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¡Los Pueblos Indígenas de Colombia, apoyamos la paz, la democracia, y a Gustavo Petro!

El Movimiento Indígena evidencia el peligro
 que entraña la destitución del alcalde Petro.
Los Pueblos Indígenas de Colombia, agrupados en la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, condenamos y rechazamos de forma categórica el fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación, máxima instancia del Ministerio Público en nuestro país y parte determinante de las estructuras creadas constitucionalmente para encabezar la defensa y garantizar la protección de los derechos humanos; el cual interpretamos como un ejercicio claro de persecución política en contra del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y como un duro golpe a los vientos de paz anhelados por colombianos y colombianas durante más de medio siglo.

Consideramos desde el Movimiento Indígena, que las determinaciones encabezadas por el Procurador Ordóñez violentan vilmente el proceso de paz al que Colombia entera le está apostando; el cual tuvo sus primeras expresiones hace 25 años y hoy tienen su representación en procesos democráticos que llevaron a la ciudadanía a elegir a Gustavo Petro como alcalde del Distrito Capital, en una decisión materializada a través del derecho al voto.

Las corrientes de ultra derecha del país, personificadas por el procurador Alejandro Ordóñez, no pueden pasar por encima de la decisión del pueblo, del cual formamos parte los indígenas de la altiplanicie cundiboyacense, quienes elegimos a Gustavo Petro como el dirigente que representaría nuestros intereses y velaría por el respeto de nuestros derechos con políticas diferenciales e incluyentes.

La justicia internacional puede pedir que se revoque una destitución de la Procuraduría: Fiscal General

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, dijo que debe hacerse una reforma al esquema actual que se aplica para los procesos disciplinarios del país porque se está aplicando un sistema anacrónico y medieval y pidió que se reforme para que se modernice y sea más garantista de los derechos humanos.

El funcionario hizo estas afirmaciones al referirse a la manera como la Procuraduría General de la Nación ha sancionado a funcionarios que fueron elegidos por voto popular. “En materia disciplinaria seguimos anclados a modelos absolutamente medievales, modelos inquisitivos, modelos secretos que ya están absolutamente superados”, dijo Montealegre.

Así mismo, señaló que el sistema de justicia interamericano, como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, está facultado para pedir que se revoque la sanción a Petro puesto que la jurisprudencia internacional ha señalado que quienes son elegidos mediante el voto popular solo pueden ser destituidos después de que se haya presentado una sentencia judicial ejecutoriada y la Procuraduría no es un ente de carácter judicial.

La Procuraduría de Alejandro Ordoñez: idea equivocada en manos equivocadas

El problema no es la persona: la Procuraduría colombiana es un poder mal fundado, excesivo y arbitrario. Pero el problema se abulta cuando al procurador le da por emplear ese poder mal fundado, excesivo y arbitrario.
La raíz
James Madison observó famosamente que el primer problema de una democracia consiste en que la gente les obedezca a las autoridades elegidas, y el segundo en evitar que las autoridades elegidas abusen de la gente.  
Este segundo es el problema de la delegación (o, también, el problema “del principal y el agente”) que se extiende a todo tipo de relaciones comerciales y políticas: ¿cómo evitar que el otro abuse del poder que le confiamos?
En las democracias sajonas, como la que ayudó a crear Madison, el problema se resuelve sobre todo mediante un cuidadoso balance entre poderes públicos que se controlan uno a otro y, más aún, mediante la cultura de vigilancia ciudadana que va de abajo hacia arriba y que Alexis de Tocqueville apreció y describió como ninguno.  
Pero en las democracias latinas, el problema tiende a resolverse mediante la multiplicación de los poderes públicos y la creación de burocracias dedicadas a controlar a las demás burocracias.

