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Colombia recibirá préstamos por 800 millones de dólares para atender a migrantes venezolanos

El monto económico ha sido destinado a Colombia por ser el país receptor de la mayor cantidad de migrantes venezolanos al estallar las crisis humanitaria.

Colombia recibirá 800 millones de dólares en dos préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para atender a los emigrantes venezolanos en su proceso de integración social al país, anunció el martes el presidente Iván Duque.


El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 millones de dólares destinado a apoyar la estrategia del Gobierno de Colombia para la integración social y económica de los emigrantes de Venezuela en el país.

Se trata del primer préstamo de políticas de desarrollo del Banco Mundial centrado exclusivamente en la migración transfronteriza, pensado para la integración de la población migrante en condiciones de vulnerabilidad como a las áreas de acogida.

El préstamo será complementado por una contribución de 26,4 millones de dólares del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional.

Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 300 millones de dólares para la inclusión social y económica de la población migrante venezolana en Colombia.

"Son 800 millones de dólares de financiamiento de largo plazo, en buena tasa, para el buen desarrollo de una política pública migratoria integral", dijo el presidente Iván Duque en un acto de gobierno.

"Son las primeras operaciones que sobre esta materia adelantan los dos bancos. Y se hacen bajo el esquema de créditos de políticas públicas, que es respaldar el camino trasegado y lo que falta por trasegar", agregó el mandatario.

Escuadrón Antidisturbios seguirá operando en Colombia pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos

actualidad.rt.- Por segunda vez en este año fue archivado un proyecto legislativo que buscaba desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Colombia, señalado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

Altercados durante una protesta contra el Gobierno de Duque, Bogotá, Colombia, 28 de julio de 2021Nathalia Angarita -Reuters

En esta oportunidad, con siete votos a favor y tres en contra, la Comisión Segunda del Senado colombiano tumbó el proyecto de Ley impulsado por los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia. En julio pasado un grupo de parlamentarios había hecho la propuesta ante la Cámara de Representantes de modificar la Policía Nacional y prohibir el uso de algunas armas por parte de los antidisturbios, sin éxito.

En su cuenta de Twitter, el senador del Polo Democrático Alternativo afirmó que aunque en "esta ocasión no se pudo", persistirá. "Al Esmad lo vamos a desmontar", agregó.

Por su parte, Sanguino, aspirante presidencial por el partido Alianza Verde, dijo en un trino que la eliminación del cuerpo antidisturbios, adscrito al Ministerio de Defensa, "tendrá que esperar al nuevo congreso con mayorías democráticas". "Un gobierno y Congreso del cambio en el 2022 debe avanzar en reformas como estas", agregó.


¿Cuál era la propuesta?

En el proyecto de nueve artículos se planteaba desmontar en un plazo de seis meses al Esmad, creado en 1999, y que sus atribuciones las cumpliera la Policía Nacional, que también absorbería a los funcionarios antidisturbios.

Los agentes que tuvieran investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los derechos humanos no podrían ser incorporados a cargos relacionados con la contención de manifestaciones.

Esta iniciativa legislativa proponía sustituir al Esmad por una 'Unidad Especial de Diálogo y Mediación Policial' que diese "garantía al derecho a la protesta y la dignidad humana, con un enfoque diferencial, al diálogo y la resolución de conflictos", escribió el senador Valencia en un trino.
¿Por qué desmontar al Esmad?

Desde las protestas de 2019 se ha incrementado el clamor entre las voces opositoras en el Senado y las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos para que se revise la acción del Esmad y se desintegre ante las múltiples denuncias de violación de los derechos humanos en las movilizaciones.

Según afirmó Cepeda en su intervención ante la Comisión Segunda del Senado, en las pasadas protestas, que comenzaron en abril de este año, 61 muertes de las 80 registradas por organismos de defensa de los derechos humanos habrían sido responsabilidad de agentes antidisturbios.

"Es evidente que el Esmad tiene serios problemas en su funcionamiento y en su concepción, no basta con reformas superficiales, vemos que hay un comportamiento sistemático", expresó el senador opositor.

El senador colombiano Iván Cepeda en Bogotá,
el 3 de octubre de 2019

Daniel Munoz - AFP
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de trabajo a Colombia, pidió separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos". Sin embargo, este llamado fue rechazado por el presidente colombiano, Iván Duque, que afirmó en un trino que nadie podía recomendarle a un país "ser tolerante con actos de criminalidad".

