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En 2021, la prioridad debe ser la protección de los excombatientes y las comunidades afectadas por el conflicto

A cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de las Naciones Unidas instó una vez más a que se cumpla de manera integral para impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad en el país.

Misión de Verificación de la ONU en Colombia-Melissa.
Líderes comunitarias rinden homenaje a activistas sociales
asesinados en el Chocó, en Colombia




En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, publicado este jueves, António Guterres consideró que en el 2021, un año centrado en la recuperación de la pandemia de COVID-19, la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos.

El estudio, que analiza el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, reconoce la reducción en los niveles de violencia, los avances en la justicia transicional, los adelantos en la reincorporación de excombatientes y la instrumentación de los programas de desarrollo con enfoque territorial; sin embargo, reitera que la seguridad sigue siendo el principal reto para la consolidación de la paz. 

Recuperación del COVID-19 y Acuerdo de Paz

“Los avances en el proceso de reincorporación y en los programas de desarrollo con enfoque territorial deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, señala Guterres.

Según el titular de la ONU, los esfuerzos de recuperación de la crisis sanitaria y económica deben incluir la implementación del Acuerdo de Paz, puesto que éste contempla los instrumentos que abren las oportunidades al desarrollo, la seguridad y la paz a las comunidades que sufrieron los peores efectos del conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia.


Misión de Verificación de la ONU en Colombia-Nadya González.
 Brazaletes de reconciliación
para promover el proceso de paz en Colombia.
Cinco puntos de atención urgente

Además de evaluar los progresos en el cumplimiento del Acuerdo, el informe sobre Colombia plantea cinco aspectos que deben atenderse sin dilación.

La seguridad y protección de excombatientes encabeza las prioridades toda vez que desde la firma del Acuerdo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha dado fe de 248 asesinatos de ex integrantes de las FARC-EP, 73 de ellos en 2020. También recibió información sobre 42 asesinatos de líderes sociales y activistas de derechos humanos y trece masacres.

En los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por ejemplo, los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la escasa presencia del Estado para ampliar sus operaciones, atacar a excombatientes y sabotear las iniciativas económicas, políticas y sociales de la zona.

La segunda prioridad delineada por el Secretario General son las medidas para asegurar que el proceso de reincorporación de excombatientes sea sostenible. Menciona la atención que se debe dar a los proyectos productivos mediante asistencia técnica y mayor acceso a los mercados, así como aumentando la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones.

En tercer lugar, el Secretario General aboga por la presencia integral del Estado como condición para una paz duradera y para el desarrollo sostenible. Para ello, hace falta consolidar esa presencia en las zonas afectadas por el conflicto.

El punto número cuatro es reforzar el diálogo constructivo entre las partes a través de los mecanismos estipulados en el Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, que constituye el principal foro de diálogo y que, de acuerdo con el informe, no se ha utilizado a toda su capacidad.

La quinta prioridad es fortalecer las condiciones para la reconciliación valiéndose del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. António Guterres recalca que es más importante que nunca “que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades” y que todas las instituciones cooperen plenamente con el sistema, además de que la sociedad colombiana en su conjunto apoye el sistema para lograr la reconciliación.


Mision de Verificación de la ONU en Colombia -
Antiguos combatientes de las FARC producen mascarillas
en Pondores, en el dapartamento colombiano de La Guajira,
para ayudar en la lucha contra el coronavirus


Primeras sanciones y verificación

El informe destaca que para mediados de año, la Jurisdicción Especial para la Paz dictará sus primeras sanciones por delitos cometidos durante el conflicto.

Refiere, asimismo, que el presidente del país, Iván Duque, solicitará al Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe el mandato de la Misión de las Naciones Unidas de manera que incluya la verificación de las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial.

“Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco del Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, concluye el Secretario General.

El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentará el informe al Consejo de Seguridad el 21 de enero próximo.

Lo bueno, lo malo y lo incierto sobre la compra de las vacunas

 Escrito por Carolina Gómez Muñoz 


Aunque tenemos suficientes vacunas para el personal de salud y la población de mayor riesgo, aún desconocemos las condiciones de la negociación y estamos a la espera de la aprobación del INVIMA.

Carolina Gómez Muñoz*


¿Qué ha pasado?

