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Luz verde al proyecto de ley contra la violencia vicaria

 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida como la violencia que busca afectar a las mujeres causando daño a sus hijos o hijas principalmente, sea reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano.

Alexandra Vásquez, autora - Delcy Isaza, ponente.
 El objetivo principal de esta ley, además de reconocer dicha violencia, es prevenirla y garantizar un acceso efectivo a la justicia, reparación y no repetición a las víctimas, en consonancia con la protección de los derechos humanos. La autora del proyecto, Alexandra Vásquez, actual representante a la Cámara del Pacto Histórico, enfatizó la importancia de “prevenir esta forma de violencia mediante la formación de funcionarios públicos y la difusión de información en medios de comunicación".

Asimismo, basándose en datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, la congresista cundinamarqués recalcó las graves consecuencias que esta violencia tiene en mujeres, niños y jóvenes, desde afectaciones psicológicas hasta casos extremos como feminicidio e infanticidio, tal como sucedió con el menor Gabriel Esteban Cubillos, cuyo asesinato, cometido por su padre en el año 2022, evidenció las manifestaciones de la violencia vicaria en búsqueda de venganza contra su expareja por haber terminado la relación.

Por su parte, la congresista del Partido Conservador, Delcy Isaza, ponente del proyecto, resaltó el enfoque de género del proyecto “en un país patriarcal y machista en el que los derechos de las mujeres deben ser suplicados". Igualmente, reconoció el aporte de las organizaciones sociales y de todas las personas que han luchado incansablemente por la visibilización y reconocimiento de la violencia vicaria.

Por su parte el representante Miguel Polo Polo votó negativamente al proyecto al considerar que “deja desprotegidos a los hombres, niños y otros grupos minoritarios”.

El articulado también propone la declaración del 11 de mayo como el Día en Contra de la Violencia Vicaria en Colombia, como un símbolo de compromiso para erradicar esta problemática en la sociedad.

El proyecto continuará trámite en la plenaria de la Cámara.

-Con información de la Cámara de Representantes-.

Los liberan y se los vuelven a llevar.

El ELN intercepta una caravana humanitaria y se lleva a 8 personas recién liberadas por disidencias de las FARC
Integrantes del ELN.Carlos Villalon / Gettyimages.ru

Presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia interceptaron la noche del lunes en el departamento de Arauca una caravana humanitaria que transportaba a ocho personas, que momentos antes habían sido liberadas por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que las tenían en su poder, denunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La misión, liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la que también participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue abordada "por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN" y se llevaron a las personas rescatadas alegando que eran miembros de su grupo guerrillero, detalló Camargo Assis.

"Veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria", manifestó el defensor. Este hecho no tiene precedentes en la historia reciente de la nación y "además de ser una violación del cese al fuego pactado con el Gobierno nacional, se convierte en un mal precedente para quienes dicen estar dispuestos a negociar un proceso de paz", agregó.

Las disidencias de las FARC afirmaron en un comunicado citado que habían retenido a 14 integrantes del ELN el pasado 3 de septiembre tras un enfrentamiento en el municipio de Tame, también en Arauca. Cinco de ellos fueron entregados el mismo día "al componente internacional", debido a la gravedad de sus heridas y otro logró escaparse. Ocho combatientes restantes fueron liberados esta jornada, incluyendo una menor de edad, según las disidencias.
Por su parte, el CICR hizo un llamado a que la acción humanitaria sea respetada "por todos los actores, en todo momento y en todo lugar". "El irrespeto de la misma tiene un impacto directo sobre las comunidades afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia", puntualizó.

Al menos dos muertos tras ataque con carro bomba a una estación policial en Cauca

La mañana de este miércoles fue detonado un carro bomba cerca de una estación de la Policía en el departamento colombiano del Cauca, al suroccidente del país, causando la muerte a dos personas.

El hecho se registró en el corregimiento de Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires de la entidad, a las 07:15 de la mañana [hora local].


La Policía informó que el auto bomba fue denotado a aproximadamente 50 metros de la estación; además de las víctimas fatales, dejó otras dos personas heridas.


Además del daño a la infraestructura de la oficina de la Policía, la explosión afectó a una escuela, un hospital, algunos talleres y viviendas de la zona.

De momento, se desconoce qué agrupación estaría detrás del atentado. El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, declaró que en la zona tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente Jaime Martínez, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cese al fuego

Este hecho se produce un día después de que se anunciara un acuerdo entre el Gobierno nacional y los miembros del Estado Mayor Central (EMC), principal grupo de disidentes de las antiguas FARC —comandado por Néstor Gregorio Vera, mejor conocido con el alias de 'Iván Mordisco'—, para instalar el 8 de octubre la mesa de diálogo en la región colombiana de Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander.

En el anuncio, que se ofreció en una rueda de prensa conjunta, realizada en el municipio de Suárez, justamente en el departamento del Cauca, también se dio a conocer que arrancará un cese al fuego que regirá hasta el 8 de agosto de 2024, el más largo hasta ahora acordado con un grupo armado.

