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Procuraduría suspendió a los 11 concejales de Natagaima (Tolima)

PM-PGN.- La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo a los 11 concejales de Natagaima (Tolima), por irregularidades en la elección del personero de ese municipio para el periodo constitucional 2016-2020.

Wilinton Rojas Pacheco, Soledad Vargas Silva, José Henry Bustos Arias, Jorge Eduardo Aragón Chamorro y Rubén Darío Díaz Antonio fueron suspendidos por 9 meses, porque su antigüedad en el cargo les permitió conocer directamente cómo se reglamentó el concurso de méritos para seleccionar al personero, y debieron haber actuado con mayor diligencia.

A Miguel Ángel Bonilla Cárdenas, Andrés Felipe Díaz Ramos, Gabriela Useche Tapiero, Maximino Medina Murcia, Norma Constanza Silva García, Lucia Mercedes Sierra Morales se les suspendió del cargo por el término de 6 meses.
La Procuraduría Provincial de Chaparral reprochó a los cabildantes el haber elegido al personero en la sesión extraordinaria del 10 de enero de 2016 estando inmerso en inhabilidad para el ejercicio del cargo, por haberse desempeñado como comisario de familia dentro de los 12 meses anteriores a su elección.

Este comportamiento generó una falta disciplinaria según lo establece el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, que consagra las inhabilidades para ser concejal.

Para el ente de control los disciplinados violaron el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por nombrar, designar, elegir o intervenir en la postulación de una persona en quien concurría causal de inhabilidad.

En el fallo de primera instancia contra el cual todos los disciplinados interpusieron recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Regional de Tolima, las faltas de los 11 concejales fueron calificadas inicialmente como gravísimas cometidas a título de culpa grave. 
CCJ/mln

El Acuerdo de Paz


El futuro del Acuerdo es incierto, pero hay tres caminos previsibles. Dos de ellos –el de Duque y el de Vargas– son francamente preocupantes.

razonpublica-Juan Carlos Palou*.-

 Los caminos de la paz

La incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz es muy grande, pero están empezando a consolidarse algunas certezas electorales que no auguran un futuro venturoso para el Acuerdo que busca poner fin definitivo a un conflicto muy dañino para Colombia.
Al analizar los planteamientos de los varios candidatos acerca del Acuerdo Final, se concluye que estamos ante tres rutas posibles a saber:
  • incumplimiento frontal, 
  • incumplimiento solapado, o
  • cumplimiento parcial de lo acordado.

Incumplimiento frontal

Esta es la propuesta del Centro Democrático (CD) que, en las palabras francas de Fernando Londoño consistiría en “hacer trizas” el Acuerdo. Y en efecto: el senador José Obdulio Gaviria ya ha anticipado un referendo para derogar la totalidad del Acuerdo Final.
Candidato Presidencial, Iván Duque.
Foto- Conexión Capital
Pero, para no asustar a los votantes del “centro”, el candidato Iván Duque ha matizado la propuesta al decir que modificaría solo tres aspectos del Acuerdo:  
  • Eliminaría la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado delito conexo al delito político y por lo tanto amnistiable;
  • Eliminaría el carácter voluntario de la sustitución de cultivos ilícitos para convertirlo en forzoso;
  • Impediría la llegada al Congreso de los miembros de las FARC antes de haber sido juzgados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. 
Pero los tres “pequeños” cambios anteriores contradicen la esencia del Acuerdo Final: la justicia transicional y la participación política para los excombatientes.
1. Impedir que el narcotráfico se considere conexo al delito político es convertir a todos los miembros de las FARC en potenciales candidatos a la extradición.
Pero además hay que recordar que el Acuerdo no propone una declaración general del narcotráfico como delito conexo, sino que en cada caso el acusado debe demostrar que su delito buscaba financiar el proyecto político-militar de la organización guerrillera y no el enriquecimiento personal de los delincuentes.
2. Eliminar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para pequeños productores implicaría volver a las políticas de mano dura es decir, a la persecución de campesinos, indígenas y afrocolombianos dedicados por necesidad a cultivar coca, amapola y marihuana.
La erradicación forzosa y el posible regreso a la fumigación tienen la ventaja de la eficacia simbólica: demuestran carácter y compromiso del gobierno al infligir un castigo a esas poblaciones “transgresoras”. Se tranquiliza así a la comunidad internacional y sobre todo a Estados Unidos. Pero con seguridad la ineficacia de esta estrategia será la misma que se ha demostrado en los últimos treinta años.
3. Venir a exigir ahora que los candidatos del partido FARC al Congreso se sometan primero a la Jurisdicción Especial para la Paz implicaría un cambio de fondo en esta jurisdicción y pondría en entredicho las diez curules de las FARC.
¿Cómo contener ese curso de acción del Centro Democrático?

