El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó la
operación de la IPS Universitaria, contratada para gestionar el hospital, por
su deficiente servicio, falta de especialistas, escasez de insumos, medicamentos
y de personal para la atención.
“Estamos hablando de la vulneración de los derechos a
la salud en un territorio tan estratégico y tan fundamental para la defensa de
nuestra soberanía”.
La Entidad reprochó que el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina no cuente con un plan para la adecuada gestión de
la red pública para la prestación de los servicios de salud. Actualmente opera
un convenio con la IPS Universitaria que tiene una vigencia de cuatro
años.
La Procuraduría cuestionó que pese a que el gobernador
Housni Jaller conocía la deficiente prestación de los servicios de salud
celebró nuevamente un convenio con la IPS Universitaria (1134 de 2017), sin
tomar las medidas para superar el caos institucional.
“Un servicio público que se entregó a operadores
privados sin controles de ninguna naturaleza, ejercimos nuestra función
preventiva, prendimos las luces rojas, le pusimos la lupa y se volvió entregar
el servicio público de la salud a otro operador privado como si no existieran
las advertencias de la PGN”.
Entre las denuncias que investiga la Procuraduría
figuran la presunta existencia de carteles para manejar los servicios que
requieren los usuarios de la salud en San Andrés.
“La existencia de carteles dentro del hospital como el
cartel del oxígeno, de los insumos médicos, de tantas cosas que suponen
contrataciones pequeñas, donde siempre se da el mismo patrón y es entregarle a
los mismos y a los que prestan deficientemente esos servicios".
El proceso tiene origen en una visita especial
realizada por la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el
Trabajo Decente, que encontró que la IPS Universitaria no presta los servicios
en condiciones de calidad, oportunidad y suficiencia tanto en los servicios
ambulatorios como hospitalarios, y carece de auditoría para mejorar la atención
de la población de la isla, pese a los recursos que invierte la administración.
Entre los hallazgos que llevaron a la suspensión del
gobernador se encuentran el convenio interadministrativo firmado con la IPS
Universitaria, cuya selección no habría respetado lineamientos de la Ley 80
sobre contratación; la omisión de la inspección, vigilancia y control a las
servicios que ofertó la IPS, la falta de una interventoría efectiva, la
presencia de medicamentos vencidos, equipos médicos en malas condiciones y
obsoletos.
Así mismo, se encontró incumplimiento en el manejo de
los residuos hospitalarios (anatomopatológicos), acumulados a la intemperie en
canecas plásticas, sin ningún tipo de seguridad, lo que representa un alto
riesgo para la población y los trabajadores del Clarence.
Con la suspensión del gobernador se busca evitar
"la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación
o permitir que continúe cometiéndola o la reitere".
SHRM/ambj
