martes, febrero 20, 2018

Procuraduría investiga a exgobernador Alan Jara por liquidación del Fondo Ganadero del Meta y deuda de Llanopetrol

PGN.- La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta (FGM) y por posible extralimitación en sus funciones al asumir obligaciones crediticias de Llanopetrol.
En el caso del fondo ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.

Capturan a presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las Farc, con red de 60 supermercados y otros bienes

Incautación por $650.000’000.000

En colaboración con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a presuntos testaferros de las desmovilizadas FARC y logró la extinción del derecho de dominio sobre bienes en 23 municipios, en el centro del país.


FGN.- Luego de varios meses de investigación y de un exhaustivo trabajo de campo para el que fue fundamental la colaboración del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a presuntos testaferros de la antigua guerrilla de las FARC: la detención de tres de los cuatro hermanos Mora Urrea, y la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia Chaux González, presuntos testaferros de alias el Negro Acacio.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes cuyo valor es cercano a los seiscientos cincuenta mil millones de pesos ($650.000.000.000), entre los que se cuentan una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos colombianos, semovientes y sociedades comerciales en 23 municipios de seis departamentos colombianos.

Los supermercados de la guerrilla
Por testimonios de desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación que permitió identificar una red de posibles testaferros de dicha organización, que remonta sus orígenes a la antigua zona de distensión del Caguán.
En el centro de esta red se identificó a los propietarios de la cadena de Supermercados SUPERCUNDI, MERKANDREA Y MERCAFUSA, que suman 60 locales comerciales en Bogotá, Cundinamarca (Chía, Cota, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La Calera, Madrid, Mosquera, Silvania, Soacha, Tibacuy, Tocainía y Villeta), Tolima (Espinal, Lérida, Melgar y Saldaña) y Quindío (Armenia y Calarcá).

Los hermanos NORBERTO, LUIS ALIRIO, URIEL Y EDNA YANETH MORA URREA, se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico.

Los testimonios recogidos en la investigación, permiten remontar la relación de esta familia con la entonces organización insurgente a épocas anteriores a la zona de distensión del Caguán. De hecho, la señora María Ana Bertilda Urrea de Mora, madre de los dueños de los supermercados, fue reconocida como amiga cercana de alias el Mono Jojoy.
Las evidencias dan cuenta de que NORBERTO MORA URREA y su hermano LUIS ALIRIO MORA URREA, frecuentaban los campamentos de los frentes 51,53 y 55, y de la compañía móvil Abelardo Romero de las FARC. Asimismo, LUIS ALIRIO MORA URREA habría estado encargado de entregar información a la guerrilla.

Los supermercados, que habrían servido como red de abastecimiento para la insurgencia, al tiempo que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, se caracterizaban por presentar productos con precios muy por debajo del valor comercial al que eran ofrecidos por el comercio legal.

Por citar algunos ejemplos, dos bolsas grandes de jabón de loza eran ofrecidas en $9.800, mientras que en grandes superficies cuesta $10.390 la unidad. Un kilo de lulo era vendido a $1.900 pesos, mientras que en el comercio se consigue alrededor de los $4.000. En algunos casos los precios llegaban incluso a ser inferiores a los pagados a los fabricantes, al punto de ofrecer morrales a $44.000, cuando su valor real, en la tienda de línea, es de $74.900.