El pasado viernes 16 de diciembre, el presidente Iván Duque anunció el cierre del contrato con AstraZeneca y Pfizer por 10 millones de dosis. A estas dosis hay que agregarles los 10 millones que el gobierno había comprado anticipadamente a través del mecanismo multilateral de agregación oferta y demanda COVAX.

El día de hoy tenemos vacunas suficientes para 20 millones de personas. Sin embargo, el Ministerio de Salud estima que es necesario vacunar a un poco más de 34 millones de colombianos, lo cual implica que aún es necesario conseguir casi 30 millones de dosis más.

Veamos lo bueno, lo malo y lo incierto de este negocio. 

Lo bueno

Lo mejor del anuncio del presidente es que ya tenemos vacunas suficientes para el personal de salud y la población de mayor riesgo (adultos mayores y personas con comorbilidades) No somos los primeros en la fila, pero tampoco los últimos. Como el país de ingreso medio que somos, estamos en la mitad.

En este caso, es bueno no ser los primeros, pues cuando las vacunas empiecen a ser aplicadas de forma masiva en Colombia (seguramente a finales del primer trimestre del año entrante), ya se habrán vacunado miles de personas en los países desarrollados y sabremos un poco más al respecto.


Ganar un par de meses es positivo porque las vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord y los ensayos clínicos fueron más cortos de lo habitual, así que aún hay incertidumbre en torno a la seguridad y la eficacia de las mismas. Además, fueron diseñados deliberadamente para medir desenlaces o resultados fáciles y rápido, sin que necesariamente fueran los más relevantes. Por ejemplo, actualmente sabemos que las vacunas previenen el desarrollo de síntomas severos de la infección que conducen a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no sabemos si previenen la transmisión de la infección ni conocemos todos los efectos adversos que pueden producir.

Las autorizaciones para el uso de las vacunas por parte de las agencias sanitarias de los países desarrollados se han dado bajo la figura “de emergencia”, lo que quiere decir que se trata de una aprobación provisional y bajo condiciones especiales que requiere seguimiento estricto para mitigar los riesgos resultantes de la falta de evidencia. El objetivo es poder detectar los casos de reacciones raras y severas para aumentar los perfiles de seguridad y eficacia de las vacunas.

Caricaturizando un poco el asunto, estamos presenciando un ensayo clínico masivo sin precedentes, que está sucediendo en los países ricos. Cuando llegue nuestro turno, la incertidumbre será menor, sabremos mucho más sobre el funcionamiento de las vacunas y sobre los efectos secundarios que producen.

Las vacunas previenen el desarrollo de síntomas severos de la infección que conducen a la hospitalización y a la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero no sabemos si previenen la transmisión de la infección 

Lo malo

Lo peor de la gestión del gobierno es que la ciudadanía desconoce completamente los términos de la negociación: ignoramos las condiciones que pusieron las empresas, las obligaciones que adquirió el gobierno y los precios a los que compramos las vacunas. Todo se ha decidido en secreto.

Nos tramaron con el cuento de que todo es confidencial, a pesar de ser un asunto de interés público, que nos afecta a todos, en el cual se están invirtiendo cantidades cuantiosas de recursos públicos, que salen de los impuestos que pagamos de nuestro bolsillo. Nos dijeron que involucra información muy delicada y de alto valor comercial y que entonces no tenemos derecho a conocerla ni podemos opinar nada al respecto. Y que además agradezcamos que tuvieron la generosidad de venderle a Colombia las vacunas, porque todo el mundo las quiere y ya se van a acabar y, por favor decidamos rápido, porque si no aceptamos lo que nos piden, pues no hay problema porque hay cientos de países más con ganas de comprar y dispuestos a aceptar todo. “¡Y decidan de una vez, porque si no se quedan sin nada!”

El problema es que eso no es negociar, sino someterse a una extorsión. Las farmacéuticas ejercieron una presión inaceptable sobre el gobierno al exigirle que firmara acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos tienen un efecto intimidatorio que debilita a la contraparte. Es inverosímil que ningún funcionario pudiera consultar con expertos externos los asuntos técnicos y jurídicos que forman parte de la negociación. Seguramente, habría sido más fácil negociar si se hubiera hecho de forma transparente y con el respaldo de la opinión pública.