En ese contexto, el mandatario anunció a mediados de año la "transformación" policial y "modernización" del Ministerio de Defensa, en medio de peticiones del cese de la violencia policial contra los manifestantes. Esta iniciativa fue criticada en su momento por quienes la tildaron de "cambio cosmético" que no resolvía la raíz del problema causado por la militarización y el "uso excesivo de la fuerza" durante las protestas.

Este no ha sido el primer señalamiento de un organismo internacional a los antidisturbios. En 2020, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió un cambio "urgente" del Esmad, en el contexto de las movilizaciones antigubernamentales de 2019 y de ese año.

Cepeda recordó que además de las recomendaciones internacionales sobre el Esmad hay decisiones de la Justicia que plantean que "existe por una conducta de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática contra personas que han participado en movilizaciones de manera pacífica".

En septiembre de 2020, la Corte Suprema dictó un fallo histórico donde ordenaba el Ejecutivo la una reestructuración general del uso de la fuerza o la suspensión del uso las escopetas de calibre 12, que usaba el Esmad para contener las protestas, que habría sido la causante de la muerte del joven Dilan Cruz, emblema de las manifestaciones en Colombia.
Nathali Gómez

Se eleva a 86 el número de masacres registradas en 2021

En la zona actúan los grupos armados Los Puntilleros, el Clan del Golfo y el Frente 1º y 7º del Bloque Sur Oriental de las disidencias de las FARC.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia informó que este martes fueron asesinadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, en el departamento de Guaviare, ubicado en la región de la Amazonía, al sureste del país.

Por el momento no se conocen las identidades de las víctimas, dice la organización en su cuenta en Twitter.

"Los hechos ocurrieron en las zonas conocidas como Bodega India y vereda Cartucho", detalla Indepaz, señalando que se trata de una zona rural que se encuentra a tres horas al sur de San José del Guaviare, la capital departamental.


Según la Alerta Temprana (AT) 005/19 de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en la zona donde ocurrió esta nueva masacre actúan los grupos armados Los Puntilleros, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y el Frente 1º y 7º del Bloque Sur Oriental de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La presencia de los grupos armados, según el documento, ha significado "un incremento de las restricciones a la movilidad de la población civil y de los casos de reclutamientos forzados, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas".

El asesinato de estas cuatro personas sería la masacre número 86 registrada en 2021 en Colombia, de acuerdo con Indepaz.

Cuenta de Twitter afirma que los indígenas están en "peligro de extinción" y las redes estallan

La controversia surgió tras la publicación de un tuit donde se advertía sobre la violencia de la que son víctimas los pobladores originarios por parte de quienes explotan recursos naturales.

Minga indígena en Bogotá, Colombia, el 21 de octubre de 2020
Legion-Medua - XChepaxBeltranx

Un tuit publicado por una cuenta que difunde información histórica y cultural sobre Colombia ha causado gran rechazo entre sus seguidores, que consideran que se usó un término no apropiado para alertar sobre el peligro que corren los pueblos indígenas en sus comunidades.

"Los indígenas americanos están en peligro de extinción por la violencia de los latifundistas y la minería extractiva", dice el trino de la cuenta Historia de Colombia, que acumula casi 300.000 seguidores en Twitter.

La expresión "peligro de extinción" fue usada por la cuenta para advertir sobre la violencia, expolio y los asesinatos de los miembros de las comunidades originarias por parte de los latifundistas y mineros que quieren apropiarse de sus tierras para explotar recursos naturales.

Los internautas consideran el uso de este término como un acto de racismo y discriminación debido a que es utilizado para referirse a especies animales y vegetales cuya vida se encuentra amenazada por la acción directa de los humanos, la deforestación y el cambio climático.

¿Genocidio o extinción?

La mayoría de las personas coincidió en que "genocidio" podría ser uno de los términos para hablar del asesinato sistemático de los indígenas, que además se han visto afectados por los conflictos entre grupos armados ilegales por el control territorial.

Otro tuitero considera que lo más exacto sería referirse a "extinción física y cultural", que consiste en la "eliminación por completo (genocidio y/o integración con otras culturas, que resulta en su desaparición tanto en términos de lenguaje como costumbres)", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

En Colombia, según la Corte Constitucional, hay 35 pueblos en riesgo, mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) maneja otra cifra y afirma que son 64, debido a que cada uno de ellos cuenta con menos de 500 miembros.


