Efectivo...

 

Dos nuevas sedes universitarias. Suárez y Soacha los municipios beneficiados.

Foto: Ministerio de Educación Nacional

El Gobierno Nacional fortalece la infraestructura educativa en los territorios excluidos con la construcción de dos sedes universitarias en los municipios de Suárez (Cauca) y Soacha (Cundinamarca), donde será desarrollado un multicampus para beneficio de más de 3.000 estudiantes.

En el Cauca se invertirán 52.000 millones de pesos para la construcción de una sede universitaria, donde funcionará una seccional de la Universidad del Valle, con el fin de apoyar a los y las jóvenes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, en el marco del programa 'Universidad en el Territorio'.

“Contar con infraestructura educativa digna para todos los colombianos es un aporte invaluable a la construcción de paz desde los territorios", afirmó la ministra de Educación saliente, Aurora Vergara.

La sede funcionará en seis hectáreas del campamento de las Centrales Hidroeléctricas Celsia, donde los estudiantes podrán acceder a los programas de Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras y Profesional en Producción Agroindustrial.

“Contribuir a la formación de los jóvenes del norte del Cauca es una apuesta para transformar sus vidas y aportar al desarrollo de la región", manifestó el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo.

A su turno, Carlos Mantilla, gerente de Centrales Hidroeléctricas Celsia, agregó, frente a esta alianza público-privada, que “es gratificante mostrarles a los jóvenes de esta región que la vida puede tener diversas alternativas".

Multic​ampus para 3.000 estudiantes

​De otra parte y en cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, el multicampus de Soacha logró su viabilidad.

El jefe de Estado había anunciado su compromiso de contribuir desde su Gobierno al cierre de la brecha existente en educación superior en esa parte del departamento de Cundinamarca, representada en que solo el 17% de los jóvenes de este municipio tiene acceso a ese nivel de formación.

🎓El proyecto beneficiará a más de 3.000 estudiantes de Soacha y sus alrededores, incluyendo localidades de Bogotá, del municipio de Sibaté y de otras poblaciones de las provincias de Sumapaz y Tequendama.

El martes 9 de julio se oficializó el proyecto con la firma de un Memorando de Entendimiento, entre el Ministerio de Educación Nacional, representado por el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Soacha, Julián Sánchez.

Los representantes del Gobierno Nacional, departamental y local establecieron una cooperación mutua para lograr los objetivos y ejes consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia Potencia Mundial de la Vida' y hacer tangible este espacio, destinado a brindar una oferta educativa de alta calidad y accesible para todos.

Para ello, se transformará el predio del Centro Administrativo Distrital, un espacio dedicado a la educación superior que ofrecerá una variedad de programas académicos, diseñados para la formación integral de los estudiantes.

El proyecto incluye la adecuación y modificación de los diseños existentes y la terminación de la obra para el desarrollo de un multicampus con un área de aproximadamente 27.000 metros cuadrados.

El valor inicial del proyecto es de 800 millones de pesos para estudios y diseños en 2024, financiado por el Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía de Soacha.

Una vez determinado el valor requerido para la adecuación del inmueble, el Ministerio de Educación Nacional se encargará enteramente de su financiación, garantizando la disponibilidad de recursos necesarios para la transformación del predio en un espacio educativo funcional y adecuado.

​El viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, mencionó, sobre esta nueva universidad, que “la educación debe acomodarse a las necesidades de la región, el territorio y las comunidades".

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sostuvo que “tener universidades es salir del rezago, generar mayor movilidad social y lograr que nuestros hijos no tengan que sufrir la suerte de padres que nacieron pobres y murieron pobres".

El alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, se pronunció también al respecto: “Tenemos un compromiso real con cerca de 8.000 estudiantes que terminan todos los años y buscan oportunidades para mejorar su calidad de vida".

Se levanta movilización social tras acuerdos entre el Gobierno Nacional y sectores del campesinado colombiano.

El campesinado colombiano podrá recibir justicia y dignificación de su vida al desarrollarse y cumplirse el acuerdo alcanzado tras un proceso de diálogo con los representantes de la movilización que llegó a Bogotá para presentar un pliego de peticiones que fue atendido y respondido de manera positiva en un 65%.

Este logro se dio con la participación activa de delegaciones de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Deporte, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, Departamento Nacional de Planeación y Sociedad de Activos Especiales.

