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Fiscalìa reconoce error al inspeccionar a una periodista debido a un artículo.

 La Fiscalía General sostiene que la orden de inspeccionar a una periodista fue errónea y afirma respetar la libertad de prensa.

Para resarcir el 'error' ordenan investigación.
Comunicado de prensa 386

La Fiscalía General de la Nación se permite informar que:

El fiscal 60 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, del grupo que conoce los procesos de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en su autonomía e independencia, y en el marco de un proceso que su despacho adelanta, ordenó una inspección judicial a la Revista Cambio para acceder al expediente fuente del informe de prensa y/o la noticia, que utilizó la periodista Sylvia Charry para redactar un artículo que se publicó en ese medio de comunicación el 17 de diciembre del 2023.

La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue si el funcionario infringió la Directiva No. 0003 del 12 de abril de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se imparte lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal, y que en su literal C. Secreto Profesional de los periodistas, busca proteger la libertad de prensa: “Los periodistas no pueden ser citados a entrevista o testimonio. En principio, y como regla general, esta constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con la información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”.

La Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso con la libertad de prensa la cual está estipulada en esa directiva.

Esta información se publica por razones de interés general.

 El comunicado de la Fiscalía se produce luego de conocerse el rechazo a la judicialización del trabajo periodístico.

Ante quejas de usuarios. Superservicios realizará audiencias con empresarios.

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, anunció un nuevo enfoque de atención a las quejas de la ciudadanía frente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. “Estamos citando a audiencias a los grupos empresariales que prestan estos servicios en el país porque ellos tienen que comprometerse a mejorar la atención a los usuarios y disminuir las quejas”. El anuncio lo hizo al finalizar su intervención en el 4° Seminario de Acueducto y Alcantarillado, organizado por Andesco en Barranquilla.

El superintendente informó que la entidad tiene en trámite más de 500 mil reclamaciones y recursos, en segunda instancia, que podrían haberse evitado si las empresas prestadoras resolvieran los problemas estructurales en la prestación de los servicios públicos. “Nuestro propósito es ser más eficientes con un nuevo modelo de relacionamiento entre la Superservicios, los usuarios y las empresas. No podemos continuar resolviendo quejas de la comunidad en los territorios, cuando los responsables de resolverlas en primera instancia son las empresas que prestan los servicios”. Por eso, la entidad ha programado encuentros con los grupos empresariales del sector con el fin de acordar acciones que resuelvan de fondo las causas de los reclamos de usuarios y usuarias.

El funcionario indicó que las principales quejas de la comunidad se relacionan con alta facturación, cobros por promedios, suspensión del servicio, cambio de los medidores, violación al debido proceso, mala atención de las empresas, entre otros. El servicio de energía es el que más reclamos presenta, seguido de acueducto y aseo.

La Superservicios estructurará un modelo diferencial de atención a los ciudadanos con el fin de cumplir su misión constitucional de proteger los intereses y derechos de los usuarios de los servicios públicos, puntualizó el superintendente.

Exitoso balance del Plan Democracia: más de 21 millones de personas ejercieron su derecho al voto

“Cerramos jornada electoral con un balance positivo: todos los puestos de votación abiertos en 1.104 municipios, 12 distritos y 32 departamentos sin mayores dificultades, y aunque 2 municipios se vieron afectados en el desarrollo, fueron inconvenientes entre electores, mas no de orden público”.

Foto: Juan Diego Cano - Presidencia

Así lo indicó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al entregar el balance de las elecciones territoriales del domingo, en las que “más de 21 millones de personas ejercieron su derecho al voto de manera tranquila y segura en estos comicios”.

Señaló que la jornada terminó con 6.287 quejas reportadas en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL). El delito más reportado fue la presunta participación indebida en política de funcionarios y servidores públicos.
El presidente Gustavo Petro, en su alocución, dijo que “fue un día en el que triunfó la democracia. Sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo colombiano votó en paz y pensando en el porvenir del país, en una sociedad más solidaria, justa y afectuosa. Pensando en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, sin que predomine el miedo o la muerte”.
Un proceso e​n paz

​El ministro Velasco destacó el éxito del Plan Democracia de la Fuerza Pública y precisó que es evidente que, en el marco del proceso político de Paz Total que adelanta el Alto Comisionado para la Paz, “tuvimos unas respuestas interesantes en unas zonas en donde estas organizaciones respetaron el cese al fuego y no hemos tenido información de que algún lugar se haya intentado evitar el proceso electoral”.

Se presentaron dificultades en los municipios de Santiago (Putumayo) y Ricaurte (Nariño). En este último, una de las campañas enfrentadas decidió bloquear la entrada al puesto de votación, que concentraba casi el 50% de los votos de ese municipio y hubo un conato de asonada.

“Se evaluó la opción de la acción de la fuerza, pero la comisión municipal de seguimiento electoral pidió no suspender las elecciones, y se aplazaron para la próxima semana, en donde podemos concentrar buena parte de nuestra capacidad de respuesta policial y militar para que los ciudadanos en cada rincón de ese municipio voten en total libertad”, dijo.

De los 35 capturados en el Plan Democracia, 8 casos (19 capturados) quedaron en libertad por autoridad judicial, 9 casos (15 capturados) se encuentran pendientes por decisión judicial, 1 caso (1 capturado) con medida de aseguramiento intramural y 3 casos a los que no aplican medida (incautaciones).

En un balance comparativo con las elecciones de 2019, el Plan Democracia de las Fuerzas Militares y de Policía muestra resultados a destacar: en 2019 se registraron 36 actividades de manifestación pública y ayer siete; en el 2019, hubo 141 intentos de manifestación pública y en 2023 se redujo a 118.

