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Beca Gabo de periodismo cultural 2018
La FNPI- Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, el Ministerio de Cultura de Colombia y Cartago Foundation conovocan a la 'Beca Gabo de periodismo cultural' que se realizará en Cartagena, Colombia, del miércoles 28 de febrero al martes 6 de marzo de 2018.
*Foto: Stephen Ferry/FNPI.
» Descripción
“El cine es un arte pero
también es una industria que si no es masiva, no es rentable”. Con estas
palabras, pronunciadas en una entrevista para El Tiempo en 1991, Gabriel García
Márquez demostraba que su interés por el mundo del cine iba mucho más allá de
las historias contadas para la gran pantalla. Su trabajo como promotor de una
industria dinámica fue evidente a través de los diversos oficios que ejerció
-crítico, reportero, guionista, montador, actor y director- y las iniciativas
para la promoción del séptimo arte que impulsó en América Latina.
La Beca Gabo 2018
reunirá en torno a este tema a 15 reporteros de todo el mundo durante el 58
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias -FICCI- con el objetivo
de profundizar en la carpintería de los géneros con los que se construye
cotidianamente el periodismo cultural, principalmente el reportaje y el
comentario de opinión.
Esta será una
oportunidad para reflexionar sobre una industria cultural inmersa en cambios
significativos relacionados con la distribución de los productos audiovisuales
tras la irrupción en el mercado de plataformas como Netflix, que han cambiado
las lógicas de consumo tradicionales. También será el espacio para
analizar los nuevos marcos legales de los estados para favorecer o perjudicar
mediante el aumento de impuestos a los productos de entretenimiento.
La sexta edición de la
Beca Gabo es posible gracias al apoyo del FICCI y del Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias.
Gabo y el cine
La relación de Gabo con
el cine va mucho más allá de la adaptación de sus novelas a la gran pantalla.
Uno de sus primeros acercamientos, más allá de espectador, fue como crítico
desde una columna en El Espectador llamada “El cine en Bogotá. Los estrenos de
la semana”, en la que intentaba “promover las películas de calidad y ayudar a
los exhibidores que querían pero no lograban financiarlas”, misión que él mismo
explicó.
Con 28 años, siendo
reportero de El Espectador, viajó a Roma, cuando aprovechó para estudiar
dirección de cine en el Centro Experimental Cinematográfico. Desde allí publicó
artículos de gran resonancia como La Guerra de las medidas, una serie de tres
textos sobre la rivalidad entre Sofía Loren y Gina Lollobrígida.
Años más tarde ejerció
también como maestro de cine, impartiendo talleres de guión y creando la
Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba, con el objetivo de
contribuir al desarrollo e integración del cine latinoamericano y lograr un
universo audiovisual común, además de aportar al rescate y fortalecimiento de
la identidad cultural de América Latina y el Caribe.
Esto muestra un Gabo
que, además de periodista que cubría los temas relacionados con el cine,
ejerció como guionista, director y montador. En definitiva un conocedor de los
entresijos del cine no solo como un arte para el entretenimiento, sino como un
oficio y una industria cultural.
» Maestros directores
Héctor Feliciano
(Puerto Rico)
Escribe actualmente para
el diario El País de España. Ha sido corresponsal cultural en Europa para los
diarios norteamericanos The Washington Post y The Los Angeles Times. Ha
publicado, además, en Le Monde, Clarín, Etiqueta Negra, El Malpensante y Letras
Libres. En París, Francia, ejerció como redactor en jefe de World Media
Network, una agrupación de diarios europeos. Igualmente, trabajó como director
artístico en la Oficina de Asuntos Culturales de la Alcaldía de París.
Su libro El museo desaparecido –la
conspiración nazi para robar las obras maestras del arte mundial es muestra de
un extenso trabajo de investigación periodística por el cual la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York le otorgó la prestigiosa
beca del National Arts Journalism Fellowship Program (NAJP). Ha sido miembro,
además, del grupo de trabajo para el nuevo programa de estudios de la Escuela
de Periodismo de la Universidad de Columbia. Feliciano posee un grado
universitario en Historia e Historia del Arte de la Universidad de Brandeis,
una maestría de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y un
diploma a nivel doctoral en Literatura Comparada de la Universidad de París.
