sábado, marzo 17, 2018

Fiscalía acusa al exmagistrado Francisco Ricaurte por presuntos hechos de corrupción en la justicia

La audiencia preparatoria de juicio será el 17 y 18 de mayo del presente año.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante el Juzgado Décimo Penal de Conocimiento de Bogotá, al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez por presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial, y deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.  

El escrito señala al exfuncionario de conformar una organización criminal en la que estarían involucrados el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla Gómez y otros juristas; asimismo, lo vincula a seis eventos en los que se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.

Al justificar su petición, el fiscal delegado advirtió que Ricaurte Gómez, en compañía de sus socios, supuestamente utilizó información privilegiada, habría manipulado testigos para cambiar versiones e instrumentalizaba a los medios de comunicación para desprestigiar o restar credibilidad a los testimonios.

Hechos delictivos
1.       Caso excongresista Ashton Giraldo
Contra el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo, la Corte Suprema adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas en Atlántico. La indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons España. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández y su auxiliar, el doctor José Reyes.
Para la Fiscalía, el señor Ashton se habría comunicado directamente con Francisco Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la Republica y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200’000.000.
Agregó el fiscal que: “…como consecuencia, cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.

Francisco Ricaurte habría instruido a Luis Gustavo Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra. Al parecer, recibió aproximadamente $400’000.000, el resto del dinero supuestamente quedó con José Leónidas Bustos, Lyons España, Gustavo Enrique Malo Fernández y el propio Moreno Rivera.

2.         Caso Musa Besaile
El fiscal relacionó los hechos que tienen que ver con el excongresista Musa Besaile Fayad, vinculado a investigaciones preliminares por presuntos nexos con grupos paramilitares, casos en los que el abogado defensor también era Lyons España.
De acuerdo con las evidencias, en el primer semestre de 2015, Musa Besaile habría entregado $390’000.000 en la oficina de Lyons España, en el norte de Bogotá. Se presume que de ese dinero Ricaurte recibió $290’000.000.
Según el fiscal: “…la segunda entrega fue en la residencia del exfiscal Moreno Rivera, hasta donde llegó el abogado Lyons España con $300’000.000, suma de la que Moreno sacó $250’000.000 para Ricaurte”.
Todo indicaría que como no fue posible direccionar un auto inhibitorio a favor de Besaile, supuestamente se pactó sacar de la Corte al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien se habría convertido en un obstáculo para los propósitos ilegales.
3.            Caso exgobernador de Córdoba
El exgobernador de Córdoba, Alejandro Jose Lyons Muskus, presuntamente se contactó con el exmagistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino Gallego, a través de una amiga en común, la exparlamentaria Muriel Benito Rebollo.
La acusación al respecto precisó: “Tarquino le aclaró a Muriel Benito Rebollo que no se trataba de un cobro de $30’000.000 para mejorar la imagen en los medios de comunicación, porque en realidad era algo más serio y que tenía un costo de $20.000’000.000, ya que se trataba de un equipo de magistrados dedicado a esta misión, es decir, intervenir por los intereses de los procesados en esta clase de investigaciones”.
4.    Caso excongresista Julio Manzur
El cuarto evento imputado por la Fiscalía tiene que ver con el exparlamentario Julio Manzur Abdalá, por hechos ocurridos en Bogotá a mediados de diciembre de 2014, días antes de ser capturado por parapolítica.
La Fiscalía estableció que el excongresista supuestamente recibió información privilegiada sobre su inminente captura. Al parecer, Gustavo Moreno Rivera le señaló que el único camino para evitar un acto tan bochornoso era el pago de $2.000’000.000, cifra que el exparlamentario rechazó y, como consecuencia, fue capturado el 24 de enero de 2015.
5.    Caso exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía
Este evento tiene que ver con hechos ocurridos en Bogotá, entre los años 2015 y 2016. El entonces fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Betín Sierra, adelantaba varias investigaciones contra el exgobernador Juan Carlos Abadía, por presuntos actos de corrupción en Valle del Cauca.
“Usted señor Ricaurte y Betín Sierra acordaron, por un lado, orientar las investigaciones a decisiones de archivo, dos de la cuales se alcanzaron a proferir; y de otra parte, impedir que se hicieran imputaciones contra el exgobernador”, resaltó el fiscal del caso en la formulación de la acusación.
6.    Caso FONADE
El sexto caso revelado por la Fiscalía contra el exmagistrado Ricaurte está relacionado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), y se habría presentado entre 2014 y 2015, tiempo en el que el magistrado Malo Fernández era ponente de los procesos de presuntas relaciones entre congresistas y grupos paramilitares.
Entre el equipo de trabajo de Malo Fernández se encontraba el abogado Carlos Andrés Bula Dumar, cuyo hermano, Alfredo Ramón Bula Dumar, fue nombrado como gerente del Fonade en abril de 2015. Esa designación habría sido sugerida por el magistrado Francisco Ricaurte Gómez y varios congresistas.
Para la Fiscalía: “esta entidad es reconocida como el fortín político de los congresistas Musa Besaile y Bernardo Elías”, por lo que se cree que el Fonade, para esa época, supuestamente fue utilizado para favores burocráticos.
CMRM/JARG