Lo cierto es que el comportamiento de la industria farmacéutica no es nuevo. Hace 10 años, cuando apareció la gripa porcina H1N1, muchos países gastaron millones de dólares en Tamiflú (oseltamivir), un tratamiento recomendado por la OMS. Años después, el British Medical Journal y la Colaboración Chocrhane emprendieron una batalla titánica contra las farmacéuticas y demostraron que Tamiflú no era más efectivo que los medicamentos comunes para la gripa, pero sí más peligroso, y que sus fabricantes habían ocultado esta información deliberadamente.

En el caso de AstraZeneca, ya hay motivos para preocuparnos, pues hace varios meses la farmacéutica reveló que vendería su vacuna a los países pobres y a COVAX por un precio que oscilaría entre 2,5 y 3 dólares por dosis, que equivaldría al precio de costo; pero la semana pasada se filtró que el precio de la dosis para la Unión Europa sería de 1,78 euros, es decir, 2,1 dólares. ¿Cuál es entonces el precio de costo? ¿Qué sentido tiene que la vacuna sea más barata para los países ricos que para los pobres?

El otro lunar negro tiene que ver con la idea que nos quiere vender el partido de gobierno de que gracias a ellos las vacunas para COVID serán gratis para los ciudadanos; que, de no haber sido por su intervención a través de la ley de vacunas, expedida a principio de este mes, los ciudadanos tendrían que haber comprado las vacunas con plata de su bolsillo. En Colombia, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto quiere decir que el Estado debe garantizarlo. Un pilar fundamental del derecho a la salud es el acceso a las tecnologías en salud, dentro de las cuales se encuentran las vacunas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara al respecto y desde que emitió la Sentencia T-760, en el año 2008, es claro que es obligación del Estado pagar por esas tecnologías. 

La ciudadanía desconoce completamente los términos de la negociación: ignoramos las condiciones que pusieron las empresas

De esta manera, que las vacunas sean gratuitas, no es un logro del Centro Democrático. Es el resultado de años de activismo y movilización social, de la lucha de los pacientes en las cortes para acceder a las tecnologías a las que tenían derecho y también de las decisiones de los jueces, muchas de las cuales no comparto, pero que al fin y al cabo nos llevaron a ser uno de los países con el plan de beneficios más generoso del mundo.

Foto: Alcaldía de Bogotá El plan de vacunación para Colombia fue anunciado el pasado viernes.



Lo incierto

Aunque las vacunas ya fueron compradas, aún no han sido evaluadas ni aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), nuestra agencia sanitaria. Por eso, es importante que en los contratos con Pfizer y AstraZeneca, el gobierno haya incluido la condición de que las vacunas obtengan la aprobación para hacer el desembolso.

El panorama no es claro porque en Colombia la regulación para las aprobaciones de emergencia aún está en construcción. El Ministerio de Salud sometió a consulta pública un borrador del decreto que recibirá comentarios el próximo 24 de diciembre.

Una vez que sea expedida la regulación, el INVIMA deberá aplicarla para evaluar las vacunas. Idealmente, esta labor debería ser ejercida de forma independiente y libre por entero de presiones para que todas las dudas queden despejadas y las decisiones se basen en resultados científicos y no en intereses políticos ni económicos.

En esta ocasión, la presión sobre el INVIMA es enorme, pues las vacunas ya fueron compradas, los líderes de opinión han celebrado este anuncio de forma unánime y la mayor parte de la población espera ansiosamente la vacuna. El costo de “aguarles la fiesta” a millones de colombianos sería enorme. Se corre el riesgo de que la decisión del INVIMA sea tomada por motivos políticos y no científicos.

Además, el hecho de que las agencias sanitarias de los países desarrollados ya hayan aprobado las vacunas agrega aún más presión al INVIMA. Muchos piensan que, si los países ricos las aprobaron, nosotros debemos hacer lo mismo automáticamente, pero lo cierto es que no siempre las decisiones de las agencias sanitarias de otros países son acertadas. Incluso la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se ha equivocado. En la pandemia, por ejemplo, ha sido criticada por estar al servicio de intereses políticos y haber perdido su carácter científico.

Esperemos que el INVIMA logre resistir estas presiones y exija un seguimiento estricto a los productores y los prestadores de las vacunas, pues es su tarea recolectar evidencia sobre los efectos adversos y actuar con prontitud si se presentan irregularidades. Justamente por eso, no puede limitarse a imitar las decisiones de otros países. Es
 hora de que ejerza el papel que le corresponde de forma autónoma.

https://razonpublica.com/lo-bueno-lo-malo-lo-incierto-la-compra-las-vacunas/

Colombia: masacre deja al menos tres muertos en Antioquia

Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, dijo que los atacantes llegaron en "tres lanchas" y que vestían "prendas de uso privativo de la fuerza pública". 