Jonathan Levi
(Estados Unidos)
Después de
haberse graduado en la Universidad de Yale, Jonathan Levi recibió la Mellon
Fellowship para estudiar en la Universidad de Cambridge, donde en 1979 fue
cofundador y posteriormente editor en Estados Unidos de la revista literaria
Granta, que según The Daily Telegraph fue “la revista más impresionante de su
tiempo”.
Al dejar Granta, Levi ha
dividido su tiempo entre la escritura y la producción. Es el autor de dos
novelas, A Guide for the Perplexed, y la más reciente, Septimania.
Los cuentos y artículos
de Jonathan Levi han sido publicados en medios como Granta, Condé Nast
Traveler, GQ, Terra Nova, The Nation y The New York Times. Desde 1997, Levi ha
sido colaborador asiduo de The Los Angeles Times Book Review.
Actualmente Levi vive
entre Nueva York y Roma, donde escribe sobre artes y viajes para The
International New York Times y Condé Nast Traveler. Además, dirige talleres
para las organizaciónes Under The Volcano en Tepoztlán, México, e In Vino
Veritas en Italia.
» Maestros invitados
Stephanie
Zacharek (Estados Unidos)
Es crítica de cine de la
revista Time. Anteriormente fue crítica para Village Voice y Salon.com. Ha
ejercido el periodismo cultural en medios como The New York Times, New York
Magazine, the Los Angeles Times, Rolling Stone y Sight and Sound.
Es
miembro del New York Film Critics Circle y la National Society of Film Critics.
En
2015 fue finalista del Premio Pulitzer, en la categoría crítica. El jurado
resaltó que sus textos combinan el placer de la exuberancia intelectual, la
perspectiva de la experiencia y el poder transportador de la buena escritura.
2.957 CANDIDATOS INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA - 2018
El 18 de diciembre vence el plazo para la modificación de los candidatos inscritos por renuncia o no aceptación.
1.114 candidatos se inscribieron
al Senado de la República y 1.843 candidatos se inscribieron para aspirar a la
Cámara de Representantes.
Frente a las elecciones de
Congreso del 2014, hubo un aumento del 25.93% en los candidatos inscritos
(2.348).
Este consolidado corresponde
únicamente a las inscripciones realizadas en territorio colombiano. No incluye
las inscripciones llevadas a cabo en el exterior.
Dos mil novecientos cincuenta y un (2.957) candidatos se inscribieron para participar en las elecciones de Congreso de la República 2018, durante el periodo de inscripción que se desarrolló entre 11 de noviembre y el 11 de diciembre de 2017.
Dos mil novecientos cincuenta y un (2.957) candidatos se inscribieron para participar en las elecciones de Congreso de la República 2018, durante el periodo de inscripción que se desarrolló entre 11 de noviembre y el 11 de diciembre de 2017.
Cinco años al frente de la ONU- Reconocer violaciones, una oportunidad para cambiar (I)
Reconocer violaciones,
una oportunidad para cambiar (I)
Reflexiones sobre la justicia transicional como una herramienta
para la protección de los derechos humanos. Esta es la primera entrega de tres
artículos escritos por Todd Howland, alto comisionado de la ONU, quien se
despide del cargo en Colombia.
Todd Howland.- Los fines son meritorios, pero
muchas cosas tienen que cambiar para conseguir que la implementación de los distintos
mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(SVJRNR) logre mejoras significativas en materia de derechos humanos. Los cambios no se producirán
por arte de magia, ni serán el resultado necesario de los
mecanismos especiales de justicia transicional. Su concreción requiere
liderazgo, voluntad política y acción de todo el aparato estatal. Sin
menospreciar el logro del Acuerdo Final, lo que viene será mucho más difícil y
tendrá más oposición.
