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“Un juez ha hecho lo que no hizo ni el gobierno ni el Congreso”

Como “una sentencia histórica que debe marcar el inicio para el fin de la amenaza del asbesto para la salud de los colombianos” calificó Greenpeace la determinación del juez Leonardo Galeano, del Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, quien ordena al Ministerio de Salud y al del Trabajo que implementen una política y plan de sustitución del asbesto.
 En efecto, y aunque no se ordena una prohibición explícita de la sustancia, sí se ordena a las dos reparticiones públicas que, en un plazo de cinco años, y basado en las graves consecuencias a la salud derivadas por la exposición al asbesto, lo sustituya por otras sustancias.
“Lo que dice esta sentencia es que el asbesto no es seguro y que los ciudadanos no pueden seguir expuestos a él debido a sus nefastas y hasta mortales consecuencias. Es un fallo macizo y contundente que, además, deja expuesto que el Estado y el sector privado han permitido el uso indiscriminado de esta peligrosa sustancia durante décadas”, dice Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.
La resolución judicial se conoce después de más de una década de fallidos intentos de prohibición del asbesto en el Congreso y de años de intenso lobby por parte de la industria para seguir adelante con la producción de una sustancia que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, ha sido responsable, entre los años 2010 y 2014, de 1.744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles a dicha fibra tóxica.
“Estamos ante una sentencia histórica por parte del Poder Judicial, quienes ordenan al Estado a sustituir el asbesto que tanto daño ha causado a la salud de colombianos. Ya no puede haber retroceso en esta materia ni se puede permitir que las empresas sigan imponiendo su lobby por sobre la salud de nuestros compatriotas. Lo importante es que, a partir de este fallo judicial, el Congreso y el gobierno estén a la altura y apuren una normativa que prohíba de manera definitiva el asbesto para que no siga afectando de manera tan seria e impune la salud de los colombianos”, señala Silvia Gómez.
Por último, la directora de Greenpeace Colombia resaltó el papel clave que ha jugado la ciudadanía en esta batalla contra el asbesto: “Lo vemos como un enorme triunfo ciudadano y la demostración de que, cuando las instituciones no dan respuesta satisfactoria a los problemas, es el compromiso y presión de la gente la que puede hacer cambiar las cosas”.

Tasa de desempleo en Colombia en enero fue de 12,8 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la tasa de desempleo en el mes de enero se ubicó en 12,8 %, registrando un incremento respecto al mismo mes del año pasado cuando estuvo en 11,8 %. En el inicio del año, 298.000 personas adicionales se encontraban en desempleo en donde la cifra ascendió a 3,1 millones de personas en esta condición.

“Para el mes de enero de 2019 tenemos una tasa de desempleo que se ubicó en 12,8 % teniendo un crecimiento estadísticamente significativo de un punto porcentual respecto al 11,8 % registrado en el mismo mes de 2018. No obstante, la dinámica urbana no tiene un cambio significativo y la tasa de desempleo urbana se ubicaba en 13,4 % en enero de 2018 y pasó a 13,7 % en 2019”, indicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

De acuerdo con el funcionario, este aumento en el desempleo en el país no estuvo concentrando en un contexto de las ciudades sino en el área rural con las actividades del sector agropecuario.

En ese sentido, en enero había en el país 21,6 millones de personas ocupadas en el total nacional, registrando un leve aumento de 0,3 %. Por su parte, los desocupados alcanzaron los 3,1 millones de personas, registrando un aumento del 10,4 %, con aproximadamente 299.000 personas más desocupadas en el país. Asimismo, la población inactiva también tuvo un aumento de 76.000 personas y suman 14,3 millones de personas en esta condición.

Las ramas de actividad económica que concentran el mayor número de ocupados durante el trimestre (noviembre- enero) son el Comercio, hoteles y restaurantes (26.6%), los servicios comunales, sociales y personales (18.9 %), la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17%). Estas tres ramas representan el 62,5 % de la población ocupada.

