miércoles, abril 25, 2018

538.000 estudiantes en 4 departamentos y 12 municipios sin cobertura de PAE

La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.
 De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica,  Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.
Para el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación para la vigencia 2018.
Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.
De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.
En Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.
Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.
Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.
PROCESOS DISCIPLINARIOS

Cárcel para nueve personas que estarían involucradas en el desfalco a las finanzas del hospital de Buenaventura

FGN.- Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario fueron cobijados 9 de los 10 procesados por la supuesta apropiación de cinco mil ciento cuatro millones de pesos ($5.104.000.000) destinados al mejoramiento de la infraestructura del único hospital de Buenaventura.

El Juzgado Séptimo de control de garantías de Buenaventura aceptó la argumentación de la Fiscalía, que imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento privado.
Los hoy procesados fueron capturados el 16 de abril del año en curso por investigadores de la Dijin de la Policía Nacional en Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), y Popayán (Cauca).
Los hechos
Los contratos investigados tenían por objeto mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imagenología, pediatría, nutrición y despensa de la institución.
Estos contratos fueron suscritos con la Unión Temporal MC Asociados, cuyo representante legal es Carolina Moreno Caicedo, por valor de nueve mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos ($9.994.000.000).
Durante las labores investigativa se pudo establecer ausencia de diseños, planos arquitectónicos, estudios técnicos estructurales y de vulnerabilidad sísmica; además, quedó en evidencia la poca experiencia de la empresa y la supuesta falsificación de documentos de varios de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin de acreditar recorrido en la ejecución de obras.
Seguimiento
En junio de 2016 se firmó el contrato para las mejoras locativas del Hospital Luis Ablanque de la Plata. El 2 de octubre de 2017, el alcalde Eliécer Arboleda Torres inauguró las obras de remodelación. Esa misma noche llovió en el lugar y la cubierta, que estaba recién instalada, se derrumbó. Esta obra fue reparada y el 21 de marzo de este año volvió a precipitarse.
Según la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el contrato suscrito con la mencionada Unión Temporal no habría cumplido con los requisitos legales. Esto también habría ocurrido con el contrato de interventoría firmado el 29 de junio de 2016 por el alcalde de Buenaventura con la empresa INGCSE-A LTDA., representada legalmente por Orlando Ocoró González, por valor de cuatrocientos sesenta y cuatro millones de pesos ($464.000.000).
Los procesados son:
Eliécer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura
Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de gobierno
Juan Carlos González Cortez, secretario de infraestructura Vial
Félix Riascos Brome, secretario de salud
Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica
Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados
Orlando Ocoró González, representante legal de INGCSE-A LTDA firma interventora
Karina Moreno Caicedo, representante legal de INGEMEDI S.A.S.
Víctor Gabriel Parra Jurado. Miembro de la Unión Temporal MC. Asociados.
Harry Mosquera
MAP/JARG