Jóvenes colombianos obligan al gobierno a actuar contra la deforestación de la Amazonía

DW.- Un grupo de 25 niños y jóvenes colombianos denunció al gobierno por su falta de acción contra la deforestación de la Amazonía. Ahora, la Corte Suprema les ha dado la razón. Se trata de un logro histórico en la región.

La lucha ciudadana contra el cambio climático ha dejado las calles para instalarse en los tribunales. En diversos lugares del mundo, numerosos casos están incrementando esta tendencia que cuenta ahora con un logro histórico en la región. Un grupo de 25 jóvenes, de los 17 departamentos más afectados por el cambio climático en Colombia, denunció la falta de acción del gobierno en la deforestación de la Amazonía.
"Es su compromiso frenar la deforestación en la Amazonía. Nuestra reclamación es sencilla", dijo a DW César Rodríguez, director de Dejusticia, organización de incidencia encargada de acompañar el proceso. Así argumentó que a falta de datos del pasado año, según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2016, la tala del bosque aumentó un 44% en relación en 2015. "En lugar de retroceder ha avanzado", criticó recordando el compromiso de deforestación cero para el 2020. "El 2020 está a la vuelta y la tendencia es contraria a lo que el gobierno se comprometió", añadió.
La demanda surge a raíz de un estudio comparativo que recoge litigios sobre la falta de acción o ambiciones tímidas de países en cuanto a compromisos contra el cambio climático se refiere. "Hay 800 casos en el mundo", apuntó.
Tomando como base los casos de Urgenda (Holanda), en el que, por primera vez en el mundo, los ciudadanos demandaron a su gobierno para reducir las emisiones en carbono, así como el de jóvenes en Estados Unidos, que demandaron al gobierno por violar su derecho constitucional a la vida, el litigio de la Amazonía combina argumentos jurídicos y científicos e involucra a las futuras generaciones. "Es una demanda sin precedentes en América Latina que requería una argumentación y una estrategia novedosas", aseguró.
El directivo colombiano se mostró satisfecho con el resultado de la demanda. "La Corte acogió un conjunto de evidencias científicas como base para establecer el vínculo empírico y jurídico entre deforestación, cambio climático y violación de los derechos de las futuras generaciones", subrayó.
El caso toma como referente la demanda de un grupo de niños contra la falta de acción climática del gobierno de Estados Unidos.
Trabajando juntos
El gobierno colombiano, que anunció que acata el fallo, tiene cuatro meses para diseñar un plan eficaz de acción contra la deforestación y un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. "Esta es una responsabilidad de todo el Estado, pero más que el Estado, es una responsabilidad de la sociedad colombiana", dijo el ministro de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en un comunicado en el que apuntó que se trata de una oportunidad para que Estado y sociedad colombianas lleven a cabo acciones eficaces contra la deforestación y el cambio climático.
"El Ministerio de Ambiente ya está formulando ideas sobre los primeros pasos a tomar y nos ha contactado para participar en el proceso, en el que deberán estar también los jóvenes demandantes, entidades científicas y comunidades amazónicas", avanzó el directivo de la entidad. Asimismo, la organización ya está trabajando en el diseño de un texto del Pacto intergeneracional para que sea adoptado en los próximos meses. "Los jóvenes sienten que su generación puede marcar una diferencia en la protección del planeta, mediante acciones como la demanda exitosa", consideró Rodríguez.
Jóvenes al poder

En Iguaque, un arbusto en peligro de extinción

Agencia de Noticias UN- Zinowiewia sebastianii, una especie de arbusto que rara vez supera los cinco metros de alto y de la cual solo se conservan 11 ejemplares, podría desaparecer del territorio colombiano.