Sin embargo, el sector que registró el mayor incremento en la población ocupada fue la construcción, que tuvo un aumento del 8 %, seguido de servicios comunales, sociales y personales 2.7 % y la Industria manufacturera 2.5 %.

"Voy a arreglar con EE.UU. para que saque sus bases militares": Un hombre se autoproclama 'presidente' de Colombia

A las afueras de la sede de la Cancillería colombiana, Alejandro Muñoz alzó la voz, y con su banda presidencial puesta, , habló sobre su plan de Gobierno.
 Cortesía de Dan Cohen
El colombiano Alejandro Muñoz, con una réplica de la banda presidencial puesta, se autoproclamó el lunes como presidente y gritó: "Mi primer acto de gobierno es declarar la paz", en medio de una manifestación en contra de la reunión del Grupo de Lima, que se celebró en el Palacio San Carlos, sede de la cancillería colombiana, en Bogotá, donde participó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. 
En las imágenes compartidas por el periodista Dan Cohen en sus redes sociales, se observa el cerco policial en el perímetro de la construcción del siglo XVI, donde se realizó el encuentro, al que asistió el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, un día después de que fallara su intento de ingresar a la fuerza 'ayuda humanitaria' al país sudamericano.
Una voz de entre el grupo de personas que protestaban a las afueras de la sede de Relaciones Exteriores, con pancartas de 'No a la guerra', vociferó: "Duque no me representa", en referencia al presidente colombiano, quien fungió como anfitrión de este encuentro y pidió intensificar el "cerco diplomático" sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que ha llamado en repetidas ocasiones "dictador".
El autoproclamado presidente de Colombia, en su improvisado discurso, dijo: "Sí a la paz, no a la guerra, no más narcotráfico, no más neoliberalismo", mientras los manifestantes que lo rodeaban lanzaban vítores y aplausos.
 Grupo de Lima pide a la Corte Penal Internacional
considerar la "grave situación" de Venezuela
Tensión previa
El ambiente previo a la reunión estaba cargado de expectativa debido a las posibles decisiones que se tomarían, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en varias oportunidades que "todas las opciones sobre Venezuela estaban sobre la mesa".

Lanzamiento de Cartilla sobre el Sistema Integral


















La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el apoyo del Gobierno del Reino Unido les invitan a la Presentación de la Cartilla "Participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" que se llevará a cabo el día 7 de marzo de 2019 a partir de las 8:30 a.m. en el CLUB DEL COMERCIO, Calle 62 No. 5-88 en la ciudad de Bogotá, D.C.
Favor confirmar su asistencia a: 

arubio@ohchr.org

NUEVE COMANDANTES DEL EJÉRCITO ESTARÍAN IMPLICADOS EN FALSOS POSITIVOS: HUMAN RIGHTS WATCH

Nueve generales, que podrían estar involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales, fueron nombrados en posiciones claves en el Ejército, en diciembre del año pasado, según un informe de la organización Human Rights Watch. Uno de los señalados es el actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, vinculado presuntamente a ejecuciones extrajudiciales cometidos por soldados bajo su mando. 
Foto: AFP

Asimismo, según el informe, Human Rights Watch conoce de "evidencias creíbles" en contra de los nueve militares. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación investiga a tres de ellos - Miguel Eduardo David Bastidas, Diego Luis Villegas Muñoz y Jorge Enrique Navarrete Jadeth - por presuntos ejecuciones extrajudiciales. Los otros seis militares no están bajo investigación, sin embargo, soldados que fueron sus subordinados si lo están o ya han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales.
Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, "al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar". Además afirmó que "las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército."

LOS ASCENSOS 

El pasado 10 de diciembre, el Ejército Nacional anunció el nuevo comandante del Ejército como Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien fue comandante de la Décima Brigada Blindada entre octubre de 2004 y enero de 2006. Durante este tiempo, fueron cometidos al menos de 23 ejecuciones por los soldados de esta brigada, es decir, subordinados de Martínez. ")
Luego, el 21 de diciembre, el Comando del Ejército Nacional designó a ocho de estos generales a cargos en el Estado Mayor. En rondas de ascensos de años previos, cada uno de los militares fueron señalados por la Human Rights Watch de estar posiblemente vinculados con casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el Ejército ya tendría conocimiento sobre los señalamientos en contra de los militares.