La perpetración de atrocidades
ha signado la vida institucional y social del país. En las dos décadas pasadas
se han documentado miles de violaciones a los derechos humanos e infracciones
graves al derecho internacional humanitario. Estos hechos atroces son objeto de
distintos tipos y grados de negacionismo, incluyendo su negación literal, es
decir, la manifestación abierta de que lo que se denuncia no pasó;
interpretaciones manipuladas sobre lo acontecido, por ejemplo, la ejecución
premeditada y dirigida de un combatiente que es presentada como su muerte
resultado de un intento de fuga; desconocimiento de las víctimas de las
violaciones, y minimización de los daños y efectos causados por la violencia,
por ejemplo, sí son desplazados, pero por voluntad propia. Cada parte del conflicto,
y ahora del proceso de paz, tiene
su particular aproximación al proceso de negación.
En la medida en que algunas de
las violaciones se han cometido bajo el manto de la ley o están cobijadas por
la impunidad, la confianza en el poder público está en jaque, como lo está,
también, la
legitimidad del poder estatal.
La superación de la negación y
de la impunidad de las violaciones no será un proceso rápido ni sencillo. Como
muchas otras iniciativas en Colombia, la ambición normativa del SIVJRNR rebasa
su capacidad funcional. No es cuestión de buenas intenciones, sino de idoneidad
funcional para encarar los problemas. La sofisticación normativa del Sistema es
significativa, pero no es garantía de los cambios anunciados. Los obstáculos ya
son evidentes.
Uno de los primeros retos es la
recuperación del sentido estratégico de los mecanismos del Sistema. La actual
discusión técnica sobre los distintos mecanismos desplazó la conducción
estratégica sobre lo que se pretende lograr con su puesta en marcha. La discusión
se ha centrado en cómo usar la caja de herramientas, es decir, la Comisión de
la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y demás mecanismos, sin tener
claro cuáles son los problemas que requieren atención. Este enfoque confunde
los medios con los fines. La aproximación ritualista y formal a los mecanismos
está obviando una discusión sensible a los diversos contextos regionales y a
las necesidades concretas de víctimas y comunidades. La puesta en marcha de los
mecanismos del SIVJRNR debe satisfacer
los derechos de las víctimas en los territorios y producir la no repetición de
violaciones, no unos estándares de funcionamiento mecánico de modelos eruditos.
Otro reto central en el proceso
de implementación del Sistema es abandonar la falsa creencia de que éste se
desarrolla en un ambiente estéril, desprovisto de antecedentes y libre de
influencias externas. Como cualquier esquema de organización estatal, los
mecanismos del SIVJRNR están
insertos en el marco institucional colombiano. Esto
implica que arrastran con lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones
existentes.
Aunque se predique su
singularidad y estado virtuoso, todos los mecanismos se insertarán en un
contexto, lleno de prácticas y reglas preexistentes, que pesa mucho más que el
acto inaugural de los nuevos mecanismos. Por ejemplo, el hoy desdeñado proceso
de Justicia y Paz condicionará muchos aspectos de los nuevos mecanismos. En vez
de concentrarse tanto en diferenciarlo del nuevo sistema, deberían
contemplar los
efectos de la transmisión de prácticas que inevitablemente tendrá lugar. Asimismo,
los mecanismos del Sistema estarán igualmente expuestos a los males que
carcomen a la administración pública en Colombia, incluyendo al sector de la
justicia. Tomar
conciencia de este hecho no descalifica los esfuerzos por garantizar la
efectividad y la transparencia de los nuevos mecanismos; por el contrario,
conduce a robustecerlos.
La negación de las atrocidades
es un proceso activo en Colombia.
Tanto las partes que negociaron
el Acuerdo, como otros actores y sectores, tienen intereses en la contención y
el control de los mecanismos del SIVJRNR para evadir o disminuir el ámbito de
su responsabilidad individual y colectiva. Las partes pactaron el intrincado
sistema considerando, cada una por separado y en antagonismo abierto, su
posición frente a los actos perpetrados y las consecuencias de estos. Aunque
resulte obvio, su cálculo es un ejercicio retrospectivo con valor prospectivo:
las dos partes valoraron lo que pierden y ganan con asumir (ciertas)
responsabilidades por (algunos) hechos del pasado.
