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Ley Estatutaria de Salud requiere una reglamentación que la haga viable

Así lo expresa la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra, magíster en Estudios Políticos, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de Residencias Médicas, en el marco de la charla “Ley Estatutaria en Salud: doctrina jurídica, balance y perspectivas de su reglamentación”, desarrollada como parte de los Diálogos Convergentes liderados por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

El derecho a la salud no es compatible con un negocio,
por lo que se requiere la reglamentación de esta Ley.
Foto: Brandon Pinto
    Agencia de Noticias U. Nal.- Según la doctora Corcho, otra de las formas para llegar a esa nueva reglamentación de la Ley se haría desde el poder ejecutivo, el cual tendría que derogar todos los decretos y barreras que impiden el acceso equitativo al derecho a la salud y que se habrían construido de forma anticonstitucional.
    Agrega que “también nos queda la vía judicial, por medio de la demanda de esas reformas y decretos, aunque es un proceso que tomaría muchos años, ya que en el caso de la tutela se analiza caso por caso. Desde el Estado no se podrá construir ningún cambio sin que la sociedad misma incorpore los movimientos sociales de base; la ciudadanía y la academia también deben dar su propio concepto de este derecho fundamental”. 
Una de las formas para reglamentar la Ley Estatutaria de Salud es desde el poder ejecutivo. Foto: Juanjo

     Aprendizajes de la pandemia

    Según algunos de los ponentes invitados al conversatorio, una de las principales evidencias que deja la pandemia en cuanto al funcionamiento del actual modelo del sistema de salud es que los agentes privados mostraron su fracaso para enfrentar la emergencia sanitaria.
    “Cuando se privatiza un sistema, se pierde la rectoría de la autoridad sanitaria. Eso se vio en los picos de la pandemia, en los que los particulares administrativos del sistema de salud fueron incapaces de gestionar unidades de cuidado intensivo (UCI). Muchos pacientes perdieron la vida porque no había una rectoría que tuviera el control eficaz y que garantizara el acceso a las UCI para todas las personas”, señalaron.
    El Estado no podría construir ningún cambio sin que la sociedad misma intervenga.
    Foto: Brandon Pinto

    El otro gran fracaso que mencionan los ponentes tiene que ver con la poca efectividad para hacer pruebas de rastreo y seguimiento de la enfermedad en el país, donde entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, pueden pasar hasta 18 días.

    Para ellos, “esta labor se dejó en manos de las EPS, que solo se enfocan en los pacientes sintomáticos, lo que explica las altas tasas de mortalidad por millón de habitantes en el país, Por eso se hace necesario una reforma estructural del sistema de salud, que es insostenible en las condiciones actuales”.

    Casos de éxito en Latinoamérica

    La reglamentación es viable y se puede comparar
    con el actual sistema de salud de Brasil.
    Foto: Brandon Pinto

    Uno de los casos referentes en Latinoamérica, con un sistema de salud universal y estable, es el legislado en Brasil, que cuenta con un sistema público y universal de salud, que atiende a toda la población brasileña y que es financiada con recursos públicos federales, estatales y municipales. Este, además, cuenta con servicios privados de carácter complementario.

    “El país cuenta con un sistema privado organizado por seguros de salud, un plan ofrecido por contraprestaciones financieras para las clases altas y con más recursos, en el cual hay cerca de 50 millones de personas, mientras que al sistema público están vinculadas unas 170 millones”, señala el profesor Fernando Aithan del Departamento de Política, Gestión y Salud de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).

    La pandemia dejó en evidencia los fracasos del sistema de salud para afrontar emergencias sanitarias.
    Foto: Brandon Pinto

    Destaca además que lo interesante de este sistema del vecino país es que organiza todos los sistemas públicos de salud que son pagados por cuenta de los agentes estatales, federales y municipales, los cuales aseguran los recursos apartando el 10, 12 y 15 % de su presupuesto anual para la salud, respectivamente.

    “Nuestro sistema de salud tiene como principios la universalidad, la participación comunitaria, la promoción de la igualdad de acceso, la equidad, los servicios públicos, la promoción, prevención y recuperación de la salud, la regionalización y la jerarquía”, asegura.

    (Por: fin/SMC/MLA/LOF)

Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio en Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia

Esta firma habría controlado el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

El senador colombiano Gustavo Petro denunció que la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma que habría provisto el software para el escrutinio electoral en Colombia.

"Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia [...] O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití", dijo Petro, durante una sesión de la Comisión Primera del Senado.