El aparatoso debut de Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica

Se posesionó en soledad, 90 organizaciones de víctimas retiraron sus archivos, se le vinieron encima los historiadores del país y con esta carta sus colegas de la Nacional lo pusieron contra la pared

Por: Las2orillas
Desde que se filtró el nombre de Darío Acevedo para ocupar la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica comenzó el revuelo. Era el tercer candidato propuesto por el gobierno Duque, después del nortesantandereano Mario Javier Pacheco que llegaba con el respaldo de Luigi Echeverri y luego Vicente Torrijos, apoyado por el propio presidente Duque, para asumir las riendas de la institución creada por ley en el 2011 para la atención y reparación de las víctimas del Conflicto Armado Interno.
 La ley le asigna por diez años una serie de tareas en materia de memoria histórica especialmente en cuanto a la preservación de los archivos de las víctimas del reconocido conflicto armado. Y en esto radican las duras críticas a este nombramiento, igual que ocurrió con los dos anteriores, cuyos nombres tuvieron que ser retirados a marchas forzadas por Susana Correa, la directora del Departamento de Prosperidad Social, entidad a la que está adscrito el centro.
Acevedo, quien se ha desempeñado desde hace ocho años como profesor en la Universidad Nacional llegó, con el sólido respaldo del senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria y del propio Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido al que pertenece Duque.
 Contaba con credenciales académicas, pero sobre sus espaldas pesa una convicción que comparte con sus compañeros del Centro de pensamiento Primero Colombia, que se convirtió en la base ideológica del uribismo en Antioquia: la tesis de que en Colombia no ha existido conflicto armado sino una amenaza terrorista contra el Estado y sus instituciones.
Esto es precisamente lo que le reprochan sus colegas historiadores de la Universidad Nacional en una carta dirigida a Acevedo y firmada por absolutamente todos los profesores y profesoras de la facultad que lo acogió hace ocho años cuando debió salir de Medellín acosado por los paramilitares. “Nos sorprende que usted, que niega abiertamente la existencia del Conflicto Armado Interno, haya aceptado dirigir una entidad estatal que tiene ese reconocimiento como el eje central de su actividad”, le dicen frontalmente.
Darío Acevedo tejió una vieja amistad con José Obdulio Gaviria desde los años 70 cuando ambos participaron del Movimiento Firmes que promovió la candidatura presidencial de Gerardo Molina, de quien Acevedo fue su biógrafo. Ambos militantes de izquierda, colaboradores de la Escuela Nacional Sindical de Antioquia y Acevedo fundador del sindicato de Polímeros se deslizaron primero hacia el liberalismo y luego al uribismo.

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La venta de Medimás: un negocio dudoso y por capítulos


La antigua Cafesalud vuelve a cambiar de dueños y sus afiliados volverán a pasar a manos de otro consorcio, esta vez internacional. ¿Será para mejorar?


