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Con sus objeciones a la JEP, Duque muestra un uribismo más duro


Con su anuncio de presentar objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque deja claro que su uribismo es menos 2.0 de lo que había mostrado: cambió de postura tras una intervención pública de Álvaro Uribe y dejó atrás la búsqueda de no crear choques institucionales para enfrentarse a una decisión ya tomada de la Corte Constitucional.

 Hasta ahora no había tomado ninguna decisión a la vez pública y tan importante que mostrara un reflejo de las posturas duras de Uribe


Aunque Duque arrancó su discurso diciendo que la decisión no buscaba un choque de trenes con la Corte y que no significa que deje de implementar el Acuerdo de La Habana sí lo pone en contravía de la Corte por el contenido de las objeciones y del proyecto complementario de reforma constitucional que anunció. También es un golpe al Acuerdo.
Es decir, uribismo puro y duro, a pesar de los matices que había evidenciado hasta ahora en su Gobierno y de sus formas conciliadoras.
Un uribismo puro y duro que se nota en que hace menos de un mes dijo que no objetaría esta ley porque no era legalmente posible hacerlo, y que haya decidió objetar después de que Uribe dijo que dado que no se podía eliminar la JEP había que objetar y buscando cambios contarios a lo que ya decidió la Corte.
La pregunta por sus objeciones arrancó hace un mes, antes de que se resolviera el capítulo anterior de la novela del proyecto de ley, que se demoró en firmar el presidente uribista del Senado, Ernesto Macías, y que luego envió a la Cámara sin algunos renglones.
Desde ese entonces hubo rumores de que el Gobierno estaría pensando objetarla, para lo que tenía plazo hasta el lunes 11.
Hacerlo tenía sentido político pues desde septiembre el uribismo dijo que le preocupaba la decisión de la Corte Constitucional sobre ese proyecto, que revisó antes de su firma por ser una ley estatutaria y en la que si bien solo tumbó algunos puntos, incluía varios de los que la endurecían.
Ese rumor se llenó de carne hace tres semanas, cuando el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a Duque pidiendo que la objetara en cuatro puntos:
·  que la JEP investigue delitos de ejecución permanente que se empezaron a cometer antes del 1 de diciembre de 2016 y siguieron después
·  que la JEP pueda decidir qué desmovilizados mantendrán penas blandas y no extradición a pesar de volver a delinquir
·  que la Fiscalía supuestamente queda totalmente maniatada en los casos que luego asuma la JEP
·  Que la JEP solo investigará y procesará a los máximos responsables de crímenes de guerra, no a todos sus responsables
Fue en ese entonces que Duque dijo que no objetaría.
Luego Álvaro Uribe sumó otras críticas, sobre los delitos contra menores y la supuesta casi prohibición de la extradición.
A eso la revista Semana, decenas de líderes de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP respondieron con la petición contraria a Duque, firmarla como está.
La tensión se mantuvo a pesar de que lo más probable era que la objetara, por sus críticas pasadas y el clima político, y se reforzó con la bomba que publicó la Fiscalía sobre la corrupción de un fiscal de la JEP y su todavía dudosa relación con el trámite de extradición de Jesús Santrich.
El viernes pasado varios medios dijeron que Duque iba a objetar, como en efecto lo hizo anoche, además haciendo lo que está en sus manos para abrir la puerta a cambios al Acuerdo, vía reformas constitucionales.
Con eso llevó a la práctica lo que Uribe y Martínez le pidieron que hiciera y, como dijo Héctor Riveros en su columna, su imagen de moderado que mantiene cierta independencia frente a Uribe quedó golpeada.