La negación literal y absoluta
no era viable, en parte, por la valiente labor de documentación y denuncia que
el movimiento de derechos humanos ha
realizado durante décadas en Colombia. Ese trabajo, junto
con el de otros grupos y sectores, como los periodistas e investigadores
académicos, ha reducido el
margen de mentira que la sociedad está dispuesta a tolerar. Aun
así, la negación es un proceso vigente que apunta, entre otros objetivos, a
controlar el número y el tipo de conductas que serán objeto de reconocimiento,
limitar la profundidad del conocimiento que se alcance en relación con las
violaciones y minimizar las implicaciones de las atrocidades.
El Acuerdo Final también asigna
a los mecanismos del Sistema Integral funciones de esclarecimiento y rendición
de cuentas en relación con actores, agentes, representantes y grupos de interés
que no participaron, al menos visiblemente, en la negociación. Muchos, de
hecho, la gran mayoría, de estos actores se oponen activamente, por medios
legales e ilegales, al proceso de reconocimiento y rendición de cuentas que se
pretende poner en marcha. Si
bien estos actores han sido incluidos en el arreglo, no hicieron parte de sus
términos y resistirán, incluso violentamente, su operación y sus consecuencias.
Con el paso del tiempo, desde
el anuncio del Acuerdo se han solidificado pactos de silencio y se han
dispuesto acciones orientadas a asegurar el hermetismo y el secretismo en torno
a la atrocidad. Asimismo
hay campañas de desinformación y de intimidación en
marcha, con el fin de reducir la efectividad de cualquier intento que busque
esclarecer lazos hasta ahora invisibles con la perpetración de las violaciones.
La Corporación Educativa Minuto de Dios y el Ministerio de Ambiente firmaron convenio que impulsará el desarrollo educativo ambiental de 23 colegios del País
El acuerdo interinstitucional se selló
con la firma del Padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la Organización
Minuto de Dios, Salvador Cabrera, director ejecutivo de la Corporación
Educativa Minuto de Dios, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Luis Gilberto Murillo Urrutia, y busca impulsar el desarrollo educativo
ambiental de los 23 colegios que hacen parte de la Corporación educativa Minuto
de Dios y que están ubicadas en Bogotá y en los departamentos de: Cesar,
Atlántico, Guaviare, Santander, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bolívar.
El acuerdo permitirá fortalecer acciones
conjuntas en Educación Ambiental, construir mecanismos de apoyo y
acompañamiento, así como cualificar las acciones que se vienen desarrollando en
esas instituciones educativas en pro de la formación de ciudadanos con una ética
ambientalista coherente. Se espera que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
mediante este proceso, reflexionen críticamente sobre las realidades de su
contexto y se hagan más responsables con el patrimonio natural de nuestro país.
Para el Ministerio de Ambiente esta
alianza es muy importante para avanzar en educación ambiental, no sólo con la
comunidad educativa del Minuto de Dios, sino es el primer paso para adelantar
en este tema en toda Colombia. “Podemos elaborar en muchas normas y políticas, pero
eso no va a servir de nada sino sembramos la semilla en nuestros niños y
jóvenes, para se tome en serio la responsabilidad ambiental, de la cual incluso
nos habló el Papa Francisco en su visita”, afirmó el Ministro de Ambiente.
“Esta alianza es la materialización de lo que
hemos venido trabajando en educación ambiental con nuestros 26.000 niños a
nivel nacional, con quienes trabajamos en 34 instituciones a todo lo ancho y
largo del país. Colombia es nuestra casa, es un paraíso y cuidarla es una gran responsabilidad
que tiene su raíz en la educación y en la ética ambiental, y que no se quede
solo en los colegios sino que se extienda a las familias”, aseguró el director
ejecutivo de la Corporación Educativa Minuto de Dios.