Iván Jaramillo Pérez*

Compras con la copia de la cédula

Entramos a otro capítulo de esta novela. Primero SaludCoop entregó a Cafesalud, Cafesalud vendió a Medimás y Medimás parece que venderá a Dynamic Business and Medical Solutions (DBMS). El proceso se parece a una canción de Celia Cruz por aquello de “Songo le dio a borondongo…”.
Cuando los socios de Prestmed y Prestnewco, integrados por ocho grupos empresariales y 192 IPS, conocidos como Prestasalud, se ofrecieron a comprar Medimás por el doble del precio base, me atreví a pronosticar en esta revista que sería una transacción extraña en la que los compradores tendrían la intención de quedarse con el negocio, pero no necesariamente la de pagar en efectivo.
En realidad, la EPS se estaba comprando con facturas o cuentas por cobrar, en forma similar a como la Federación Médica (Femec) se hizo propietaria de la EPS Unimec hace quince años. Esa fue una transacción amparada por la Ley 550 sobre reestructuración empresarial (que permitía que los acreedores se convirtieran en socios de la empresa emproblemada).
Al parecer no había entre los compradores la disponibilidad ni la voluntad para desembolsar el dinero en efectivo. Un auditor amigo dijo entonces que: “A Medimás lo compraron con una fotocopia de la cédula”.
Hoy, después de más de un año, el balance consiste en que aún se deben dos tercios de los 1,2 billones de pesos ofrecidos por los compradores. Esto sin incluir lo adeudado por Medimás a las IPS de las cuales obtuvo servicios para sus afiliados durante el último año.
Todo esto significa que, si la parte pagada por Prestasalud por la compra de Cafesalud equivale a la parte no pagada a las IPS empleadas durante más de un año, los compradores todavía no están desembolsando recursos propios.

¿Por qué la quieren vender?

Sede Medimás.
Foto- Ministerio de Salud y Protección Social.
Si bien los socios de Prestasalud, compradora inicial de Medimás, al parecer no desembolsaron ni un solo peso para comprar la EPS, sí cumplieron sus objetivos, pues posiblemente se autopagaron todas las facturas que se les debían por cuentas viejas de servicios prestados a SaludCoop, a Cafesalud y al propio Medimás.
No en vano la Procuraduría abrió investigación a los seis miembros de la Junta Directiva de Medimás y en el proceso se han encontrado indicios del presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus propios accionistas y del pago de facturas con sobrecostos a varios proveedores.
Por otra parte, la EPS viene arrastrando múltiples incumplimientos, no solo con los pagos pactados en la supuesta compra sino con los servicios a los afiliados, lo cual ha obligado al procurador a solicitar la “reversión” del proceso de venta.
Este giro, unido a otras demandas, entre ellas una acción popular contra la venta de Cafesalud liderada por el senador Jorge Robledo, pueden dar al traste con la consolidación de esta venta y con las utilidades futuras de Medimás.
En consecuencia, una vez recuperada la plata de las facturas para los compradores iniciales de Cafesalud, al parecer sin pagar un peso de sus bolsillos, y ante los enormes riesgos futuros y múltiples demandas, Prestasalud dirá que es mejor vender a un tercero extranjero, pues cualquier precio que se negocie será una ganancia efectiva.
Además, el prominente comprador se compromete a pagar todas las deudas que quedan por la compra de las instalaciones de Cafesalud y SaludCoop. Por eso la venta de Medimás a un extranjero se ha calificado como un “acuerdo entre particulares” y el propio superintendente de Salud la calificó como “buena noticia”.

¿Por qué la quieren comprar?

Juan Pablo Uribe Restrepo, ministro de salud.
Foto- Gobernación del Quindío.
El norteamericano y el árabe que se dice están detrás del nuevo comprador, DBMS, o bien son unos oportunistas con dineros de origen dudoso o tienen recursos bien habidos y no saben en la que se están metiendo.
De todas maneras, lo que vale en una EPS son sus afiliados, que son negociados como “vacas” según expresión del senador Robledo. Pues Medimás tiene 4,2 millones de este tipo de “bovinos” que reciben cada año una Unidad de Pago por Capitación de 787.323 pesos por un valor total de 3,3 billones (sin incluir el no POS). De este dinero, al menos trescientos mil millones se pueden destinar a gastos de administración y a utilidades. Lo cual quiere decir que si la EPS se compra como sugieren los extranjeros, en 1,17 billones, pueden recuperar la inversión en cuatro años.