Esta nueva especie, refundida en medio de los grandes robles que abundan en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en Villa de Leyva (Boyacá), fue descubierta para la ciencia por el profesor Favio Antonio González, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
Basados en el bajo número de individuos de Z. sebastianii observados dentro de un área de ocupación no mayor a los 10 km2, en bosques extremadamente fragmentados, los investigadores estiman que se trata de una especie considerada en “peligro crítico”, ya que enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre.
Por ejemplo, afirman que por estar ubicada en un área restringida, la nueva especie tiene varias amenazas ecológicas, entre ellas la permanencia de la frontera agrícola alrededor de los robles y los incendios forestales, que son muy probables en esta zona.
De hecho, en los últimos 10 años se han presentado cuatro conflagraciones que aunque no han alcanzado la zona donde habita la nueva especie, sí han amenazado zonas aledañas al Santuario de Iguaque.
Los hallazgos preliminares señalan que se trata de una especie que crece en la cordillera de la Costa, Venezuela, y así lo publicó el profesor González en el libro Villa de Leyva florece. Pero, “viéndola en detalle, me di cuenta de que algunas características no concordaban con la especie venezolana ni con especies de Centroamérica, que son las más cercanas en términos geográficos a las de Boyacá”.
Para estar seguros de que se trataba de una especie nueva, se puso en contacto con el profesor Luis Roberto Sánchez, del Departamento de Biología de la Universidad de Pamplona (Norte de Santander), especialista en la familia Celastraceae. Juntos examinaron todos los especímenes del género Zinowiewia depositado en los herbarios Nacional Colombiano de la U.N., de la Universidad de Antioquia y de la Universidad del Valle.
Después consultaron y cruzaron información con el proyecto Flora mesoamericana, la primera flora regional a gran escala escrita en español, resultado de la colaboración entre el Jardín Botánico de Missouri, el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Museo de Historia Natural de Londres y especialistas de todo el mundo.
De esta manera, se dieron cuenta de que el arbusto tenía características muy diferentes con respecto a las demás especies, y el hecho de estar aislada en la cordillera Oriental era evidencia a favor de que esa población de apenas 11 ejemplares constituía una especie nueva, nombrada por el profesor González como Zinowiewia sebastianii, en honor a su hijo Sebastián, quien durante dos décadas lo acompañó a sus excursiones por la zona de estudio.

Carta al Senado buscando impedir la prohibición del asbesto

“Prefieren salvar su negocio en vez de cuidar la salud de los colombianos”
Greenpeace rechaza carta de Ascolfibras al Senado que busca impedir la prohibición del asbesto
Como “una maniobra desesperada y vergonzosa que atenta contra la salud de todos los colombianos” calificó la ONG ambientalista Greenpeace una reservada carta (1) que la Asociación Colombiana de Fibras (Ascolfibras) envió al presidente del Senado y que pretende ejercer lobby sobre los congresistas a fin de poner trabas al proyecto legislativo que busca prohibir el uso y comercialización de asbesto en Colombia, sustancia tóxica que cada año es responsable de la muerte de más de 300 personas en el país.
En la misiva dirigida al presidente del Senado -fechada el 30 de abril y a la cual tuvo acceso Greenpeace-, Jorge Hernán Estrada, presidente ejecutivo de Ascolfibras, plantea que “debemos rechazar el linchamiento y condena mediática que sin fundamento se ha querido hacer contra alguna de las empresas que se han atrevido con argumentos a cuestionar el proyecto en cuestión”.
“Estamos sorprendidos e impactados por la falta de empatía que revela esta carta con la salud de los colombianos y el dolor de los familiares de las víctimas de la mortal sustancia. Para Ascolfibras no es suficiente el testimonio de los familiares de víctimas ni los contundentes estudios internacionales que dan cuenta de sus nefastas y mortales consecuencias. ¿Qué más necesitan para entender que no pueden seguir muriendo más de 300 colombianos cada año por culpa del asbesto? Esperamos que ninguno de estos desesperados intentos de lobby sobre los congresistas influya en la necesidad de prohibir de una buena vez la sustancia en el país. Está en sus manos la oportunidad de hacer historia y librar a Colombia del asbesto”, dijo Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace en Colombia.
Notas: 1- Carta de Ascolfibras al presidente del Senado

Medicamento para tratar acné afecta el hígado e induce al suicidio

La recomendación que hace el Centro de Información en Medicamentos es retirar el producto del mercado
La gran mayoría de medicamentos que se venden en el país se pueden adquirir sin fórmula médica
El uso de tretinoína debe hacerse bajo estricto control de un médico
En el mundo existen reportes de varios casos que sustentan los riesgos de usar este producto
El Invima recomienda hacer valoraciones hepáticas con intervalos de un mes
El consumo de isotretinoína puede provocar un estado depresivo que llevaría hasta el suicidio

Agencia de Noticias UN.- Alrededor de 12 marcas comerciales continúan comercializando tabletas producidas con isotretinoína, cuyo uso se asocia con daños permanentes en el hígado y alteraciones en procesos mentales relacionados con depresiones.
Puesto que el sistema nervioso central funciona a partir de impulsos y transmisión química que activan neurotransmisores a cargo de estimular o deprimir el sistema, si el equilibrio entre los dos se rompe, –por el uso de este medicamento– se desencadenan enfermedades como esquizofrenia y trastorno depresivo bipolar, entre otros.