Las objeciones y el proyecto

Duque decidió objetar por inconvenientes seis artículos (de 150), cada uno con cargas políticas y consecuencias prácticas, y algunos con interrogantes jurídicos:
·  El artículo 7, porque “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
·  El inciso octavo del artículo 63 porque, según Duque “no determina el alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”
·  El inciso tercero del literal j del artículo 79, porque “se trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”, dijo Duque.
·  El artículo 2 del artículo 19, que habla “sobre la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad.”
·  El artículo sobre la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo. Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.”
·  El artículo 153 porque, según dijo “condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo”
Además de esas seis objeciones, anunció un proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.
Ese último punto abre la puerta a que el Congreso le meta la mano a las reformas constitucionales que implementaron el Acuerdo, el mayor golpe que ha recibido hasta ahora.
Esas objeciones y el proyecto retoman todas de Uribe, pero también se enfrentan en varios puntos a decisiones que ya tomó la Corte sobre esta misma ley estatutaria, como el de la reducción proporcional de los beneficios a los reincidentes, el del artículo 153 sobre extradición o el de delitos sexuales frente a menores.
Con eso, arranca un camino de debate y tensión política que pondrá al Congreso a tomar una decisión de alto voltaje político, pues será el momento de saber si ese uribismo duro tiene mayorías o no.

El Congreso a la palestra; Cambio, a definirse

“Un juez ha hecho lo que no hizo ni el gobierno ni el Congreso”

Como “una sentencia histórica que debe marcar el inicio para el fin de la amenaza del asbesto para la salud de los colombianos” calificó Greenpeace la determinación del juez Leonardo Galeano, del Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, quien ordena al Ministerio de Salud y al del Trabajo que implementen una política y plan de sustitución del asbesto.
 En efecto, y aunque no se ordena una prohibición explícita de la sustancia, sí se ordena a las dos reparticiones públicas que, en un plazo de cinco años, y basado en las graves consecuencias a la salud derivadas por la exposición al asbesto, lo sustituya por otras sustancias.
“Lo que dice esta sentencia es que el asbesto no es seguro y que los ciudadanos no pueden seguir expuestos a él debido a sus nefastas y hasta mortales consecuencias. Es un fallo macizo y contundente que, además, deja expuesto que el Estado y el sector privado han permitido el uso indiscriminado de esta peligrosa sustancia durante décadas”, dice Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.
La resolución judicial se conoce después de más de una década de fallidos intentos de prohibición del asbesto en el Congreso y de años de intenso lobby por parte de la industria para seguir adelante con la producción de una sustancia que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, ha sido responsable, entre los años 2010 y 2014, de 1.744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles a dicha fibra tóxica.
“Estamos ante una sentencia histórica por parte del Poder Judicial, quienes ordenan al Estado a sustituir el asbesto que tanto daño ha causado a la salud de colombianos. Ya no puede haber retroceso en esta materia ni se puede permitir que las empresas sigan imponiendo su lobby por sobre la salud de nuestros compatriotas. Lo importante es que, a partir de este fallo judicial, el Congreso y el gobierno estén a la altura y apuren una normativa que prohíba de manera definitiva el asbesto para que no siga afectando de manera tan seria e impune la salud de los colombianos”, señala Silvia Gómez.
Por último, la directora de Greenpeace Colombia resaltó el papel clave que ha jugado la ciudadanía en esta batalla contra el asbesto: “Lo vemos como un enorme triunfo ciudadano y la demostración de que, cuando las instituciones no dan respuesta satisfactoria a los problemas, es el compromiso y presión de la gente la que puede hacer cambiar las cosas”.

Tasa de desempleo en Colombia en enero fue de 12,8 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa de desempleo en el mes de enero se ubicó en 12,8 %, registrando un incremento respecto al mismo mes del año pasado cuando estuvo en 11,8 %. En el inicio del año, 298.000 personas adicionales se encontraban en desempleo en donde la cifra ascendió a 3,1 millones de personas en esta condición.

“Para el mes de enero de 2019 tenemos una tasa de desempleo que se ubicó en 12,8 % teniendo un crecimiento estadísticamente significativo de un punto porcentual respecto al 11,8 % registrado en el mismo mes de 2018. No obstante, la dinámica urbana no tiene un cambio significativo y la tasa de desempleo urbana se ubicaba en 13,4 % en enero de 2018 y pasó a 13,7 % en 2019”, indicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

De acuerdo con el funcionario, este aumento en el desempleo en el país no estuvo concentrando en un contexto de las ciudades sino en el área rural con las actividades del sector agropecuario.