Es importante destacar que, en el desarrollo de la jornada electoral, se incautaron 1.111.972.000 de pesos y 13.700 euros que serán objeto de investigación por presunta corrupción al sufragante o lavado de activos, o por omisión de reporte sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.

Reconocer de manera integral el Estado Palestino

“Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania, y de otra muy diferente la ocupación israelí de Palestina. Mis votos van porque se instaure un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado Palestino”.

En un hilo de mensajes publicados en la red X (antes Twitter), el jefe de Estado colombiano recordó: “Quizás fui el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales la ocupación rusa de Ucrania y la ocupación israelí de Palestina”.

“Propuse dos conferencias internacionales de paz para resolver ambos conflictos y encontrar la paz”, recordó el presidente Gustavo Petro en su pronunciamiento de hoy sobre la guerra entre Israel y Palestina.

“Se olvidaron que, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una guerra, porque “al poder mundial le ​convenía sus juegos de tronos, los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra porque al poder no le convenía acabarla”, manifestó en su intervención ante la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas​.

“¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina? ¿No es hora de acabar ambas guerras, y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta?”, cuestionó el jefe de Estado.

Gobierno del Cambio radicó proyectos de ley para implementar la Jurisdicción Agraria y Rural

El Gobierno del Cambio radicó en el Congreso de la República dos proyectos de ley que establecen los principios y las reglas para dar vida a la Jurisdicción Agraria y Rural en el país que reconoce a los campesinos de Colombia como sujetos de derecho.

Los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, de Justicia, Néstor Iván Osuna, y de Agricultura encargada, Aura María Duarte, radicaron ante la Secretaría General del Senado los dos proyectos de ley que buscan avanzar en el objetivo de saldar la deuda del Estado colombiano con las comunidades campesinas, étnicas y rurales.

La reglamentación de la reforma constitucional que dio vida a la nueva competencia judicial presentada al Congreso para su discusión fue diseñada por el Ministerio de Justicia, junto con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Uno de los proyectos brinda herramientas para la asignación de presupuesto, el nombramiento de jueces, la adecuación sedes, la creación de tribunales, juzgados y distritos judiciales agrarios y rurales con el respaldo del Plan Nacional de Desarrollo​. Además, establece con claridad las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural.

La otra iniciativa, de carácter estatutario, propone instaurar una regulación procesal, autónoma y especial, para los asuntos agrarios y las relaciones que se construyen alrededor de la tierra.

Contiene también disposiciones relacionadas con la integración y estructura de la nueva jurisdicción y el lugar que ésta ocupa en la integración de la Rama Judicial, entre ellas el cambio de nombre de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolo por el de Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

El Ministerio de Justicia justificó en su exposición de motivos que el impacto fiscal para el país de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural se compensa con una disminución de la conflictividad social, una mejora de las condiciones para la productividad del campo, la reducción en los factores generadores de violencia y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los y las habitantes rurales.

Los conflictos agrarios y rurales –señalan los proyectos de ley– deben ser decididos de manera integral, para que resuelva todas las controversias sobre los predios rurales o las relaciones agrarias en cuestión.

Los pu​ntos más relevantes

​Implementa un procedimiento especial agrario, diseñado para agilizar los procesos que ingresen a esta jurisdicción, con la expectativa de reducir el tiempo de solución de los casos a tan solo 3 o 4 meses.

Aumenta de 31 a 33 los magistrados del Consejo de Estado. Los dos miembros adicionales serán ubicados en la Sección Primera de ese alto tribunal.

En la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia se crean siete despachos nuevos para atender los casos relacionados con la nueva competencia judicial.

A nivel nacional se abren cinco tribunales Agrarios y Rurales en todo el territorio nacional y 32 juzgados de circuito, incluyendo la posibilidad de que en cada juzgado exista un juez adjunto de conformidad con las necesidades del servicio.

Crean las figuras de jueces y magistrados de apoyo itinerantes, para apoyar los despachos y evitar la congestión de expedientes, y la de facilitador agrario y rural, con la función de brindar orientación a los usuarios en un lenguaje claro para acceder al proceso especial agrario.

Garantizar el acceso al agua en zonas rurales

Avanza otra propuesta liderada por Gustavo Petro. Colombia garantizaría acceso al agua en zonas rurales





Congresistas de la comisión quinta aprobaron en primer debate, el proyecto de ley No. 271, que busca garantizar derechos a la gestión comunitaria del agua, aspectos ambientales en concordancia, y el establecimiento de un marco jurídico en relación de las comunidades organizadas, para la gestión del agua con el estado.

Isabel Cristina Zuleta López
Según la senadora Isabel Cristina Zuleta López, Coalición Pacto histórico, ponente y autora del proyecto, éste se construye desde hace 16 años, cuando la red nacional de acueductos comunitarios, se unificó para defender el derecho al agua, especialmente en las comunidades rurales, “es necesario convertir en ley de la república decretos que ya existen, relacionados al tema, con el fin de generar mayor estabilidad en el campo, y la prestación del servicio comunitario, con énfasis en el cuidado que estos acueductos hacen de nuestras fuentes hídricas”, ratificó.

Declaró contundente la congresista Zuleta López: “Estos acueductos no constituían empresa lucrativa alguna, y, por el contrario, garantizarán el buen mantenimiento de este recurso en los territorios alejados, donde empresas no tienen interés en explotarlo, ya que solo constituyen una forma organizativa al cuidado de micro cuencas y acuíferos”.