Al menos tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas en una nueva masacre perpetrada en la población de Cuturú, que hace parte del municipio colombiano de Caucasia (noroeste) y de la subregión del Bajo Cauca, informaron este domingo (13.12.2020) las autoridades.

El coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la Policía del departamento de Antioquia, donde ocurrió el crimen, detalló que los atacantes llegaron a Cuturú en "tres lanchas" en la madrugada de este domingo y que vestían "prendas de uso privativo de la fuerza pública".

"Esas personas disparan indiscriminadamente contra algunos habitantes que se encontraban allí. Se identifican como integrantes del Clan del Golfo (la principal banda narcotraficante del país y autodenominada como Autodefensas Gaitanistas de Colombia)", agregó el coronel.

Cabra dijo que hasta el momento han encontrado "tres cuerpos, dos de ellos en el parque principal, y otro más a orillas del río" Nechí y que de los cinco heridos, dos tienen lesiones por disparos. "De los heridos, dos son mujeres y tres son hombres. Las personas que fallecen todos son hombres, estamos en proceso de identificación de las víctimas", expresó y añadió que los asesinatos ocurrieron cuando estas personas estaban "departiendo" en una reunión.

El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, afirmó que -ante esta situación- tropas de esa unidad acompañan a la Policía y a la Fiscalía, "que adelantan investigaciones para esclarecer los hechos".
La masacre sigue a la perpetrada el viernes pasado en el municipio de El Bagre, ubicado a unos 50 kilómetros por carretera de Cuturú, donde fueron asesinadas cuatro personas por desconocidos. "El Ejército Nacional se encuentra en el lugar los hechos, para prestar el acompañamiento al equipo de investigación criminal, de la Fiscalía, la Policía Nacional, para adelantar los actos urgentes correspondientes", expresó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una declaración a la prensa el sábado.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el Clan del Golfo y Los Caparros, bandas de origen paramilitar, se enfrentan por el control del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal en la zona. "Es el narcotráfico el causante de la muerte y el dolor de los habitantes de la región del Bajo Cauca. En tal virtud, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 14.500 dólares) para quien brinde información que conduzca al esclarecimiento y la captura de los criminales que realizaron este condenable hecho", declaró Trujillo sobre la masacre de El Bagre.

 El departamento del Cauca, es uno de los departamentos en Colombia que cuenta con mayor presencia de los cuerpos de seguridad estatales. Las comunidades no se explican cómo, los grupos al margen de la ley se movilizan rápidamente por la región.

Se inaugura en Colombia el complejo Buriticá, la mina de oro más grande del país

 El complejo Buriticá, la mina de oro más grande de Colombia, fue inaugurada este viernes en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, en un acto al que asistió el presidente, Iván Duque.

"Hoy (23-10-2020) estamos en Colombia presenciando una de las inversiones más importantes del mundo en materia de minería de oro. Estamos viendo un proyecto que tiene como propósito, en un ciclo de más de una década, aportar en una industria y en una economía más de 3,7 millones de onzas de oro", dijo el mandatario durante la inauguración.

El proyecto es manejado por la empresa Zijin-Continental Gold, controlada por la china Zijin Mining Group Co Ltd. Según la multinacional, inicialmente tiene previsto procesar 2.500 toneladas de material minero por día, lo que permitirá producir hasta 240.000 onzas de oro al año.


Con ello, se incrementaría en 20% la producción aurífera en el país y empezará a diversificar su modelo de minería, para depender, en menor medida, del carbón.

La construcción tardó tres años y tuvo una inversión de 610 millones de dólares.

"Para que tengan cuidado con sus niños": Una joven colombiana explica cómo opera una red de pederastia en TikTok

La cuenta, que ya no está disponible, se hace pasar por la conocida actriz Karol Sevilla y propone a las niñas participar en un concurso enviando videos de contenido erótico.

Imagen ilustrativa.Pixabay / kaboompics

 Una joven de Medellín (Colombia) ha denunciado a través de las redes sociales la existencia de una red de pederastia que opera a través de una cuenta de TikTok, en la que se hace pasar por la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, conocida por ser la protagonista de la telenovela juvenil 'Soy Luna'.