En ese sentido, en enero había en el país 21,6 millones de personas ocupadas en el total nacional, registrando un leve aumento de 0,3 %. Por su parte, los desocupados alcanzaron los 3,1 millones de personas, registrando un aumento del 10,4 %, con aproximadamente 299.000 personas más desocupadas en el país. Asimismo, la población inactiva también tuvo un aumento de 76.000 personas y suman 14,3 millones de personas en esta condición.

Las ramas de actividad económica que concentran el mayor número de ocupados durante el trimestre (noviembre- enero) son el Comercio, hoteles y restaurantes (26.6%), los servicios comunales, sociales y personales (18.9 %), la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17%). Estas tres ramas representan el 62,5 % de la población ocupada.

Sin embargo, el sector que registró el mayor incremento en la población ocupada fue la construcción, que tuvo un aumento del 8 %, seguido de servicios comunales, sociales y personales 2.7 % y la Industria manufacturera 2.5 %.

"Voy a arreglar con EE.UU. para que saque sus bases militares": Un hombre se autoproclama 'presidente' de Colombia

A las afueras de la sede de la Cancillería colombiana, Alejandro Muñoz alzó la voz, y con su banda presidencial puesta, , habló sobre su plan de Gobierno.
 Cortesía de Dan Cohen
El colombiano Alejandro Muñoz, con una réplica de la banda presidencial puesta, se autoproclamó el lunes como presidente y gritó: "Mi primer acto de gobierno es declarar la paz", en medio de una manifestación en contra de la reunión del Grupo de Lima, que se celebró en el Palacio San Carlos, sede de la cancillería colombiana, en Bogotá, donde participó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. 
En las imágenes compartidas por el periodista Dan Cohen en sus redes sociales, se observa el cerco policial en el perímetro de la construcción del siglo XVI, donde se realizó el encuentro, al que asistió el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, un día después de que fallara su intento de ingresar a la fuerza 'ayuda humanitaria' al país sudamericano.
Una voz de entre el grupo de personas que protestaban a las afueras de la sede de Relaciones Exteriores, con pancartas de 'No a la guerra', vociferó: "Duque no me representa", en referencia al presidente colombiano, quien fungió como anfitrión de este encuentro y pidió intensificar el "cerco diplomático" sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que ha llamado en repetidas ocasiones "dictador".
El autoproclamado presidente de Colombia, en su improvisado discurso, dijo: "Sí a la paz, no a la guerra, no más narcotráfico, no más neoliberalismo", mientras los manifestantes que lo rodeaban lanzaban vítores y aplausos.
 Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional
considerar la "grave situación" de Venezuela
Tensión previa
El ambiente previo a la reunión estaba cargado de expectativa debido a las posibles decisiones que se tomarían, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en varias oportunidades que "todas las opciones sobre Venezuela estaban sobre la mesa".

Lanzamiento de Cartilla sobre el Sistema Integral


















La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el apoyo del Gobierno del Reino Unido les invitan a la Presentación de la Cartilla "Participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" que se llevará a cabo el día 7 de marzo de 2019 a partir de las 8:30 a.m. en el CLUB DEL COMERCIO, Calle 62 No. 5-88 en la ciudad de Bogotá, D.C.
Favor confirmar su asistencia a: 

arubio@ohchr.org

NUEVE COMANDANTES DEL EJÉRCITO ESTARÍAN IMPLICADOS EN FALSOS POSITIVOS: HUMAN RIGHTS WATCH

Nueve generales, que podrían estar involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales, fueron nombrados en posiciones claves en el Ejército, en diciembre del año pasado, según un informe de la organización Human Rights Watch. Uno de los señalados es el actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, vinculado presuntamente a ejecuciones extrajudiciales cometidos por soldados bajo su mando. 
Foto: AFP