Hidroituango: el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo

Estas son las razones.
 Los peores desastres
Gustavo Wilches-Chaux* 
Cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, “La Violencia” ya se venía gestando desde hacía una década, en el intento de frenar cualquier cambio en la tenencia y los usos de la tierra en Colombia.
Bajo otras denominaciones y con otras características, ese conflicto armado se mantiene hasta ahora. Puede decirse entonces que este desastre continuado durante más de ocho décadas es el que ha causado y sigue causando más pérdidas de vidas, más comunidades desplazadas, más destrucción y más dolor para los colombianos.
En términos de personas muertas y desaparecidas en un solo evento, no cabe duda de que la destrucción de Armero el 13 de noviembre de 1985 es el peor de los desastres de nuestra historia ocasionados por un fenómeno natural.
Recordemos que ya dos Armeros habían sido destruidos en 1595 y en 1845 porque fueron construidos junto al cauce del río por el cual descienden las “avalanchas” o flujos de lodo provenientes de las erupciones del volcán Nevado del Ruiz / Cumanday. Puesto que por tercera vez esa población se volvió a construir en el sitio, mal podríamos atribuirle al volcán toda la responsabilidad por ese desastre.
En cuanto a la extensión del área afectada por un solo evento natural, posiblemente el desastre causado por el terremoto del Eje Cafetero, del cual este 29 de enero se cumplieron veinte años, es el que más municipios ha afectado hasta ahora.
Pero el desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango en toda su zona de influencia, constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en el último siglo.
Las siguientes son algunas de las razones en las cuales sustento mi afirmación.

El origen de la amenaza

Es sorprendente que la empresa orgullo del gobierno antioqueño
y del país haya recurrida en tantos errores. Foto: Facebook- EPM

La amenaza que desató y que sigue alimentando este desastre no es un evento puntual sino un proceso de largo plazo.
Y no es de origen natural sino humano y tecnológico: el desastre de Hidroituango resulta de la manera como se concibió, se planificó y se ha venido llevando a cabo el proyecto en sus dimensiones técnica, ambiental y social.
Esto marca una diferencia sustancial con los desastres desencadenados por fenómenos naturales, porque en este caso la responsabilidad por causar la amenaza, por los daños y riesgos ambientales y sociales que el proyecto está creando en su zona de influencia, tiene un rostro identificable: las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
No quiero decir, por supuesto, que EPM haya tenido la intención de crear los riesgos que se están convirtiendo en desastres. Pero sorprende que una empresa que ha sido orgullo de Antioquia y un modelo para el resto del país, no haya llevado a cabo una necesaria y efectiva gestión del riesgo, sobre todo tratándose del proyecto de generación eléctrica más ambicioso y costoso en que Colombia se haya embarcado.
El desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en el último siglo.
Por ejemplo: no se entiende cómo no previeron los riegos de la decisión que tomaron en abril de 2018. Con el propósito de acelerar el llenado del embalse, resolvieron taponar los dos túneles por donde estaba fluyendo parte del agua del río Cauca mientras se acabada de construir la represa.
Tampoco se entiende por qué (como también sucedió en el Quimbo) no removieron la materia orgánica procedente de la tala de los bosques que se encontraban en la zona que iba a ser inundada. Este descuido evidente contribuyó a taponar el único túnel que le quedaba al agua para ejercer su Derecho a Fluir. Otra prueba de que como que no tenemos capacidad de aprendizaje.

Hidroituango: una catástrofe que pudo ser evitada.

El desastre comenzó hace más de veinte años

La emergencia que se presentó a principios de mayo del año pasado constituyó apenas el comienzo de una nueva etapa del desastre a que ha dado lugar este megaproyecto.
Las medidas para controlar esa emergencia y las nuevas que surgieron a partir de allí, han logrado evitar que se produzca la pérdida de más vidas humanas. Pero no han podido evitar los traumatismos de todo tipo que desde que comenzó el proyecto han afectado a las comunidades de su zona de influencia.
La investigadora Juana Afanador resalta una de las dimensiones más trágicas de este desastre: “En la zona escogida para construir Hidroituango se concentran unas 15 mil personas afectadas por el conflicto armado. De ellas, 4.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012 […] Además de Ituango, en la que queda el corregimiento de El Aro, hay otros 11 municipios afectados por la represa: Valdivia, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Briceño, Sabanalarga, Toledo, Liborina y Olaya. Y en la mayoría de ellos, se experimentaron masacres. En cifras aproximadas, se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas, de 62 masacres cometidas por paramilitares”.