Hasta ahora la cuenta Historia de Colombia no ha hecho alguna aclaración sobre lo publicado.

Corte Penal Internacional cIerra casos, pero sigue “vigilante”

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en Bogotá que su oficina cerrará el caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (...) y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar", aseguró Khan, quien puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino que es el comienzo de una "nueva relación" con una "interacción continua".

Defensa del acuerdo de paz

Khan destacó la importancia del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que insistió en que el convenio de cooperación suscrito este jueves con la CPI implica el resguardo de ese pacto de paz.

En ese sentido, hizo énfasis en el compromiso establecido por Bogotá para permitir el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), que se encarga de la justicia transicional en el país.

"El Gobierno y la República acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que las demás cortes y todo el sistema judicial reciban los fondos que requieren, y garantizar que no existirá ninguna interferencia política en el proceso", indicó el fiscal.

En su turno, Duque recordó que en el año 2004 la CPI abrió un examen preliminar sobre Colombia para que "se conociera la verdad, se le diera cabida plena a la justicia y también a los principios de reparación y no repetición", por lo que consideró que el cierre de esa etapa constituye un "paso histórico" y un "reconocimiento del esfuerzo" de su país para esclarecer los crímenes.

Examen preliminar

Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde el 2004, y que abarca crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad, desde 2002, cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares.
Visita de la Corte Penal Internacional a Colombia y Venezuela

Desde el lunes 25 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. Khan, realiza una misión de 10 días a América Latina, que incluye visitas oficiales a Colombia y Venezuela. La misión a la región se basa en las que el Fiscal ya ha mantenido, tanto en persona como virtualmente, con múltiples interesados en relación con ambas situaciones.

El fiscal Khan y su delegación mantienen reuniones con diferentes partes interesadas, incluidas reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial, representantes del cuerpo diplomático, así como con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

"Estas visitas reflejan el compromiso del fiscal Khan de aumentar el compromiso directo con la región y de explorar vías de cooperación de acuerdo con el principio”, dijo la CPI.

Colombia afirma estar "totalmente alineada" con la "nueva estrategia" antidrogas de EE.UU.

El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que su política está "totalmente alineada" a la "nueva estrategia" antidrogas anunciada recientemente por EE.UU., que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Bogotá, Colombia, el 20 de octubre de 2021Luisa Gonzalez-Pool-Reuters

Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano. Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto.

Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de "rendición de cuentas" sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí.

Este requerimiento desde la Casa Blanca también pende sobre el Gobierno de Duque, que ha sido señalado por entes internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de permitir el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de este año, que se saldaron con alrededor de 80 fallecidos, según la ONG Indepaz (la Fiscalía recoge solo 20 muertos).

¿Qué responde Colombia?

El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva "estrategia holística antinarcóticos" entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecían las tres líneas gruesas del trabajo conjunto, que se centra en la "reducción de la oferta de drogas", la "seguridad y desarrollo rural integral" y la "protección ambiental", el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban "totalmente alineados".

En unas breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de "mecanismos de precisión donde corresponda", que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.

El mandatario también hizo referencia a la 'Ruta Futuro', una política gubernamental para enfrentar el "problema de las drogas" que va desde el consumo hasta la elaboración y la distribución, y dijo que gracias a esta han tenido "las mayores incautaciones de droga en el país",que superan las 500 toneladas junto con destrucción de laboratorios".

¿Qué es el "enfoque holístico"?

Un policía colombiano en un campo de coca en Tumaco,
departamento de Nariño, Colombia, el 30 de diciembre de 2020
uan BARRETO - AFP
Distintos medios se han referido a un cambio de abordaje de la política antinarcóticos estadounidense en territorio colombiano, casi un año después de que una comisión de la Cámara de Representas catalogara de "fracaso" el 'Plan Colombia', una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.

En esta "nueva estrategia" de la ONDCP, hay un "enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental", según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.

Sus tres líneas transversales son:

- Reducción de la oferta y la demanda de drogas, a través de la erradicación, destrucción de laboratorios, esfuerzos contra el lavado de dinero y enjuiciamiento de los narcotraficantes.

- Seguridad y desarrollo rural integral, que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, protección de los líderes sociales y ampliar la formalización de la tierra, entre otros.

- Protección ambiental, lo que contempla monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen a los narcotraficantes, "la negación de un santuario para los grupos armados ilegales" y un "sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad".