Por parte de las organizaciones rurales participaron la Agenda Nacional Campesina (ANC) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), quienes contaron con acompañamiento permanente del Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

“La vida de las y los campesinos en Colombia necesita esta transformación histórica que hoy firmamos a través de una gran articulación interinstitucional que permite hoy dignificar la vida del campesinado colombiano. Teníamos una deuda histórica y a partir de hoy nos pondremos al día, demostrando que con voluntad sí se pueden lograr cambios positivos en la vida de la población colombiana”, expresó el viceministro Diego Cancino.

Principales logros de los acuerdos:

Acceso a tierras y formalización. Se avanzará en la adjudicación y formalización de tierras, incluyendo la creación de Zonas de Reserva Campesina, en cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 y otras actas firmadas con la Agenda Nacional Campesina (ANC). Además, se implementará la adjudicación de predios y bienes saneados vía SAE y ANT para garantizar la integralidad de la Reforma Agraria y una ruta de prevención y protección para las familias beneficiarias​.

Reactivación económica. Se destinarán recursos para cofinanciar proyectos productivos sostenibles de campesinos adjudicatarios de predios de la ANT, incluyendo la creación de una bolsa de 300 mil millones de pesos para proyectos agroindustriales. Además, se priorizarán los perfiles de proyectos presentados por la ANC en la convocatoria asociativa de 2023.

Infraestructura y servicios comunitarios. Se implementarán proyectos de construcción y adecuación de casas comunitarias campesinas, así como la creación de una red de atención y asistencia alimentaria que incluye centros de abastecimiento, comedores comunitarios y ollas comunitarias. También se desarrollarán estudios y diseños para implementar infraestructura de sistemas de riego y cosecha de aguas en zonas con déficit hídrico​.

Este proceso de diálogo abierto y sincero abordó problemáticas específicas como el acceso a tierras, educación y derechos humanos, proponiendo soluciones concretas y reafirmando el compromiso del gobierno con la justicia y la vida.

Los acuerdos serán exitosos, si las soluciones propuestas se traducen en realidades concretas para las comunidades rurales. Este es un gran paso hacia la equidad y la prosperidad rural, al mostrar que, con voluntad y articulación interinstitucional, se pueden lograr cambios positivos.

Las batallas del ejército de abogados que defiende al Estado

Demandar al Estado ya no es el gran negocio de abogados y empresarios oportunistas. Un ejército de casi 200 juristas al servicio del Gobierno Nacional logró cambiar esa correlación de fuerzas. Hoy, por cada 10 procesos en contra, la nación gana siete.

Su cuartel general es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANJDE), considerada como la oficina de abogados más grande del país por número de procesos, montos de pretensiones y número de litigantes. Pero, además, porque cuentan con un promedio envidiable para cualquier bufete: 78 % de tasa de éxito durante el primer trimestre de este año.

Ese es un porcentaje que va en aumento, si tenemos en cuenta que en 2023 esa tasa de éxito se situó en 69 % y en 59,4 % durante 2022.

Hasta hace unos años, los reveses en la defensa jurídica del país resultaban preocupantes. El Ministerio de Hacienda de turno tenía que hacer maromas financieras o acudir a créditos para pagar onerosas pretensiones. Pero, con las victorias jurídicas logradas por el Estado bajo esta administración la balanza se ha inclinado a favor de los intereses de los colombianos.

Las victorias están acompañadas por un ahorro sustancial a las arcas del Estado. En el primer trimestre de 2024 la ANDJE enfrentó 19 litigios en tribunales nacionales con resultados favorables: 12 ganados y 7 perdidos y se evitaron pagar condenas por $ 100 mil millones.

Voceros de la ANDE explican que estos resultados son fruto de mejores esquemas de información de los procesos. Incluso, ahora se trabaja en escenarios que incluyen inteligencia artificial, minería de datos y analítica. Eso da un mayor arsenal jurídico para enfrentar vacíos jurídicos en normas o fallas en cumplimiento de las obligaciones del Estado.

“Ahora podemos ver cómo va cada proceso y cuáles son las estadísticas por tribunal", explicó uno de los funcionarios de la ANDJE.

En este momento, la ANDJE actúa como demandante en 44.664 casos por $ 23,3 billones y atiende 31 arbitrajes por $ 4,7 billones.

También coordina con más de 250 oficinas jurídicas de otras entidades estatales para mejorar la capacidad de respuesta en los 342.707 casos activos por $ 633 billones –casi 50 veces las obras para la primera línea del metro de Bogotá– que tienen particulares y empresas contra el Estado.