De acuerdo a su denuncia, estas empresas –aunque solo una se ha vinculado con el magnicidio– controlaron el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

Según el senador, las firmas tendrían interacción con círculos "uribistas" en Miami, EE.UU. "¿Qué significa eso para Colombia, para su democracia, para su seguridad en términos integrales? Porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia", añadió Petro, quien sin embargo no dijo explícitamente el nombre de la empresa a la que aludía en su denuncia.

La empresa vinculada al magnicidio

Al momento, la única empresa vinculada al magnicidio de Moïse es CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), con sede en Doral Beach, Miami, y dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Según las autoridades policiales de Haití y Colombia, CTU Security contrató a los exmilitares colombianos Duberney Capador y Germán Rivera y estos se encargaron de reclutar al resto de los mercenarios que participaron en el magnicidio.

Por su parte, la versión que brindó Intriago, a través de sus abogados en Miami, fue que habría "víctima de un esquema para asumir el poder en Haití".

Según él, su compañía fue contratada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura "humanitario" en Haití y que luego se le informó que la misión había "cambiado de dirección", por lo que los colombianos contratados acompañarían a un juez y a la Policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto.
Amenazas y un muerto entre los investigadores

La investigación en torno al magnicidio ha estado llena de contratiempos. A finales de julio, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos involucrados en las pesquisas denunciaron que han recibido amenazas de muerte.

El jueves, fue encontrado muerto, en una sala del hospital de la Universidad Estatal de Haití, Ernst Lafortune, un secretario judicial que trabajaba en la investigación del asesinato del presidente.

Un policía frente a un mural con el rostro de Jovenel Moïse
en Puerto Príncipe, 15 de julio de 2021
Valerie Baeriswyl / AFP

De acuerdo con la Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH, por sus siglas en francés), Lafortune fue asignado al registro del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, más precisamente a la oficina del juez Mathieu Chanlatte, juez recién nombrado para investigar el caso de Moïse, reseñó Alter Presse.

La ANAGH calificó este hecho como un "asesinato" e indicó que se produjo luego que Lafortune sostuviera una discusión con Chanlatte acerca del expediente del magnicidio.

9 de Agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas

“Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber la colonización, la desposesión de sus, territorios , la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Los Estados coloniales y modernos, en la búsqueda del crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo”.

ONIC.- 115 Pueblos y Naciones Indígenas en Colombia, desde hace más de 5 siglos han sido invadidas, irrespetadas y violentadas.

Los Pueblos Indígenas mantenemos Armonía permanente con la Madre Tierra y por ende, preservamos como patrimonio arraigado espiritual y natural con saberes milenarios.

A pesar de las raíces profundamente asentadas en las tierras originarias mucho antes de las invasiones, los pueblos indígenas también se cuentan entre los más desfavorecidos del mundo, sus derechos vulnerados e ignorados constantemente alrededor del mundo.

“Como pueblos milenarios, desde el CRIC, antes que ser colombianos, somos los antiguos pobladores de estos territorios y gestionamos nuestro propio proceso, conservamos tradiciones y valores culturales milenarios con los cuales esperamos contribuir al mundo”.

Nuestra lucha es por la pervivencia y la unidad, con autonomía.

Fuerza Pueblos Indígenas del mundo, en especial las Naciones: Yanakunas, Nasas, Totoróez, Kokonukos, Misak, Huitotos, Koreguajes, Makaguajes y demás Naciones Indígenas que a pesar de las invasiones occidentales seguimos defendiendo nuestro Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen, así como nuestra medicina Tradicional que occidente irrespeta y desvalora con sus químicos y sus EPSs.

“El 9 de agosto de 1994 fue declarado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU- en un intento por garantizar los derechos humanos de los más de 5mil grupos indígenas que existen en 99 países”.
“La naturaleza es fuente de vida y sabiduría de ahí que toda agresión contra ella, pone de inmediato en peligro la existencia del indio como parte viviente de la naturaleza”. Manuel Quintín Lame.

Doly Enríquez
Runa Warmy Yanakuna
Periodista y Poeta

"Nadie nos tiene que decir qué hacer en nuestra casa"

integrante de la Guardia Indígena del Kauka

Mario Montoya será imputado por más de 100 "falsos positivos

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos", dijo Francisco Barbosa.

DW.- El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado (31.07.2021) la Fiscalía.

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de su lucha antiguerrillera.

Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran niños. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa. Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.

La JEP estima que más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos. La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, pero lamentó "que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica".

Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios. El entonces mayor del Ejército Gustavo Soto relató a la agencia AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".

Según Barbosa, el oficial retirado "fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones". Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces".

Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017


 Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.

La Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, el Pueblo Indígena Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, resaltan la decisión tomada el pasado 28 de junio de 2021 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Cúcuta – Sala Penal, respecto a las medidas sancionadoras en contra del Gobierno Nacional representado a través de la Agencia Nacional de Tierras, así como la enérgica orden emitida al Ministerio del Interior para que cumpla con sus deberes misionales.

La razón de ser de esta decisión tiene su origen en el fallo proferido por la Corte Constitucional en Sentencia T–052 de 2017, mediante la cual se da reconocimiento a derechos territoriales del Pueblo Barí y a las comunidades campesinas representadas en la ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra; así mismo, de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo - ZRCC. A pesar que la Corte estableció un término específico de cumplimiento de las mencionadas órdenes en el lapso de 1 año, los destinatarios estatales de éstas han actuado de manera recurrente, omisiva e injustificada para su integral cumplimiento durante 4 años y 5 meses.

Con fundamento en lo anterior, las comunidades afectadas dieron lugar al inicio del trámite incidental de DESACATO, que fue decidido inicialmente el pasado 13 de diciembre de 2019, donde se declaró INCUMPLIDA la Sentencia y se impuso sanción de multa y arresto en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, decisión que fue confirmada el 18 de febrero de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Casación Penal.

  • De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.

    ASCAMCAT  -  PUEBLO BARÍ  -  ONIC  -  ANZORC

Diplomáticos colombianos viajarán a Haití para asistir a mercenarios

Una misión de diplomáticos colombianos viajará a Haití para asistir a los mercenarios detenidos por el magnicidio de Jovenel Moïse
Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato del mandatario, entre ellas, 19 colombianos.

Una misión consular de Colombia viajará el próximo domingo a Haití para asistir a los connacionales detenidos en el país caribeño por su presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

La cancillería informó que durante el viaje, que tendrá lugar entre el 25 y 27 de julio, se verificarán las condiciones de reclusión de los detenidos, así como "el respeto al debido proceso". Además, se gestionará la repatriación de los cuerpos de los tres colombianos fallecidos durante los enfrentamientos con la Policía tras el magnicidio.

"Colombia ha reiterado que seguirá colaborando con las investigaciones que permitan esclarecer el asesinato del presidente de Haití –crimen rechazado enfáticamente por el Gobierno Nacional–, y de igual forma, velará para que los colombianos señalados de participar en el crimen, tengan todas las garantías humanitarias", añade el texto.

La delegación colombiana, que se encuentra a la espera de que el Gobierno haitiano le confirme el viaje, estará formada por Luis Fernando Cuartas, director de asistencia a connacionales, dos funcionarios de la embajada de Colombia en República Dominicana; y el cónsul honorario en Puerto Príncipe.

Hasta ahora, 26 personas han sido detenidas por su presunta vinculación en el asesinato de mandatario, entre ellas, 19 colombianos, en su mayoría militares retirados.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó a su homólogo haitiano, Renan Hedouville, información sobre las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos.

Carmargo también pidió apoyo para la repatriación de los fallecidos y manifestó su preocupación por los 80 colombianos que viven en Haití, tras los recientes acontecimientos.

Magnicidio de Moïse

Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio en su residencia privada en Puerto Príncipe, a manos de un comando de mercenarios colombianos y haitiano-estadounidenses.

Durante el ataque, la mujer del presidente, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada en estado crítico hasta un hospital de Florida, pero ya se recuperó y regresó a Haití. Está previsto que el viernes se celebre el funeral del presidente en la ciudad de Cap-Haitien.

Las autoridades haitianas apuntan a que se organizó un complot en el que el médico Christian Emmanuel Sanon habría sido uno de los autores intelectuales ya que, según la policía, aspiraba a ocupar el cargo de presidente.

En sus más recientes declaraciones, el director general de la Policía, Léon Charles, informó que tres personas que no son de nacionalidad haitiana, y que viven en EE.UU., habrían participado en la financiación del asesinato.

Hay al menos ocho órdenes de captura como parte de la investigación, entre ellas, la de John Joel Joseph, exsenador opositor y uno de los planificadores del asesinato, y la de de Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia, quien habría encargado y supervisado la operación.

Una de las piezas claves para esclarecer el magnicidio sería la empresa de seguridad CTU Security, con sede en Miami y dirigida por el venezolano Tony Intriago, que, según los investigadores haitianos, habría reclutado a los exmilitares colombianos que integraron el comando armado.

Importante.

Luz verde al proyecto de ley contra la violencia vicaria

 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida co...

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