Trabajo conjunto de comunidades y Fuerza Pública; llave para detener a las mafias

Al referirse a recientes informes sobre el cambio de la geografía de las rutas de la cocaína en la selva amazónica, el Presidente Gustavo Petro afirmó que “esto amerita una nueva estrategia”, que integre la política de seguridad con la democracia y el empoderamiento de la ciudadanía.

Foto: Archivo, Cristian Garavito - Presidencia


“Mi propuesta es que una seria política de restauración de la selva con participación central de las comunidades puede ser al mismo tiempo, con la ayuda de la coordinación de las fuerzas de seguridad, la llave para detener a las mafias. Es una estrategia político-militar”, precisó.

De acuerdo con el Mandatario, la construcción de un tribunal de justicia para delitos ambientales en el área amazónica que constituyen crímenes contra la humanidad y el empoderamiento de la población amazónica y sus comunidades indígenas “son claves para detener esta enorme amenaza que es una amenaza contra la humanidad”.
En su mensaje, el Presidente Petro consideró que una política de lucha contra las drogas ilícitas basada en la prevención, y no en la criminalización, podría solucionar el problema de manera inmediata.
Al respecto afirmó: “Ojalá Europa, hacia donde van las nuevas rutas, y el Extremo Oriente asiático, entendieran que una política sobre la cocaína no basada en la criminalización sino en la prevención podría dar la solución inmediata al problema”.

“EE.UU. ha mostrado una evidencia. El camino es derrumbar el precio de la cocaína para quitar la rentabilidad sobre la cual se fundan las mafias y disminuir sustancialmente el consumo, como se ha logrado con la nicotina”, concluyó el Presidente Petro.

Cese el fuego bilateral y participación de la sociedad en la construcción de la paz.





El acuerdo suscrito entre el Gobierno del Cambio y el ELN, como conclusión del tercer ciclo de conversaciones entre las partes, y que ratifica el Cese el fuego bilateral, nacional, por seis meses, tiene una etapa de alistamiento, preparación, implementación y verificación. Su ejecución plena arranca el próximo 3 de agosto.

Así quedó contemplado en el documento suscrito entre el Presidente de la República, Gustavo Petro y el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, los países garantes y las partes acompañantes, y que leyó en su integridad el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien representa al gobierno de la isla, país que es garante del proceso de paz.

“Las partes ratifican que la mesa de diálogo entre las partes entra en una actividad permanente que conjuga distintas modalidades de trabajo en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”, afirmó el canciller Rodríguez.

El primero de los tres puntos del acuerdo define “los preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Por eso se define una convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz, y la conformación de equipos preparatorios para la instalación del llamado Comité Nacional de la Participación.


También se ordena la elaboración del reglamento operativo y el plan de trabajo de este Comité, que será instalado públicamente el próximo 25 de julio de 2023.

El segundo punto del acuerdo es el cese el fuego bilateral, nacional y temporal —por seis meses— entre las partes y que en su fase inicial cuenta también con tres momentos:

1. Con el anuncio las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral. Del 9 de junio al 5 de julio de 2023 se surte un proceso de alistamiento que incluye, entre otros, la activación de un canal de comunicación entre las partes, a través del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia.

La redacción de los protocolos pendientes, el inicio de las actividades de pedagogía y la preparación para la puesta en marcha para el mecanismo de monitoreo y verificación. “Las órdenes del cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes desde el 6 de julio de 2023”, recoge el texto del acuerdo.

2. El 10 de julio de 2023 se hará una reunión plenaria y presencial de la mesa de diálogo de paz para aprobar los protocolos elaborados durante ese período se continuarán desarrollando las actividades de pedagogía.

3. El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese el fuego bilateral nacional y temporal con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación en todas sus instancias.

A partir de esa fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal el cual tendrá ocasión de continuidad, previa evaluación de las partes.

El canciller Rodríguez leyó el tercer punto del acuerdo y es la definición del cuándo y dónde se hará el cuarto ciclo de negociaciones. Será entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, en la República Bolivariana de Venezuela. “En el cual, entre otros temas, se hará un balance de los acuerdos suscritos”, concluyó.

Suspendido el cese al fuego bilateral

Mediante comunicado de prensa se ha conocido la posición del gobierno nacional



Comunicado de prensa

Bogotá, 21​ de mayo de 2023,- El día de ayer se conoció el asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, en el departamento del Putumayo. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes.

Hoy, después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad —y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población—, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022.

Para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-FARC en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir. En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Estas actuaciones serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La decisión se hará efectiva en las próximas 72 horas.

Además, se invita al EMC-FARC a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales en los que sigue vigente el cese al fuego. Hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el EMC-FARC por el respeto al cese al fuego y cómo se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores.

Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello.

El Gobierno colombiano compartirá en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos. Uno de los asuntos que proponemos abordar en la mesa de conversaciones será el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial. La vida y las transformaciones con justicia social y ambiental es el contenido de la paz.