Las grandes mineras tienen mucho y van por más este año


Aprovechando el impulso que les ha dado el gobierno, las multinacionales están envalentonadas y siguen acrecentando su poder. Estos son los hechos, estos son los proyectos, y estas son las regiones que están siendo afectadas. 



Álvaro Pardo*

Imponiendo el orden privado

A fines del año pasado la Gran Colombia Gold Corp (GCG) solicitó al gobierno garantizar sus derechos “mediante el despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza, necesarios para combatir la minería ilícita”. Pero, ¿a qué otra fuerza se refiere? ¿A los grupos armados ilegales que operan por la zona?
En una comunicación conocida a comienzo de este año, la minera canadiense señaló que sus títulos en Marmato, Remedios y Segovia se encuentran “plagados” de mineros ilegales, que el gobierno no les ha dado la protección necesaria para remover a los “invasores” y que los operativos de las autoridades son “francamente decepcionantes”.
Los términos utilizados por Lombardo Paredes, director general de la minera, fueron claramente desobligantes con el gobierno colombiano. Sus palabras desconocen la historia y la realidad de miles de mineros ancestrales que las normas oficiales han arrinconado en la minería ilegal. Además, estigmatiza a la Mesa Minera que promueve el diálogo entre las partes, incita a la violencia y sugiere una futura demanda en cortes internacionales por “graves perjuicios a GCG”.
Más preocupante todavía es el hecho de que no se trate de un reclamo aislado sino de la tendencia general de las compañías mineras, especialmente de las multinacionales, que quieren imponer por cualquier vía el modelo extractivista que favorece a sus intereses.
Muchas de ellas han tomado nuevos aires gracias al relanzamiento desde la Casa de Nariño de la “confianza inversionista y la seguridad jurídica”, la defensa de sus privilegios tributarios en el Congreso y el recorte de derechos de los ciudadanos por parte de la Corte Constitucional. Con el viento a su favor, se prevé en este año la exacerbación de los conflictos en el sector minero y petrolero.

Marmato, Remedios y Segovia

 La población se ha comprometido contra
el proyecto de Minesa en Santurbán.
Foto: Gobernación de Norte de Santander.
Aunque otros voceros de la GCG trataron de enmendar las palabras de Paredes, el daño estaba hecho y el mensaje de la empresa produjo la esperable reacción entre los mineros ancestrales e informales de las regiones afectadas.
Hay que recordar que la GCG no ha contribuido a la solución del problema, pues nunca hizo la cesión de las áreas para formalizar a los mineros ya existentes que quedaron dentro del territorio que le concedían sus títulos y suscribió 44 contratos de operación minera que le sirven de anillo de seguridad a sus operaciones y cuyos beneficiarios también están en conflicto y desplazan a los mineros tradicionales.
Las multinacionales invitadas a Colombia están obligadas a acatar la Constitución y de ninguna manera deben entrometerse en asuntos internos.
Entre tanto la violencia se ha agudizado en la región por la presencia de numerosas organizaciones al margen de la ley: las Autodefensas Gaitanistas, los Urabeños, los Libertadores del Nordeste, Nueva Generación, los Zetas, la Mano que Limpia, las Águilas Negras y algunos remanentes de la guerrilla. ¿A cuál de estas fuerzas se refiere el comunicado de la GCG? ¿Cómo se explica que muchas de ellas no existían hace pocos años?

AGA en Jericó y Támesis (Antioquia)

¿Regular o no regular las redes sociales?


Un proyecto de ley y una polémica declaración reabrieron el debate. ¿Está en peligro la libertad de expresión?