Según Carolina Hernández, la joven que ha dado la voz de alarma, esta cuenta, identificada como @karol_sevillaluna2, intentó obtener imágenes de contenido erótico de su hermana menor de 9 años. "La ley de Colombia, como no violaron a mi hermana, como no lograron hacer lo que querían hacer, porque al parecer es una red de tráfico de niños y de pedofilia, se queda en una tentativa", denuncia Hernández, que critica que no se pueda hacer nada contra las personas que están detrás de este perfil.

Todo comenzó cuando la menor se creó una cuenta de TikTok y empezó a seguir a quien creía que era Karol Sevilla, que le devolvió el 'follow'. Tras entablar conversación, la persona detrás de este perfil le ofreció a la niña participar en un concurso en el que podría ganar unos patines o algunos dólares. El concurso consistía en responder una serie de preguntas y enviar unos videos.

Si bien las preguntas parecen inocuas –cómo se llama, dónde vive, si tiene mascotas– las alarmas saltaron cuando la pequeña advirtió de que debía avisar a sus padres sobre su participación en este concurso, a lo que este perfil supuestamente pederasta se negó, diciendo que solo podría contárselo a sus progenitores una vez terminado el concurso.

 "Llamamos a la Fiscalía, llamamos a la Policía, al Gaula [fuerzas especiales de Colombia]", afirma Hernández sobre la reacción de la familia cuando la pequeña les contó lo que estaba sucediendo. Así, explica que crearon un perfil falso de una niña de 10 años, comenzaron a seguir al perfil sospechoso e inmediatamente entablaron conversación: "Fue todo un operativo con ayuda del Gaula".

Fue entonces cuando pudieron comprobar la crudeza de los retos propuestos. Hernández muestra en sus videos capturas de pantalla de las conversaciones entre esa cuenta y la supuesta niña de 10 años, donde se pueden leer mensajes tan explícitos como estos:

        "Mándame un video mostrándome toda la ropa que tienes puesta ahorita, tanto por fuera como la que tienes adentro. Que se te vea bien".

        "Graba video pero sin música, solo con la cámara de tu celular. Hazla bien si quieres que seamos buenas amigas. Graba quitándote esa ropa y ponte la blusa y un short o pantalón, quiero verte toda".

        "Muy bien. Ahora graba un video, ponte en cuatro patas como perro y tus pompis ponlas hacia la cámara y empieza a mover la cintura. El short te lo debes de subir lo que más puedas, que se te meta por detrás".

 

Hernández recalca que "es una cuenta con demasiados seguidores, que crece aproximadamente 10.000 seguidores a la semana". Además, critica que han reportado a TikTok y "de todas las maneras posibles" y, aún así, la cuenta no se cierra. Ahora, tras la polémica levantada desde que la joven hiciera su denuncia pública, el perfil ya no se encuentra disponible.

La intención de la joven es ayudar a otras personas para que no les pase lo mismo: "Para que tengan cuidado con sus niños, con sus primos y sus sobrinos. Hoy los niños chiquitos ya la mayoría tienen TikTok, tienen redes sociales y el manejo de estas es demasiado delicado", dice.

El hilo de la joven en Twitter se ha hecho viral y ha recibido comentarios de miles de personas. Entre ellas destaca la conocida periodista colombiana Mónica Fonseca, que ha tachado de "gravísimo" lo sucedido.

También se han puesto en contacto con Hernández instituciones como el Centro Cibernético Policial de Colombia o representantes del Congreso. Al parecer, el número de teléfono asociado a ese perfil de TikTok sería de Ecuador, lo que dificulta aún más las investigaciones.

Frente a las masacres piden intervención de la CIDH.

 Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Masacres en Colombia.


Bogotá, sábado 21 de agosto de 2020

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington DC

Señoras y señores Comisionados

Nos dirigimos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos teniendo en cuenta que el Estado colombiano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y en su condición de Estado Parte acepta la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su jurisdicción interna.

Por esa razón y de manera respetuosa nos permitimos informar a la CIDH sobre la sistemática violación del derecho a la vida que ocurre en Colombia.