Las comunidades históricamente negadas en sus derechos en donde es ausente el Estado suplican para que haya justicia y cese la violencia armada. Las escuchamos, no están solas, el gobierno no es ajeno sus llamados, razón por la cual no renunciaremos a trabajar por la paz y hacer presencia de manera integral en todos los territorios con las comunidades.

El Presidente Petro, designó siete Voceros de Paz, miembros de organizaciones sociales y humanitarias.

El Gobierno del Cambio designa siete Voceros de Paz de organizaciones sociales y humanitarias para que contribuyan a la Paz Total

El Presidente de la República, Gustavo Petro, firmó las resoluciones en las que designó siete Voceros de Paz, miembros de organizaciones sociales y humanitarias, quienes acompañarán la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total.

Así lo confirmaron este viernes los miembros de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que es integrada por los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna, de Defensa, Iván Velásquez; el Director del DAPRE, Mauricio Lizcano, y la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz.

En su intervención, el Ministro de Justicia explicó que esta Comisión evalúa casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para seguir haciendo recomendaciones al Presidente sobre nuevos Voceros de Paz, todo dentro del propósito que estos jóvenes apoyen las gestiones de pacificación en sus regiones y, con ello, arrebatárselos a la violencia.

El titular de la cartera dijo además que estos jóvenes apoyarán al Gobierno para lograr, lo que denominó, “la Paz del Barrio”, y para ello se analizaron “más de 200 perfiles, hojas de vida, de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, que pudieran tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto; verificamos que formaran parte de una organización social y le recomendamos al Presidente que designara Voceros de Paz a siete personas”.

Así, los siete voceros –hombres, mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas– son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.

Cinco de ellos, según determinó la Comisión, se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.

El Ministro Osuna aclaró que “ninguna de estas personas está condenada”, pero tienen procesos judiciales vigentes, razón por la cual aseguró que “tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como Voceros de Paz, la Comisión Intersectorial recomendará al Presidente revocar sus designaciones”.

En este sentido, el Ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que lo que se busca es que haya una suspensión de la detención, pero “los jueces en su competencia tienen las decisiones”, a lo que el titular de Justicia complementó que “este es el mejor ejemplo de la separación de poderes, porque el Presidente designa los voceros, pero los procesos judiciales continúan” porque el Ejecutivo “no interviene en los procesos judiciales”.


“Ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidios, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad, ni tortura, son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, de medios de transporte público, irrespeto a las autoridades”, aclaró el Ministro de Justicia.

Adicionalmente, se dejó claro que el Estado no asignará salarios a los Voceros de Paz.
Además, la designación de Voceros de Paz no se puede confundir con la iniciativa de los 100.000 jóvenes Gestores de Paz que harán parte del programa de Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior.
Las responsabilidades

Se determinó que “las personas que ingresen al programa de Voceros de Paz tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la Paz Total”.

“Para ello, harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria); Unidad para las Víctimas; el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior; el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Las entidades y voceros que estén en el programa tienen la responsabilidad de rendir un informe mensual de sus actividades.

Los voceros

• Santiago Márquez Charris – estudiante

Lugar de reclusión: Centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander.

Etapa del proceso: sindicado.

Perfil del joven: estudiante universitario en el área de pedagogía en Bogotá. Reconocido por sus profesores por su disciplina y dedicación. Comprometido con el desarrollo social, la academia y la pedagogía. Ha colaborado en jornadas de recolección y entrega de juguetes y ropa para los niños de Ciudad Bolívar. Ayudó a pintar y reparar un parque infantil público del sector, donde también apoyó la siembra de árboles.

Mientras estuvo en el establecimiento carcelario de La Modelo ayudó a pintar las escaleras del patio, dejó algunos libros en donación para la biblioteca y ayudó con actividades académicas con algunos otros privados de la libertad.

En Girón retomó su aprendizaje y talento y fue monitor del área educativa. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional lo visitó en la cárcel y luego de eso publicó una columna en diario El Espectador titulada ‘Un futuro maestro ejemplar’, en la que aseguró: “Sin duda, Santiago va a ser un gran maestro, digno egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo esperamos de vuelta en nuestra casa”.

• Arles Andrés Bolaños Zemanate - líder indígena

Lugar de reclusión: Se encuentra en detención domiciliaria a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali, Villa hermosa.

Etapa del proceso: sindicado

Perfil del joven: Según su mamá, Rosa y su hermano Jaime, habitantes de la comuna 18 de Cali, participó en actividades sociales en el centro comunitario La Colina. Nació el 12 de julio de 2002 en La Vega, Cauca. Tiene 20 años de edad, su nivel de escolaridad es sexto de bachillerato.

Se vinculó al paro nacional en el punto de resistencia Meléndez, sitio de confluencia hacia el sur de Cali, Jamundí y el Cauca.

Vive en Cali desde hace 14 años, llegaron a vivir donde un familiar que les dio posada. Su mamá trabajó para sacarlos adelante.