Asimismo, según el informe, Human Rights Watch conoce de "evidencias creíbles" en contra de los nueve militares. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación investiga a tres de ellos - Miguel Eduardo David Bastidas, Diego Luis Villegas Muñoz y Jorge Enrique Navarrete Jadeth - por presuntos ejecuciones extrajudiciales. Los otros seis militares no están bajo investigación, sin embargo, soldados que fueron sus subordinados si lo están o ya han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales.
Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, "al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar". Además afirmó que "las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército."

LOS ASCENSOS 

El pasado 10 de diciembre, el Ejército Nacional anunció el nuevo comandante del Ejército como Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien fue comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. Durante este tiempo, fueron cometidos al menos de 23 ejecuciones por los soldados de esta brigada, es decir, subordinados de Martínez. ")
Luego, el 21 de diciembre, el Comando del Ejército Nacional designó a ocho de estos generales a cargos en el Estado Mayor. En rondas de ascensos de años previos, cada uno de los militares fueron señalados por la Human Rights Watch de estar posiblemente vinculados con casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el Ejército ya tendría conocimiento sobre los señalamientos en contra de los militares.

El aparatoso debut de Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica

Se posesionó en soledad, 90 organizaciones de víctimas retiraron sus archivos, se le vinieron encima los historiadores del país y con esta carta sus colegas de la Nacional lo pusieron contra la pared

Por: Las2orillas
Desde que se filtró el nombre de Darío Acevedo para ocupar la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica comenzó el revuelo. Era el tercer candidato propuesto por el gobierno Duque, después del nortesantandereano Mario Javier Pacheco que llegaba con el respaldo de Luigi Echeverri y luego Vicente Torrijos, apoyado por el propio presidente Duque, para asumir las riendas de la institución creada por ley en el 2011 para la atención y reparación de las víctimas del Conflicto Armado Interno.
 La ley le asigna por diez años una serie de tareas en materia de memoria histórica especialmente en cuanto a la preservación de los archivos de las víctimas del reconocido conflicto armado. Y en esto radican las duras críticas a este nombramiento, igual que ocurrió con los dos anteriores, cuyos nombres tuvieron que ser retirados a marchas forzadas por Susana Correa, la directora del Departamento de Prosperidad Social, entidad a la que está adscrito el centro.
Acevedo, quien se ha desempeñado desde hace ocho años como profesor en la Universidad Nacional llegó, con el sólido respaldo del senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria y del propio Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido al que pertenece Duque.
 Contaba con credenciales académicas, pero sobre sus espaldas pesa una convicción que comparte con sus compañeros del Centro de pensamiento Primero Colombia, que se convirtió en la base ideológica del uribismo en Antioquia: la tesis de que en Colombia no ha existido conflicto armado sino una amenaza terrorista contra el Estado y sus instituciones.
Esto es precisamente lo que le reprochan sus colegas historiadores de la Universidad Nacional en una carta dirigida a Acevedo y firmada por absolutamente todos los profesores y profesoras de la facultad que lo acogió hace ocho años cuando debió salir de Medellín acosado por los paramilitares. “Nos sorprende que usted, que niega abiertamente la existencia del Conflicto Armado Interno, haya aceptado dirigir una entidad estatal que tiene ese reconocimiento como el eje central de su actividad”, le dicen frontalmente.
Darío Acevedo tejió una vieja amistad con José Obdulio Gaviria desde los años 70 cuando ambos participaron del Movimiento Firmes que promovió la candidatura presidencial de Gerardo Molina, de quien Acevedo fue su biógrafo. Ambos militantes de izquierda, colaboradores de la Escuela Nacional Sindical de Antioquia y Acevedo fundador del sindicato de Polímeros se deslizaron primero hacia el liberalismo y luego al uribismo.

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Luz verde al proyecto de ley contra la violencia vicaria

 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida co...

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