El enredo
Procurador, Alejandro Ordóñez.
Foto: WikimediaCommons
La Procuraduría General de Colombia es un ejemplo perfecto de ambas cosas. La idea viene nada menos que de Simón Bolívar y su maestro J.J. Rousseau, que no creyó jamás en elecciones y sin embargo inspiró las “democracias latinas”. Un “decreto provisional” de Bolívar, bajo el Congreso de Angostura de 1819, creó esta institución que desde entonces ha venido complicándonos la vida.
La figura jurídica se llama el “Ministerio Público” y su función supuesta es velar por los intereses de la gente frente a las decisiones y actuaciones de los funcionarios. Por eso la extensión e integración confusa de esta “cuarta” rama del poder público (“poder moral” lo llamó Bolívar, y así se llama en la Constitución Bolivariana de Chávez). Y en Colombia, a lo  largo de la historia, el Ministerio Público ha mezclado, separado y enredado cuatro cosas distintas aunque emparentadas:
· Velar porque los funcionarios cumplan bien sus deberes (“función disciplinaria”);
· Evitar el robo de dineros públicos (“control fiscal”);
· Garantizar el interés de la sociedad en que los delitos sean sancionados (“función penal”), y
· Velar porque el Estado respete y garantice los derechos humanos (“protección del ciudadano”).
Estas tareas, como podrá verse, reflejan el acento cambiante de los tiempos y pueden ser confiadas a entidades más o menos especializadas. La Constitución de 1991 (Constitución “latina” por excelencia) fortaleció la Contraloría para el control fiscal, creó la Fiscalía para la acción penal y la Defensoría para los derechos humanos. Y sin embargo mantuvo la Procuraduría con la triple misión (artículo 277) de intervenir en los procesos judiciales (¿y la Fiscalía?), velar por los derechos humanos (¿y la Defensoría?), y vigilar la conducta de todos los funcionarios.

Proyecto que castiga a conductores ebrios, pasa a plenarias

Comisiones Primeras Conjuntas.
Foto: Prensa Senado
La iniciativa de un solo artículo se aprobó con una votación de 9 votos a favor por 4 en contra en Senado y 14 a favor por 7 en contra en Cámara

Prensa Senado. Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara aprobaron este miércoles en primer debate el proyecto de ley que endurece las penas para los conductores que causen accidentes bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas.

Con una votación de 9 votos a favor por 4 en contra en Senado, y 14 a favor por 7 en contra en Cámara, las comisiones conjuntas aprobaron la propuesta de la comisión accidental -creada el pasado martes- que propuso un único artículo que modifica el artículo 110 del código penal, aumentando de 2/3 al doble el agravante para los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo para los conductores que causen accidentes de tránsito bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas.

"Aprobemos este proyecto sobre el entendido que no es suficiente para erradicar el problema de los conductores ebrios y los accidentes. Es necesario y urgente que el Gobierno Nacional avance en otras medidas complementarias en materia administrativa", dijo el senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), al presentar el informe de la comisión accidental.

El senador García explicó que la comisión accidental decidió eliminar las sanciones administrativas y las multas contempladas en el proyecto original para evitar el entorpecimiento de la justicia. Agregó que con este proyecto se evitará la libertad condicional para los conductores irresponsables.

Colombia y Estados Unidos triplicarán acciones para darles seguridad a terceros países: Presidente Santos


Washington, D.C. -  3 de diciembre de 2013 
Foto: Andrés Piscov - SIG


El Presidente Juan Manuel Santos agradeció este martes al Mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, su apoyo al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana.

Así lo afirmó el Mandatario colombiano tras su encuentro de este martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense.
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Acciones para dar seguridad a terceros

​“ Eso es un trabajo que vamos a continuar haciendo conjuntamente para el bien de los dos países y de toda la región”, afirmó el Jefe del Estado colombiano.
(SIG). El Presidente Juan Manuel Santos indicó hoy que Colombia y Estados Unidos triplicarán sus acciones conjuntas para brindarles seguridad a terceros países.
“También hemos hablado de la cooperación para darle seguridad a terceros países, Centroamérica, y el Caribe. Vamos a triplicar el número de acciones conjuntas entre este año y el año entrante”, declaró el Mandatario colombiano al término de su encuentro en la Casa Blanca con el Presidente estadounidense, Barack Obama.
El Presidente Santos aseveró que Colombia ha capacitado “a más de 17 mil oficiales entrenados en Colombia para estos países”.
Agregó que: “Eso es un trabajo que vamos a continuar haciendo conjuntamente para el bien de los dos países y de toda la región”.