El senador Marcos Daniel Pineda García, Partido Conservador, manifestó tener dudas sobre algunos puntos, y dejó claro que no constituían un impedimento para votar favorablemente la ponencia, ya que, a su juicio “este proyecto tiene enormes beneficios; soy un convencido que hay que cerrar brechas sociales en Colombia en el sector rural, y una de esas es el acceso al agua potable”, remató.

El campesinado será sujeto de derechos: aprobado definitivamente en el Congreso el proyecto que lo reconoce








La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos del país como sujetos de derechos y de especial protección. Este era el último de ocho debates que necesitaba esta reforma constitucional para ser una realidad.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura
Con 149 votos por el sí y ninguno por el no, la plenaria le dio un respaldo unánime a este proyecto que había radicado el Ministerio de Agricultura desde agosto de 2022.

Para Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, esta es una victoria del campesinado colombiano. “Gracias a las organizaciones, al movimiento campesino y a la resistencia campesina que dio este resultado después de mucho trajinar y de tanto trabajar por esto. Es un reconocimiento a los líderes y lideresas que hemos perdido en este camino”, dijo.

Lo que hace este proyecto de acto legislativo es modificar el artículo 64 de la Constitución Política para que reconozca explícitamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. Además, en el texto que quedó finalmente aprobado, se reconoció al campesinado como sujeto político.

“Desde el primer momento del gobierno de Gustavo Petro se dijo que se le iba a reconocer al campesinado sus derechos y hoy aquí lo hemos cumplido”, añadió la ministra desde el atril en la plenaria de la Cámara.

Lo que hoy aprobó el Congreso de la República era una deuda con el campesinado colombiano que había reclamado ese reconocimiento desde que se promulgó la Constitución del 91. Esta iniciativa corrige esa exclusión histórica y por eso su aprobación fue celebrada por representantes del movimiento campesino que acudieron al Congreso desde diferentes partes del país.

Organizar asambleas estudiantiles para preparar propuesta de reforma a Ley de Educación Superior







El Presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó este sábado organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior y enriquecer el proyecto que se presentará en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio.

Así lo planteó el Jefe de Estado durante una nueva jornada de ‘Gobierno Escucha’, que se llevó a cabo en el municipio boyacense de Paz de Río.

“Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”, manifestó el Mandatario.

El Presidente reclamó “que se destaque un movimiento estudiantil en función de la reforma de la Ley 30, que significa la reforma de la educación superior en Colombia”.

Por su parte, la Ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, informó que “se firmó el Decreto 846, que habilita a las juntas de acción comunal y a madres cabeza de familia en sus asociaciones para que puedan contratar el programa de alimentación escolar”.

Con la medida se busca que los estudiantes tengan mejor servicio y aliviar los niveles de desnutrición.

En el evento intervinieron los ministros de Comercio, Germán Umaña Mendoza; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Educación, Aurora Vergara Figueroa; Transporte, William Camargo, y el Director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, entre otros funcionarios.

SENA

La Ministra Vergara añadió que “en alianza con el SENA garantizaremos que las instituciones que necesitan fortalecer el entrenamiento en carreras técnicas y tecnológicas, lo tendrán en el nuevo programa de aumento de cobertura'.

Durante el nuevo encuentro ‘Gobierno Escucha’, los voceros de las mesas temáticas expresaron la necesidad de nuevas sedes educativas en el departamento, concretamente en las zonas de Soatá y Puerto Boyacá.

El Presidente Petro indicó que Tunja, la capital del departamento, concentra una buena oferta de educación superior, pero las regiones carecen de esa posibilidad, por lo que “acercar la universidad a donde vive la juventud es fundamental”.

Precisamente, el Director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, explicó que la entidad invertirá alrededor de 80 mil millones de pesos en Boyacá en las sedes de capacitación tecnológica de El Curubal, el antiguo terminal y el centro gastronómico, así como en Soatá y Puerto Boyacá.

Además, informó que la próxima semana se firma un convenio entre el SENA y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por el cual se le transfieren a la primera entidad 100 mil millones al año para educación técnica y tecnológica de aprendices del SENA en programación, para llegar a la meta de más de millón y medio de aprendices formados en ese campo.

Descarbonizar la industria


El Presidente Petro recordó que Boyacá “ha sido una vanguardia en el país” en metalmecánica y acero, y aseguró que el objetivo es impulsar esa industria, pero con una baja huella de carbono, es decir, descarbonizar la región.

Subrayó que esos procesos “tienen que usar energías limpias”, lo cual “significa menos carbono”.

Se refirió a los pequeños mineros que corren peligro en la explotación de minas subterráneas, y sostuvo que pueden convertirse en granjeros solares, usando paneles, y producir energía para la venta.

“Y entonces es propicio el cordón industrial para generar energía limpia y solar con la cual construir la industria metalmecánica”, puntualizó.

Educación superior y servicios públicos; próximas reformas.






“Son las reformas que nos gritaron en las plazas públicas antes de ganar la Presidencia de la República. Aquí cumplimos, le presentaremos al Congreso esos cambios que el país necesita y esperamos que las diferentes fuerzas del Congreso de la República: sepan escuchar este pueblo”, dijo este miércoles el Presidente Gustavo Petro, durante su intervención en la Plaza de Bolívar.

Desde allí, el Mandatario anunció que el Gobierno del Cambio presentará al Congreso la reforma de la Ley 30 de 1992 o de educación superior, para “que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano; poder vivir con dignidad”, dijo.

También, la reforma a los servicios públicos, para que el eje “no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”.

