sábado, marzo 17, 2018

Fiscalía acusa al exmagistrado Francisco Ricaurte por presuntos hechos de corrupción en la justicia

La audiencia preparatoria de juicio será el 17 y 18 de mayo del presente año.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial, y deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.  

El escrito señala al exfuncionario de conformar una organización criminal en la que estarían involucrados el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.

Al justificar su petición, el fiscal delegado advirtió que Ricaurte Gómez, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.

Hechos delictivos
1.       Caso excongresista Ashton Giraldo
Contra el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, la Corte Suprema adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas en Atlántico. La indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons España. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar, el doctor José Reyes.
Para la Fiscalía, el señor Ashton se habría comunicado directamente con Francisco Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la Republica y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200’000.000.
Agregó el fiscal que: “…como consecuencia, cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.