Después de dos años conocieron la Fundación CEUCOL, que les dio un techo para vivir y estudiar. Allí vivieron ocho años, estudiaron la primaria e hicieron parte en actividades artísticas y culturales.

• Adriana Esperanza Bermeo Súa - defensora de causas animalistas

Lugar de reclusión: Establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín

Etapa del proceso: sindicado.

Perfil de la joven: según su familia, es una joven bogotana que ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle. En sus actividades de tiempo libre, le gusta el maquillaje artístico, pintar murales y dibujar. Es también defensora de los derechos humanos. Según la certificación entregada por la junta de acción comunal: “Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”.

• Laura Camila Ramírez Enciso - lideresa de la lucha contra el hambre

Lugar de reclusión: Detención domiciliaria.

Etapa del proceso: sindicado

Perfil de la joven: nacida en Medellín, Antioquía el 11 de octubre de 1997 y egresada de Contaduría pública.

Ha acompañado diferentes movilizaciones sociales desde la misión médica brindando primeros auxilios. Laura es miembro activo de Procesos para la Gente por la Vida Digna. Se ha destacado por su liderazgo en la lucha contra el hambre de Medellín desde el arte.

• Juan Sebastián Galeano Correa – artista

Lugar de reclusión: detención domiciliaria.

Etapa del proceso: sindicado.

Perfil del joven: nació en Medellín, Antioquía, el 26 de octubre de 1999. Estudiante hasta tercer semestre de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín. Ha sido líder estudiantil en diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la JAC de su barrio ‘Comuna Seis’. Ha participado en diferentes actividades de impacto ambiental, fue miembro de grupos scout y gestión de rescate animal.

• Álvaro Andrés Duque Ruiz - líder estudiantil y campesino

Lugar de reclusión: cárcel de San Isidro, Popayán

Etapa del proceso: Sindicado

Perfil del joven: estudiante de historia, líder social. Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí desde la coordinación de ‘Los Sin Techo’, con quienes construyó con respaldo de la Pastoral Social ‘La Casa del Pensamiento’. Hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

• Bremmen Hinestroza - líder estudiantil y campesino

Lugar de Reclusión: Cárcel de San Isidro, Popayán.

Etapa del proceso: sindicado.

Perfil del joven: padre de una niña de 8 años. Tallerista de arte dramático y líder social. Hace parte del movimiento ‘Los Sin Techo’, que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. Es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, una red de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, que defienden los derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

La Cámara de Representantes aprueba la Ley de 'paz total' promovida por Petro

 La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el miércoles (26.10.2022) el proyecto de ley de "paz total", que con esta votación ya tiene la luz verde para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados propuesto por el presidente Gustavo Petro.

La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto con 125 votos a favor y 13 en contra tras dos sesiones de debate entre el martes y este miércoles, con lo cual esta iniciativa pasará al trámite de conciliación con el texto aprobado por el Senado y, posteriormente, a sanción presidencial.

Para el ministro del Interior, Alfonso Prada, esta aprobación es una "profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos".

El proyecto deberá ser corregido por una comisión de conciliación, debido a que hay diferencias entre lo aprobado por ambas cámaras. En uno de los aspectos más relevantes, mientras que el Senado eliminó los artículos 10 y 11 que hacen referencia al servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la Cámara de Representantes avaló ese apartado.

Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a la sanción presidencial.

La "paz total" fue "avalada por todas las bancadas, incluyendo muchas de las proposiciones y artículos que se eliminaron por solicitud de la oposición, es decir que esto prueba que la paz es una política de Estado que cuenta con el aval del Congreso", aseguró tras la votación Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, la coalición de gobierno.

Desde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, Petro ha impulsado la "paz total", una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.

La legislación, hasta el momento, solo le permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación ya estaban firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por lo que el proyecto de ley aprobado este miércoles era una de las prioridades del Congreso controlado por el oficialismo.

Petro asegura que ha recibido cartas de casi todos los grupos armados ilegales que operan en el país en las que le expresan su deseo de sumarse a la "paz total", aunque ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe qué tan sinceras son.

El proyecto, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, fue aprobado previamente por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes.

Principales contenidos

En la Ley 181 se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.

En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para "entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados".

Además, estos representantes tienen autorizado "firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley", con el objetivo de "obtener soluciones al conflicto armado".

Asimismo, se incluyó la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podría ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.

Por otra parte, la iniciativa facultó a los departamentos y municipios para que puedan cobrar impuestos dedicados a los fondos territoriales de paz.

Colombia ordena captura de coronel por asesinato de jóvenes

DW.- La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una orden de búsqueda y captura contra el coronel de la Policía colombiana Benjamín Núñez, implicado en el asesinato de tres jóvenes el pasado 25 de julio en el departamento caribeño de Sucre, informó este lunes (22.08.2022) la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, por este crimen han sido capturadas diez personas y "resta por concretarse la captura del coronel de la Policía Nacional Benjamín Núñez, contra quien fue expedida una circular roja (localización y captura) de la INTERPOL".