El Jefe de Estado señaló, además, que las iniciativas hacen parte del mandato popular, que nace de los territorios excluidos en el país. Por esta razón, le pidió respetuosamente al Legislativo aprobar las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos.

“Sepan entender que el respeto no es debilidad, que el pueblo colombiano no ha abandonado al Gobierno, que el pueblo colombiano sigue, mayoritariamente, al lado del pueblo y del Gobierno; que el pueblo colombiano sigue de pie en la lucha por la justicia y la paz en Colombia”, puntualizó el Presidente.

Regulación de la cannabis, progreso y lucha contra el narcotráfico

La Comisión Primera del Senado aprobó con 15 votos a favor y 4 en contra en séptimo debate este acto legislativo. La iniciativa al ser una reforma Constitución Nacional requiere para su aprobación ochos debates, divididos en dos legislaturas continuas.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó la labor de los senadores de la Comisión Primera porque con el paso dado en este proyecto, se ayuda a entender el consumo del cannabis como un problema de salud y no un problema de policía, y así mismo ver el consumo del cannabis como una posibilidad económica a nivel de empresa.

“Por qué no pensar que los campesinos y los indígenas pueden convertir esto en un negocio para crecer económicamente. Por qué no pensar que el cannabis puede ser un producto que puede ayudar a sustituir, por ejemplo, los sembrados de coca, que tienen unos efectos más complejos”, enfatizó Velasco.

Posiblemente la próxima semana será sometido a discusión en la plenaria del Senado, según la normatividad legislativa y pasará a sanción presidencial.

“Evaluemos la posibilidad de entender lo que está ocurriendo en el mundo con la legalización del cannabis de uso adulto recreacional, creemos que ahí también puede haber una opción gigantesca para enfrentar a las mafias de otro tipo de productos como la coca”, señaló.

Agregó que: “Si nosotros somos capaces de ofertarle a estas comunidades opciones económicas con el cáñamo o con la misma cannabis de origen o de uso recreacional, y de uso medicinal, desarrollándolo como debe desarrollarse, probablemente podremos ir derrotando estas mafias”.

Velasco no descartó la posibilidad de que la presente legislatura vaya a sesiones extraordinarias para poder tramitar las iniciativas sociales del Gobierno del Cambio y que de ser necesario se dejarán para tramite otros fundamentales proyectos después del 20 de julio.

“Es evidente que en una agenda legislativa tan ambiciosa no salga todo. Algunas cosas saldrán totalmente, otras quedarán avanzadas, otras quedarán para la próxima legislatura porque es que ni el mundo, ni el Congreso, ni el Gobierno se acaba el 20 de junio. Hay posibilidades de extras, pero también hay posibilidades en julio de continuar los debates”, puntualizó el Ministro.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sostuvo que en este momento de apremio el Ejecutivo está dedicado a gobernar y a trabajar por los proyectos que benefician a los ciudadanos, especialmente de los territorios menos favorecidos.

“El Gobierno se dedica a gobernar, el Congreso a estudiar los proyectos de ley y a hacerle control político al Gobierno es normal, es natural y nosotros la entendemos. La oposición vendrá, nos hará las preguntas, incluso las más incómodas, porque tienen todo el derecho y nosotros tenemos el deber de responderles”, finalizó.

Presidente Petro pide al Congreso que debata y apruebe las reformas sociales









Un respetuoso llamado al Congreso de la República para que debata y apruebe las reformas sociales que garantizan los derechos de los colombianos y las colombianas hizo este miércoles el Presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.

“Les solicitamos con todo el respeto, les solicitamos de nuestra propia humildad, les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, expresó el Mandatario al intervenir en la Marcha Nacional de Apoyo a las Reformas Sociales que el Gobierno del Cambio impulsa en el Congreso.

Agregó que “Colombia ha presentado las reformas que el Gobierno ha podido presentar, las reformas que el pueblo le demandó”, y por eso pide que estas reformas sean una realidad, y lo hace “desde aquí, desde la Plaza de Bolívar, casi llena, con la Carrera Séptima, casi llena; con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, “esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa, esta no es una solicitud armada; esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida, de la base de la nación colombiana”.

“Es un mandato popular” y las reformas “podemos discutirlas, como durante meses lo hemos hecho”, sostuvo.

Y enfatizó: “Vamos por un trabajo digno, vamos por una salud en las casas de la gente, gratuita y para toda la población, en todo el territorio nacional. Vamos porque cualquier viejo, cualquier vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente con el cual poder existir”.







El Gobierno ​está con la ciudadanía

​En compañía de su esposa, la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer; de la Vicepresidenta Francia Márquez y miembros del Gabinete, el Jefe de Estado arribó hacia el mediodía a la Plaza de Bolívar para intervenir ante miles de col​ombianos y colombianas que marcharon en apoyo a las reformas de la salud, laboral y pensional, entre otras.

“Aquí demostramos que el Gobierno está con el pueblo y que el pueblo quiere las reformas para garantizar sus derechos fundamentales”, afirmó.

El Mandatario consideró que la multitudinaria participación de la gente en las marchas “es un mensaje al país, es un mensaje al Congreso de Colombia: garanticemos los derechos de la gente, construyamos la justicia social, porque esa es la paz de Colombia. No le demos la espalda a la paz”.

“Aquí, con este pueblo que me acompaña, que demuestra que el Gobierno no está solo, que no ha perdido sus mayorías populares”, resaltó.

“El Congreso sabe que hay un pueblo que quiere las reformas”, dijo y agregó: “Aquí el pueblo de Colombia, no solo su Presidente, no solo su Jefe de Estado, solicita que sus derechos establecidos en la Constitución Nacional sean garantizados”.

