesgo la vida, libertad e integridad de los y las servidoras y las víctimas, organizaciones, aportantes y terceros participantes en el proceso de búsqueda humanitaria de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Adicionalmente, constituye un ejercicio de articulación en materia de prevención y protección con los demás mecanismos del Sistema Integral para la Paz, para brindar garantías de participación a las víctimas en los procesos que adelantan con el Sistema.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA INFORMACIÓN?

Del monitoreo diario de 160 medios de comunicación, 372 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz, y las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

¿DÓNDE SE PODRÁN CONSULTAR LOS DATOS?

En la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz se podrá consultar la plataforma digital, los boletines diarios de monitoreo, reportes periódicos, informes temáticos, así como de riesgo y con fines judiciales para la adopción, implementación y evaluación de medidas cautelares de protección.

Ver enlace https://www.jep.gov.co/uia/Paginas/mecanismo_monitoreo/index.aspx

"Tiros a la vista": el informe que documenta las agresiones durante el paro nacional contra Iván Duque

Organizaciones exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

Un miembro de las fuerzas de seguridad apunta su arma durante una protesta antigubernamental en Bogotá. 30 de abril de 2021 - Luisa González - Reuters

El pasado 28 de abril, Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque que se extendió por semanas, cuando se dio cuenta de que varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se les acercaban.

"Simplemente grité 'ya vámonos' y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada", recuerda Leidy. El rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

Donde no intervino el ESMAD,
no se presentaron desórdenes.
Fusagasugá - Cundinamarca.

La joven perdió un ojo en el ataque. Es una de las más de 100 víctimas de las represiones en las que las fuerzas de Seguridad atacaron directamente a los ojos de los manifestantes, una modalidad que ya se había intensificado en Chile durante las protestas de 2019.

Así lo relata el informe "Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional", que este viernes presentaron la organización Temblores y Amnistía Internacional, junto a la Universidad de los Andes, y que denuncia la violencia institucional de las fuerzas represivas de Colombia contra la protesta social.

Leidy considera que fue un acto de violencia basada en género, porque sus demás compañeros salieron ilesos. Desde entonces ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas, lo que la ha revictimizado. A ello se suman las redes sociales y un ataque con pólvora en la puerta de su casa. Las amenazas la obligaron a dejar el país junto con su madre y su pareja.

"Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz", advierte la estudiante en un informe que detalla 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de ellos ocurrieron en años anteriores y ocho el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.

"El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales", señala.

Este viernes se presentó “Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del paro nacional", un informe conjunto entre @PaiisUniandes, @TembloresOng y @AmnistiaOnline, que documenta la violenta represión en la protesta social en el marco del paro nacional del 2021 en Colombia. pic.twitter.com/KYnv3VZNO5

— Centro de Memoria Paz y Reconciliación (@centromemoria) November 26, 2021

Reclamos

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

"Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia", explica un documento que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

"En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom", precisa.

Marcha pacífica durante
el Paro Nacional 2021.
Fusagasugá - Cundinamarca

La información disponible revela que las agresiones directas a los ojos han aumentado. El Sistema de Información de Agresiones Oculares a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, registró 12 lesiones oculares en el marco de protestas entre el 10 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, lo que implica un ataque cada 3,6 días.

En comparación con estos datos, la plataforma GRITA de Temblores registró que del 28 de abril al 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, una cada 0,81 días. Con respecto al perfil de las víctimas, 90 son varones, en su mayoría estudiantes de entre 18 y 22 años.

De las 103 personas agredidas este año, 14 perdieron el ojo y 14 la vista total; nueve sufrieron pérdida parcial y seis más heridas oculares sin pérdida de vista, en tanto que 60 quedaron sin un trauma identificado.

"Ligada a las afectaciones físicas y mentales, las víctimas dan cuenta de las múltiples barreras que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos a la salud, a la movilidad, a la educación y al trabajo, entre otros", señala el informe que, además, recomienda a las autoridades nacionales cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la CIDH para asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto y público para prevenir afectaciones a la integridad y a la salud de manifestantes.

"Asimismo, se insta a las autoridades a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa", añade al sumarse al llamado de organizaciones sociales nacionales e internacionales para reformar a la Policía Nacional y, en particular, al ESMAD.