Así lo explica el profesor José Julián López, director del Centro de Información en Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.). “Para el caso específico de la isotretinoína, se produce un estado de depresión que se expresa en una ideación suicida, asociada con la falta de interés por las actividades cotidianas”, puntualiza el profesor López, para quien bastaría con interrumpir el tratamiento para revertir este tipo de afectaciones.
Riesgos durante el embarazo
Es sabido que cuando una mujer embarazada toma estos medicamentos el feto corre el riesgo de sufrir malformaciones congénitas asociadas con un crecimiento anormal del cerebro, tales como microcefalias.
No obstante a que la gravedad de las afectaciones puede variar según la etapa de gestación, sus efectos son más terribles si el medicamento se consume durante el primer trimestre de embarazo, y también es la causa de malformaciones como labio leporino (fisura labial) o deficiencia en el desarrollo de tejido neurológico.

Registraduría inició los sorteos para la designación de jurados de votación

Del 3 al 7 de mayo los sorteos se realizarán en los demás municipios del país.

Desde el 30 de abril la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el sorteo de jurados de votación en Bogotá y las demás capitales de departamento. En los demás municipios el país se sorteará del 3 al 7 de mayo.

Para efectuar los sorteos de jurados de votación, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó en todo el país a entidades públicas, universidades, instituciones educativas, y empresas del sector privado las listas de sus funcionarios y empleados para conformar las bases de datos, de las cuales se efectuará la escogencia de los jurados de votación.

Se recibieron 2.151.809 nombres de ciudadanos provenientes de los siguientes sectores: Empresa privada 726.116; entidades públicas 518.324; instituciones educativas 868.732; y campañas políticas 38.637.

Los sorteos de jurados de votación se realizan con el acompañamiento de representantes de los partidos y movimientos políticos, y con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.

Para las 96.657 mesas de votación que funcionarán en las elecciones presidenciales serán designados en forma aleatoria 579.942, más 57.994 de personas disponibles para atender las eventuales ausencias de los inicialmente nombrados.

538.000 estudiantes en 4 departamentos y 12 municipios sin cobertura de PAE

La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.
 De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica,  Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.
Para el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación para la vigencia 2018.
Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.
De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.
En Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.
Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.
Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.
PROCESOS DISCIPLINARIOS

Cárcel para nueve personas que estarían involucradas en el desfalco a las finanzas del hospital de Buenaventura

FGN.- Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario fueron cobijados 9 de los 10 procesados por la supuesta apropiación de cinco mil ciento cuatro millones de pesos ($5.104.000.000) destinados al mejoramiento de la infraestructura del único hospital de Buenaventura.

El Juzgado Séptimo de control de garantías de Buenaventura aceptó la argumentación de la Fiscalía, que imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento privado.
Los hoy procesados fueron capturados el 16 de abril del año en curso por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional en Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), y Popayán (Cauca).
Los hechos
Los contratos investigados tenían por objeto mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa de la institución.
Estos contratos fueron suscritos con la Unión Temporal MC Asociados, cuyo representante legal es Carolina Moreno Caicedo, por valor de nueve mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos ($9.994.000.000).
Durante las labores investigativa se pudo establecer ausencia de diseños, planos arquitectónicos, estudios técnicos estructurales y de vulnerabilidad sísmica; además, quedó en evidencia la poca experiencia de la empresa y la supuesta falsificación de documentos de varios de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin de acreditar recorrido en la ejecución de obras.
Seguimiento
En junio de 2016 se firmó el contrato para las mejoras locativas del Hospital Luis Ablanque de la Plata. El 2 de octubre de 2017, el alcalde Eliécer Arboleda Torres inauguró las obras de remodelación. Esa misma noche llovió en el lugar y la cubierta, que estaba recién instalada, se derrumbó. Esta obra fue reparada y el 21 de marzo de este año volvió a precipitarse.
Según la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el contrato suscrito con la mencionada Unión Temporal no habría cumplido con los requisitos legales. Esto también habría ocurrido con el contrato de interventoría firmado el 29 de junio de 2016 por el alcalde de Buenaventura con la empresa INGCSE-A LTDA., representada legalmente por Orlando Ocoró González, por valor de cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos ($464.000.000).
Los procesados son:
Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura
Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de gobierno
Juan Carlos González Cortez, secretario de infraestructura Vial
Félix Riascos Brome, secretario de salud
Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica
Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados
Orlando Ocoró González, representante legal de INGCSE-A LTDA firma interventora
Karina Moreno Caicedo, representante legal de INGEMEDI S.A.S.
Víctor Gabriel Parra Jurado. Miembro de la Unión Temporal MC. Asociados.
Harry Mosquera
MAP/JARG