Senado escucha masivo reclamo por una Colombia sin asbesto
Audiencia pública por iniciativa “Ana Cecilia Niño”
La audiencia
pública, solicitada por la Comisión Séptima del Senado, tuvo lugar en el marco
del tratamiento del proyecto de ley “Ana Cecilia Niño”, que pretende la prohibición
del asbesto en Colombia. El encuentro contó con la participación del
Viceministro del Interior, delegados de los Ministerios de Salud, Medio
Ambiente y Trabajo; organizaciones ambientales y civiles, académicos,
familiares de víctimas y médicos. Fue organizado con el fin de que todas las
partes involucradas en el tema pudieran exponer sus argumentos a los senadores.
Por su parte, el
Ministerio de Ambiente, en su exposición hizo referencia a la actividad
extractiva del asbesto en el país: “Estamos comprometidos hacer
acompañamiento a la transición de las minas de asbesto, en cuanto a licencias
de ambiente y de exploración para que tengan el menor impacto ambiental".
Silvia Gómez,
representante de Greenpeace en Colombia, expuso la postura de la ONG
ambientalista, la preocupación internacional que existe por el futuro del
proyecto de ley y advirtió sobre la importancia de prohibir esta sustancia
tóxica: “Estamos acá para alertar una vez más sobre el peligro de que
Colombia siga produciendo materiales con asbesto. Las empresas hacen uso de
este material porque es barato, sin embargo los costos humanos son altísimos.
No podemos permitir que los beneficios económicos de las grandes empresas de la
construcción vayan en detrimento de la salud de los ciudadanos. Continuar
invirtiendo en asbesto es ganancia para pocos hoy, cáncer para muchos mañana”.
Sumando
antecedentes a los argumentos expuestos en la sesión, la senadora Nadia Blel,
argumentó que “el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de
Cancerología otorgaron datos que dejan en clara evidencia el vínculo del
asbesto con las enfermedades cancerígenas”.
En medio de las
posturas críticas hacia el asbesto, el representante Asociación Colombiana de
Fibras (ASCOLFIBRAS), Jorge Estrada, fue un defensor del uso de la sustancia.
El vocero, que busca que la iniciativa no prospere, minimizó el efecto del
asbesto en la salud y expuso que esta problemática no es un caso de salud
pública.
Frente a esas
declaraciones, la vocera de Greenpeace se mostró impactada: “Es la actitud
negacionista constante a la cual el sector nos tiene acostumbrados. Es
lamentable que no puedan asumir las responsabilidades de su actividad y brindar
respuestas que colaboren en la remediación de esta situación”.
Por su parte,
Cecilia Riaño, familiar de una de las víctimas del asbesto, reaccionó ante la
ponencia del director de ASCOLFIBRAS y le consultó de manera directa si es que
prioriza a la industria por sobre la vida. “Las víctimas en mi familia no
son sólo cifras, son casos reales”, expresó.
Otorgada Acreditación de Alta Calidad al programa de Administración Pública Territorial- APT de la ESAP.
El Ministerio de Educación
Nacional MEN, otorgó la Acreditación de Alta Calidad al programa de
Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración
Pública-ESAP.
Para la comunidad esapista, en cabeza de su Directora Nacional Claudia
Marcela Franco es motivo de alegría y orgullo el buen concepto emitido por el
Consejo Nacional de Acreditación CNA y la decisión del Ministerio de Educación
Nacional MEN que reconoce el trabajo continuo de docentes, estudiantes,
funcionarios, egresados y de cada una de las personas que han hecho parte de
este exitoso proceso que nos compromete a seguir trabajando cada día por la
calidad y la excelencia.
La Resolución del Ministerio de Educación Nacional Nro 24269 del 8 de
noviembre de 2017 destaca el concepto del Consejo Nacional de Acreditación-CNA,
que enumera diversos aspectos positivos entre los cuales se destaca:
El impacto social que tiene el programa dado que su modalidad a
distancia permite que se imparta en varias regiones del país.
Además el Ministerio de Educación Nacional menciona que el programa
Administración Pública Territorial, modalidad a distancia, sede Bogotá cuenta
con Registro calificado renovado por un periodo de (7) siete años a partir del
05 de julio del 2013 y otorga la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de
(4) cuatro años a partir de la fecha de la Resolución
La ESAP promete continuar
trabajando en pro del mejoramiento continuo en cada una de sus áreas y sedes
regionales, comprometida con la Paz y el Posconflicto.