El Presidente Petro hizo referencia a que hay sectores que aún no han entendido la decisión tomada por el pueblo en las pasadas elecciones presidenciales, para lograr un cambio real y convertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida.

“El pueblo que eligió al Presidente sigue con el Presidente, y tanto el pueblo como el Presidente quieren volver realidad el programa del Gobierno por el cual el pueblo votó”, aseveró.

Explicó que el programa de su Gobierno dice que “Colombia debe ser una Potencia Mundial de la Vida. Ese programa dice que para ser Potencia Mundial de la Vida, Colombia debe estar en paz. Ese objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana”.

El Jefe de Estado puntualizó que el primer requisito fundamental de la paz, por la cual votó el pueblo colombiano, es la justicia social, en la cual se enfocan las reformas sociales que están en manos del Congreso de la República.

“Aquí ni puede quedar ni mancha ni duda..." Los Derechos Humanos se respetan. Presidente Petro

“Aquí ni puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este Gobierno va a repetir las suciedades de otros gobiernos hicieron, aquí no venimos a eso”. Así lo aseguró el Presidente Gustavo Petro, quien enfatizó que “a nadie de ustedes se les ha ordenado una sola interceptación telefónica” al agregar que “ni se les ha dado esa orden ni se les dará, porque el respeto a los derechos humanos es tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes: se respetan”.
Foto: Andrea Puentes - Presidencia




Estas palabras del Jefe de Estado se dieron en la ceremonia de ascenso de subtenientes del Ejército, que se realizó en la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’, donde recalcó que “la base de la democracia es el respeto a los Derechos Humanos de cualquier ciudadano o ciudadana, piense lo que piense, viva como viva”.

En su intervención, el Mandatario dijo que “la cúpula militar aquí presente, los generales, almirantes, que nos acompañan, toda, saben perfectamente que ni el Presidente ni ningún alto funcionario de este Gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper la Constitución”, y agregó: “Es más, quedan ustedes autorizados por el Presidente de la República, por si eso ocurriese, ustedes mismos lo denunciaran a las autoridades competentes”.

Insistió en que “este Gobierno respeta los Derechos Humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores” y añadió que a quienes ejercen el derecho a la oposición “los cuidamos y es un deber de la Fuerza Pública de cuidarlos, no les puede pasar nada, porque están también bajo nuestra responsabilidad”


Las armas en función del pueblo

Dejó claro que “en nuestro Gobierno habrá libertad democrática, no usaremos las armas contra los pobres indefensos, nos han criticado por ello”, en la medida en que aseguró que “aquí venimos a que las armas se pongan en función del pueblo y de la Constitución y que eso haga de una Fuerza Pública muchísimo más poderosa de la que hasta ahora se ha tenido”.

En su mensaje a los oficiales que ascendieron, el Presidente les manifestó que “el manejo de esas armas lleva a una responsabilidad y una obligación con el pueblo, con el pueblo más humilde” y recordó: “Esas armas, decía Bolívar fundador del Ejército de Colombia, no pueden voltearse contra el pueblo jamás”.

Por esta razón, envió un mensaje claro: “Las armas siempre estarán al lado del pueblo, en función del pueblo y para el pueblo, porque estamos en una democracia”.

“Las puertas del Palacio de Nariño están abiertas para cualquier investigación”

El Jefe de Estado aseguró que su Gobierno es respetuoso de los Derechos Humanos y, en ese sentido, alentó a las autoridades competentes a que avancen en las investigaciones “y les ayudaremos”.

“Mis propias indagaciones, hechas en estos días, me dan confianza a mí mismo, porque hubiera sido terrible el que de mi Gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas”, dijo.

Además, insistió en que los opositores no solo no serán víctimas de interceptaciones ilegales, sino que es obligación de la Fuerza Pública defender su vida e integridad.

“Así que el funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del Gobierno; con la misma premura que tiene para ver cómo captura a un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros; con esa misma premura debió allanar las casas de los asesinos del Clan del Golfo, cuyas direcciones tenía en su poder”.

Reiteró que la Constitución lo avala para solicitar los informes, de manera escrita formal y pública, que indican “de qué manera se ha procedido contra la impunidad” en crímenes de lesa humanidad en Colombia contra la vida de centenares miles de ciudadanos. “Sigo esperando el informe”, puntualizó.

De esa manera, fue explícito en que “pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos, pero entrégueme el informe sobre lo que se ha hecho contra la impunidad”, ya que dicho informe debe ser discutido de cara a la visita en Colombia del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, prevista para la próxima semana, para garantizar y satisfacer los derechos de la ciudadanía.

En ese contexto, el Presidente hizo un claro llamado a que si los integrantes de la Fuerza Pública reciben una orden contraria a la Constitución “tienen toda la autorización para ir a un medio de comunicación y denunciarla. No lo consideraré una insubordinación. Es su derecho”.

Corte niega demanda de empresa que pedía condenar a sindicatos por supuestos daños causados como consecuencia de huelga

La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia recordó que la huelga es un derecho constitucional, reconocido también por pactos internacionales incorporados en el sistema jurídico en Colombia. Sin embargo, cuando hay un abuso de este derecho y se ejerce por fuera de los límites demarcados por la ley, los sindicatos podrían ser condenados civilmente a reparar a su empleador o a terceros que demuestren daños y perjuicios. 

La Sala hizo este pronunciamiento al mantener una decisión que negó la solicitud que hizo una empresa en la que pedía condenar a un sindicato y a distintos empleados a indemnizar a esa compañía, dedicada a vender y reparar maquinaria para el sector minero. 