    Víctor Solano*

Senadores contra redes sociales

El pasado nueve de enero, el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín afirmó en un debate del programa radial Partida W que las redes sociales deben ser “controladas”.
Pocos días atrás, Zabaraín había sido noticia por su desatinada intervención durante el debate en el Congreso acerca de Odebrecht, que despertó burlas e indignación y que llevó a muchos a preguntarse si el senador estaría ebrio en el momento de hablar.
Esta vez el congresista volvió a ser noticia por su polémica defensa del fiscal Martínez. Según Zabaraín, “hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales”, porque han sido el arma predilecta de muchos antisociales” para poner “en tela de juicio la honorabilidad” del Fiscal.
Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos.
Antonio Zabaraín es además el ponente de un proyecto de ley que “establece mecanismos para ejercer un mayor control sobre la libertad de publicación de contenidos en la web”. El proyecto fue presentado por el senador del Partido de la U, José David Name, según él, con el propósito de “proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales”.

Más ojos sobre los corruptos

 Intentar regular las redes sociales no solo es ingenuo sino innecesario.Foto: Royal air force Lakenheath

Las propuestas de Name y Zabaraín parecen intentos desesperados de complacer a un fiscal poderoso —o quizás de congraciarse con sus jefes políticos—.
Pero recoger esos réditos tendría un costo social muy alto. El proyecto de Name y las declaraciones de Zabaraín se dan cuando todos los países del mundo quieren aprovechar el potencial de internet, por ejemplo, para estimular el emprendimiento o para fortalecer las instituciones promoviendo la participación ciudadana.
De hecho, las redes sociales pueden ser una herramienta para hacer más transparente la gestión pública. Se trata de un espacio donde los ciudadanos pueden hacer control político y veeduría a todas las ramas del poder.
La corrupción nunca había sido tan visible como ahora. Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos y, por lo tanto, implican un camino más estrecho para los corruptos.
Eso es, precisamente, lo que le “da alergia” a Zabaraín y a sus padrinos políticos, los Char, lo mismo que molesta al senador Name en la misma Barranquilla, lo mismo que no les gusta a todos quienes proponen regular las redes para evitar que los ciudadanos vigilen y hagan denuncias.

Autoritarismo y censura

 Redes sociales Foto: U.S Fire Administration
Las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas. Se trata de plataformas que los seres humanos utilizan para comunicarse e interactuar entre ellos.
Por definición, las redes sociales son un espacio de libertad. Por eso causa tanta molestia que un político hable de “controlar” las redes sociales. Más aún si ese “control” tiene el propósito de silenciar denuncias o, inclusive, de evitar las burlas de las que ha sido víctima el mismo Zabaraín en todas las redes, en especial en Twitter.
La singular “propuesta” de los senadores Name y Zabaraín es retrógrada y autoritaria. El deseo de controlar las redes es propio de los regímenes totalitarios, que quieren controlar la vida privada de sus ciudadanos.
Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales.
En China, Cuba y Venezuela se han tomado medidas para censurar o limitar las redes sociales. Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales para evitar que se convirtieran en plataformas de odio “contrarevolucionarias”.
En un modelo político diametralmente opuesto, el presidente Trump ha acusado a Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo político. Paradójicamente, Trump ha hecho de Twitter una de las principales armas para atacar a sus contradictores.

Otro asesinato de líder social en Colombia


La líder social colombiana Maritza Ramírez murió este jueves como consecuencia de un ataque sufrido el 14 de enero en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

Foto @Otohiguita
Según informó la Confederación Nacional de Acción Comunal, la víctima se debatió entre la vida y la muerte en los últimos 10 días luego de ser brutalmente golpeada en un sector rural de Tumaco, fronterizo con Ecuador.
La líder social asesinada tenía 42 años y dos hijos y se desempeñaba como presidenta de una Junta de Acción Comunal, al frente de labores de sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco.
Registros de la fundación Indepaz señalan que del 1 de enero de 2016 al 10 de enero de 2019 fueron asesinados 566 líderes sociales en Colombia.
Con Maritza ya son 5 atentados y 5 homicidios de la organización social de la Acción Comunal, en lo que va del año 2019.
La Confederación Nacional de Acción Comunal exige resultados ágiles sobre los actores intelectuales y materiales de los más de 300 homicidios, en los últimos tres años, de Dignatarios y Dignatarias de la Organización social de la Acción Comunal.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

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