Aprovechando el impulso que les ha
dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen
acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas
son las regiones que están siendo afectadas.
Álvaro Pardo*
Imponiendo
el orden privado
A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al
gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial,
así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería
ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales
que operan por la zona?
En una comunicación conocida a comienzo de este
año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se
encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la
protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las
autoridades son “francamente decepcionantes”.
Los términos utilizados por Lombardo Paredes,
director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno
colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de
mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería
ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las
partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes
internacionales por “graves perjuicios a GCG”.
Más preocupante todavía es el hecho de que no se
trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías
mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por
cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.
Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al
relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la
seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y
el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional.
Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos
en el sector minero y petrolero.
Marmato,
Remedios y Segovia
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| La población se ha comprometido contra el proyecto de Minesa en Santurbán. Foto: Gobernación de Norte de Santander. |
Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar
las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa
produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las
regiones afectadas.
Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la
solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a
los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían
sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de
anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto
y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a
Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben
entrometerse en asuntos internos.
Entre tanto la violencia se ha agudizado en la
región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las
Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva
Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos
remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado
de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?