Las peticiones de Blinken

Lo planteado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ya había sido delineado la semana pasada por Blinken durante su primera visita como secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, país al que Biden considera uno sus aliados más importantes en la región para "hacerle frente" a los "múltiples retos" que "enfrentan" las democracias dentro y fuera del hemisferio.

A grandes rasgos, Blinken se refirió a temas que han estado entre los reclamos de varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que han afirmado reiteradamente que no han tenido eco en el Gobierno de Duque. Una constante en sus demandas es el cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que consideran como piedra angular del actual conflicto entre grupos armados por el control territorial y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.

Blinken pidió "atacar las raíces del narcotráfico" como "la inequidad, la corrupción, la impunidad" para "invertir en la prevención y la recuperación de quienes están luchando contra la adicción". Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil.

El espinoso tema de los derechos humanos

Para el jefe de las Relaciones Exteriores de EE.UU., el "nuevo enfoque" no solo pasa por mantener la "cooperación y reforzar el cumplimiento de la ley para reducir la violencia", sino en tener "los derechos humanos como núcleo".

Al referirse a "la rendición de cuentas" de los derechos humanos, mencionó las "violaciones y abusos" cometidos durante el conflicto, "en respuesta a las protestas a principios de este año" y contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales.

Sobre los derechos humanos y las protestas ya hubo controversia entre Duque y la CIDH debido a que el mandatario afirmó que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad" en correspondencia con los señalamientos del Gobierno que apuntaban hacia deslegitimar las protestas porque en ellas se cometían "actos vandálicos y terroristas" y bloqueos de las vías.

En su diálogo con Blinken, Duque insistió en que su Administración tiene una política de "tolerancia cero" con cualquier tipo de violación y con el "vandalismo, los ataques a la Fuerza Pública y cualquier agresión a la institucionalidad".

A pesar de estas peticiones de Blinken sobre los derechos humanos de los manifestantes durante las movilizaciones, en su oportunidad la respuesta de Washington no fue inmediata, como sucede cuando ocurren protestas en otros países de la región, y fue tildada de tibia por sectores del Congreso que pedían acciones contundentes contra el Gobierno colombiano.
Nathali Gómez

Dinámica y heterogeneidades del crédito comercial en el período de pandemia

El Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República del primer semestre de 2021 muestra que, durante los primeros seis meses de 2020 y en un contexto de recesión derivado de la pandemia global, el crédito comercial total de las instituciones financieras colombianas a las empresas aumentó significativamente. Este fenómeno lo ilustran las líneas azules en los paneles A y B del Gráfico 1. A partir del segundo semestre de 2020 el saldo de cartera comercial total empezó a desacelerarse, lo cual suscitó inquietudes sobre la dinámica del crédito a las firmas en el contexto actual de reactivación de la economía.


Un análisis de los datos revela que este comportamiento de la cartera comercial total pudo haber estado explicado por la búsqueda de liquidez por parte de algunas pocas firmas grandes al comienzo de la pandemia, con el fin de suavizar la caída de su ingreso. Estas firmas hicieron uso de sus líneas de crédito preestablecidas e iniciaron el pago de su deuda a partir del tercer trimestre de 2020. Por ello, para entender bien el flujo reciente de crédito al sector productivo de la economía, resulta relevante analizar la distribución de la evolución de la cartera comercial entre firmas, especialmente entre aquellas que accedieron a préstamos durante el comienzo de la pandemia y aquellas que no lo hicieron.

Con este fin, se calcularon los desembolsos de cartera comercial de los establecimientos de crédito a cada empresa entre diciembre de 2019 y junio de 2020 (período de comienzo de la pandemia) utilizando el Formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este cálculo revela que un total de 84.625 firmas aumentaron su endeudamiento en alguna magnitud durante ese período. Sin embargo, el 1% de las firmas que más aumentaron su endeudamiento en ese período
1, responden prácticamente por la totalidad del aumento y la posterior reducción de la cartera comercial total, como lo ilustran las líneas rojas en los paneles A y B del Gráfico 1.

