lunes, marzo 11, 2019

Pesos pesados le piden a la ONU proteger el acuerdo de paz




las2orillas.- Que el presidente Iván Duque haya presentado varias objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP causó preocupación en algunos y alegría en otros. El pasado 20 de febrero un grupo de dirigentes políticos, líderes sociales, y figuras públicas —todos promotores del SÍ— se reunieron en el Centro Cultural Gabriel García Márquez para defender el Tribunal de paz y el acuerdo firmado en La Habana; y ahora le enviaron esta carta al secretario general de la ONU Antonio Guterres pidiéndole que respalde tanto el acuerdo como la JEP. La carta va con copia a la presidenta de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, quien ya había advertido que dejaran trabajar a la JEP, si no la CPI podía entrar a jugar en la justicia colombiana.
Esta es la carta encabezada por Humberto De La Calle y firmada por un gran número de exministros, congresistas, líderes sociales, y algunos negociadores:
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Los promotores del Sí se volvieron esta vez bajo la bandera de “Defendamos la Paz” para que el uribismo no se le atraviese al tribunal

Con sus objeciones a la JEP, Duque muestra un uribismo más duro


Con su anuncio de presentar objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque deja claro que su uribismo es menos 2.0 de lo que había mostrado: cambió de postura tras una intervención pública de Álvaro Uribe y dejó atrás la búsqueda de no crear choques institucionales para enfrentarse a una decisión ya tomada de la Corte Constitucional.

 Hasta ahora no había tomado ninguna decisión a la vez pública y tan importante que mostrara un reflejo de las posturas duras de Uribe


Aunque Duque arrancó su discurso diciendo que la decisión no buscaba un choque de trenes con la Corte y que no significa que deje de implementar el Acuerdo de La Habana sí lo pone en contravía de la Corte por el contenido de las objeciones y del proyecto complementario de reforma constitucional que anunció. También es un golpe al Acuerdo.
Es decir, uribismo puro y duro, a pesar de los matices que había evidenciado hasta ahora en su Gobierno y de sus formas conciliadoras.
Un uribismo puro y duro que se nota en que hace menos de un mes dijo que no objetaría esta ley porque no era legalmente posible hacerlo, y que haya decidió objetar después de que Uribe dijo que dado que no se podía eliminar la JEP había que objetar y buscando cambios contarios a lo que ya decidió la Corte.
La pregunta por sus objeciones arrancó hace un mes, antes de que se resolviera el capítulo anterior de la novela del proyecto de ley, que se demoró en firmar el presidente uribista del Senado, Ernesto Macías, y que luego envió a la Cámara sin algunos renglones.
Desde ese entonces hubo rumores de que el Gobierno estaría pensando objetarla, para lo que tenía plazo hasta el lunes 11.
Hacerlo tenía sentido político pues desde septiembre el uribismo dijo que le preocupaba la decisión de la Corte Constitucional sobre ese proyecto, que revisó antes de su firma por ser una ley estatutaria y en la que si bien solo tumbó algunos puntos, incluía varios de los que la endurecían.
Ese rumor se llenó de carne hace tres semanas, cuando el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a Duque pidiendo que la objetara en cuatro puntos:
·  que la JEP investigue delitos de ejecución permanente que se empezaron a cometer antes del 1 de diciembre de 2016 y siguieron después
·  que la JEP pueda decidir qué desmovilizados mantendrán penas blandas y no extradición a pesar de volver a delinquir
·  que la Fiscalía supuestamente queda totalmente maniatada en los casos que luego asuma la JEP
·  Que la JEP solo investigará y procesará a los máximos responsables de crímenes de guerra, no a todos sus responsables
Fue en ese entonces que Duque dijo que no objetaría.
Luego Álvaro Uribe sumó otras críticas, sobre los delitos contra menores y la supuesta casi prohibición de la extradición.
A eso la revista Semana, decenas de líderes de opinión, organizaciones sociales y la misma JEP respondieron con la petición contraria a Duque, firmarla como está.
La tensión se mantuvo a pesar de que lo más probable era que la objetara, por sus críticas pasadas y el clima político, y se reforzó con la bomba que publicó la Fiscalía sobre la corrupción de un fiscal de la JEP y su todavía dudosa relación con el trámite de extradición de Jesús Santrich.
El viernes pasado varios medios dijeron que Duque iba a objetar, como en efecto lo hizo anoche, además haciendo lo que está en sus manos para abrir la puerta a cambios al Acuerdo, vía reformas constitucionales.
Con eso llevó a la práctica lo que Uribe y Martínez le pidieron que hiciera y, como dijo Héctor Riveros en su columna, su imagen de moderado que mantiene cierta independencia frente a Uribe quedó golpeada.

Las objeciones y el proyecto

Duque decidió objetar por inconvenientes seis artículos (de 150), cada uno con cargas políticas y consecuencias prácticas, y algunos con interrogantes jurídicos:
·  El artículo 7, porque “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
·  El inciso octavo del artículo 63 porque, según Duque “no determina el alcance de la competencia al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”
·  El inciso tercero del literal j del artículo 79, porque “se trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”, dijo Duque.
·  El artículo 2 del artículo 19, que habla “sobre la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad.”
·  El artículo sobre la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo. Duque dijo que “es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.”
·  El artículo 153 porque, según dijo “condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo”
Además de esas seis objeciones, anunció un proyecto de reforma constitucional para abordar otros tres puntos: excluir del trabajo de la JEP los delitos contra menores, eliminar de tajo todos los beneficios de los desmovilizados que reincidan (aparentemente sea con el delito que sea) y llevar a la justicia ordinaria todos los delitos de ejecución continuada que se siguieron cometiendo después del 1 de diciembre de 2016.
Ese último punto abre la puerta a que el Congreso le meta la mano a las reformas constitucionales que implementaron el Acuerdo, el mayor golpe que ha recibido hasta ahora.
Esas objeciones y el proyecto retoman todas de Uribe, pero también se enfrentan en varios puntos a decisiones que ya tomó la Corte sobre esta misma ley estatutaria, como el de la reducción proporcional de los beneficios a los reincidentes, el del artículo 153 sobre extradición o el de delitos sexuales frente a menores.
Con eso, arranca un camino de debate y tensión política que pondrá al Congreso a tomar una decisión de alto voltaje político, pues será el momento de saber si ese uribismo duro tiene mayorías o no.

El Congreso a la palestra; Cambio, a definirse