La caída de 'Otoniel' no es el fin del Clan del Golfo

Los expertos sostienen que "no habrá un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo".

Tras la captura este sábado de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', el máximo jefe del Clan del Golfo, las autoridades colombianas ya estudian quién podría quedar como nuevo cabecilla de esta organización criminal.

Un posible candidato es Wilmer Antonio Giralda Quiroz, alias 'Siopas', que, según la estructura que reveló el Ejército de Colombia sobre el Clan del Golfo, es el segundo cabecilla al mando.

Giralda Quiroz, de 40 años, se desempeña como jefe de la estructura conocida como 'Jairo de Jesús Durango', con más de 500 hombres a su mando. En su contra hay una circular azul emitida por Interpol, y en Colombia tiene un proceso por asociación para delinquir.

Siopas' tiene fuerte incidencia en el departamento del Choco y está involucrado en el homicidio de varios líderes sociales. Además, se le acusa de varios ataques contra la Fuerza Pública, por lo que desde hace varios meses es un objetivo importante para las autoridades.

Sin embargo, se presume que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', tiene más probabilidades de ser el nuevo cabecilla del grupo criminal.

"Es 90 % seguro que ahora el mando del Clan del Golfo lo tiene 'Chiquito Malo', si él tomara la decisión de no asumir el mando lo asumiría alias 'Siopas' quién está dominando todo el Suroeste Antioqueño", declaró la ONG Corpades a Caracol Radio.

¿Quién es alias 'Chiquito Malo'?

Según las autoridades, Ávila Villadiego, de 44 años, tiene la confianza de 'Otoniel', ya que llevan una trayectoria de casi 20 años de vida criminal juntos. 'Chiquito Malo' se apartó del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre de 2004, pero siguió delinquiendo al lado del Clan Úsuga, nombre con el que se conocía anteriormente al Clan del Golfo.

'Chiquito Malo' siempre ha estado al frente de las actividades de producción y comercialización de cocaína en la organización, llegando a ser uno de los comandantes de la estructura que se mueve en la región de Urabá y el municipio de Turbo, en el departamento colombiano de Antioquia. Posteriormente asumió como líder de esa subestructura.

En su contra hay una circular roja emitida por Interpol y una solicitud de extradición a los Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En Colombia, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos (133.000 dólares aproximadamente) por información que permita dar con su paradero.

Respecto al futuro del grupo armado tras la captura de 'Otoniel', el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Esteban Salazar, sugirió que "no va a haber un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo. "Las economías ilegales se van a mantener, incluso vienen en auge", comentó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, puntualizó que la Fuerza Pública continuará desmantelando al Clan del Golfo y ya va tras la pista de los dos cabecillas.

Denuncian a 71 congresistas que votaron por cambios en la Ley de Garantías

La denuncia se dio por el presunto delito de prevaricato y por la posible vulneración contra la Constitución y la ley.

Por: Coprensa.- Ante la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados 71 representantes a la Cámara por el presunto delito de prevaricato, luego de la discusión del artículo incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2022, que terminó con la suspensión de la Ley de Garantías.

El tema lo habían advertido varios congresistas de la oposición luego del debate en la plenaria de la corporación, por la posible vulneración contra la Constitución y la ley que estarían cometiendo al votar afirmativamente el artículo 125 del proyecto.

Este artículo pretendía la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, con el objetivo de que las entidades del orden nacional y territorial pudieran celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

El representante Germán Navas Talero señaló que “los miembros de la Cámara sabían de antemano que, de votar ese ‘articulito’, estarían violando la ley, puesto que una ley estatutaria no puede ser derogada con una ley ordinaria, como lo estarían haciendo al aprobar el mencionado apartado”.

Agregó que “esto nada tenía que ver con el tema de presupuesto, por eso para mí, no es más que un mico que le terminaron colgando a ese proyecto”.

La representante Ángela María Robledo afirmó que “esos mismos congresistas prevaricaron con la complicidad del ministro de Hacienda y les hicieron votar un artículo para acabar con la Ley de Garantías, una Ley Estatutaria en el marco del trámite de una Ley Orgánica”

La denuncia, radicada este viernes ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue firmada por los representantes Juanita Goebertus, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Fabián Díaz, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero.

El CRIC denuncia. Seis indígenas heridos en Cauca.

El lunes 18 de octubre civiles armados atacaron a la comunidad del Resguardo Indígena de Quintana con armas de fuego y armas de fogueo, como resultado de este ataque resultaron heridos seis integrantes de la comunidad indígena.

Imagen: resguardodequintana.wordpress.com

La denuncia es realizada por el CRIC mediante comunicado público, indican en el comunicado que se denunció el hecho agresor ante la Policía Nacional, reclaman las comunidades que la respuesta que ha dado la Alcaldía de Popayán es la de movilizar a la Fuerza pública, Ejercito Nacional, Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD, para que intervenga con acciones violentas y gases lacrimógenos vencidos.

El CRIC Denuncia y Rechaza las agresiones al territorio, la identidad, la cultura y el ejercicio político organizativo de la autoridad ancestral, Guardia Indígena y comunidad del Resguardo Paéz de Quintana.

En el comunicado, la comunidad indígena rechaza los comentarios de la Policía Nacional donde relacionan a los pueblos indígenas con “bloqueos de la vía pública”, estos señalamientos “atentan contra la armonía y el equilibrio, transgreden la dignidad de los pueblos indígenas, ponen en riesgo la vida de nuestros líderes, lideresas, defensores de los derechos humanos y el territorio. El actuar de la Policía deja entre ver su indebida diligencia, pues la exacerbación del conflicto armado, principalmente por hechos victimizantes relacionados con amenazas, hostigamiento, lesiones personales a la comunidad han ocurrido constatándose la presencia de la Fuerza Pública, ocasionando graves afectaciones a la comunidad y el territorio ancestral”.

“La comunidad indígena Responsabiliza al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Republica de Colombia IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Rrom y Minorías, Ministerio de Defensa, Policía Nacional/ Gobernación del Departamento del Cauca, porque ha hecho caso omiso a las denuncias verbalizadas y el no fortalecimiento de los mecanismos de protección colectiva de las comunidades para la salva guarda del territorio, la vida y la paz. De igual manera a los grupos armados legales e ilegales y grupos paramilitares que atenten en contra de la vida de comuneros, guardia indígena y Autoridades Tradicionales del territorio”.

“Las Autoridades Ancestrales, Guardia Indígena y comunidad del Territorio Ancestral de Quintana, nos declaramos en asamblea permanente y convocamos a todos los territorios activar los mecanismos de defensa de la vida y el territorio, fortalecer la Minga Hacia Adentro, a traves de recorridos territoriales”. Concluye el comunicado.

Justicia para Jineth Bedoya. Estado colombiano culpable por la violación de derechos.

“Tortura física, sexual y psicológica contra Jineth no pudieron llevarse a cabo sin la colaboración del Estado”: sentencia de la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano.

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá.

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas.

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

PROCURADURÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN AL BRIGADIER GENERAL, MARIO GONZÁLEZ LAMPREA

En la decisión, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta.

PGN_. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al jefe de Inteligencia Militar del Ejército Nacional, brigadier general Mario González Lamprea, por presuntas conductas sexuales abusivas ejercidas en contra de una teniente retirada, hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2017.

En la decisión, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el presunto abuso sexual.

El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.