JURÍDICAS : La competencia para crear plazas de docentes municipales no les corresponde a los alcaldes, sino que esta facultad se encuentra en cabeza de los concejos municipales

El alcalde tenía la iniciativa para proponer el Acuerdo ante el Concejo Municipal con el fin de “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. (…)”, sin embargo, era el Concejo quien, en últimas, debía expedir el Acuerdo Municipal en este sentido y no el alcalde.
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JURÍDICAS : Pérdida de investidura de Concejal por la celebración de un Convenio de Ejecución de Tareas

Haber intervenido dentro del año anterior a la elección en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o de terceros, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
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JURÍDICAS : El reconocimiento de derechos relacionados con acreencias laborales, puede adquirir relevancia constitucional, caso en el cual la acción de tutela es procedente

Para el reconocimiento de la pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 923 de 2004

Síntesis del caso:
En esta providencia, al actor se le ampararon sus derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, seguridad social en salud y pensión y debido proceso, en virtud de ello le fue reconocida pensión por invalidez, en atención a que se le estaba aplicando una normatividad que había sido declarado nula por parte de esta corporación, y en virtud del principio de favorabilidad laboral. La tutela en este caso procedió porque el actor se encuentra en situación de debilidad manifiesta
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JURÍDICAS : Partidos y movimientos políticos de minorías étnicas con personería jurídica pueden presentar listas de candidatos para las elecciones por la circunscripción especial

Sección: 

Síntesis del caso: La Sección Cuarta revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo del derecho fundamental a elegir y ser elegido, por consiguiente declaró que todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que representen las minorías étnicas pueden presentar listas de candidatos para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, en la circunscripción especial
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Presidente Santos anuncia DECISIÓN DE IR A REELECCIÓN



 El siguiente es el texto de la alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la cual anuncia su interés en ser candidato a la Presidencia para el periodo 2014-2018:
"Colombianos:

V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala

Líderes, taitas, mayores, tegüalas y sabios
 participaron de las conclusiones finales.
 Foto: Juan Pablo Gutiérrez/ONIC
¡La vida es sagrada,
 la vida es armonía. 
El Buen Vivir 
es vida y armonía.
Para el Buen Vivir 
y la Vida Plena,
 la Paz
 es ineludible!


Declaración de La María - Piendamó
Considerando:
Que los pueblos indígenas de Abya Yala, resistimos y seguiremos resistiendo con dignidad y paz con acciones colectivas de lucha frente a la exclusión histórica y sistemática contra la vulneración de nuestros derechos y nuestro paradigma como el Buen Vivir por parte de los Estados y la sociedad dominante.
Ante ello nos reafirmamos en la vigencia del derecho propio, los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las leyes nacionales, por ello rechazamos todas las formas de exclusión, discriminación de los Estados que tienen la obligación moral de implementar los derechos reconocidos.
Que el modelo económico neoliberal actualmente constituye el único paradigma por el que la mayoría de Gobiernos han venido apostando y otros no pueden escapar, son los que imponen políticas de despojo y saqueo de los bienes comunes en nuestros territorios (tierras, agua, bosques, biodiversidad, océano, aire y nuestros saberes) mediante mecanismos jurídicos como los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), contratos jurídicos con las empresas multinacionales como la reciente amenaza contra la soberanía de los pueblos indígenas en la negociación del “acuerdo de la Alianza del Pacifico”.

Que el nuevo proyecto económico neoliberal a través de los gobiernos de turno han
comunicaciones abyayala.org
radicalizado su política económica extractivista en alianza con las empresas multinacionales respaldados por las oligarquías nacionales, dando continuidad al modelo capitalista; además se militariza los territorios, se criminaliza la protesta y se penalizan las movilizaciones de los pueblos indígenas y sectores sociales con acciones de represión, persecución, judicialización a las autoridades y líderes indígenas y sociales, como una política del estado con la única finalidad de garantizar el saqueo y la depredación .

Colombia reconoce desapariciones en retoma del Palacio de Justicia

Esta sería la primera vez que Colombia reconoce
 su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia.
(foto: Archivo)
El Estado colombiano reconocerá y admitirá ante el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en la desaparición de dos personas durante la retoma del Palacio de Justicia hace 28 años, según reseñó la prensa local.
De acuerdo con  Semana, el cambio de estrategia se produjo siete meses después de que el Estado colombiano declarara en su respuesta a la demanda que los hechos ocurridos durante la Toma al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, fueron responsabilidad exclusiva del grupo insurgente M-19 y que los 11 colombianos que aún permanecen desparecidos fallecieron durante el incendio.

Durante la retoma del Palacio de Justicia
se registró la desaparición de 11 personas.
(foto: Archivo)
"Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero", había manifestado el Estado colombiano a la demanda interpuesta ante el tribunal internacional.

Importante.

Luz verde al proyecto de ley contra la violencia vicaria

 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida co...

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