La competencia de la JEP: un complejo escenario de disputas
Los acuerdos firmados en La Habana se están renegociando.
Unos sectores celebran y otros se lamentan, pero: ¿qué decía el Acuerdo, qué
dijo el Congreso y que decidió la Corte Constitucional? ¿Qué queda de esta
justicia y para dónde vamos?
Camilo Ernesto Bernal*
La renegociación- jurídica- del
Acuerdo Final
En uno de sus
libros más destacados Postguerra.
Una historia de Europa desde 1945, el brillante
historiador Tony Judd recordaba que la historia debe aprenderse y reaprenderse
de manera periódica: “En un conocido chiste de la era soviética, un oyente
llama a Radio Armenia para hacer una pregunta: «Es posible predecir el futuro?»
Respuesta: «Sí, no hay problema. Sabemos exactamente cómo será el futuro.
Nuestro problema es el pasado, que siempre está cambiando».
De manera
similar, Colombia está experimentando un proceso de renegociación del Acuerdo
“Final”. Esta renegociación se refiere sobre todo a las fórmulas jurídicas para
resolver nuestro pasado y gira en torno a la competencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP): ¿quiénes deben someterse a la justicia expresamente
diseñada para “la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera”?
Nuestro problema es el pasado, que siempre está cambiando.
Lo que a primera
vista parece una caprichosa disputa jurídica de varios poderes públicos sobre
el juzgamiento de terceros civiles, agentes del Estado, militares y
guerrilleros en la JEP, en realidad tiene profundas consecuencias para el
esclarecimiento de verdad sobre los crímenes ocurridos en el conflicto, así
como para la determinación de las responsabilidades y las sanciones por estos
hechos.
¿Cuál es,
entonces, el contenido de la disputa?
Lo que dice el acuerdo
Al diseñar el
sistema de justicia transicional, las partes en la mesa de negociación
partieron de una premisa básica y en efecto indiscutible: el conflicto armado
interno de Colombia había incluido una profunda degradación de las prácticas de
la guerra, que habían arrastrado a muchos otros actores estatales y no
estatales a participar directa o indirectamente en las hostilidades.
En consecuencia,
las dos partes acordaron que todos aquellos que de manera directa o indirecta (Acuerdo
Final, página 146) impulsaron, financiaron o se favorecieron con la
violencia del conflicto, ya fueran agentes del Estado o civiles, se someterían
a la JEP y a los demás mecanismos de justicia transicional, para aportar verdad
plena, y con ello, obtener un tratamiento más benigno en materia penal e
incentivar el esclarecimiento pleno de los hechos como una manera de atender
los derechos de las víctimas y establecer responsabilidades.
La reforma constitucional
Para dar
cumplimiento al Acuerdo, el Congreso tramitó el Acto
Legislativo 01 de 2017, donde se incorporó a la Constitución el Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Como tuve
ocasión de anotar en esta
revista, el trámite de ese acto legislativo tuvo lugar en medio
de un debate amargo, donde algunas bancadas parlamentarias presionaron para
evitar que empresarios, gobernadores, alcaldes y otras personas fueran llamadas
por la JEP a responder por hechos delictivos en los que hubiesen tenido una
“participación determinante” (esto es, una acción eficaz y decisiva para la
realización de tales delitos).
La reforma
constitucional aprobada estableció que:
· “Las personas que, sin formar parte de las
organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o
indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a
la JEP y recibir tratamiento especial” (Artículo transitorio 16).
· El tratamiento diferenciado para agentes del
Estado se aplicaría a aquellas personas que “al momento (sic) de la comisión de la
presunta conducta criminal estuviere ejerciendo como Miembro de las
Corporaciones Públicas, como empleado o trabajador del Estado o de sus
Entidades Descentralizadas Territorialmente y por Servicios”, con la condición
de que “hayan participado en el diseño o ejecución de conductas delictivas,
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado” (Artículo transitorio
17).
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