La Fiscalía no informó si los capturados son otros miembros de la Policía implicados en el homicidio de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, detenidos en la localidad de Chochó (Sucre) y asesinados luego a sangre fría cuando estaban en estado de indefensión.

El asesinato de los tres muchachos

El coronel Núñez, quien era comandante operativo de la Policía de Sucre, fue denunciado por subalternos suyos como la persona que supuestamente disparó contra los tres jóvenes, de quienes luego los uniformados dijeron que eran miembros de la banda criminal Clan del Golfo. El alto oficial, quien fue destituido del cargo, al parecer salió del país por Panamá y luego se dirigió a México aprovechando que, cuando dejó Colombia, no tenía orden de captura.

Los tres jóvenes fueron detenidos el 25 de julio en un retén de la Policía en Chochó y horas después fueron llevados, ya muertos, por los mismos policías a un hospital de Sincelejo, capital de Sucre. La Policía, según medios locales, los detuvo en las redadas en las que se buscaba capturar a los asesinos del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, crimen atribuido al Clan del Golfo.

Las familias de los tres jóvenes han denunciado que los muchachos no pertenecían a ningún grupo armado y que se trata de un falso positivo policial. En Colombia, se conoce como falsos positivos a la ejecución de civiles cometida en la primera década de este siglo por militares que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos y permisos por sus resultados en el conflicto armado.

El Consejo de Seguridad pide el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y, en ese contexto dieron la bienvenida al compromiso del presidente electo Gustavo Petro de profundizar en su implementación e, incluso, “buscar una paz más amplia a través del diálogo con otros grupos armados ilegales”.

Marcos Guevara- Yarledys Olaya (izquierda) trabaja junto a otros excombatientes y pobladores locales para construir una tubería de agua.
En un comunicado, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron, además, que han sido informados sobre la intención de la administración entrante de iniciar conversaciones con el ELN y reiteraron una vez más que el proceso de paz de Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo de la posibilidad de resolver el conflicto armado a través del diálogo.

Pero en el comunicado, los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad también subrayaron su “preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas”.

Por ello, reafirmaron su llamamiento para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte rápidamente una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y subrayaron la necesidad de aumentar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.

En ese contexto, los miembros del Consejo celebraron el compromiso de la administración entrante de crear las condiciones necesarias para el cese de las hostilidades entre todos los grupos armados ilegales y la prevención de la violencia contra los civiles.

UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia-
Clasificación de granos de café en Colombia.
Otros retos pendientes

Además, subrayaron la importancia de abordar los retos pendientes en materia de reforma rural y de reintegración y seguridad de los excombatientes, incluyendo la ampliación del acceso a la tierra y a la vivienda, la mejora de las oportunidades de educación y de empleo, y la garantía de apoyo a los muchos que viven fuera de las antiguas Zonas Territoriales de Capacitación y Reintegración para garantizar la reintegración sostenible de los excombatientes.

El documento también destaca la importancia de seguir aplicando el plan de acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos.

Todas estas reacciones del Consejo se producen días después de que conociera el último informe trimestral del Secretario General sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, presentado ante ese órgano por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Tras reafirmar también su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acogieron con beneplácito la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad a la que señalaron “como una oportunidad sin precedentes para que los colombianos se reconcilien con su pasado y como un peldaño para la reconciliación a largo plazo y la paz duradera”.

Los miembros del Consejo de Seguridad también aplaudieron los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos meses, incluidas las audiencias públicas, en las que los autores reconocieron, en presencia de las víctimas, su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El nuevo gobierno de Colombia tiene la responsabilidad de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz

“Colombia ha llegado al sexto año del Acuerdo de Paz, un logro del que no muchos países pueden alardear, eso es un motivo de optimismo”, dijo este jueves el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en ese país en una conferencia de prensa en la sede de la Organización en Nueva York.

ACNUR-Ruben Salgado Escudero - Mujeres y niños encienden velas que forman
la palabra paz, en Mocoa, Colombia.
Carlos Ruiz Massieu habló con los periodistas luego de presentar el informe trimestral del Secretario General sobre Colombia al Consejo de Seguridad, en una sesión donde también se expuso el informe final de la Comisión de la Verdad de ese país.

Frente al Consejo, igual que más tarde ante la prensa, Ruiz Massieu destacó el compromiso del gobierno entrante, con el presidente electo Gustavo Petro a la cabeza, de profundizar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, y de buscar soluciones negociadas -tanto políticas como judiciales- con los actores armados ilegales restantes, en lo que ha denominado la búsqueda de la “paz total”.

El representante de la ONU en Colombia indicó que en una reunión con Petro hace dos semanas, el mandatario electo le aseguró que “la paz sería una piedra angular de su gobierno y que contaba con el apoyo de las Naciones Unidas”. Además, Petro ha llamado insistentemente a la unidad nacional, agregó.