Los​​ triunfos

​Según cifras de la ANDJE, en el primer trimestre de 2024 aún figuraban 16 procesos ante los tribunales internacionales en contra de los intereses colombianos, cuyas cuantían sobrepasaban los 53 billones de pesos.

Pero si miramos ese escenario, el vuelco en la defensa jurídica del Estado en el plano internacional ha sido radical. Los procesos ganados frente a demandas de multinacionales y grupos empresariales foráneos por controversias jurídicas han sido significativos.

Solo en uno de estos casos se libró de pagar casi 300 millones de dólares –más de un billón de pesos– exigidos por un grupo de inversionistas inmobiliarios, acogiéndose a la figura de la Excepción de Seguridad Esencial, contemplada en tratados y convenios suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La ANDJE no solo ganó la demanda, conocida como el caso Meritage ante un tribunal arbitral en Washington. Con esta victoria, consiguió, además, que por primera vez en la historia se aceptara que un país se acogiera a esa medida de excepción, prevista en los acuerdos GATT de la OMC.

A esto se suma qu​e, por segunda vez en menos de tres meses, un tribunal internacional reconoció que prohibir actividades de minería en el páramo de Santurbán es un acto soberano y legítimo del Estado colombiano, cuando está dirigido en bien del interés común y en la protección del medio ambiente.

(Tomado del periódico VIDA)

Plan de choque para acelerar y cumplir el Acuerdo de Paz, presentó el presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU -Video-

Nueva York, 11 de julio de 2024.- Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro Urrego anunció este jueves que presentará al Congreso de la República una propuesta de fast track (vía rápida) para modificar las leyes que permitan acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.

“Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes", dijo el jefe de Estado.

El mandatario hizo el anuncio al presentar ante la ONU el plan de choque del Gobierno de Colombia para acelerar el Acuerdo de Paz, que incluye la ampliación por siete años del plazo de implementación.

Asimismo, el presidente Petro se refirió a la necesidad de lograr un Acuerdo Nacional, que incluya a la oposición a su Gobierno, para realizar las grandes reformas que necesita el país.

Entre los puntos del plan de choque, se destacan los siguientes:

- Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios

Al respecto, el jefe de Estado dijo que “toda la inversión pública de Colombia está comprometida en los próximos 30 años en una serie de obras, básicamente autopistas de dos carriles ida y vuelta, que están al lado de las grandes ciudades más ricas de Colombia".

En ese sentido, indicó que “no podemos financiar la inclusión territorial, que es el eje central del Acuerdo de Paz. Esto implica un cambio de normas, que es lo que proponemos aquí".

- Cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones, para dirigir recursos a las zonas PDET y financiar sus proyectos de infraestructura e inversión

Sobre el particular, el mandatario manifestó que es necesario “hacer esa reforma para que el municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) tenga los recursos para su propia inversión social.

- Excarcelar al campesinado productor de hoja de coca

El presidente Petro explicó que hay 35.000 campesinos cultivadores de hoja de coca presos en las cárceles de Colombia en “condiciones brutales de hacinamiento y pérdida de derechos humanos".

- Optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución

El mandatario reiteró que el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fracasó en Colombia, porque de los 90.000 acuerdos logrados con familias campesinas cultivadoras de hoja de coca solo se han cumplido 96.

Manifestó que estas familias quieren sembrar cacao para convertirlo en chocolate; producir maíz para volverlo harina; sembrar árboles para transformarlos en muebles que pueden ser exportados a China, Estados Unidos y Europa.

- Creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de Colombia

El jefe de Estado afirmó que el 90 por ciento de los territorios donde actualmente se desarrolla el conflicto armado en Colombia y hay influencia de economías ilícitas son las zonas con mayor biodiversidad no solo del país, sino del mundo.

“Nosotros podemos hacer que ese campesinado productor de hoja de coca y esas formaciones armadas y esa sociedad allí puedan ayudar a que deje de ser productora de coca y pueda ayudar a que sea la que más absorba CO2 en el mundo", señaló.

- Una Reforma Agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa exprés de tierras

Al respecto, dijo que las normas vigentes demoran “por décadas" los procesos en los juzgados para la entrega de tierras fértiles y productivas al campesinado.

“Ese mecanismo hace que 3 millones de hectáreas —que contempla el Acuerdo de Paz para ser entregadas a los campesinos— se vuelvan 13.000 en el pasado gobierno o 180.000 en el presente. Y, en perspectiva, duraríamos 50 años en cumplir el Acuerdo de Paz que las Farc y el Estado determinaron para 10 años. Los campesinos de hoy morirían de viejos antes de tener tierra “, recalcó.

- Sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.

El presidente Petro dijo que su propuesta cobija a “todos los actores del conflicto", incluidos los paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros y hasta organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto.

“Es la única manera de desarmar todos los espíritus, que unos dejan las armas para que otros las cojan, y poder producir un desarme generalizado en las zonas de conflicto del país", aseveró.

- Ampliar el plazo de implementación del Acuerdo por 7 años más y las zonas PDET

El jefe de Estado enfatizó que esta serie de propuestas debe hacer parte de un gran pacto o Acuerdo Nacional, que no se ha podido cumplir desde el 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz.

Calculó entre 160 y 200 billones de pesos —50.000 millones de dólares— los recursos que necesita el Gobierno para sacar adelante temas del Acuerdo de Paz como la reforma agraria, la inclusión del territorio y, como complemento, el sistema único de verdad, reparación, justicia y reconciliación.

A la comunidad internacional el mandatario pidió apoyo en: la eliminación transitoria del riesgo en el interés de la deuda externa, evaluar un cambio de deuda por acción climática, y la flexibilización en el uso de la hoja de coca y en el financiamiento de una misión internacional complementaria para apoyar el Grupo Especial de Investigación, donde se investigue el neoparamilitarismo y los servicios privados de vigilancia.​

 

Protección colectiva integral en los territorios. 1’300.000 personas beneficiadas.

La ruta de protección colectiva hace parte del Programa de Prevención y Protección que articula y coordina la Unidad Nacional de Protección. Desde la entidad, no sólo se gestionan las medidas de protección, sino que se realiza la adecuación de medidas complementarias con otras instituciones y en consenso con las comunidades, colectivos o grupos étnicos.

Estas medidas están encaminadas a la prevención de nuevos riesgos o a la mitigación de estos en el marco de lo colectivo. Desde la perspectiva de la seguridad Humana, este tipo de soluciones adquiere especial relevancia ya que se trata de responder a aquellos factores que aumentan la vulnerabilidad de la comunidad y fortalecer sus potencialidades de auto protección.

287 colectivos con protección a nivel nacional

Actualmente, 287 colectivos han sido beneficiados con más de 130 mil medidas de protección que incluyen vehículos, personas de protección, motos y accesorios para la dotación y fortalecimiento de las guardias indígenas (carpas, pañoletas, bastones, chalecos distintivos, botas, morrales, linternas doble propósito y gorras entre otros). Además, 84 colectivos están en proceso de implementación de medidas.

767 solicitudes de nivel de riesgo colectivo atendidas entre 2015 y 2024

La UNP es la encargada de realizar las evaluaciones de nivel de riesgo, con oportunidad, eficiencia y eficacia, pero, además, con aplicación de enfoques diferenciales, en respuesta a las solicitudes que recibe. Entre los años 2015 y 2024 se han atendido 767 solicitudes de evaluación de nivel de riesgo colectivo en el territorio nacional. De estas, se han concluido, es decir, han realizado todo el proceso, 485 y actualmente se encuentran activas, o sea, en curso, un total de 282 evaluaciones.

En este periodo la ruta de evaluación de nivel de riesgo colectivo ha tenido una cobertura de 28 de los 32 departamentos a nivel nacional donde se destacan por el mayor número de evaluaciones los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca. En la actualidad se encuentran en curso (activas) evaluaciones de nivel de riesgo colectivo en 23 departamentos.

Aproximadamente 1’300.000 personas beneficiadas con medidas de protección colectiva en 28 departamentos

Las 485 evaluaciones de nivel de riesgo a colectivos que se han culminado, presentan un impacto estimado sobre 1´300.000 personas que hacen parte de estas comunidades atendidas y fortalecidas en sus capacidades de seguridad y autoprotección. Cabe resaltar que estas cifras no son exactas, toda vez que los datos poblacionales de cada colectivo son fluctuantes.

En sintonía con el objetivo del Gobierno del Cambio de llegar a una paz total, la Unidad Nacional de Protección continuará atendiendo las solicitudes de protección de comunidades, colectivos o grupos étnicos, en articulación interinstitucional y comunitaria, implementando acciones de mejora continua en el proceso de evaluación de nivel de riesgo e implementación de medidas colectivas, camino a la excelencia como garantía del cumplimiento de la misión institucional, en beneficio de las poblaciones vulnerables de nuestro país.