El sindicato y los empleados demandados, que hacían parte de dos compañías que esa entidad había subcontratado, entraron en huelga entre el 14 de marzo y el 3 de abril del 2013, por lo cual bloquearon el acceso a cinco proyectos mineros en Cesar donde la empresa prestaba sus servicios, y en las instalaciones de la demandante en Soledad (Atlántico). 



De acuerdo con la demanda civil, los ceses de actividades promovidos por el sindicato y los trabajadores afiliados -huelgas que posteriormente fueron declaradas ilegales por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia-, le ocasionaron daños y perjuicios económicos, debido a los gastos que tuvo que sufragar y las ventas que dejó de realizar. Por ello, pidió una indemnización. 

En primera instancia el sindicato y los trabajadores fueron condenados solidariamente por el juez a pagar más de 37.000 millones de pesos, pero en segunda instancia el Tribunal revocó esa decisión. 

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión que negó las pretensiones de la empresa señalando que, aunque es cierto que en los casos en los que se compruebe el abuso del derecho los sindicatos podrían ser llamados a responder civilmente, en este caso particular la empresa demandante no acreditó los perjuicios, lo cual no se solventaba con tasarlos en la demanda con complejas operaciones y análisis contables.  

La Sala encontró que el dictámen pericial que cuantificó el daño emergente y el lucro cesante de la empresa “carece de solidez” y los “perjuicios demandados no tienen el carácter de ser ciertos”, pues no se demostró su existencia, un elemento esencial para poder considerar la responsabilidad civil extracontractual. 

La posibilidad de que los sindicatos respondan por el daño 

En términos generales, en la sentencia la Corte analizó cómo se configura la responsabilidad civil extracontractual por parte de los sindicatos y la necesidad de demostrar el daño en este tipo de procesos. 

En primer lugar, la Sala de Casación Civil y Agraria recordó que, por su naturaleza, es lógico que el paro pueda afectar al empleador de los trabajadores y a terceros, y generar menoscabos patrimoniales, lo cual es socialmente tolerado. 

Pero eso no significa que el derecho a la huelga sea ilimitado. Dado a que busca conseguir reivindicaciones de tipo laboral, debe atenerse a los límites que establece la ley lo cual significa que si se sobrepasan esas fronteras y hay un abuso del derecho, los sindicatos y empleados podrían ser condenados civilmente.

“En ese orden, los sindicatos y los mismos empleados que aquellas organizaciones gremiales congregan no son ajenos al respeto del principio de «alterum non laedere» y podrían ser llamados a responder patrimonialmente por los perjuicios que ocasionen, no sólo cuando la huelga se sirve de la violencia o de agresiones al empleador, a la empresa o a terceros, pues ésta es tan solo una de las hipótesis en que el ejercicio de este mecanismo percutor de una negociación colectiva entrañaría abuso del derecho”, precisa la Corte en la sentencia. 

Esto significa que la responsabilidad civil de las organizaciones sindicales podría darse no solo cuando incurren en conductas violentas, pues también “puede generarse en eventos diferentes, en los cuales, de acuerdo con las condiciones particulares del caso, el ejercicio de ese derecho sindical merezca la calificación de abusivo”, dice la providencia.  

La Sala de Casación Civil y Agraria aclaró que, en todo caso, la obligación de responder por los daños no se da porque la huelga genere una afectación -que es congénita al ejercicio de la huelga-, sino cuando se demuestra la ilegitimidad del acto de los trabajadores. 

En cuanto al daño, la Corte recordó que para que haya una condena civil este debe estar demostrado, debe ser inequívoco, real y directo, no eventual o hipotético. “Su respaldo requiere pruebas concluyentes que acrediten la verdadera entidad del daño y su extensión cuantitativa”, precisa la Sala.  
  
Consultar aquí el contenido de la sentencia SC040-2023

La reforma: 'Cambio hacia una Salud para la Vida' fue radicada por el Gobierno ante el Congreso


“Quedó radicada la ponencia en la Comisión Séptima de la reforma a la salud con las firmas de conservadores, Pacto Histórico, de la U, Comunes, bancada se la Paz y Verdes”, indicó el Jefe de Estado por medio de su cuenta de Twitter.




El proyecto legislativo Cambio hacia una Salud para la Vida fue radicado por el Gobierno ante el Congreso el pasado 13 de febrero.

“Si hay un derecho universal a la salud es posible la Paz Total. Si hay unos derechos garantizados es posible la Paz Total y Colombia se puede constituir en potencia mundial de la vida”, manifestó ese día el Presidente de la República.
El sistema que se propone está basado en la salud preventiva por medio del Centro de Atención Primaria (CAP).
“Queremos que el médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona”, y que “los habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por un equipo de salud de profesionales”, en cualquier lugar del país, expresó también el Mandatario.

Ministra del Trabajo y las reformas: todo lo que estamos haciendo es que Colombia cumpla con sus compromisos.

Ministra del Trabajo defiende reformas laboral y pensional e insiste en la protección de los derechos de los y las trabajadoras


La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le salió al paso a las declaraciones que en las últimas horas han hecho con respecto a los proyecto de ley de las reforma laboral y pensional, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif; la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset; que sostienen que se creará un vacío pensional y que son proyectos insostenibles.