ONU/-Eskinder Debebe -
Carlos Ruiz Massieu, representante del Secretario General
y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia,
habla en el Consejo de Seguridad.
Razones para el optimismo, pero la violencia continúa

“La administración entrante [que asumirá el poder el 7 de agosto próximo] tiene una tremenda oportunidad y responsabilidad para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Hay buenas razones para el optimismo, y creo que las Naciones Unidas y la comunidad internacional deberían hacer todo lo posible para brindar su apoyo”, enfatizó Ruiz Massieu.

El enviado celebró los resultados electorales, subrayando que reflejan cada vez más la diversidad de la vibrante sociedad del país y que incluirá la mayor proporción de mujeres, con cerca del 30% de los legisladores.

Ruiz Massieu matizó, no obstante que si bien hay motivos para el aliento, la violencia contra las comunidades, líderes y excombatientes continúa, por lo que instó a garantizar su seguridad a través del Acuerdo de Paz.

Detalló, por ejemplo, que más de mil líderes sociales y 331 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, citando que en las últimas dos semanas fueron abatidos cuatro excombatientes más.

Hallazgos dolorosos

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco De Roux Rengifo, habló al Consejo de Seguridad de los dolorosos hallazgos sobre las causas y efectos del conflicto incluidos en el informe final de la Comisión.

El religioso recordó que en la guerra civil de Colombia, el 80% de los muertos fueron civiles. “Miles de jóvenes colombianos de los dos lados del conflicto enfrentados en una guerra siempre inútil”, denotó.

Las cifras de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es la reconciliación del país, indican que los 60 años que duró el conflicto armado dejaron 50.770 secuestros, 121.768 desapariciones, 450.664 asesinatos y 7,7 millones de personas desplazadas.

ONU-Eskinder Debebe-
El presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia,
Francisco José de Roux Rengifo, presenta
al Consejo de Seguridad su informe final.
“El narco se metió en la guerra”

De Roux Rengifo atribuyó en gran parte la complejidad del conflicto colombiano a la participación flagrante de los carteles de la droga.

“El narco se metió en la guerra”, lamentó, resaltando el gran poder que ha adquirido.

“El narcotráfico es la principal causa de la guerra y sufrimiento en el país, está en el corazón de la corrupción e impunidad en Colombia por el poder que tiene al someter con el dinero a policías, jueces y políticos”, enfatizó.

El presidente de la Comisión reconoció que su país produce el 70% de la cocaína en el mundo, “es una realidad muy triste, estamos envenenando al planeta”, apuntó.

Desmantelar el narcotráfico sin una guerra

Es imperativo desmantelar el narcotráfico, señaló De Roux Rengifo, pero no con una guerra.

“Las guerras no solucionan nada, lo sabemos después de 60 años. Perpetuar esa guerra es acrecentarla”, aseveró.

Agregó que lo que hace falta son medidas de investigación y proceso de justicia de “los capos del narcotráfico” por medio de sistemas transicionales. “Hay que averiguar el entramado [del tráfico de drogas], quiénes son sus amigos policías, jueces, empresarios, funcionarios”, acotó.

El sacerdote afirmó que se trata de un problema de salud pública y educación.

Además, consideró que se debe integrar esa economía “a procesos formales, regulación. Algo que sólo será posible en colaboración con otros países”.

“Precisamos una transformación de la lucha contra el narcotráfico, que no sea guerra”, insistió, “que no se siga matando gente, que no mueran más campesinos”.

Los carteles ganan más dinero con la guerra en su contra

De Roux Rengifo advirtió que una guerra armada contra los carteles de la droga sólo “eleva sus ganancias”.

“La intervención militar está incluida en el negocio y sus montajes para corromper a cualquier fuerza que se acerque de manera armada. La justicia transicional es el camino, antes de que se extradite a cualquier capo, éste debe entregar la verdad a fondo, se le debe exigir reparación a las víctimas y entrega de capitales al Estado”, explicó.

Una vez más, el presidente de la Comisión manifestó su convicción “de que los caminos de la guerra deben terminarse”.

“Desde el dolor de las víctimas, estamos convencidos de que Colombia tiene que avanzar en el camino de la paz y quisiéramos un ejército para la paz y una policía para los ciudadanos”, recalcó y confió en que el presidente Petro seguirá un camino en esa dirección.

De Roux Rengifo previó que el de Colombia “será un proceso de paz largo”, pero lo importante es que el Acuerdo de Paz está centrado en las víctimas, añadió.

Tras la elaboración del informe final de la Comisión de la Verdad, una misión de monitoreo dará seguimiento a las recomendaciones durante siete años con financiamiento del gobierno colombiano y, quizá, de la comunidad internacional, concluyó el padre De Roux Rengifo.

Indígenas exigen al Ministerio de Defensa auxiliar al pueblo Awá de Tumaco.

