lunes, julio 17, 2017

La crisis de la Fiscalía a 25 años de su creación

Farid Samir
Benavides Vanegas*

Esta entidad se creó para investigar y acusar ante los jueces las conductas delictivas. Pero los fiscales generales han preferido dedicarse a formular políticas, a hacer política, a dar bandazos o a la figuración. Y hay también el fantasma de la corrupción.



Solución equivocada

razonpublica- Farid Samir Benavides Vanegas*.- La Fiscalía General de la Nación cumple 25 años en medio de una crisis causada por la captura del jefe de su Oficina Anticorrupción y al menos cincuenta funcionarios más. La respuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sorprendente porque su propuesta para luchar contra la corrupción no fortalecería a la entidad, sino que la debilitaría.

En efecto: el fiscal cree que la extradición es una buena manera de enfrentar actos de corrupción que han tenido efectos estrictamente nacionales. Esto recuerda la estrategia del gobierno nacional en la década de 1980, cuando usaba esta figura de cooperación internacional para combatir a los carteles de la droga. Esta estrategia solo produjo violencia y muerte, y puso a los jueces en la mira de los barones de la droga.

La crisis de la Fiscalía es un reflejo de la crisis de la administración de justicia en Colombia y en América Latina. En este artículo presentaré una breve historia de esta institución, de los retos que ha tenido que afrontar y de aquellos que le esperan bajo el posconflicto.

El origen

En 1979 el gobierno Turbay presentó una reforma constitucional que pretendía crear la Fiscalía General de la Nación como órgano encargado de la investigación y acusación de conductas delictivas. Por razones de forma, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la reforma. Desde entonces se exploró la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza, que sirviera como órgano de investigación y permitiera la necesaria separación entre el acusador y el juzgador.

La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados contra los funcionarios de la rama judicial. La judicatura colombiana es la rama más débil del poder público, pero para los actores armados no era la menos peligrosa.

Esta violencia, sumada a los paros judiciales por impago de salarios, la falta de independencia económica y la gran fragilidad ante presiones externas –como la corrupción y las amenazas– hicieron necesaria una reforma radical de la administración de justicia.
La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados
contra los funcionarios de la rama judicial.

De este modo, con la revolución pacífica que supuso la Constitución de 1991 se reformó la administración de justicia mediante nuevas instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía reemplazó a los viejos juzgados de instrucción criminal y pretendía dotar de mayor racionalidad a la investigación penal al darle al fiscal general la posibilidad de organizar equipos y de centralizar algunas de las tareas para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso, así como la seguridad de los funcionarios.

Investigaciones como las que fueron llevadas a cabo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos, la del proceso 8000 y la del robo del Banco de la República de Valledupar no habrían sido posibles bajo el viejo sistema.
La historia
Pero la gestión de la Fiscalía no ha estado exenta de controversias.

Ya desde el tiempo de Gaviria se recuerdan las acusaciones contra el Fiscal General Gustavo de Greiff por certificar la inexistencia de investigaciones contra unos miembros del cartel de Cali y la propuesta del propio fiscal de negociar con los narcotraficantes.

A ello se sumaba la existencia de una legislación que pretendía imitar el proceso acusatorio anglosajón en medio de la debilidad del aparato investigativo colombiano. Los artículos 37 y 37A del viejo Código de Procedimiento Penal permitían la negociación de la pena, pero no fueron usados para desmantelar las redes criminales –como en Estados Unidos, donde se premia al subalterno que delata a sus jefes–, sino para beneficiar al jefe que entrega a sus subalternos.

Con la elección de Alfonso Gómez Méndez comenzó una época caracterizada por el uso del poder de la entidad entre los congresistas. Si bien la Constitución indica que la Fiscalía puede participar en el diseño de la política criminal del Estado, con frecuencia se olvida que el encargado de dirigir dicha política es el gobierno nacional en tanto responsable de mantener el orden público y de garantizar la seguridad ciudadana.