Fiscalía entregó cuerpo de víctima de desaparición forzada en Manizales

FGN.- En ceremonia solemne, la Fiscalía General de la Nación entregó los restos de José Heriberto Ramírez Llanos, quien fue encontrado muerto el 22 de marzo de 1988, en la finca Taparcal, en la vereda La Inmaculada de Palestina (Caldas).

Luego del procedimiento científico, se estableció el perfil genético de los restos recuperados y su plena identidad, por lo que fue posible hacer una entrega digna a sus familiares, en cumplimiento de los protocolos que establece la ley.
De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en el momento de su desaparición, Ramírez Llanos tenía 16 años de edad. Quedó demostrado en el proceso que integrantes de un cuerpo de seguridad del Estado lo sacaron a la fuerza de un restaurante en Manizales (Caldas), y se lo llevaron con rumbo desconocido junto a otro joven.
La Fiscalía entregará el cuerpo de la otra persona involucrada en estos hechos en diligencia que se cumplirá en junio del año en curso.
Hay que precisar que los restos de estos dos jóvenes fueron exhumados con fines de identificación, en cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 79/11.
 PAAM/JARG

Petro fue el único candidato que asistió al encuentro con niños y adolescentes de Colombia



Preparado por la organización NiñezYa, con asistencia infantil y juvenil del Caribe, del Pacífico, del Sur, del Centro, preparándose varios días para su encuentro con los aspirantes a gobernarlos, confiados en ser escuchados y dispuestos a escuchar sobre su futuro, los menores salieron con la decepción causada por la no atención de los candidatos presidenciales, estaban invitados todos, desde hace más de un mes, pero el único que llegó al auditorio Alberto Lleras de la Universidad de los Andes fue el candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana.
Entre los temas más destacados de las respuestas de Petro se encuentran la justicia social, el amor por los niños de Colombia, el cuidado integral en la primera infancia.
"La justicia social sin tener en cuenta a la niñez no es justicia", dijo el candidato y argumentó que los primeros en ser amados deben ser los niños y las niñas.
Gustavo Petro firmó el compromiso de Niñez Ya, aceptó trabajar por los puntos que buscan garantizar el bienestar de la población infantil en Colombia.
“Cuando un niño se desnutre, está comiéndose el cerebro, su capacidad de inteligencia y puede terminar en estos grandes criminales que hoy tenemos en Colombia. Si un niño se educa, tiene la nutrición, será un gran constructor de la sociedad colombiana”, dijo Petro al cierre del evento.

Argos y Bancolombia entre las empresas condenadas a devolver predios despojados a los campesinos

En las sentencias de restitución de tierras también se condena a mineras como AngloGold Ashanti y Gran Colombian Gold, al igual que a empresas ganaderas, palmicultoras y bananeras.

Agencia de Prensa Rural-Yhoban Camilo Hernández Cifuentes.- Son las 25 empresas (ver imagen) que han sido condenadas hasta ahora, por los jueces de restitución de tierras, a devolver predios que fueron despojados a campesinos en medio del conflicto armado en Colombia.
El dato lo dio a conocer en Medellín un estudio de la Fundación Forjando Futuros que analizó las 3.500 sentencias que han emitido los jueces de restitución desde el año 2012 hasta abril de 2018.
“Queremos resaltar que hay empresas con cinco sentencias. Argos (Fiducor S.A.) tiene cinco sentencias en contra, Bancolombia una, la AngloGold una y Continental Gold una”, indicó Gerardo Vega Medina, director de Forjando Futuros, organización que representa jurídicamente a víctimas reclamantes de tierras.
Las otras empresas con cinco sentencias en su contra son: Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. y Soc. Jorge Herrera e Hijos SCS, ambas en el municipio Carmen de Bolívar donde también se reportan las cinco sentencias contra Argos.
Vega Medina precisó que son 135 las sentencias en las que los jueces han ordenado a la Fiscalía que investigue a estas empresas, así como a personas naturales, para establecer cómo fue el despojo de tierras en estos casos. Y detalló:

Importante.

Luz verde al proyecto de ley contra la violencia vicaria

 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida co...

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