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA EN RECHAZO Y CONDENA POR LOS HOSTIGAMIENTOS EN CONTRA DE LA MISIÓN HUMANITARIA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ INDA SABALETA Y LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03 DE JULIO DE 2022

Bakatá, 06 de julio de 2022.- La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, autoridad nacional de gobierno propio, junto a su Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, CONDENA la masacre ocurrida el pasado 3 de julio de 2022 en el Resguardo Awá Inda Sabaleta del municipio de Tumaco, Nariño y se solidariza con nuestros hermanos y familiares de las víctimas y acompañamos la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo Awá UNIPA, quienes caminan con sus bastones de mando, recordando los consejos de los mayores y nuestros principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, como forma de denuncia y resistencia en contra de las violencias sistemáticas que afectan los derechos humanos, la armonía y el buen vivir del pueblo Awá.


RECHAZAMOS todos los hechos generadores de violencia y desarmonías en nuestros territorios ancestrales, la presencia de grupos armados, la contaminación de la tierra con artefactos explosivos como minas antipersona y las constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra del pueblo Awá.

La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas se suma al Comunicado 011 de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá – UNIPA del 6 de junio de 2022, donde se denuncian las intimidaciones y hostigamientos por parte de grupos armados en contra de la Misión Humanitaria de la guardia indígenas del Resguardo Awá Inda Sabaleta que se desarrolla en este momento en jurisdicción de Tumaco, Nariño y ante la presencia del ejército nacional. DENUNCIAMOS que, a pesar de la presencia del Ejército Nacional en la zona, las condiciones de seguridad son inexistentes a punto de contar hoy con amenazas de instalación de minas en el punto donde serán sembrados los cuerpos de la masacre.

Ante esta situación, EXIGIMOS

1. Al Ministerio de Defensa nacional para que de manera urgente e inmediata atienda el llamado de auxilio de las comunidades que están siendo hostigadas por el grupo armado irregular, y que garantice las condiciones de seguridad bajo los principios y normas del DIH en especial la proporcionalidad y distinción, siempre en respeto a un diálogo fluido y constante con las autoridades indígenas en terreno.

Al Ministerio del Interior para que active todas sus rutas de atención y protección de Derechos Humanos bajo el principio de coordinación administrativa con las demás entidades del orden nacional y local.

A la Gobernación de Nariño y Alcaldía de Tumaco para que instalen de inmediato mesas de trabajo y acción para la seguridad y defensa del Pueblo Awá en el resguardo Inda Sabaleta, con la debida articulación institucional del Gobierno Nacional. Así mismo, que brinden las ayudas necesarias a las familias de los hermanos masacrados el 03 de julio del 2022.

A Fiscalía General de la Nación para que preste la debida atención a estos hechos, realice las investigaciones pertinentes y sanciones correspondientes.

AlaUnidadNacionaldeProtecciónparaqueactivelarutadeemergenciadeprotección colectiva para la defensa y seguridad de la Minga Humanitaria Awá.

SOLICITAMOS de forma urgente a la Personería Municipal de la Tumaco, Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a que acompañen las solicitudes de protección, defensa y seguridad del Pueblo Awá y hagan el debido seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional desde sus funciones como Ministerio Público.

A los órganos como MAPP-OEA y ONU a que atiendan este caso en el marco de sus mandatos de misión y realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios de los derechos humanos.

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca la para la guerra!

Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ONIC

Colombia: La violencia se intensifica en Chocó, Putumayo y Arauca, afectando a los civiles

En su más reciente informe sobre Colombia, el Secretario General de las Naciones Unidas reconoció los esfuerzos del gobierno, las instituciones del Estado, los excombatientes y las comunidades nacionales por ajustarse a la ruta marcada en el Acuerdo final de Paz en el país y alertó de los riesgos a los que se enfrenta la consolidación de la paz.

UNMVC-Esteban Vanegas-El poblado de Llano Grande, en la localidad colombiana de Dabeiba, facilita la reincorporación de los excombatientes de las FARC en la vida civil.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicó el balance de António Guterres sobre los adelantos y desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz durante el periodo del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022.

El texto destaca los avances logrados en la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional y las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto, pero advierte que estos progresos “seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el Acuerdo Final”.

Entre los principales avances, el documento subraya que la mayor parte de los más de 13.000 excombatientes continúan su proceso de reincorporación a la vida civil pese al empeoramiento de la seguridad en varias regiones y que el 63% participa en proyectos productivos para su reincorporación económica.

En cuanto a la reintegración política, refiere que hubo pocos incidentes durante las recientes elecciones al Congreso, en las que los excombatientes de las FARC-EP participaron votando.

No obstante estos importantes avances, el titular de la ONU reiteró su preocupación por la seguridad de los ex integrantes de las FARC-EP y recordó que desde firma del Acuerdo han sido asesinados 315 de ellos. Once de esos crímenes ocurrieron en el último trimestre.

Del mismo modo, señaló que el deterioro de la seguridad tiene un impacto cada vez mayor en los proyectos productivos y cooperativas, por lo que exhortó al gobierno a garantizar la seguridad de esas personas tanto en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación como en las nuevas áreas de reincorporación, además de llamar a que se atiendan adecuadamente los riesgos y necesidades específicas de las mujeres excombatientes.