Ahora bien, si excluye aquel 1% con mayor crecimiento de su endeudamiento y se analiza el resto de firmas2 se obtienen las líneas amarillas en los paneles A y B del Gráfico 1. Como puede verse, esta medida de la cartera comercial es relativamente estable y, a partir del cuarto trimestre de 2020, tiene un aumento de su tasa de crecimiento. Si, en lugar del 1%, se excluye el 10% o el 20% de firmas que más se endeudaron en aquel período3, se obtienen las líneas vinotinto y gris, respectivamente. En este caso, se observa una caída de la cartera comercial en el primer semestre de 2020 y una vigorosa recuperación posterior con un crecimiento nominal anual superior al 5% en junio de 2021, en línea con la mayor actividad económica.

En síntesis, el ciclo de la cartera comercial observado desde el comienzo de la emergencia sanitaria exhibe una importante heterogeneidad “temporal” en el flujo de crédito comercial: al comienzo de la pandemia el crédito fluyó principalmente a un número reducido de empresas con grandes desembolsos, mientras que a partir de finales de 2020 ha fluido al resto del universo de empresas.

Gráfico 1. Dinámica del crédito comercial

Panel A. Saldo de cartera

Panel B. Crecimiento nominal anual de la cartera

Fuente: Cálculos del Banco de la República a partir del Formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

 1 El grupo del 1% de firmas que más accedió al crédito está compuesto por 846 empresas que participaron con el 41,3% de la cartera comercial a junio de 2020, y de las cuales 809 son empresas grandes. Una firma clasifica en este grupo si sus desembolsos en el período diciembre de 2019-junio de 2020 superan COP 5,9 miles de millones.

2 El grupo de firmas excluyendo al 1% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 426.621 empresas.

3 El grupo de firmas excluyendo al 10% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 419.004 empresas con desembolsos inferiores a COP 349,1 millones en el mismo período. El grupo de firmas excluyendo al 20% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 410.541 empresas con desembolsos inferiores a COP 119,5 millones en el mismo período.

La caída de 'Otoniel' no es el fin del Clan del Golfo

Los expertos sostienen que "no habrá un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo".

Tras la captura este sábado de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', el máximo jefe del Clan del Golfo, las autoridades colombianas ya estudian quién podría quedar como nuevo cabecilla de esta organización criminal.

Un posible candidato es Wilmer Antonio Giralda Quiroz, alias 'Siopas', que, según la estructura que reveló el Ejército de Colombia sobre el Clan del Golfo, es el segundo cabecilla al mando.

Giralda Quiroz, de 40 años, se desempeña como jefe de la estructura conocida como 'Jairo de Jesús Durango', con más de 500 hombres a su mando. En su contra hay una circular azul emitida por Interpol, y en Colombia tiene un proceso por asociación para delinquir.


Siopas' tiene fuerte incidencia en el departamento del Choco y está involucrado en el homicidio de varios líderes sociales. Además, se le acusa de varios ataques contra la Fuerza Pública, por lo que desde hace varios meses es un objetivo importante para las autoridades.

Sin embargo, se presume que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', tiene más probabilidades de ser el nuevo cabecilla del grupo criminal.

"Es 90 % seguro que ahora el mando del Clan del Golfo lo tiene 'Chiquito Malo', si él tomara la decisión de no asumir el mando lo asumiría alias 'Siopas' quién está dominando todo el Suroeste Antioqueño", declaró la ONG Corpades a Caracol Radio.

¿Quién es alias 'Chiquito Malo'?

Según las autoridades, Ávila Villadiego, de 44 años, tiene la confianza de 'Otoniel', ya que llevan una trayectoria de casi 20 años de vida criminal juntos. 'Chiquito Malo' se apartó del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre de 2004, pero siguió delinquiendo al lado del Clan Úsuga, nombre con el que se conocía anteriormente al Clan del Golfo.

'Chiquito Malo' siempre ha estado al frente de las actividades de producción y comercialización de cocaína en la organización, llegando a ser uno de los comandantes de la estructura que se mueve en la región de Urabá y el municipio de Turbo, en el departamento colombiano de Antioquia. Posteriormente asumió como líder de esa subestructura.

En su contra hay una circular roja emitida por Interpol y una solicitud de extradición a los Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En Colombia, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos (133.000 dólares aproximadamente) por información que permita dar con su paradero.

Respecto al futuro del grupo armado tras la captura de 'Otoniel', el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Esteban Salazar, sugirió que "no va a haber un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo. "Las economías ilegales se van a mantener, incluso vienen en auge", comentó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, puntualizó que la Fuerza Pública continuará desmantelando al Clan del Golfo y ya va tras la pista de los dos cabecillas.

Importante.

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