En las últimas 24 horas se han registrado 3 masacres con un saldo trágico de 17 personas muertas, en su mayoría jóvenes. Desde que se inició el mes de agosto se han reactivado las masacres en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander con un saldo de 39 muertos.

Masacres perpetradas en agosto de 2020

2 de agosto, zona rural de Cucuta, 6 personas.

12 de agosto, barrio Llano Verde, Cali, 5 personas.

15 de agosto, Samaniego (Nariño), 8 personas.

18 de agosto, Pueblo Viejo (Nariño), 3 indígenas Awá.

21 de agosto, El Tambo (Cauca) 6 personas.

22 de agosto, Tumaco (Nariño), 6 personas.

En 2020 la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Human
os ha documentado 33 masacres y tiene en estudio otras 7, sin incluir las masacres ocurridas la última semana.

La Defensoría del Pueblo ha emitido informes de Alerta Temprana que, en algunos casos, no han sido debidamente acatadas por las autoridades, lo que aumenta la preocupación ciudadana.

Quienes suscribimos esta comunicación estamos alarmados por esta reactivación de la violencia atribuida a grupos armados organizados de diverso orden que, todo parece indicar, actúan de manera articulada, sin que el Estado pueda garantizar la vida de las poblaciones en riesgo o amenazadas.

A la reactivación de las masacres se suman los asesinatos de 183 líderes sociales, hombres y mujeres dedicados a la defensa de los derechos humanos, ambientalistas y activistas sociales desde entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2020 (Fiscalía General de la Nación) y 225 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz (Jurisdicción Especial para la Paz).

Dada la gravedad de la vulneración del derecho a la vida e invocando la Convención Americana de Derechos Humanos, queremos solicitar a los honorables Comisionados considerar una visita in loco a Colombia para recabar la información y tomar las acciones de protección de la vida que con urgencia se requieren.

Si no es posible esta visita de manera presencial, bien podría la Comisión explorar un mecanismo virtual que permita realizar esta misión.

Reactivación de las masacres

Los congresistas, ONG, organizaciones sociales y demás firmantes de esta petición estaremos dispuestos a ofrecer toda la información que se requiera para esta Misión.

Sabemos que para realizar esta misión es necesario la autorización del Gobierno colombiano, por lo cual hacemos copia de esta petición al Ministerio de Relación Exteriores para los fines pertinentes.

Acudimos a esta comunicación pública ante la imposibilidad de ir a Washington, sede permanente de la CIDH y esperamos de ustedes una pronta respuesta a nuestro clamor por la vida.


Más de $4.000 millones perdidos por fallas en el procesamiento de cerca de pruebas para covid-19

 Más de $4.000 millones perdidos dejaría la falta de procesamiento de cerca de 19.000 pruebas para covid-19 por fallas en el proceso: Contraloría y Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República establecieron que 18.548 muestras para covid-19 en el país no pudieron ser procesadas por presentar fallas, lo que conlleva a una posible pérdida de recursos del sistema de salud, por más de $4.000 millones.


El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; advirtieron que los recursos dispuestos por el Estado para la atención de la pandemia deben ser gestionados con rigor y eficiencia. Los problemas identificados, que tienen como base deficiencias de carácter técnico, sumados a reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se convierten en factores que agravan la problemática situación derivada de la pandemia y, por lo tanto, vulneran el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos. 

En una actuación conjunta entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se determinó que las muestras tomadas a igual número de ciudadanos no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.

Los organismos de control evidenciaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frio y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

Para los entes de control llamó la atención que a pesar que desde el inició de la pandemia la Procuraduría y la Contraloría han venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, aún persisten grandes fallas lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, toda vez que cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus muestras pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios, aunque el sistema de salud sí incurrió en costos económicos.

La PGN y la CGR exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud  a que ejerzan vigilancia sobre las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de cada jurisdicción, frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Instituto Nacional de Salud para el manejo del covid-19. Por su parte, la Contraloría General de la República procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal -DVF- de la Delegada para el Sector Salud, con el fin de adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.

Enfrentar la pandemia exige la mayor responsabilidad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos dispuestos para la misma. Lo contrario, agrava la situación de salud de la población colombiana y genera sobrecostos injustificados en la atención de esta emergencia de salud pública, por la que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación seguirán trabajando con toda su capacidad para que actuaciones como estas no se conviertan en prácticas recurrentes.

Importante.

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 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida co...

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