ACNUR-Ruben Salgado Escudero- Mujeres y niños encienden
velas que forman la palabra paz, en Mocoa, Colombia.
Decenas de miles de personas desplazadas y confinadas

El Secretario General también reportó que los niveles de violencia se han intensificado en los departamentos del Chocó, Putumayo y Arauca como consecuencia de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC-EP.

Esta violencia afecta a la población civil, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, detalló.

“La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 13.000 personas desplazadas forzosamente, y más de 48.000 personas confinadas entre el 1 de enero y el 15 de marzo. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluyendo cuatro mujeres, (siete documentados, 35 en proceso de verificación y uno no concluyente o no verificable)”, precisó.

En este sentido, consideró que es urgente la implementación completa de las garantías de seguridad estipuladas en el Acuerdo para reforzar las medidas de prevención y protección por parte de las autoridades.

Además, sostuvo que para poner fin a la inseguridad se precisa el despliegue integrado de las capacidades del Estado y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organismos criminales que operan en regiones pobres donde existe una economía ilícita y donde las autoridades estatales no tienen un control eficaz del territorio.

El Secretario General citó las esperanzas de los colombianos en las promesas de desarrollo, reconciliación y no repetición del Acuerdo Final de Paz y afirmó que el éxito del proceso a largo plazo dependerá “del fortalecimiento de la confianza entre las partes , así como entre los ciudadanos y las instituciones a través de su compromiso sostenido y sus esfuerzos coordinados”.

Misión de Verificación de la ONU en Colombia-Nadya González.
Entrega de brazaletes de 'reconciliación' a miembros
de una comunidad indígena en Nariño, Colombia,
como parte del proceso de paz del país.
Horrores del pasado

António Guterres también aseveró que el presente año constituye un punto de inflexión para el sistema de justicia transicional “al arrojar luz sobre los horrores del pasado”.

“Mientras la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue proporcionando consuelo a cientos de familias de desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz se prepara para que los perpetradores reconozcan, cara a cara con las víctimas y ante la sociedad colombiana , sus responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto y contribuyan a la verdad”, puntualizó.

Con respecto a la próxima publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, confió en que la sociedad colombiana tenga “la fuerza y la sabiduría necesarias” para entender su dolorosa historia y sentar las bases de la reconciliación y la no repetición a partir de las recomendaciones de dicho documento.

“Al acordar poner fin a décadas de conflicto violento, los colombianos y las colombianas reafirmaron ante el mundo que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse mediante el diálogo. A medida que el país continúa por el camino trazado por el Acuerdo Final, y ante la proximidad de las elecciones presidenciales, aliento a las fuerzas políticas a que mantengan su compromiso con una campaña libre de violencia y estigmatización y las invito a que sigan canalizando sus divergencias por cauces institucionales”, concluyó el Secretario General.

Aumentan víctimas por la violencia armada en Colombia tras una nueva masacre y el asesinato de dos firmantes de la paz

Con los crímenes registrados el fin de semana, se contabilizan 49 líderes sociales y 13 exguerrilleros asesinados en lo que va de 2022.
Imagen ilustrativa-Edwin Rodriguez Pipicano - Anadolu Agency-Gettyimages.ru

Las víctimas de la violencia armada en Colombia siguen aumentando luego que este fin de semana se registrara una nueva masacre que involucró la muerte de un líder social indígena y los asesinatos de dos firmantes del acuerdo de paz de 2016.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que el pasado sábado fue ejecutada la masacre número 31 en lo que va de año, en un crimen registrado en el municipio Manaure del departamento de La Guajira, al extremo nororiental de Colombia.

En el hecho fueron asesinadas tres personas de una misma familia, tras ser atacadas por hombres armados que llegaron hasta el Resguardo Indígena de la media y alta Guajira. Entre las víctimas se identificó al docente y líder indígena del territorio Aremasain, Alexander Fonseca. Con su muerte, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022 asciende a 49.


Indepaz también informó que ese mismo día, en el departamento del Guaviare, al sureste del país, fue asesinado por un par de sicarios el firmante de paz Edwin Andrés Sánchez Varón, quien era miembro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal.


Sánchez fue asesinado cuando los sicarios se le acercaron en una motocicleta y le propinaron varios disparos en una zona conocida como La Libertad, en San José del Guaviare. El firmante había sido víctima de un atentado en 2020 en el municipio El Retorno.

El otro firmante asesinado es Carlos Humberto Siabato, quien fue atacado por un hombre armado el domingo dentro de su vivienda, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, capital del país. La víctima había fundado la Asociación de Construcción Colectiva, Unidad y Transformación (Asocunt) y murió varias horas después del ataque en un centro asistencial.

Con los asesinatos de Sánches y Siabato, la cifra de firmantes asesinados en 2022 se eleva a 13 y asciende a 312 desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

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