Señaló: “Es cierto que si se aumentan los afiliados de 6 a 22 millones tiene que haber un crecimiento del pasivo, lo que no dice Anif es que hay un flujo distinto; segundo, que ¿cómo se va a ir desacumulando ese pasivo? y es poco a poco, en la medida en que las personas vayan cumpliendo sus requisitos, adicionalmente tenemos los bonos pensionales que aún se están redimiendo. Además de esto nosotros estamos ampliando una base de cotización al sistema que se va a nutrir con el potencial que se viene de nuevos empleos”.

Agregó, que esos nuevos empleos se desarrollan por un modelo de desarrollo económico distinto, con la industrialización y la ruralidad, entre otros. “Y Anif parte del supuesto que esto es estático y de que no va a mejorar el país”.

Las precisiones las realizó durante el Encuentro Interinstitucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde también participó la vicepresidenta de la República, Francia Márquez y delegados de varias entidades del Gobierno.

La titular de la cartera laboral dijo, que tiene que quedar claro: “Que en Colombia ninguna empresa puede trabajar bajo la informalidad, es necesario que haya estabilidad laboral y derechos. Aquí se han acostumbrado sobre todo en los últimos años, a que se avanza en generar empleo precario, pero no con las condiciones que efectivamente deben tener los trabajadores y trabajadoras”.

Invitación a leer las reformas

De otra parte, hizo un llamado a los partidos políticos para que lean las reformas y hagan un análisis juicioso de cada uno de los articulados.

Respecto a los comentarios del partido conservador añadió: “Espero que el partido conservador reconsidere su posición de apartarse de la reforma laboral, creo que cuando ellos lean punto a punto y vean cuál es su argumentación y con la base con la que se hizo, tienen la posibilidad de reflexionar, porque esto lo necesita el país”.

“Cada artículo tiene una base argumentativa seria, es de la OCDE, de la OIT o es de nuestra Constitución, o es de una sentencia de la Corte Constitucional. No hay nada inventado, todo lo que estamos haciendo es que Colombia cumpla con sus compromisos, y efectivamente vayamos al plan de derechos”, concluyó Ramírez Ríos.

Vigilar para que la comida de verdad le llegue a la niñez

Vigilar al extremo a los contratistas para que los alimentos lleguen a la niñez fue una de las tareas que el Presidente Gustavo Petro encomendó a la nueva Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas, a quien posesionó este martes durante un acto realizado en la Casa de Nariño.

Foto: Cristian Garavito - Presidencia

Al respecto, el Mandatario precisó: “La corrupción que indudablemente aún existe, el manejo de contratistas que hay que vigilar al extremo –ojo con eso: al extremo– para que la comida de verdad llegue a la niñez”.

Al ahondar en este tema de la nutrición infantil, el Jefe de Estado planteó que el ICBF puede ser un gran promotor de la producción agroalimentaria del país, “si establece los protocolos y los requisitos para que la niñez hambrienta pueda nutrirse de la comida hecha en Colombia”.

“No es posible superar la pobreza con políticas pobres”, expuso e indicó que una de las prioridades del Gobierno de Cambio es disponer de los recursos necesarios para atender a las niñas y los niños del país.

“La política pública que se ha construido alrededor de la niñez ha sido una política pobre, casi que miserable, y no ha sido la política de las grandes inversiones. Allí no se han construido los grandes derroteros de la inversión pública”, dijo.

En este sentido, el Presidente Petro le dijo a la nueva Directora de Bienestar Familiar: “Lo primero que, en mi opinión, hay que hacer es reorganizar el ICBF”, ya que “a través del tiempo se le han añadido una serie de tareas que no tienen que ver con el cuidado de la niñez”.

“Eso –agregó– ha hecho que parte del presupuesto y muchísimas veces parte del tiempo se dejan de dedicar a la niñez por cubrir otros objetivos que indudablemente son importantes, pero que otras instituciones del Estado ya los tienen”.

En este contexto, el Mandatario demandó “concentrarse en el cuidado de la primera infancia hasta que este país pueda tener un sistema de preescolar nacional y universal”.

Recalcó que para lograr este propósito “hay que reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), proyecto que esperamos presentar el próximo semestre”.

Puntualizó que esta iniciativa incluye la obligatoriedad de que la inversión pública en educación contemple también los tres años de preescolar, “con lo cual podríamos integrar nutrición y educación en unos años, después de los tres años de edad, en toda la niñez de Colombia”.

Pe​rfil

​Astrid Eliana Cáceres Cárdenas es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario de la Universidad Surcolombiana, y cuenta con estudios de maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia.

Ha ejercido como docente, investigadora, asesora pedagógica, experta en educación inclusiva, oficial de proyectos, gestora cultural y tejedora de paz.

Con más de 27 años de experiencia profesional, ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado, entre ellos Subdirectora de General del ICBF, Subdirectora de Calidad para la Primera Infancia en el Ministerio de Educación Nacional y consultora del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asimismo, ejerció como contratista en el Fondo Colombia en Paz para el Proyecto piloto del servicio de Desarrollo Infantil en medio familiar en entornos rurales y rurales dispersos en municipios PDET, asesora en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Subdirectora para la Infancia en la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, y docente en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y en la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Qué implica reconocer al campesino colombiano como sujeto de especial protección constitucional?

Colombia vive una revolución campesina. Y es que tras la asunción de Gustavo Petro como presidente, en agosto pasado, las piezas se han movido sistemáticamente para resarcir a un sector históricamente marginado y vulnerado: el campesinado colombiano.
Campesinos colombianos asisten al Congreso, en Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre de 2022Twitter / @juanpabloszar

Orlando Rangel.- La semana siguiente a la toma de posesión de Petro, su Ejecutivo introdujo ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que pretende reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional y, en consecuencia, garantizar su acceso a una vida digna en el campo.

"Que se sepa, que los campesinos llegaron al Congreso y van a defender los derechos de esta población", dijo en su momento el senador y presidente del Parlamento colombiano, Roy Barreras, quien agregó que la iniciativa es "un reto prioritario, porque beneficiará a más de seis millones de campesinos de Colombia".
La cuestión no quedó allí. A los pocos días, la Cámara de Representantes abrió la Comisión por el Campesinado Colombiano, para atender las demandas históricas de esa población y crear un marco jurídico sobre sus derechos.

En paralelo, más de 60 organizaciones campesinas entregaron un manifiesto a Petro con propuestas legislativas, políticas y económicas para la Reforma Agraria, su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Dirección de Asuntos Campesinos en entidades del Estado.

Tras casi cuatro meses de gestiones, el proyecto radicado ante el Congreso por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, consiguió el lunes la cuarta aprobación,de los ocho debates necesarios, para reconocer al campesino como sujeto de protección constitucional especial.

¿Qué significa el reconocimiento?

"Este acto constitucional le impone al Estado el deber de garantizar de manera efectiva el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos a la población campesina", explicó López Montaño, quien estuvo presente en el cuarto debate legislativo y agradeció el avance del proyecto en el Senado.

La titular de Agricultura agregó que lo que está haciendo el Parlamento y el Ejecutivo "es aceptar por fin la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales".

López resaltó que Colombia está dando un paso más allá al incorporar los derechos campesinos al "bloque de la constitucionalidad", lo que implica que al ser parte del ordenamiento jurídico del país e incorporarse a la Constitución como ley, "se vuelve vinculante" y "el Estado está obligado a aplicar", por lo que deja de ser "una norma blanda".

El proyecto también busca dar a los trabajadores del campo el acceso progresivo a la tierra, así como garantizar sus derechos a la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, para mejorar su calidad de vida.

"La población campesina enfrenta graves falencias en la garantía de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios básicos y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado", comentó la ministra cuando se introdujo el proyecto al Congreso, en agosto pasado.

La iniciativa, además, aspira a proteger a las mujeres del campo, principales víctimas de "la violencia estructural y económica", que las somete a abusos por razones de género, como responsabilidades no remuneradas, restricciones educativas, de empleo, entre otras.

¿Por qué se hace la reforma?

El proyecto pretende modificar el artículo 64 de la Constitución y se considera necesario debido a la difícil situación que viven los campesinos colombianos, con niveles de pobreza multidimensional de 29,43 %, según el índice de Pobreza Multidimensional – Global (IPM Global) citado por el Ministerio de Agricultura.

Además, busca cambiar los niveles de concentración de la tierra, que según los datos actuales, 501 predios (0,01 %) concentran más del 44,52 % del área agropecuaria disponible; mientras el 48,5 % de los predios rurales tienen solo el 0,5 % de la tierra.

Otro punto es la educación, que muestra mayor rezago en el campesinado, pues en la mayoría de los departamentos, los campesinos alcanzan un máximo de ocho años de estudio, mientras que a nivel nacional la cifra está por encima de diez años.
Mientras el Parlamento hace las gestiones para lograr la reforma a la Constitución, así como crear una jurisdicción agraria y rural para resolver los conflictos por tenencia de tierra –acto legislativo que también avanza dentro del Congreso con cuatro debates aprobados–, el Gobierno se ha comprometido con el campesinado a realizar varias tareas para conseguir los cambios necesarios.

La importancia de los campesinos en Colombia es de tal magnitud que incluso el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaron invitar al campesinado a participar en los diálogos de paz que adelantan en Venezuela.

¿Qué se está haciendo?

En la Convención Nacional de Campesinos realizada el fin de semana, la ministra López anunció cuatro compromisos que dirigirá desde el despacho de Agricultura para priorizar las demandas de ese sector.

El primer compromiso es sobre la implementación de la Reforma Rural Integral que deberá contar con el aporte de los campesinos, para que se construya de forma conjunta. Otro pacto es reconocer "la deuda histórica por el aporte del campesinado a la sociedad", que nunca ha sido compensado por el mercado.
Un tercer acuerdo es otorgar plenos derechos a los campesinos en la Constitución, con base en los términos de la declaración de la ONU de 2018, que es el trabajo que adelanta el Parlamento. Mientras que el cuarto compromiso es fortalecer y habilitar los mecanismos institucionales de participación, entre ellos la reactivación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural.

Por su parte, Petro dijo en el encuentro con los campesinos, que Colombia requiere un movimiento nacional que sea capaz de soportar reformas fundamentales que necesita la sociedad, y que tiene como ejes "la tierra, el agua, la mujer, la democracia, la libertad, la paz, la producción de alimentos".
"Todos, temas que se relacionan unos con otros. No se puede hablar de paz sin hablar de la mujer campesina, como aquí bien lo han dicho. No se puede hablar de la mujer campesina sin hablar de la tierra o del agua o de la producción de alimentos. Que haya un sujeto, le dicen los sociólogos, un sujeto campesino en la vida política y social colombiana".

Para ello, agregó, se debe construir un Estado que sea capaz de ayudar al proceso de industrialización en la producción de alimentos, así como democratizar la tenencia de la tierra, que por años ha estado en manos de pocos.

Todo esto, dijo Petro, profundizaría la lucha contra el narcotráfico, que se aprovecha del "uso irracional de la tierra", mientras en paralelo se avanza hacia una "reforma agraria pacífica", que propone comprar los predios a precio comercial para evitar por procesos conflictivos como la estatización.

Importante.

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